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La comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara se pronuncia hoy. Una decena de organizaciones como Oidhaco, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR) o Enlazando Alternativas, han pedido a la UE que no firme el Tratado de Libre Comercio con Perú y Colombia ni el Acuerdo de Asociación con Centroamérica. Argumentan que los ciudadanos van a salir perjudicados y que primero deben respetarse los derechos humanos y laborales en países como Colombia.

 

La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo votará el TLC entre la UE y Perú y Colombia, así como el Acuerdo con Centroamérica. El Pleno de la Eurocámara se pronunciará antes de fin de año sobre ambos textos, y los jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones los firmarán formalmente en la Cumbre UE-CELAC que tendrá lugar en Santiago de Chile en enero de 2013. Con el tiempo a contracorriente, numerosas organizaciones de la sociedad civil

han alzado hoy la voz en Bruselas en contra de ambos acuerdos. Lamentan que los ciudadanos europeos y latinoamericanos sean los que vayan a salir

perjudicados.

 

Lourdes Castro, experta en relaciones comerciales UE-América Latina, ha advertido de que los países latinoamericanos serán los grandes perdedores ya que los acuerdos son “totalmente asimétricos”. En concreto, ha subrayado que los proveedores de servicios locales de América Latina deberán competir con los europeos de igual a igual, pese a que las condiciones de una y otra parte están diferenciadas. Asimismo, ha señalado que el sector lácteo europeo exportará a Colombia y Perú provocando un “desplazamiento de los mercados internos centroamericanos y andinos, afectando a los productores locales”, ha denunciado. Por su parte, Luis Barbarán, de la asociación ‘El Andino’, ha advertido del peligro que suponen los acuerdos para los pueblos indígenas, puesto que los recursos naturales se verán afectados.

 

Trabajadores

 

Desde la Confederación de Trabajadores de Colombia, su director de Relaciones Internacionales, Tarciso Mora, ha señalado que los tratados no crearán más puestos de trabajo en Europa, sino que se perderán miles dado que las empresas se trasladarán a los países latinoamericanos para producir de forma más barata.

 

Otra de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa ha sido la situación de los sindicalistas en Colombia, donde en los últimos 25 años han sido asesinados 3.000 dirigentes, ha denunciado Mora. En esta línea, Wolfgang Kaleck, secretario general y cofundador del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), se ha preguntado “cómo la Unión Europea puede firmar un Tratado de Libre Comercio con el país dónde más asesinatos de sindicalistas hay”.

 

Precisamente la comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara aprobó a finales de mayo una resolución para que Colombia y Perú establezcan una hoja de ruta “vinculante y transparente” con el fin de garantizar los derechos laborales, humanos y del medio ambiente. El objetivo es presionar a los dos países para que intensifiquen sus esfuerzos, ya que eurodiputados han mostrado su preocupación por la situación de los derechos de los trabajadores, en concreto, de los sindicalistas en Colombia. Kaleck ha insistido en que la Corte Penal Internacional debe intervenir a este respecto puesto que el número de asesinatos de sindicalistas en Colombia alcanza el umbral de los crímenes de lesa humanidad. A su vez, ha instado a la UE a que no firme el TLC con Bogotá para presionar más al país a que se investiguen dichos asesinatos, ya que el 92% no están siendo evaluados.

 

En los próximos meses la Eurocámara votará ambos acuerdos, y está previsto que los respalde. Sus defensores señalan que favorecerá un incremento comercial entre ambas partes ya que eliminará los altos aranceles, resolverá las barreras técnicas al comercio, liberalizará el mercado de servicios, abrirá los mercados de contratación pública e incluirá compromisos sobre la aplicación de las normas laborales y medioambientales. En el caso del TLC con Perú y Colombia, BusinessEurope, la organización patronal europea, ha subrayado que la reducción de los aranceles provocará un ahorro anual de 270 millones de euros. Además, ha recordado que habrá un mayor acceso a los mercados agrícolas, industrial y de servicios de ambas regiones. Sobre los derechos de los trabajadores, según BusinessEurope, los acuerdos garantizan un respeto de los derechos humanos y laborales.