Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

En la década de 1990, los Gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana se propusieron quebrar al ISS para darle el monopolio del control del ahorro pensional de los trabajadores al sector privado.

 

El Sistema General de Pensiones tiene como objetivo garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte, mediante el reconocimiento de una pensión y prestaciones determinadas en la Ley. En Colombia operan dos regímenes: i) el solidario de Prima Media con Prestación Definida y ii) el Régimen de Ahorro Individual, negocio operado por el sector financiero.

Al sistema pensional colombiano lo caracteriza la exclusión, las iniquidades, las continuas reformas, la insostenibilidad financiera, los obstáculos casi imposibles de superar para obtener el reconocimiento al derecho de pensión de vejez y las ganancias extraordinarias de la banca privada, todo lo cual configura una gran estafa para los trabajadores que confían sus ahorros de manera “obligada” en cualquiera de los dos regímenes.

 

Exclusión

 

El Sistema de Seguridad Social en Colombia tiene origen en los años 1945 y 1946, con la creación de la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS). En 67 años de existencia, el sistema cubre apenas al 30% de población en edad de reclamar su derecho a la pensión por vejez (62 años los hombres y 57 la mujer). Las proyecciones oficiales de población del DANE estiman en 47.120.770 el número de habitantes de Colombia, en 2013. De éstos, 4.962.491 son mayor de 60 años (10,5%). El 70% de los adultos mayores no cuenta con ningún ingreso pensional debido a que no cotizaron o no pudieron ahorrar lo suficiente, expresión de una vida laboral precaria, informal y de bajos ingresos (gráfico 1).

 

 

En Colombia hay 22 millones de trabajadores, de ellos 12,5 millones laboran en el sector informal (esto es, 56% no tiene contrato laboral ni está cubierto por la seguridad social; la mayoría son trabajadores por cuenta propia). Dos terceras partes de los informales devengan ingresos inferiores a un salario mínimo legal.  

 

 

Un modelo económico reprimarizado desde la década de 1980, dedicado a actividades extractivas y rentísticas (minería, energía, biocombustibles, especulación financiera, comercio, ganadería extensiva) no genera valor agregado y menos aún empleo digno o de calidad. La economía nacional, dependiente de los ciclos internacionales, es además altamente inestable. En consecuencia, tenemos un mercado de trabajo precario, inestable y de alta desigualdad en la distribución de los ingresos. En las dos últimas décadas el valor del índice de desempleo abierto supera, en promedio, los dos dígitos (gráfico 2). De los 22 millones de trabajadores, sólo 7,7 millones (35%) actualmente está activamente ahorrando en el sistema pensional, privado o público. Pero tan sólo uno de cada diez alcanzará una pensión cuando cumpla la edad requerida y haya cotizado las 1.300 semanas (un poco más de 27 años de trabajo); el 90% no podrá responder a las exigencias actuales del sistema pensional, perderá sus ahorros “obligatorios” debido a los prolongados períodos de desempleo, bajos ingresos, informalidad e incertidumbre laboral.

 

Iniquidad

 

El 98% de los 1,5 millones de adultos mayores a quienes se les ha reconocido el derecho a la pensión de vejez recibe un salario mínimo legal ($589.000, en 2013). Para el 2% restante (30.000 pensionados) las mesadas mensuales están en un rango entre los 3 y los 30 millones de pesos. Los más privilegiados son altos funcionarios del Gobierno, del Congreso y de las Cortes de Justicia, quienes ejercen su trabajo en el sector público con un interés privado, esto es, son buscadores de rentas (en economía pública, se entiende por rent-seeking la situación que se produce cuando un individuo, organización o empresa busca obtener ingresos captando renta económica a través de la manipulación o explotación del entorno político o económico). Los “privilegiados” se apropian del  16% del fondo pensional, el cual le cuesta al país 24 billones del presupuesto nacional (el 80% de los subsidios que entrega el Estado al sistema pensional es recibido por quienes devengan pensiones superiores a los 15 salarios mínimos). La iniquidad del sistema es evidente y vergonzosa (gráfico 3).

 

 

Reformas

 

La Constitución de 1991 elevó a constitucional el derecho de todo ciudadano colombiano a ser reconocido con una pensión de vejez. Sin embargo, durante las dos últimas décadas el sistema general de pensiones ha sufrido permanentes reformas para enfrentar los problemas de cobertura, iniquidad e insostenibilidad. Entre las reformas más importantes se encuentran la Ley 100 de 1993, por medio de la cual se instauró el sistema dual (público y privado). Posteriormente, la Ley 797 de 2003 buscó recapitalizar el fondo común del Instituto de Seguro Social –ISS y racionalizar los recursos con el fin de cumplir en un futuro con la entrega de las mensualidades a los beneficiarios de este régimen. Luego, con el Acto Legislativo No.1 de 2005 se elevaron a constitucionales las disposiciones referentes al sistema pensional en vigencia, eliminando los regímenes especiales de pensiones (exceptuando el de la Presidencia de la República y el de la Fuerza Pública).  

 

En 2013, el Gobierno impulsa una nueva reforma en el Congreso sobre la base de universalizar el régimen de prima media sobre un salario mínimo legal. Quienes coticen por un valor mayor (superior a los $589.000) lo deberán hacer a partir de ese monto en el Régimen de Ahorro Individual que son administrados por los fondos privados de pensión (sector financiero). El Estado se queda con las pensiones de salario mínimo (subsidiadas con presupuesto nacional) y “premia” a la banca privada entregándoles en bandeja el “jugoso negocio” de los clientes de medios y altos ingresos.

 

Estafa

 

En la década de 1990, los Gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana se propusieron quebrar al ISS para darle el monopolio del control del ahorro pensional de los trabajadores al sector privado. Así, los ahorros de los trabajadores en el fondo de reservas del ISS se invirtieron obligatoriamente en acciones y bonos del Banco Central Hipotecario (Banco Estatal). Los escandalosos autopréstamos que beneficiaron a las directivas del Banco y a funcionarios del Gobierno nunca fueron devueltos, llevando a la quiebra a la entidad financiera pública. De este modo, uno de los grandes damnificados con la liquidación del BCH, en febrero de 2000, fue el ISS que perdió, de las reservas pensionales, 140 mil millones de pesos (ahorro de los trabajadores).

 

La reforma pensional de la Ley 100 tenía como fin beneficiar al sector financiero privado. La administración de César Gaviria (1990-1994) estableció el sistema privado de pensiones, pero debido a la resistencia y lucha de los trabajadores se logró mantener también la modalidad de prima media del ISS, configurándose un sistema mixto. Con engaños, la banca privada atrajo a ilusos e ingenuos cotizantes del Seguro Social mediante una agresiva campaña publicitaria, ofreciéndoles una mesada superior al 75% del ingreso promedio de los salarios devengados en su vida activa laboral (beneficio porcentual que garantizaba el régimen de prima media del ISS). Esta promesa del sector financiero nunca se cumplió, de hecho estudios del Banco Mundial revelan que en América Latina los Fondos Privados de Pensiones garantizan tan sólo una mesada pensional equivalente a la tercera parte de los ingresos promedio que devengaban durante su vida laboral activa.

 

Un ejemplo de la vida real ilustra mejor esta situación de engaño: una trabajadora colombiana laboró desde los 17 años (inició como profesora de escuela rural) hasta los 64 años de edad (cuatro años se llevó la solicitud de reconocimiento de pensión por vejez, hecha en 2009, con asesoría y pago de abogado). En el año 2000 trasladó su ahorro pensional del ISS a un fondo privado de pensión, seducida por las promesas y engaños del promotor de la banca privada. Antes de  lograr el reconocimiento de su derecho a la pensión (noviembre de 2012) percibía un salario de cuatro millones de pesos (el ingreso promedio en los últimos catorce años fue de 2,5 millones de pesos). Al sumar los ahorros pensionales, incluidos  los bonos pensionales del sector público, el Fondo Privado le informa a la trabajadora que su ahorro era de 215 millones de pesos, sin ninguna otra explicación ni sustento de cómo calcularon esa cifra. La mesada asignada a partir de enero de 2013 es de 750.000 pesos mensuales, esto es, 18,8% del último salario recibido en su actividad laboral. Con una esperanza de vida de 80 años, el Fondo Privado le devolverá de sus ahorros un total de 156 millones de pesos (13 mesadas anuales de 750.000 pesos durante 16 años); en consecuencia la entidad financiera se queda con una utilidad adicional de 59 millones de pesos al no entregar el saldo a heredero alguno, ya que no lo permite el régimen pensional de ahorro privado.

 

Otro ejemplo tomado también de la vida real: un trabajador que laboró entre los años 1971 (inició como técnico de una multinacional judeo-japonesa) y 2012 (entre funcionario público, docente universitario y consultor independiente). En noviembre de 2012 cumplió la edad requerida para pedir el reconocimiento de pensión de vejez y contaba con más de las 1.300 semanas exigidas de cotización). Misteriosamente, en el sistema de Colpensiones solo aparecen registradas 440 semanas. Por un acto de “magia” y la exigencia del pago de 1,5 millones de pesos, un ex funcionario del ISS con vínculos al interior de la institución se ofrece para hacer aparecer las semanas cotizadas borradas en el sistema (como chulos, los intermediarios revolotean a las puertas de las oficinas de pensiones). Alternativamente, si no quiere caer en las garras de la corrupción, el trabajador debe demostrar, con documentos certificados, cada una de las semanas cotizadas durante sus 41 años de actividad laboral y solicitar, en los casos en que trabajó con el sector público, el trámite de tres tipos diferentes de formularios que pueden tomar un año en ser respondidos. Una “prueba diabólica”. El dilema ético es complejo, ¿cómo evadir la trampa de la ilegalidad que permea las entidades públicas de Colombia? En 2012 se hicieron solicitudes de nuevas pensiones por una cifra de 137.896; 57% de éstas fueron negadas.

 

Quien se acerca a una oficina del régimen privado o público, al iniciar el proceso de reconocimiento de su “derecho” de pensión de vejez, debe recordar la inscripción que aparecía a la entrada del infierno, según cuenta Dante en la Divina Comedia: “perded toda esperanza quien aquí ingresa”.