El pasado 11 de julio de 2012, el presidente Santos se reunió con sus ministros en el municipio de Toribío – Cauca, hecho rechazado con fuerza por las comunidades indígenas quienes decidieron seguir con sus acciones de control territorial, según los mandatos del Pueblo Nasa. 

 
El presidente no quiso recibir a las comunidades ni escuchar lo que pedían los toribianos, sino que vino a anunciar el Plan Cauca para implementar en la zona. “Vamos a hacer un plan que ya viene elaborándose, que se ha llamado el Plan Cauca, para invertir recursos cercanos al medio billón de pesos en obras que tienen que ver con acueducto, con alcantarillado, con proyectos productivos, con vías, salud, familias en acción, todo un desarrollo social para que este departamento, que ha sido tan golpeado por la violencia y que tiene tantas necesidades, pueda progresar, pueda tener un gran futuro”, anunció.
 
Ya sabemos que este Plan hace parte de la estrategia planteada por el Plan de consolidación y reconstrucción territorial al nivel nacional, el cual pretende’ mejorar’ las condiciones de vida de los colombianos con inversiones sociales y acciones militares. El Tejido de comunicación de la ACIN ya escribía en respecto a este Plan ‘hermano’ de la seguridad democrática de Uribe, que “la supuesta visión civil de esta política que comprende inversión social a través de la suma de esfuerzos del Estado, el sector privado y la cooperación internacional (agencias, ONGs), significa presencia y acción militar en todos los espacios civiles y comunitarios del territorio mediante el involucramiento de las entidades públicas, alcaldías, gobernaciones y los operadores regionales. Al mismo tiempo esta estrategia se ha convertido en una de las más efectivas acciones de desterritorializaciòn y división de la comunidad por la dependencia económica y condicionamiento político que generan los programas de asistencia social”. 
 
El Plan Cauca es de la misma índole: la inversión social que promete Santos se traduce por la construcción de infraestructuras, a través de megaproyectos, permitiendo la llegada de multinacionales y empresas privadas para la explotación del territorio. El “desarrollo”  al servicio del gran capital para que la tierra, el agua, los árboles y los minerales se vuelvan billete. Los caucanos sí necesitan carreteras, ¿pero a qué precio? A cambio de estos proyectos, el gobierno abre paso a la gran minería y saca provecho del mejor acceso al territorio indígena. En cuanto a los proyectos productivos prometidos para el sustento de las familias campesinas, ya se sabe que el gobierno no va a promover la agricultura sustentable según la cosmovisión indígena y las prácticas campesinas tradicionales, sino que se impondrán monocultivos para el consumo nacional o la producción de agro-combustibles, como ya se han desarrollados en varias partes del país. Los indígenas quieren su tierra en armonía espiritual y natural, no quieren hectáreas de caña o de palma africana chupando la sangre de la Madre Tierra. 
 
Por otra parte, el gobierno colombiano habla de trabajar junto con las autoridades indígenas y entidades públicas locales para el logro de este Plan. O sea que quiere involucrar al proceso organizativo indígena mediante atribuciones de recursos y el “reconocimiento” de los gobiernos propios y de la guardia indígena. Esta estrategia de inclusión de los procesos indígenas es un peligro mayor para la autonomía y la lucha de aquellos pueblos. Cuando el gobierno financia estructuras de salud o escuelas y pretende atribuir recursos a la guardia indígena o estructuras propias, siempre condiciona su ‘ayuda’ al control de la zona y de las políticas locales. La inversión social por el gobierno, en el marco jurídico actual, no permite la autonomía de los pueblos indígenas. Detrás de la máscara de Estado-providencia, el gobierno quiere acabar con la resistencia centenaria de los pueblos indígenas, con la construcción de una democracia directa e instituciones propias que se está dando en el territorio del Pueblo Nasa. 
Además de esta dependencia económica y política generada por la “inversión social” del gobierno colombiano, Santos planea “vigilar la ejecución y el cumplimiento de los objetivos” semana tras semana. 
 
El segundo aspecto del Plan Cauca radica en el incremento de la militarización y de la confrontación armada en el territorio. Ya llegaron 2.000 soldados al Norte del Cauca, y llegaran más.  “Por ningún motivo podemos desmilitarizar un centímetro de este territorio” dijo Santos. Con la fuerza pública quiere imponer su Plan y garantizar el control del territorio con el fin de desplazar a la gente, quebrantar a los movimientos sociales y de resistencia, someter a los pueblos y enraizar el modelo económico liberal y capitalista.  
 
El Plan Cauca es otro plan para la guerra, para propagar el terror hasta en las casas de los comuneros, para arrodillar los que sueñan con la participación de todas y todos en un proyecto colectivo de vida. El Plan Cauca es terrorismo de Estado, elaborado por y para los intereses transnacionales y corporativos, diseñado por criminales responsables de los asesinatos y masacres sucesivos del pueblo colombiano. 
 
No podemos comer en el plato que nos ofrecen los que nos matan. En un chasqueo de dedos Santos saca 500 mil millones de pesos de su bolsillo para el Cauca: ¿pero cuantos van para la guerra y cuantos para la salud? Cada centavo es una semilla de muerte y de represión de los pueblos en lucha. 
 
La autonomía no se vende, se respeta y se construye porque ella es tierra fértil dando luz a semillas de Vida. “La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla.” escribe el Sub-comandante Marcos, miembro del movimiento indígena zapatista en México. Desde las montañas del Norte del Cauca caminamos de acuerdo a los mandatos ancestrales de nuestros mayores, a nuestra gente no la pueden ilusionar con mentiras. 
 
Tejido de Comunicación – ACIN
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