Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Como académicos y activistas llamamos la atención a los movimientos sociales, a las comunidades, a las personas intelectuales comprometidas, y a la sociedad civil en general, a construir una postura crítica y propositiva frente a la realidad política del contexto nacional, muy especialmente desde la situación que actualmente viven las comunidades del Norte del Cauca en Colombia. 

 

Vemos con preocupación los excesos en el ejercicio del poder, y el control de la opinión pública a partir de la guerra armada y mediática que relata los acontecimientos nacionales desde una sola versión de la historia y de los hechos actuales. 

 

En este comunicado compartimos otras versiones desde las voces de las sociedades más afectadas por las políticas de guerra, a partir de la información que circula en asambleas permanentes de las comunidades indígenas, en los consejos comunitarios y en los procesos de educación propia, en defensa del campo, de la naturaleza y de los territorios, ámbitos que permiten leer otras historias de país. 

 

Estamos testimoniando un etnocidio discriminado y sistemático de una generación a otra, que se ha intensificado con los últimos sucesos padecidos por las comunidades indígenas, campesinas y afroandinas de Villa Rica, La Toma, Toribío, Tacueyó, Jambaló, Morales, Miranda, Mazamorrero, Guachené, Caloto, Corinto, El Tambo, Argelia y Guapi. Señalamos la persistencia de una guerra desigual que hace 520 años azota a las comunidades ancestrales, como una guerra en contra de los pueblos, en la cual se omite la transmisión de las luchas milenarias en defensa de los territorios de vida que han resistido, aportando conocimiento para la acción cultural, ecológica y política. 

 

Mientras se mantiene el ideario de un Estado social de derecho pluriétnico promulgado en la constitución de 1991, 21 años después de su aprobación se presentan contradicciones jurídicas por el mantenimiento de un modelo de Nación homogéneo centrado en la soberanía del Estado, por encima de la soberanía de los ciudadanos y de las ciudadanas, soberanía que es la de los pueblos. 

 

El ejercicio de gobierno propio de la comunidad indígena Nasa se fundamenta en que “hay que mandar obedeciendo”; no obstante, el proyecto de Estado Nación mantiene las lógicas de corrupción y subordinación de las comunidades basadas en el exterminio físico y material, y en la construcción de imaginarios sobre el progreso emparejados con la estigmatización, la represión y la difamación sobre las formas de vida en diversidad en el país. 

 

Denunciamos las estrategias utilizadas como la criminalización e ilegalización de las comunidades para la consolidación de políticas que se regulan a favor de las compañías y empresas privadas nacionales y trasnacionales, por encima los derechos personales y colectivos de las comunidades y por encima de los derechos de la naturaleza, en territorios sagrados de vida. 

 

En esta dirección, de un contexto a otro escuchamos testimonios que relatan la consolidación de las leyes de militarización de los territorios para favorecer a las compañías privadas, coincidiendo que, en muchas de ellas, las familias de los gobernantes tienen acciones o intereses económicos –tal es el caso de la gran minería, pero también de la expansión de la caña de azúcar para producción de agrocombustibles, continuando en pleno siglo XXI la historia de expropiación de las comunidades negras para beneficio de algunas familias, proceso que comenzara hace más de doscientos años. Es importante resaltar que las bases militares están geoestratégicamente ubicadas en países y territorios que poseen “recursos” naturales minerales y energéticos, territorios que están siendo convertidos en zonas francas que le dan beneficios tributarios a empresas transnacionales, como es el caso de la Ley Páez en la región (Ley 218 de 1995). 

 

Se están presentando ametrallamientos en la zona por parte del ejército nacional, en el sitio en donde se explota la mayor parte de la minería de las comunidades ancestrales. Los moradores del lugar: mineros y mineras, mujeres en búsqueda de leña, pescadores, agricultores sienten mucha zozobra y miedo porque la fuerza pública presente en estos sitios se mantiene rodeando los lugares, limitando su desplazamiento: “en este mismo lugar se ha tenido dificultades con personal foráneos dueños de títulos mineros y empresas que han querido abusar de la buena fe de los moradores del lugar; en algunas ocasiones estas personas foráneas han entrado a la zona acompañada por el mismo ejército, en la cual les hemos quitado muestras de mineral. Por esta razón sentimos vulnerados nuestros derechos como etnia negra acentuada en este territorio ancestral, donde a diario nos desplazamos a este lugar a realizar nuestras labores mineras, y algunas de estas familias labores agropecuarias, en el cañón de la quebrada La Toma, denominado el Peñón y Cerro La Carolina, donde ya no hay tranquilidad por parte de los moradores” (Comunicado La Toma, Suárez, Cauca, 15 de mayo de 2012). 

 

El discurso de la justicia moral binaria de buenos y malos, promulgado por los medios oficiales y privados, se constituye en un dispositivo de manipulación de la opinión pública que usa como estrategia la exaltación de las emociones patrioteras en fomento del racismo, del clasismo, del machismo, de la tiranía y de la

fragmentación general entre pueblos, como lo vemos en las leyes de restitución de tierras de la hacienda San Rafael. 

 

Somos testigos del racismo que mediáticamente se está generando frente a las comunidades ancestrales, de las formas en que ejércitos legales e ilegales involucran a la sociedad civil (estos son los verdaderos infiltrados), no sólo reclutando a los hijos e hijas, sino también pidiendo neutralidad a la comunidad; de esta manera, el ejército y el Estado Nacional declaran como sospechosos a quienes se nieguen a colaborar con sus ofensivas, o propagan falsa e irresponsablemente la noción de que las comunidades y los movimientos están “infiltrados” por la guerrilla, cuando por el contrario todos estos han enfatizado su

profunda voluntad de paz y de estrategias de movilización no violentas. 

 

No existe diferencia entre los ejércitos legales e ilegales; ambos reclutan a sus hijos e hijas, asesinan, masacran y amenazan los territorios de vida. “La guerra busca que salgamos de los territorios, pero nosotros no salimos […] Todos son actores armados que actúan de la misma manera, hacen las mismas atrocidades” (Feliciano Valencia, 2012). De este modo, la comunidad emplea como prácticas de resistencia las asambleas permanentes en resguardos como lugares de albergue para evitar ser aniquilada y desplazada. 

 

El control en el cerro El Berlín, en Toribío, Cauca, nos recuerda la historia de un estado de excepción permanente legitimado por la opinión pública bajo la mediatización de la existencia de enemigos internos o actores del conflicto, hoy en día: guerrilla, paramilitares, bacrim, ejércitos de narcotraficantes. No obstante, mediáticamente se omiten las denuncias de los consejos comunitarios, de los cabildos y de las comunidades en general, en las cuales aparecen otros actores-protagonistas del conflicto armado: inversionistas y accionistas de capitales nacionales y trasnacionales del sector público y privado, como beneficiarios de la seguridad ofrecida por los ejércitos, el Esmad y la policía. 

 

Mientras el gobierno y los medios oficiales de comunicación sostienen que las bases protegen a la población civil y que es riesgo dejarla sin fuerza pública, los hechos evidencian planes macabros en que se amangualan las Farc y el Gobierno; ejemplo patético es el caso de la masacre de Gargantillas-Tacueyó, cometida contra 16 jóvenes, varios de ellos y de ellas estudiantes del Colegio La Tolda; una nueva modalidad de falsos positivos de operativos en combate. 

 

De igual forma, no se cuenta que los soldados que envían en nombre del heroísmo de las fuerzas armadas y de la justicia social son jóvenes provenientes de barrios populares, de municipios y contextos rurales, quienes, como carne de cañón, sostienen el poder de los capitales nacionales, las elites regionales, de gobernantes políticos y de trasnacionales. En la militarización de los territorios, ninguno de los dirigentes o empresarios del país exponen a sus hijos o hijas en las políticas de guerra. 

 

Los medios de comunicación nacionales omiten en sus relatos las acciones que las comunidades indígenas del Norte del Cauca han realizado para el desmonte permanente de las trincheras y cambuches, no solo de la fuerza pública sino también de los llamados ejércitos revolucionarios; así por ejemplo, nos preguntamos si la opinión pública conoce de la carta que envía la Acin –Asociación de Cabildos Indígenas de Cxhab Wala Kiwe (Norte del Cauca)– a Timoleón Jiménez, comandante de las Farc, en manifestación explícita de resistencia a la guerra y de voluntad indeclinable por la paz: “(…) su presencia no nos trae tranquilidad; ustedes atacan a la población civil; ustedes irrespetan nuestra autoridad y nuestra justicia[…] Salgan de los territorios indígenas del Cauca. Aléjense de los sitios poblados y de vivienda. No ataquen más a la población civil […] No usen armas de efecto indiscriminado, como los llamados tatucos o las minas antipersonales. No se atrincheren en las casas. Díganle a los milicianos que no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias. Esperamos que las Farc cumplan voluntariamente con estas exigencias de las comunidades. De cualquier modo las Autoridades, la Guardia Indígena y las comunidades vamos a seguir liberando nuestros territorios de los actores armados, que desarmonizan a la Madre Tierra y nuestra vida”. (Carta de la Acin a las Farc, 2012).

 

La circulación mediática de la información nos lleva a la naturalización de la corrupción y la violencia como una realidad única nacional, en la que todos podemos ser posibles sospechosos. Por consiguiente, se invisibilizan y se persiguen las formas plurales en que se está construyendo paz en el país.

 

La estigmatización ha sido una de las estrategias más eficaces para aniquilar a las comunidades; ésta ha sido utilizada en todas las historias de tiranía, situación que observamos en el caso de la criminalización de los líderes y lideresas de los movimientos sociales. Véase por ejemplo el nuevo dispositivo de control: las –Rats– Red de Apoyo al Terrorismo, en el cual se judicializan líderes de movimientos sociales y se les convierte en delincuentes. (Carta al presidente Santos Proteccion y Libertad Félix M. Banguero, Gaidepac, 2012). 

 

Desde Noviembre de 2001, en Reunión Nacional de los pueblos: indígenas, campesinos, comunidades afrocolombianas, raizales, sindicales, maestros-as, colectivos de jóvenes, movimientos de mujeres, en diversidad sexual, desempleados, ambientalistas, venimos construyendo propuestas plurales de autonomía por el derecho a la paz, los derechos de Mama Kiwe; derecho al Uramba –buen vivir en africano–, el cual se basa en los principios de elementalidad o recuperación del valor de lo simple; la Humanidad como reencuentro de lo humano con el entorno; la Espiritualidad o integralidad cósmica de todo lo existente, con los valores del respeto y la solidaridad (Afrodescendientes, Palenke –Medellín-, 2011). 

 

La liberación de la madre naturaleza y la soberanía de los pueblos indican que la tierra es de quien la habita y la cuida (Declaración del congreso Tierras, territorios y soberanías, 2011), y no queremos poner más muertos ni muertas a favor de las políticas de guerra, del capitalismo y de la corrupción.

 

Desde las declaraciones del 13 de diciembre de 2007 en María Piendamó, Cauca, territorio de convivencia, diálogo y negociación, asumimos el derecho a decidir sobre el tipo de sociedad a que aspiramos (Cric, Parlamento Indígena, Hecho Histórico, 2008). 

 

Para tomar posición, mas no partido, es necesario romper con la tiranía simbólica, moral y material de la pretensión de universalizar-homogenizar la diversidad, haciendo superficial la historia por parte de todos los medios de comunicación, las políticas públicas y muchos de los conocimientos de punta construidos desde parámetros externos. 

 

Contrario a una propuesta de colectivización socialista y del libre mercado, la autonomía de las comunidades ancestrales y populares indica que éstas son decisorias desde las propias prácticas de vida en la protección de la naturaleza y de las culturas como guardianas del planeta.

 

Reconocernos como parte de las sociedades civiles en defensa de nuestra pluralidad cultural y de la diversidad de la naturaleza como lugar sagrado de vida, implica asumirnos como parte de las luchas por la autonomía y la soberanía como pueblos, a pesar de que los medios oficiales se obstinen por borrarnos de la historia. 

 

Este también es un llamado a todo el país, al estado, a la academia, y a la sociedad civil para que tomemos realmente en serio las visiones de mundo, los modos de auto-expresión, y los imaginarios de vida que siguen manteniendo las comunidades indígenas, afrodescendientes, y campesinas en vez de tergiversarlos y sepultarlos con la visión de mundo mayoritaria economizada a través de la cual solamente se los puede ver como “pobres” y “atrasados”.  En vez de estas lamentaciones, celebremos su auto-afirmación y la gran diversidad cultural, ecológica, artística y de conocimientos que como comunidades han cultivado por centurias.  En estas encontraremos algunas de las claves para otro referente de país, otra Colombia posible, que finalmente supere el modelo caduco de las locomotoras del desarrollo, monoculturalismo de mercado, violencia y devastación.  La sociedad “mayor” aun no ha comenzado un dialogo simétrico real con estas comunidades, solo ha mantenido un monologo desde una visión modernista ya exhausta, y pensamos que es esta otra oportunidad para comenzar esta importante tarea por los renacientes y las futuras generaciones y paisajes del país. 

 

Páginas recomendadas: 

 

Campaña hacia otro pazífico posible 

http://pazifico.com/

 

Tejido de Comunicación  camino de la palabra digna– Nasa-Acin  http://www.nasaacin.org/