CONGA, Perú—Algunos de los mayores depósitos de oro y cobre se encuentran aquí, bajo el accidentado terreno de esta región andina, pero los planes de una firma estadounidense para extraerlos enfrenta una fuerte oposición por parte de agropecuarios, políticos y grupos medioambientales locales.
Durante dos años, miles de personas han organizado manifestaciones, bloqueado carreteras y ocasionalmente liderado protestas violentas en el norte de Perú. En julio, cinco manifestantes murieron durante enfrentamientos con la policía.
Residentes marchan durante una protesta contra el proyecto minero Conga en la Laguna Mamacocha, en Perú.
Ahora, Newmont Mining Corp., con sede en Denver, Colorado, asegura que toda esta agitación amenaza su inversión de US$5.000 millones, una de las más altas en la historia de Perú. Los enormes camiones mineros de Newmont aún no han llegado al yacimiento, llamado Minas Congas, a pesar de que la compañía ha inyectado cientos de millones de dólares en el proyecto ubicado a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar.
“Ahora mismo no vemos un entorno (propicio para la operación) en Conga”, dijo en una entrevista el presidente ejecutivo de Newmont, Richard O’Brien. “Será necesario un cambio significativo para que se concrete”.
La disputa surge como una prueba para el presidente de Perú, Ollanta Humala, quien durante su campaña se pronunció en contra del proyecto pero tras ganar las elecciones decidió apoyarlo. Su cambio de parecer ilustra un giro más amplio en su estilo de gobierno, de populista a pragmático, sugieren analistas. Los disturbios ligados al proyecto llevaron al presidente a despedir a dos ministros y reorganizar su gabinete.
El auge en la minería es una de las principales razones por las que Perú ha crecido a una tasa anual de aproximadamente 6,5% en los últimos 10 años, una de las expansiones más impresionantes en América Latina. La renta per cápita se ha triplicado a lo largo del período. Representantes del gobierno aseguran que para los próximos años están previstos proyectos mineros en torno a los US$50.000 millones.
Ahora, la creciente oposición a la minería amenaza con descarrilar grandes inversiones y desacelerar la expansión económica.
En el sur de Perú, los activistas han recurrido a temores medioambientales y otros problemas para paralizar una gran mina de cobre planeada por Southern Copper Corp., una filial de Grupo México. Y las protestas en 2011 llevaron al gobierno a cancelar un permiso para un proyecto de plata encabezado por la canadiense Bear Creek Mining Corp.
Las disputas ponen de manifiesto las mayores dificultades que enfrentan las mineras globales con sus proyectos a gran escala en América del Sur. En los últimos años, proyectos en Ecuador, Bolivia y Venezuela han sufrido retrasos y expropiaciones por los gobiernos socialistas. Hasta hace poco, Perú era una excepción.
“Siempre ha habido problemas sociales en la industria minera de Perú, pero la manera en que las causas radicales y populistas se han apropiado del tema perjudica la imagen de Perú como un destino para la inversión minera”, dijo Luis Zapata, director de América Latina para el banco de inversión canadiense Canaccord Genuity.
Newmont, la segunda mayor minera de oro del mundo, lleva extrayendo el metal en el norte de Perú desde 1993, tras crear Minera Yanacocha con la empresa peruana Compañía de Minas Buenaventura SAA.
La mina Yanacocha ha sido muy rentable para Newmont, con un rendimiento de 3,3 millones de onzas en 2005, convirtiéndola en la mayor mina de oro de ese año. Pero la producción ha caído este año a un estimado de 1,4 millones de onzas y la explotación podría suspenderse en cinco años. El agotamiento de los depósitos y los altos precios de los metales alentaron a Newmont a planificar Minas Congas en la misma región.
No es la primera vez que Newmont afronta obstáculos en Perú. Un derrame de mercurio en 2000 manchó la reputación de Minera Yanococha y su compañía matriz.
“Adiós Newmont”, dice un graffiti en un muro en la carretera que conduce al proyecto, a unos 650 kilómetros al norte de Lima. “Ollanta traidor”, dice otro.
Un detractor de alto perfil del proyecto es el presidente del gobierno regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que ha conseguido apoyo político al concentrarse en cómo la mina afectará la provisión de agua.
Newmont asegura que seguirá adelante sólo si cuenta con el apoyo de la comunidad. “Lo que diría es que (…) necesitamos ver un alineamiento cercano entre el gobierno central de Humala, el gobierno regional de Santos y la compañía para asegurar que contamos con un entorno propicio”, dijo O’Brien.
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