Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El lunes 10 de diciembre, miles de manizaleños fueron gratamente sorprendidos por una movilización de 1200 mineros que, venidos de Marmato, la Felisa-la Merced, Supía, Riosucio, Quinchía-Miraflores, Quinchía-Irra, Filadelfia, la María-Anserma, Chinchiná, Santa Rosa y La Dorada-Purnio, recorrieron la carrera 23 y se concentraron frente a la gobernación para denunciar los atropellos de que son víctimas por la presencia de varias multinacionales en sus territorios.

 

Y, aunque cada sector tiene sus propios problemas, todos son afectados porque, el 30 de octubre y el 2 de noviembre del 2012, el presidente Juan Manuel Santos expidió los decretos 2235 y 2261 -reglamentarios de una decisión de la Comunidad Andina de Naciones y del Plan Nacional de Desarrollo- por medio de los cuales establece que los mineros que no posean título minero serán considerados ilegales. Con base en esos decretos, la policía, sin mediar investigación ni orden judicial alguna, podrá decomisar y destruir su maquinaria, equipo y herramientas o incautar los químicos que requieren para su labor.

 

También están afectados -la mayoría de estos mineros tradicionales- por la política de legalización o formalización minera que éste y los gobiernos anteriores implementan y que consiste en dilatar el reconocimiento de la minería de hecho para, de esa manera, facilitar la entrega del territorio a compañías extranjeras que, como la canadiense Gran Colombia Gold en el caso de Marmato o la Seafield Resources en el caso de Quinchía, aprovechan la falta de reconocimiento legal de los pequeños mineros para atropellarlos.

 

En Marmato, la minera compró los títulos de unas minas que dejó de explotar por varios años y unos molinos que destruyó. Con su proceder no sólo envió al desempleo y al hambre a más de 800 mineros tradicionales sino que, ella misma, al dejarlas de explotar, perdió. La legislación minera es clara. Quien deja de explotar, por más de un año una mina, pierde el derecho sobre la misma. Y, eso es lo que no quiere reconocer la minera canadiense. Por eso atropella, con personal armado a su servicio, a los mineros de Marmato. Como lo denunciara Mario Tangarife, presidente de la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato en una entrevista en el periódico El Tiempo: “los desalojos se están presentando con frecuencia. Cada domingo están llegando a tumbar 3 o 4 minas sin ninguna orden judicial. Tenemos videos”

 

En el caso de los mineros de la vereda Miraflores de Quinchía, el asunto es que la multinacional consiguió, en Bogotá, una concesión que incluye el área en la que desde hace más de setenta años los mineros tradicionales, con título minero incluido, ejercen sus derechos de explotación. Pero, la minera, los quiere sacar, porque en ese territorio, quiere adelantar una explotación a cielo abierto. Para ello necesita las tierras y minas de los mineros tradicionales que, a su vez, son agricultores; lo que en algunas zonas del país se conoce como agro-minería.

 

Con medidas de este tipo queda claro que, para Santos, la locomotora minera tiene como objetivo erradicar a los pequeños mineros del país y favorecer a las grandes compañías mineras transnacionales y sus lesivos proyectos. Por eso, los mineros solicitan que estos conflictos se resuelvan sobre la base del respeto a la minería tradicional y trato digno para los mineros tal y como lo manifestaron en la protesta realizada. De los problemas de los mineros de los otros municipios comentaremos en los próximos artículos.

 

*Uno de tres artículos sobre asuntos mineros que publicaremos en EL ANDINO. El autor nos colaborará a partir de este número.