El caso de Mauricio Santoyo es solo un caso más de un funcionario público que le ayudó a los paramilitares desde el Estado en la última década. Estos son solo algunos de los casos ya judicializados de complicidad a altos niveles.

Les borraban antecedentes y avisaban de operaciones

Jorge Noguera, el director del DAS en el primer período de Álvaro Uribe, fue condenado porque durante los tres años que estuvo al mando del organismo de inteligencia se dedicó a proteger al Bloque Norte de las AUC y a pasarles información de personas que creía estaban vinculadas con la guerrilla.  Como lo contó La Silla Vacía saboteó allanamientos a jefes paras; despidió o reubicó a funcionarios buenos del DAS por negarse a seguir su línea de dejar quietos a los paramilitares y ascendió a los que le eran funcionales; y borró los antecedentes judiciales de miembros del Bloque Norte de las Autodefensas.

Les legalizaban los títulos sobre las tierras de desplazados

Varios exfuncionarios del Incoder han sido vinculados judicialmente por haber titulado fraudulentamente predios que fueron entregados a trabajadores y testaferros de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. De acuerdo con la investigación estas personas adjudicaron de manera irregular predios tras certificar que fueron abandonados de manera voluntaria por los auténticos propietarios, cuando en realidad fueron desplazados por los paramilitares. Los legalizaban en asocio con notarios corruptos.

Les avisaban de operaciones militares y sobre los rivales

El General Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad de Álvaro Uribe, aceptó haber proveído información de inteligencia de las Fuerzas Militares de Colombia a la Oficina de Envigado. Entre los datos que le pasó hubo información sobre la localización de narcos rivales, que luego amanecieron muertos, y también datos sobre operaciones militares contra ellos por parte del Ejército colombiano y de agentes antinarcóticos de la DEA y británicos.

Los sacaban del organigrama criminal y despedían a fiscales que los perseguían

El exdirector de la Fiscalía de Medellín Guillermo León Valencia Cossio fue condenado a 15 años por haber haber hecho lobby para sacar del organigrama de la organización criminal de alias ‘Don Mario’ a John Freddy Manco Torres, alias ‘El Indio’. Como lo reveló la investigación Memoria de la impunidad en Antioquia: lo que la justicia no quiso ver frente al paramilitarismo, Valencia Cossio contaba con un grupo de fiscales de su confianza que evitaban la judicialización de paramilitares.

Les daban cuotas políticas y contratos

El caso más sonado de un gobernador apoyado por los paras es el de Trino Luna, quien se convirtió en el único candidato a la gobernación de Magdalena con apoyo de los paras, Luna le dio cuotas y contratos Pero ese no es el único caso documentado por la justicia y que ha terminado en una condena. En Sucre, los paras también tuvieron gobernador con Salvador Arana, condenado por el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo León Díaz; en Casanare con William Pérez; en el César con Hernando Molina. Además, hay decenas de ex alcaldes condenados en departamentos como Casanare, Antioquia y Norte de Santander, entre otros.

El ex jefe de las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema, Álvaro Osorio, se lo explicó a Verdad Abierta“ A veces llega a tal punto el poder de los paramilitares que pudiera decirse que el poder real lo ejercen ellos, entonces empezó a funcionar toda la administración departamental en beneficio de sus intereses”.
Les ayudaban a sacar sus leyes

Para las elecciones de 2002 los paras se la jugaron para poner a muchos políticos cercanos a ellos en el Congreso. Por esas alianzas ya fueron condenados, en total, más de 50 ex congresistas, según Verdad Abierta Esa fuerza polìtica les servía a las AUC para buscar leyes blandas e incluso amnistías en su favor y para mostrar su fortaleza política. No en vano fue ése el Congreso que aplaudió de pie a ‘Mancuso’, ‘Ernesto Báez’ y Ramón Isaza en 2004

Les abrían las puertas para matar

Varios militares han sido condenados o están en juicio por facilitar masacres de paramilitares.   Cinco militares han sido condenados por este masacre de San José de Apartadó  (Antioquia), incluyendo un capitán.

En el caso de la masacre de Chengue, en Sucre, el Estado fue condenado por no proteger a las personas y el coronel Norman Arango tiene medida de aseguramiento; el general Jaime Uscátegui fue condenado por la masacre de Mapirián , junto con otros miliares; el general Rito Alejo del Río está siendo enjuiciado por el asesinato de Marino López Mena en Chocó en 1997 y la Procuraduría pidió su condena.

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