Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El contexto que se vive en los municipios y comunidades del norte del Cauca es preocupante, además de las diversas problemáticas que ocasiona la militarización de los territorios y las confrontaciones entre los grupos armados, en los últimos meses se han incrementado los casos de amenazas y asesinatos a causa del hurto de motocicletas.

 

Las comunidades afros e indígenas como también los habitantes de los cascos urbanos han sido afectados por esta situación. Según datos presentados por el Tejido Justica y Armonía de la Asociación de Cabildos indígenas del norte del Cauca ACIN, el año pasado 70 comuneros indígenas, entre ellos líderes espirituales fueron amenazados y asesinados por los grupos armados que ocupan el territorio, entre estos asesinatos también hubo muertes por el hurto de motocicletas. De igual manera informan que en lo que va corrido del año se han presentado ocho asesinatos por esta misma causa.

 

“Ante las exigencias por parte de la comunidad a las autoridades municipales, la solución que han planteado es el incremento de la militarización, sin embargo esta opción no ha solucionado para nada la problemática, por el contrario lo que ha generado el pie de fuerza es que la problemática  del casco urbano se traslade a las comunidades indígenas, pues lo que hacen los delincuentes es llevarse a las personas de los cascos urbanos hacia las comunidades para robarles sus motocicletas y en muchas ocasiones los han asesinado, de igual manera sacan las personas de las comunidades y las asesinan en los cascos urbanos. Esto hace que a los resguardos y comunidades indígenas los estén viendo como la guarida de los delincuentes. Así lo manifiestan los medios masivos de comunicación y las mismas autoridades gubernamentales”, afirmó Carlos Andrés, consejero de la ACIN.

 

El tema del robo de motocicletas está afectando directamente a los habitantes de los municipios del norte del Cauca y a comuneros y comuneras indígenas que deben desplazarse a diario por el casco urbano de Santander, específicamente para estudiar, trabajar y realizar diligencias médicas. Estas situaciones causan gran preocupación en la comunidad, las autoridades indígenas han expuesto estas problemáticas en diversos espacios de dialogo con el gobierno nacional, sin embargo no se han implementado herramientas efectivas para solucionar esta problemática.

 

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado miércoles 30 de enero en horas de la tarde, cuando una comunera del resguardo indígena de Canoas, jurisdicción del municipio de Santander, regresaba a su vivienda en el resguardo de Canoas, después de realizar unas diligencias le fue hurtada la motocicleta en la que se desplazaba con su hermano. 

 

En una acción conjunta la guardia indígena y la comunidad del cabildo de Canoas y el cabildo urbano de Santander de Quilichao, realizaron una labor de búsqueda con el propósito de recuperar la motocicleta, en esta acción retuvieron a cuatro personas implicadas en el robo.

Estas personas se encuentran bajo custodia del cabildo indígena de Canoas y a quienes el cabildo indígena les abrió un proceso de investigación por los hechos ocurridos. Desde el día en que retuvieron a estas personas iniciaron las amenazas a las autoridades indígenas de Canoas y al cabildo Urbano de Santander de Quilichao. En el proceso de investigación las personas retenidas han manifestado hacer parte de una banda que se dedica al robo de motocicletas las cuales luego venden en las comunidades con papeles falsos, para realizar estas acciones tienen como fachada un servicio de domicilios

Al mismo tiempo algunos familiares de las personas retenidas impusieron una demanda ante la fiscalía contra las autoridades indígenas por secuestro y tortura. Resulta paradójico que quienes buscan la armonía en el territorio resulten siendo señalados como culpables.

 

Según manifestó el procurador de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Astaiza, las instancias judiciales como la fiscalía, tienen unas competencias que nadie puede suplantar, la fiscalía es la única entidad que puede investigar retener, juzgar y condenar a una persona en cualquier lugar del territorio colombiano, en cambio las autoridades indígenas solo tienen jurisdicción en territorios indígenas, en este sentido  tampoco no se le puede impedir a la fiscalía para que abra un proceso investigativo en contra de las autoridades indígenas, así tengan una especialidad como autoridades tradicionales ya que esta acción se sustenta en un requerimiento ciudadano.

 

Frente a estas afirmaciones del procurador, el defensor del pueblo Víctor Meléndez manifiesta que ante la demanda que se ha instaurado de secuestro y tortura en contra de las autoridades indígenas, la fiscalía debe ser muy cuidadosa antes de abrir un proceso de investigación contra autoridades especiales como son los cabildos indígenas, quienes actúan en mandato comunitario, es decir cumplen mandatos de las comunidades no actúan bajo decisión individual. Afirma que la legislación indígena al tener carácter especial se legitima de manera colectiva y para casos especiales como el que se menciona donde la vida e integridad de los integrantes de sus comunidades está en riesgo la territorialidad podría ampliarse, en este sentido sugiere que este caso se le consulte a la corte interamericana para no caer en la deslegitimación de competencias jurídicas y propone que se armonicen las competencias jurídicas y se actué de manera eficaz desde ambas partes frente a la problemática que está afectando tanto a comunidades urbanas y rurales.

 

Entre tanto, las autoridades indígenas manifestaron que la decisión sobre el qué hacer con las personas retenidas está en manos de la comunidad. La investigación determinara el grado de culpabilidad de las personas capturadas y en asamblea comunitaria se decidirá que procedimiento continuar, teniendo en cuenta que las personas retenidas han causado desarmonía en la comunidad indígena y en varias ocasiones se ha atentado contra comuneros y comuneras indígenas así sea fuera de la territorialidad de los resguardos. “Nosotros estamos actuando bajo nuestros principios especiales y en el marco de nuestra legislación como pueblos y organizaciones, aunque un comunero o comunera indígena salga del territorio no deja de ser indígena, es decir donde haya un integrante de una comunidad indígena, es territorio indígena. Por tal razón actuamos desde la autonomía como pueblos que hemos declarado colectivamente en defensa de la vida y el territorio”, expresaron las autoridades de la localidad.

 

Tejido de Comunicación – ACIN