Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

 

 Mientras las protestas en educación vienen acrecentándose desde hace más tiempo, concretamente desde mediados del curso pasado, las movilizaciones en la sanidad están experimentando un ascenso significativo durante el último mes. En este redoble de protestas, manifestaciones y encierros, la Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP, se ha convertido en la avanzadilla tanto de las políticas de recorte y privatizaciones en el sector por parte de los gobernantes, como en el epicentro mediático de resistencia de los trabajadores contra estas políticas.

 

Este conflicto se puede concretar en cifras cuando se observa que en los presupuestos para esta comunidad autónoma se refleja un descenso en la partida de sanidad de mil millones de euros sobre un total de algo más de 7 mil millones; se puede concretar también en el caso específico del Hospital Universitario de La Princesa, abanderado de las protestas; y, sobre todo, se pueden poner nombres y apellidos a los intereses políticos-económicos que existen en el “negocio de la sanidad” entre el sector público y privado.

 

 Intereses en la Sanidad

 

 Para el gobierno central y el autonómico de la Comunidad de Madrid, esta reducción del gasto en sanidad es esencial para el país, ya que, según ellos, por una parte aporta estabilidad a los mercados financieros a los que España acude para financiar su deuda, mientras que a la vez ayuda a reducir el déficit público, indispensable para cumplir la “regla de oro” marcada por la Unión Europea (el déficit no puede superar el 3 por ciento del PIB, ni la deuda el 60 por ciento). Por su parte, tanto la Coordinadora de Hospitales de Madrid como la delegada del Sindicato de Auxiliares del Hospital de La Princesa, María Luisa Báilez, apuntan a intereses económicos, tanto de empresas como de particulares, como los causantes de los procesos de externalización, como los denomina la Consejería de Salud de Madrid.

 

Según la Coordinadora de Hospitales, esta externalización de servicios, sería más bien una privatización, que está siendo manejada por las aseguradoras privadas Asisa, Sanita, Adeslas, Ribera Salud y Capio. Estas dos últimas entidades manejan ya varios hospitales construidos con dinero público, como son la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) y el Hospital de Collado Villalba, por parte de Capio mientras que Ribera Salud dirige el Laboratorio Clínico Central de San Sebastián de los Reyes y hasta hace unos días el Hospital de Torrejón, traspasado a otra de las entidades en Liza, Adeslas.

 

Cuando observamos los motivos de este cambio de gestión de Ribera Salud a Adeslas, comenzamos a sacar sobre la mesa nombres propios que relacionan el negocio de la sanidad, con el de las finanzas y el de la política. Ribera Salud, participada al 50 por ciento por el Banco de Sabadell y al 50 por ciento por Bankia, tuvo que dejar la gerencia del Hospital de Torrejón por los problemas que atraviesa una de estas dos entidades financieras, Bankia, formada, entre otras, por la antigua Caja Madrid y rescatada con dinero público. Tanto Caja Madrid en su día, como Bankia, hasta mayo de este año, fueron dirigidas por el exministro del PP y exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato que, según María Luisa Báilez, es máximo accionista de Capio Sanidad. Según explica Báilez, además de Rodrigo Rato, en el accionariado de Capio se encuentran el marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el marido de la presidenta de la Comunidad de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, y otros miembros del PP. Ante acusaciones como esta, repetidas por muchas personas y canales, en la última semana Capio Sanidad hizo público un comunicado en el que se desvinculaba de todos los políticos y familiares de políticos citados anteriormente.

 

 Aún así, resulta más claro que lo anterior otro conflicto de interés en el caso y que en esta ocasión parte de la Dirección General de Hospitales de Madrid. Este puesto es dirigido desde 2008 por Antonio Burgueño Carbonell, doctor que ocupaba la Dirección Médica de Adeslas en el periodo 1990-2001 y que ha sido impulsor del modelo Alzira, modalidad de gestión mixta desarrollada en la Comunitat Valenciana y que ha sido sinónimo de pérdidas económicas, bajada de la calidad del servicio, de sueldo para sus empleados y que, tras el fracaso privado, tuvo que ser rescatado con dinero público para pasarlo de nuevo a manos privadas con mejores condiciones para estos últimos. Antonio Burgueño Carbonell está actualmente ligado a Ribera Salud, en esta ocasión a través de su hijo, Antonio Burgueño Jerez, Jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad de Ribera Salud desde 1998.

 

La respuesta del sector sanitario y el Hospital La Princesa

 

 Ante los recortes presupuestarios y los conflictos de intereses explicados antes, la comunidad sanitaria de Madrid lleva un mes de protestas en las calles y en los centros sanitarios, que tuvieron su culmen en una multitudinaria manifestación celebrada el domingo 25 de noviembre y con dos jornadas de huelga que, según los sindicatos, tuvieron un 85 por ciento de seguimiento.

 

Durante todas estas movilizaciones, el Hospital Universitario de La Princesa se ha convertido en el estandarte de la lucha por la sanidad pública en Madrid. Este centro, que presta servicios plenos, incluyendo urgencias, laboratorios, docencia, etcétera. quería ser remodelado por la Comunidad de Madrid para convertirlo en un centro especializado en personas mayores. Según la delegada del Sindicato de Auxiliares del hospital anteriormente citada, esto supondría un deterioro tanto de la atención sanitaria de los pacientes, como la pérdida de empleo para la práctica totalidad de los profesionales que trabajan en La Princesa. Báilez explica que “si nos cierran urgencias, perderíamos todos los pacientes de nuestra población objetivo, que son 313 mil personas, que ahora tendrían que ir al Hospital Gregorio Marañón o al Hospital Clínico”. Esta derivación de enfermos, traería consigo un aumento de las colas en urgencias de una o dos horas, por lo que se podría llegar a tener que esperar cinco o seis horas en total, explica la delegada sindical.

 

 Para intentar doblegar estas medidas, los trabajadores de La Princesa llevan encerrados ininterrumpidamente en el salón de actos del Hospital desde el 2 de noviembre, mientras que, junto a una plataforma de usuarios recientemente creada, se han movilizados para aumentar los apoyos a la causa. Estos apoyos se han concretado en las 368 mil 8 firmas que entregaron en el gobierno regional el pasado 19 de noviembre, apoyos que siguen aumentando hoy y que se expanden a otros países como Inglaterra o China.

 

Con todo ello, las movilizaciones en La Princesa han conseguido que los recortes de 51 millones de euros previstos para su centro, se reduzcan a 20,6 y se mantengan los mismos servicios que se venían ofreciendo hasta la fecha. A pesar de ello sus trabajadores aseguran que no cesarán su lucha hasta que este anteproyecto de ley se convierta en vinculante y tenga su reflejo en los presupuestos ya que, según sus palabras, “la sanidad no puede ser un negocio más, es un derecho que no se le puede quitar al pueblo”.

 

Publicado el 3 de diciembre 2012

http://desinformemonos.org/2012/12/crisis-en-espana-la-sanidad-no-puede-ser-un-negocio-mas-es-un-derecho-que-no-se-le-puede-quitar-al-pueblo/print/