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Asociación de Cabildos Indìgenas del Cauca

November 21, 2024

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La locomotora minero-energética es una de las que más avanza. Sin embargo, las comunidades que habitan los territorios donde se están llevando a cabo algunos de estos megaproyectos están preocupadas. Del crecimiento de la explotación minero energética en el país se desprenden riesgos sociales, culturales y ambientales. Estos son cinco casos críticos de inconformidad social frente a la locomotora.

 
1. El cerrejón y la desviación del río Ranchería
 
El Cerrejón es una de las minas de explotación de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Sus principales propietarios son las multinacionales BHP Billiton, Xstrata y Anglo American. Los problemas sociales allí son de vieja data y tiene que ver con la poca incidencia que han tenido las ganancias en la región y la insuficiente participación local en la fuerza laboral y los reasentamientos forzados de las poblaciónes del Viejo Oreganal y Tabaco. (Informe completo de los efectos socio ambientales).
 
Por otra parte a pesar de que la compañía ha desarrollado programas de desarrollo sostenible, la explotación ha tenido efectos como emisión de gases, la eliminación de flora y fauna, el ruido y el uso del agua con efectos negativos sobre el río Ranchería.  
 
Actualmente se discute el proyecto de expansión que espera sacar 500 millones de toneladas de carbón ubicadas debajo del rio, lo que implica su desviación en 26 kilómetros. El Cerrejón, en su Resumen del Proyecto de Expansión, reconoce que la pérdida parcial del agua sería de aproximadamente 40%; y que habría un aumento de la descarga de sólidos sobre el rio, aunque la empresa tiene planeado un programa para reducir al “mínimo” la erosión.
 
El proceso de preconsulta en las comunidades indígenas que se verían afectadas por la expansión, evidencia la negativa de los pobladores, además hay denuncias sobre el ofrecimiento de chivos, vacas, hilos y máquinas por el “sí” de los wayuu. La oposición al proyecto se expresó en el marco del Foro “Impactos de la Mega minería del carbón en la Guajira y la Nación” y en la movilización nacional del 1ro de agosto pasado. Actualmente el Río Ranchería se ha convertido en un símbolo de la resistencia guajira.
 
2. La Colosa en el Tolima
 
Las pruebas realizadas por la multinacional surafricana Anglo Gold Ashanti sugieren que en este territorio el oro está superficialmente disperso en un área de cerca de 515 hectáreas, las cuales explotarían por el método de minería a cielo abierto. Los cálculos señalan que en los 15 años que durará la explotación en Cajamarca, la empresa utilizará alrededor de un millón de toneladas de explosivos. Se estima que se removerán 600.000 toneladas de suelo diarias.
 
En oposición a la mina, los pobladores de la zona han realizado consultas, campañas informativas y actividades de movilización como la “minga de resistencia social y comunitaria” del 7 y 8 de mayo de 2011, el Carnaval en Ibagué para impedir La Colosa del 3 de junio de 2011, la Segunda Marcha Carnaval del 13 de octubre de 2011 y una tercera marcha el psado 5 de junio. 
 
3. El Paramo de Santurbán
 
La compañía canadiense Greystar Resources proyectaba la mina de oro “Angusturas”, en el municipio de California, en Santander. Este proyecto fue desmontado por la presión social, pero ahora se vuelve a presentar bajo el nombre de “Eco Gold”. La explotación minera en una zona de Paramo sería nefasta para el ecosistema de Santurbán, que es excepcional en los sistemas de alta montaña en el mundo.
 
Colombia tiene una legislación que busca proteger y conservar estas reservas naturales, por ello el debate está dado por la poca claridad sobre el límite del páramo, que produce agua para Cúcuta, Bucaramanga, y más de 30 municipios.
 
El 21 de noviembre de 2011 se realizo una segunda audiencia sobre el proyecto. A esta asistieron cerca de 1.300 personas evidenciando la división de la comunidad, mientras unos se oponen rotundamente al proyecto, otros celebran la llegada de la Greystar.
 
La oposición al proyecto se ha sentido en Bucaramanga. El 25 de febrero de 2011, ocho mil personas salieron a las calles en esta ciudad, era la tercera vez que se movilizaban. Este año, el 16 de marzo, se realizó otra movilización en defensa del agua y los páramos. Además, se creó el comité por la defensa del agua y el páramo, el comité de defensa del agua y a la causa se han unido algunas juntas de acción comunal de la ciudad y grupos ambientalistas y de izquierda, académicos y actores políticos locales.
 
4. Hidroeléctrica El Quimbo
 
Las obras de esta hidroeléctrica, a cargo de la transnacional Emgesa, fueron oficialmente inauguradas el 25 de febrero de 2011. Según el presidente Santos, presente en la inauguración, la hidroeléctrica ofrece la oportunidad al país de convertirse en una potencia energética. Sin embargo, en los municipios Gigante, Garzón, Altamira, El Agrado, Tesalia, y Paicol se manifiestan varias preocupaciones. Especialmente por la reubicación de 456 familias, la mayoría de las cuales sobreviven de actividades agropecuarias en el área. Los impactos ambientales, como los ya evidentes deslizamientos de tierra, y el bajo monto de la compensación también preocupan.
 
Asoquimbo (Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo), es la organización que ha liderado la oposición. Fundada hace más de tres años, esta entidad ha denunciado irregularidades en la licencia ambiental y en las compensaciones forestales. Cabe recordar el debate nacional por la publicación de un video-reportaje que contenía imágenes del violento desalojo efectuado contra los campesinos y pescadores que se rehusaban a salir de sus predios y se oponían al proyecto.
 
Por estos días justamente el tema de El Quimbo ha vuelto a sonar, pues desde el pasado miércoles 8 de agosto llegaron se concentraron en la zona indígenas, campesinos y pescadores tras esquivar dos retenes de la policía que trataron de evitar su paso. Tras deliberar en asamblea, el 11 de agosto decidieron salir nuevamente a protestar a la carretera que comunica el centro del país con los departamentos de Putumayo, Huila y Caquetá, a exigir un escenario de interlocución directa con el gobierno nacional respecto del proyecto. Frente a esta movilización el Esmad respondió dejando varios detenidos y 25 heridos.
 
5. El oro en Marmato, Caldas
 
En Marmato (Caldas) se vive un grave conflicto en el que los intereses de la empresa canadiense Medoro Resources están en contravía con los de la comunidad. MedoroResource ha señalado que en ésta mina explotada desde tiempos pre-coloniales, existen reservas del orden de 7 millones 49 mil onzas de oro. El Gobierno y la empresa consideran urgente trasladar el pueblo, argumentando que está en zona de alto riesgo, aunque sus pobladores señalan que la razón es diferente: explotar las minas a cielo abierto. Aunque en 2006 se presentó un deslizamiento de tierra, Corpocaldas declaró que el riesgo es mitigable.
 
Los pobladores y pequeños mineros en contra del traslado y de la explotación a cielo abierto, conformaron el Comité Cívico Prodefensa de Marmato exigiendo una consulta previa con las comunidades negras e indígenas en la región, pues aunque gran parte de la población es indígena y afro, la empresa argumenta que no hay resguardo ni un ente legalmente establecido ante el cual realizar la consulta previa.
 
El comité cívico prodefensa de Marmato resalta que el pueblo fue declarado patrimonio histórico por tanto no podría ser trasladado. En junio de 2010 la población se declaró en paro contra la compañía. En enero de 2011 los pequeños mineros organizaron un mitin y en mayo de 2011 hubo una protesta de 4.000 personas. La tensión aumento en la zona por el asesinato el primero de septiembre de 2011 del sacerdote José Reinel Restrepo Idárraga, quien lideraba el Comité Cívico Prodefensa de Marmato.
 
Los riesgos de los megaproyectos
 
Son serios los efectos ambientales de estos megaproyectos. Un ejemplo: para extraer 0.001 kilogramo de oro de manera industrial es necesario remover y destruir una tonelada de suelo, y cada kilo de oro consume 380.000 litros de agua pura, y deja además, residuos de mercurio y cianuro.
 
Los riesgos sociales no son menores: expropiación de las tierras, impactos en la salud, alteración de las relaciones sociales, destrucción de las formas de sustento, desplazamientos y desintegración social.
 
En el caso colombiano, preocupa que varias de las zonas de megaproyectos de esta índole coincidan con presencia de comunidades indígenas y afrocolombianas vulnerables. Por mandato constitucional, en estas debería realizarse una consulta previa, pero en la práctica este procedimento no siempre se hace como debería, a veces por malos manejos o simple desconocimiento. 
 
Por otro lado están también las comunidades campesinas quienes se resisten al cambio cultural y pérdida de sus tierras, pero legalmente no tienen derecho a consulta previa, lo que mantiene abierta la discusión acerca de si el Estado y las empresas privadas deben adelantar los proyectos aún cuando existe oposición expresa de la comunidad.