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Las compañías mineras de oro están quebrantando la democracia local dando dinero a los municipios donde operan, dijo una ONG del occidente colombiano.

 

Al mismo tiempo que las compañías mineras se están desplazando al suroccidente antioqueño para explotar oro de las montañas, las ONG claman que el dinero que las compañías dan a los alcaldes locales supone un riesgo que usurpa las funciones del gobierno.

 

“Ellos se están ocupando de funciones del Estado las cuales no deberían corresponder a compañías privadas. El Estado ha fallado al momento de invertir en hogares y escuelas, pero una compañía sí lo hace”, declaró Juan Carlos Castro a Colombia Reports. Castro pertenece a Biabuma, una asociación de campesinos en el municipio de Támesis, Antioquia.

 

“Ellos coadyuvan con el Estado… ellos dan dinero a los municipios para mejorar caminos y construir escuelas, al igual que AngloGold hizo en Jericó y Solvista en Caramanta”, afirmó Castro. Las compañías están todavía en fase exploratoria y podrían buscar un acuerdo con el gobierno local o nacional antes de explorar una mina.

 

De acuerdo  a Joseph Williams, un portavoz de Publish What You Pay, compañía que aboga por la transparencia en las industrias extractivas, “las grandes inversiones que se hacen antes de que los tratos se firmen pueden ser sospechosas, puede ser una señal de alerta”.

 

Las compañías multinacionales mineras presentan dichos pagos o inversiones como parte de sus programas sociales, pero dar dinero de esa forma podría significar perder el control democrático, de acuerdo a Leo Henao, un activista de Jericó. “Nadie controla los dineros que las compañías mineras dan en efectivo a los alcaldes, no hay procedimientos”, dice Henao a Colombia Reports.

 

Castro y Henao hablaron a Colombia Reports en un encuentro en Caramanta, Antioquia, del Cinturón Occidental Ambiental (COA), una red local de grupos sociales civiles formados para confrontar la minería en el “Cinturón de Oro”  en Colombia. Ellos están preocupados porque una importante área ecológica, parte de la cual tiene status protector como una importante cuenca, está ahora asignada a concesiones mineras o aplica para dichas concesiones.

 

“Esta es un área de alta biodiversidad, incluyendo diversas especies de pájaros, pumas y osos. Las montañas tienen también fuentes de agua que circundan estas regiones”, dijo Castro.

 

Él indicó que al moverse estas multinacionales mineras a áreas tradicionales campesinas, muy poca gente es consciente de lo que las compañías están haciendo realmente. “Ellos tienen encuentros con los habitantes pero no les hablan de las exploraciones o de lo que están haciendo. Ellos ofrecen beneficios y trabajos pero no están siendo honestos”.

 

Los activistas creen que ya están viendo los efectos del pago a los gobiernos locales. Las compañías mineras actúan como quieren, afirmó Castro. “Ellos no piden permiso para entrar a las fincas de la gente, fincas como minas. Ellos solo entran”.

 

Henao afirmó lo mismo respecto de AngloGold Ashanti en Jericó. “Ellos invadieron el pueblo. Parquearon sus camiones en la calle. No pagan impuestos. Tienen cuatro oficinas y no pagan ningún impuesto, impuestos comerciales, nada. ¿Por qué no?”, se preguntó Henao.

 

Las compañías acuden a diversas estrategias para hacer llegar sus mensajes, de acuerdo a Henao. “Ellos dominan los medios. En Jericó solo tenemos la televisión local y la estación radial. Ambas son pagadas por AngloGold Ashanti. Repiten todos los días sus mensajes a los pequeños campesinos”.

 

Los activistas que van en contra de la actividad minera tienen también preocupaciones de carácter social. Los pequeños campesinos dejan sus fincas para tomar trabajos con las compañías mineras, como guardas de seguridad o choferes. Ellos ayudan a concentrar la posesión de la tierra en cada vez menos manos en un área de la que dicen ha sufrido la concentración forzada de la propiedad de la tierra durante el control paramilitar.

 

Pero los mencionados empleos pueden terminar siendo solo provisionales. Las compañías en el suroccidente antioqueño incluyen las multinacionales Solvista Gold, Tolima Gold y IamGold. Mientras grandes compañías como AngloGold Ashanti pueden excavar hasta que encuentran, otras solo van a explorar y entonces luego venden sus concesiones haciendo presencia, al igual que los trabajos que ofrecen, temporalmente.

 

Mientras los alcaldes aceptan efectivo de las multinacionales mineras, quienes se preocupan de las desventajas de la minería sienten que el gobierno central está del lado de las compañías.

 

“Estos títulos mineros y las aplicaciones, no prestan cuidado a las placas tectónicas, a la economía local ni a los patrimonios ecológicos y arqueológicos. Los mandatarios en Bogotá escuchan de oro y no les importa nada: la gente, lo que hacemos, la historia del área, el agua, nada”, señala Castro.

 

Las comunidades indígenas están siendo también ignoradas. Ellos tienen el derecho de ser consultados acerca de lo que se hace y sucede en su territorio. Pero a los Embera Chamí del área no se les ha sido notificado acerca de las concesiones en su tierra.

 

“Ellos nunca han sido consultados”, dijo Castro. “Nunca. En Valparaíso, Solvista Gold fue a una reserva pero no explicaron lo que estaban haciendo ni hablaron acerca de la exploración ni la explotación. Ellos solo ofrecieron proyectos y beneficios”.

 

“Jericó ha tenido exploraciones por seis años y nosotros hemos conocido esto desde un año y medio. Las compañías trabajan silenciosamente”, dijo Henao.

 

El Estado colombiano se ha afirmado asimismo detrás de la gran minería, refiriéndose a esta como un motor del desarrollo económico. Pero Henao piensa que los beneficios pueden ser vistos -regalías pagadas a las arcas del gobierno central y redistribuidas a nivel nacional- pero nunca materializados.

 

“El Estado no adquiere beneficios de esto. Solo regula. Supuestamente recoge impuestos de la mina, pero los impuestos pagados en Colombia son casi nada. No están compartiendo la riqueza”, clamó el activista. Él también tiene sospechas de corrupción.

 

“La autoridad ambiental local, Corantioquia, dio permiso a una compañía minera de usar agua y tardó dos meses. Cuando un campesino reclama su derecho de usar el agua esto le toma más de un año. ¿Por qué pasa esto?”, se pregunta Henao.

 

COA, la red local de grupos sociales civiles, afirmó a Colombia Reports que ellos planean continuar en la educación de la gente sobre los peligros de las continuas concesiones de la tierra y el corto y largo plazo del daño ambiental que la minería suele traer consigo. Ellos afirman que van a promover y atender encuentros públicos e incluso ir casa por casa para propagar su mensaje.

 

A pesar de los recursos de sus oponentes, los activistas han tenido más acogida. Muchos municipios, incluyendo Jardín y Támesis, han acordado rechazar las peticiones  de las compañías mineras dentro de su territorio. Esta no es una táctica segura. Si bien es cierto que la constitución otorga autoridad a los municipios, estos acuerdos locales pronto se pondrán a prueba.

 

Mientras tanto, los municipios alrededor de Jardín y Támesis están recibiendo el dinero de las compañías mineras. En estos pueblos, los integrantes de COA no ven ninguna manifestación de sus gobiernos, locales o nacionales, dispuestos a enfrentar a las compañías mineras y a los riesgos sociales y ambientales que estas conllevan.

 

Por: Jacob Stringer / Colombia Reports*

 

*Traducción libre de Juan Francisco Molina. Lea el artículo original aquí.

 

http://www.traslacoladelarata.com/2013/02/03/companias-mineras-socavan-democracia-local-en-el-occidente-colombiano-ong/