Nuevamente acudimos a ustedes para expresar nuestra enorme preocupación por los abusos y agresiones que siguen victimizando a comunidades indígenas y campesinas que en Colombia resisten de manera noviolenta a la guerra y al desplazamiento forzado.

 
 
Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane
Colombia Vive! Onlus
 
 
 
 
 
 
Narni, 30 de enero de 2013
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Luz Patricia Mejía Guerrero, Presidenta
1889 F Street, N.W.
Washington, D.C., 20006
 
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Avenida 10,Calles 45 y 47 Los Yoses, San Pedro, San José, Costa Rica
 
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos(OACNUDH)
Palais Wilson, CH 1211 Ginebra, Suiza
 
Oficina del Alto Commisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en Colombia
Calle 113 No. 7-45, Torre B, Oficina 1101, Bogotà
 
Corte Penal Internacional
Po Box 19519
2500 CM, The Hague
The Netherlands
 
Respetuoso saludo.
 
Nuevamente acudimos a ustedes para expresar nuestra enorme preocupación por los abusos y agresiones que siguen victimizando a comunidades indígenas y campesinas que en Colombia resisten de manera noviolenta a la guerra y al desplazamiento forzado.
 
En relación a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, queremos amplificar las siguientes denuncias:
 
Durante los meses de diciembre de 2012 y enero de 2013, se ha verificado la continuación de las intimidaciones paramilitares en la zona de influencia de la Comunidad de Paz. Así, en la vereda El Porvenir (1-12-2012), dejaron amenazas a campesinos allí residentes, instándolos, so pena de muerte, a abandonar el territorio; Violando los principios de la Comunidad de Paz, los paramilitares acamparon en la finca de propiedad de la Comunidad en la vereda la Esperanza (2-12-2012), reiterando las amenazas contra la Comunidad de Paz; La presión paramilitar provocó el desplazamiento forzado de dos familias de esta misma vereda (5-12-2012); Nuevamente los paramilitares intimidan a los habitantes de La Esperanza (9-12-2012), anunciando la existencia de una lista de personas que asesinarán próximamente y fotografiando a los pobladores; Se registran combates (16-12-2012) entre la guerrilla de las FARC y paramilitares en la vereda Arenas Altas; Dos helicópteros militares aterrizan en la finca de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza (29-12-2012) donde desembarcó un contingente militar que acampó ilegalmente allí, dañando cercas y alambrados; ametrallamientos y detonaciones efectuados por hombres del ejército ubicados en la base militar del caserío de San José de Apartadó (6-01-2013), lo cual generó terror entre los pobladores, pues en una acción similar realizada el 12 de octubre de 2012, murió el campesino Alberto Ariza Huaca; Blanca Torres, integrante de la Comunidad de Paz y esposa de Germán Graciano quien se desempeña como miembro del Consejo Interno (11-01-2013), recibió una llamada telefónica del celular No.3113422998, hecha por un hombre que se identificó como Santiago Giraldo, Coordinador de Desmovilizados Oficina de Bogotá, el cual la llamó por su nombre y le ofreció dinero a cambio de información sobre los líderes de la Comunidad de Paz, hechos como este se han registrado repetidamente, hombres que se identifican como desmovilizados, paramilitares o militares, ofrecen dinero a cambio de información sobre integrantes del Concejo Interno; Fumigaciones aéreas en las veredas La Resbalosa y Mulatos (11y 12 de enero de 2012), han generado la muerte de cultivos de pan coger como frijol, arroz y yuca.
 
En relación a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN-, debemos amplificar dos graves denuncias:
 
La primera está referida al arresto ilegal, el pasado 4 de enero, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, de MANUEL ANTONIO BAUTISTA PEQUÍ,(coordinador de la Guardía Indígena de la ACIN) a quien se le acusa del delito de rebelión, con base en supuestas pruebas encontradas en un computador incautado a las FARC y en la versión de un miliciano reincertado. Al parecer, al señor Bautista, se le confunde con el guerrillero conocido con el alias de “Tuquí”, quien según la Policía y algunos medios de comunicación, habría sido dado de baja hace ya algún tiempo. A los abogados defensores del señor Bautista no se les ha permitido acceder a las supuestas pruebas que la Fiscalía tiene en su contra.
 
Manuel Antonio Bautista Pequí es además el coordinador de la red de apoyo y protección de niños y niñas en la región del Cauca, una iniciativa de la sociedad civil que se viene adelantando desde hace 3 años con el apoyo de la cooperación internacional, para la prevención de la vinculación de la niñez al conflicto amado. Cuenta con una relación laboral vigente con una de las organizaciones de la Plataforma de Organizaciones Europeas, PODEC, a través de un convenio firmado con el Tejido Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), espacio que está siendo fuertemente atacado, y cuyo coordinador, el líder Germán Valencia, ha sido hostigado y amenazado vía telefónica.
 
Al parecer, los actores armados están reaccionando dramáticamente contra los esfuerzos de las comunidades indígenas del Norte del Cauca que han querido sacar la guerra de su territorio, por una parte el Estado aplica una estrategia de judicialización que afecta a numerosos líderes indígenas, y por otra, la guerrilla los amenaza, intimida y asesina.
 
La segunda noticia relativa a la ACIN se refiere al asesinato con seis impactos de bala de fusil propinados por hombres de las FARC, el pasado 20 de enero, del líder indígena del municipio de Jambaló, RAFAEL MAURICIO GIRÓN, de 32 años de edad, padre de tres niños, quien fue concejal de este municipio y ocupó importantes cargos dentro de la organización indígena. El crimen fue perpetrado en la vereda Barondillo, en la vía que de Jambaló conduce a Toribio.
 
Les solicitamos respetuosamente, intervenir para que el gobierno de Colombia actúe de manera decidida contra las estructuras paramilitares que libremente continúan operando en la subregión de Urabá, para que se cumplan las disposiciones de la Corte Constitucional que obligan al gobierno colombiano a retractarse de las peligrosas calumnias que contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, profirió durante su gobierno el expresidente Uribe Velez; para que se libere de inmediato al líder indígena Manuel Antonio Bautista Pequí, y para que el asesinato de Rafael Mauricio Girón no permanezca en la impunidad.
 
Agradecemos su amable atención,
 
Andrea Proietti
Presidente Rete Colombia Vive!
 
Con copia a:
Presidencia y VicePresidencia de la República de Colombia
Ministro de la Defensa
Ministro del Interior y de Justicia
Fiscal General de la Nación
Defensoría del Pueblo
Departamento de Policia Urabá
Delegación de la Unión Europea para Colombia y Ecuador
Embajada de Italia en Colombia
 
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