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Decenas de habitantes de Piedras (Tolima) buscan alternativas para impedir su llegada al municipio. La compañía demandó al alcalde exigiendo la libre movilidad por la zona.

“Yo no estoy en contra de la Anglogold Ashanti. Estoy en contra de cualquier empresa que pueda generar daños ambientales en el municipio”. Con estas dos frases, el alcalde de Piedras (Tolima), Arquímedes Ávila Rondón, resume su posición frente a la posibilidad de que la minera llegue al municipio. Por eso, no se sorprendió el viernes pasado cuando fue notificado de que la Anglogold Ashanti había interpuesto una tutela en su contra.

¿Por qué terminó el alcalde de un municipio de 5.427 habitantes demandado por la tercera productora de oro del mundo? La protesta pacífica que iniciaron decenas de habitantes de Piedras el pasado 31 de enero en el corregimiento de Doima, y que terminó con el bloqueo de la vía para impedir el paso de los vehículos de la minera, es la respuesta.

El malestar de los manifestantes es un claro ejemplo de los efectos colaterales que tendrá en la zona la operación de la mina La Colosa, en el municipio de Cajamarca. Como la empresa tiene la posibilidad de ubicar en 100 kilómetros a la redonda la infraestructura que requiera para su proyecto minero, Piedras —que está a unos 75 kilómetros— sería el lugar para construir el centro de procesamiento del oro.

La idea tiene bastante preocupados a varios pobladores por los efectos ambientales que este proceso podría representar. El mayor temor radica en que una planta para procesar el oro requiere millones de litros de agua, produce muchos residuos y utiliza cianuro para separar el mineral de la roca.

Según el abogado experto en derecho ambiental Rodrigo Negrete, este proceso, “además de ser de por sí una actividad con un potencial contaminador enorme, liberará otros metales pesados, como plomo o cadmio, afectando el ambiente de la zona, especialmente el agua, el suelo y la biodiversidad”. Aun así, Félix Bonilla, agricultor de la zona, insiste en que “Anglogold no ha socializado el proyecto con la comunidad”.

Su opinión la comparte el concejal Carlos Iván Olaya: “Iniciamos con la manifestación con el fin de que el Gobierno le preste atención al municipio”. Según dice, la posición de la comunidad es de “absoluto rechazo”.

Aunque los manifestantes pusieron fin al bloqueo después de dos semanas, en sus planes está impedir que la planta de lavado quede ubicada en el corregimiento de Doima. Ayer, una comisión del municipio viajó a Bogotá para reunirse con el ministro de Minas, Federico Renjifo, y exponerle sus preocupaciones. La próxima semana esperan conformar una corporación en defensa del municipio.

Anglogold Ashanti le dijo a este diario que después de buscar por varios medios que les permitieran el paso a sus empleados, la única alternativa que encontró fue interponer la demanda contra el alcalde. Agregó que la operación no generará daños ambientales y que en los próximos días socializará el proyecto casa por casa.

Respecto a la tutela, Negrete es enfático: “De aplicarse la jerarquía normativa consagrada en la Constitución Política, los convenios internacionales sobre derechos humanos y sobre conservación ambiental, el juez que conoce la tutela interpuesta por la Anglogold Ashanti debería tutelar los derechos de los habitantes del territorio, y no los de los ejecutores de la política extractivista del Gobierno”.

Por: Viviana Londoño Calle

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