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Respondiendo a una demanda de los congresistas Jorge Robledo y Wilson Arias, el pasado 23 de agosto la sentencia C-644 de 2012 de la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 60, 61 y 62 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que permitían que tierras adquiridas por campesinos con subsidios del Incoder y baldíos adjudicados a colonos pasaran a manos de empresarios, para adelantar proyectos agropecuarios y forestales y, que se adjudicaran baldíos en extensiones ilimitadas a empresas, mediante contratos diversos.

 

La Corte dijo que son artículos regresivos y están en contra del deber del estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios.

 

Los artículos inconstitucionales partían de la visión del campo que en el siglo pasado fue defendida en Colombia por el economista Lauchlin Currie y que ha marcado la política agraria de los últimos gobiernos. Es el que ahora se conoce como “Modelo Carimagua”, que se quiere extender en los Llanos orientales.

 

El gobierno anterior quiso arrendar la hacienda Carimagua por sumas irrisorias a inversionistas, para plantaciones de palma aceitera y luego entregarla en propiedad a la empresa beneficiaria. La ideología oficial determinaba que los campesinos no podrían aprovecharla eficientemente, en cambio “en manos de los privados, Carimagua generará jugosos dividendos… es un buen negocio para los inversionistas privados, mientras que para los desplazados es un mal negocio… en manos privadas genera más rentabilidad que entregarlos a los desplazados“.

 

Sin embargo, estudios científicos demostraron que Carimagua y otros terrenos similares del Llano pueden ser aprovechados por pequeños productores en arreglos agroforestales y agropastoriles y encontraron variedades adecuadas a sus suelos, de arroz, yuca, soya, sorgo, maíz y pastos y tecnología para sembrar pasto asociado con arroz, para que éste financie la implantación de la pradera.

 

Por el contrario, la destinación de tierras como las de Carimagua a grandes plantaciones de palma aceitera no tiene justificación científica o técnica. Tiene sí una justificación económica: el río Meta es el escenario de un megaproyecto dentro del marco de la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA) y del establecimiento de Puerto López como puerto de comercio para Bogotá. El negocio es la especulación con el incremento de los precios de la tierra por el desarrollo de un megaproyecto fluvial y comercial.

 

Para que la economía campesina y la empresa agrícola puedan crecer hay que sustituir ese modelo del latifundio especulativo y la importación de alimentos, no remover el límite de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) para adjudicar baldíos.

 

Por lo demás, la Ley 160 de 1991 prevé adjudicar baldíos a empresas comunitarias y a cooperativas campesinas (artículo 65), cuando los campesinos así lo soliciten, lo cual les permite asociarse, cuando las características del cultivo y las condiciones determinen la necesidad de unidades de producción mayores. Los campesinos  además podían y pueden constituir o formar parte de sociedades con no campesinos, siempre y cuando no les vendan su propiedad ni se la cedan.

 

Importancia de los campesinos

 

Hay que tener en cuenta, que a pesar de todo tipo de circunstancias adversas, la contribución del campesinado es decisiva en la alimentación de los colombianos. En el 2002, mantenía el 67,3% del área sembrada del país en cultivos legales y el 62,9 del valor de la producción agrícola. Entre 2004 y 2007 la agricultura familiar respondía por el 62,1% del área sembrada y el 60,4% del valor de la producción agrícola, excluidos café y flores. El 78% del área en café es campesina y el 74% de la producción nacional de maíz.

 

La Encuesta Nacional Agropecuaria destaca la participación campesina, tanto en área como en producción, en cultivos como cebolla larga (98%), haba (96%), cebolla cabezona (89%), papa (82%), fríjol (81%), cacao (81%),  arveja (79%), zanahoria (79%), banano (75%), café (74%), caña panelera (70%) y plátano (70%). Aunque minoritaria su participación es importante en el número cerdos (35%), especies menores (38%), vacas lecheras (25%), aves (17%) y bovinos para carne (12%).

 

En Colombia, son los pequeños productores los que dedican mayor porcentaje de su finca a la agricultura. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2005, 51% del área cosechada era de unidades campesinas. Los pequeños productores dedican mayor proporción del área de su finca a la agricultura y su participación en el área agrícola es muy superior al porcentaje de tierra que poseen:

 

 

Unidades	% área total	% área agrícola
Pequeñas	14,1	38,9
Mediana	26,1	32,5
Grandes	59,8	28,6

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2004

Los campesinos han logrado una “silenciosa transformación” tecnológica, incorporando en sus parcelas innovaciones, tecnologías limpias y desarrollo de semillas locales e, incluso, hay algunos cultivos comarcas en que la rentabilidad de las unidades campesinas llega a ser igual o superior a la de las unidades medianas o grandes.

 

Un importante recurso escaso y caro para las unidades campesinas es el crédito. Los usuarios, dedicaron hasta más del 50% de sus ingresos a pagar intereses a los bancos. El crédito más común conseguido por los campesinos es comprar “fiado”, lo cual cuesta realmente hasta un altísimo interés del 2% mensual.

 

La falta de tierra propia y la calidad de la tierra que poseen, son un factor que conspira contra un mayor participación de las unidades campesinas en la producción y una mayor retribución por sus productos, ya que si el campesino usa tierra ajena tiene que pagar arriendos que pueden alcanzar el 29% de sus costos de producción o someterse a aparcerías en las cuales el dueño de la tierra, aporta entre el 35 y 40% de los costos y se recibe del 60 al 65% de los ingresos.

 

Estudiosos del tema, como Albert Berry, han señalado que, sin embargo, los pequeños productores son mas productivos que los grandes, que los argumentos sobre economías de escala, raras veces son aplicables a las empresas agrícolas, además las ventajas de los pequeños son muy grandes: producen bienes que crean mayor valor por hectárea, emplean más trabajadores (en el caso de la caña de azúcar en Colombia se requieren 5 has para producir un puesto de trabajo y 6 has en el monocultivo de palma aceitera), protegen mejor el medio ambiente, favorecen la soberanía alimentaria.

 

Pero a pesar de ese aporte y fundamental de los campesinos al país, la política rural viene golpeando su economía. Entre los años 2005 y 2006, las importaciones agropecuarias aumentaron en un 21,66% pasando de 6,33 millones de toneladas a 7,71 millones. Para el año 2008 las importaciones llegaron a 8,22 millones de toneladas, y en 2010 el país importaba ya 10,5 millones de toneladas de productos agropecuarios y agroindustriales.

 

Las políticas económicas del país, en consonancia con las directrices transnacionales, dieron un giro a sus prioridades en beneficio del sector empresarial pero en desmedro de los componentes favorables a la mediana y pequeña producción agrícola, por ejemplo en 1990 se sembraron 2,5 millones de hectáreas de cultivos semestrales y 1,2 millones en permanentes, en tanto que en 1997 las siembras fueron de 1,6 millones de hectáreas en semestrales y 1,4 en permanentes. En estos últimos los incrementos anuales más importantes fueron los de las frutas, palma aceitera, caña de azúcar, y banano.

 

Por Héctor Mondragón y Paula Alvarez Roa*

http://www.arcoiris.com.co/2012/09/sentencia-semilla-para-cambiar-la-politica-de-tierras/