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Asociación de Cabildos Indìgenas del Cauca

November 21, 2024

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El pasado 14 de marzo de 2013, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentó el informe sobre la Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia, en el marco del 147º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

 
Se presentaron varias problemáticas como la de los pueblos en riesgo de extensión física y cultural, de los títulos mineros en los territorios indígenas, el respeto y garantía de  los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos así como la consulta y participación de los pueblos indígenas. La Corte también escuchó al Gobierno de Colombia, mediante la voz, entre otros, del Vice-ministro, del embajador y de la Fiscalía general de la Nación.
 
Pueblos desplazados y exterminados por la guerra y los intereses económicos
 
La ONIC destacó la grave situación de “riesgo de exterminio físico y cultural en que se encuentran sesenta y cinco (65) pueblos indígenas (es decir, el 62.7% de los 102 existentes). Y añade que “Sin embargo, lo que se había identificado como un riesgo se ha transformado en una realidad que requiere de acciones urgentes encaminadas a morigerar y a la postre contener esta cruenta situación.” Si treinta y uno de estos pueblos en situación y riesgo de extinción físico y cultural por factores asociados a intereses económicos y conflicto armado son reconocidos como tal por la Corte  Constitucional Colombiana, y tienen la condición de especial protección, según la ONIC,  quedan excluidos de las órdenes de salvaguarda y protección desprendidas del Auto 004 de 2009 otros treinta y cinco pueblos, y que sin embargo se encuentran en un proceso inminente de extinción física y cultural. 
 
Patricia Tobón, peticionaria de la ONIC, denunció en particular – y para ejemplificar las innumerables violaciones de los derechos de los pueblos indígenas – los hechos de violencia ocurridos el pasado 25 de febrero de 2013, por tercera vez en el año, en el resguardo Tahamí del Alto Andágueda, perteneciente al pueblo Embera, el cual fue bombardeado por el ejército nacional colombiano. Mientras, en las comunidades de Andiadó, Ocotumbo y Península se realizaba aterrizajes del desembarco de tropas del ejército. Estas maniobras dirigidas por el Ministerio del Interior no solo afectaron los cultivos y las viviendas de la comunidad, sino que tuvieron como resultado el desplazamiento forzado de 125 personas así como la detención arbitrariamente de dos líderes indígenas .
 
“Los tres episodios de bombardeos tuvieron lugar al mismo tiempo que se llevaba a cabo el Comité de Justicia Transicional, que tenía por objeto definir el retorno de 2.700 personas Embera que se encuentran en situación de desplazamiento y condiciones de mendicidad en las principales ciudades de Colombia” recuerda la ONIC, revelando así mismo la actitud esquizofrénica del Gobierno que por un lado dice proteger los pueblos y por otro les manda bombas para que se desplacen.
 
“Nuestra policía, nuestro ejército, nuestros jueces combaten a los mafiosos del narcotráfico, a la guerrilla, a los paramilitares” justifica el Gobierno ante la Corte. Pero los pueblos indígenas no son ciegos y saben que esta guerra es una guerra por el control del territorio e intereses económicos basados en la explotación de las riquezas naturales que se encuentran en los territorios indígenas. No es una casualidad si en Alto Andagueda  el Estado otorgó 13 títulos de concesiones mineras a las empresas nacionales y multinacionales (Anglo Gold Ashanti Colombia S.A, Exploraciones Chocó Colombia, Empresas Capricornio S.O.M, Costa S.O.M y Negocios mineros S.A.) que cubren una área equivalente a un 26,21% del total del área del resguardo, por un periodo de treinta años.
 
La minería, telaraña de la muerte
 
Las empresas multinacionales no quieren permitir la autonomía y la soberanía de los pueblos indígenas, ya que sería renunciar a estas fuentes de ganancias gigantescas que representan las minas en estos territorios. “Hasta la fecha se encuentran sin resolver 249 solicitudes de territorios sin protección jurídica alguna, los cuales están siendo disputando por los grupos armados asociados con intereses extractivos para desplazar a estas comunidades impidiendo a las comunidades que reclamen su derecho a la titulación colectiva” destaca la ONIC.
 
El conflicto armado también es una estrategia para permitir la explotación de los territorios, despojando a los atrevidos pueblos indígenas que pretenden defenderlo dignamente. Esa estrategia los pueblos la vienen denunciando desde años. En su intervención en Washington, la ONIC retoma su informe “Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad en Curso: El Caso de los Pueblos Indígenas de Colombia” que señala que “entre 2009 y 2012, tomando únicamente los indicadores de homicidios y desplazamiento forzado, resulta evidente, que nos encontramos en un escenario de lesa humanidad: 348 homicidios y más de 27.000 personas indígenas desplazadas de forma masiva [situación este que] obedece a condiciones estructurales, por una parte, de una economía política de usurpación violenta del territorio; de otra, del reavivamiento de políticas etnocéntricas encubiertas en el discurso de los derechos”.
 
Frente ese análisis estructural planteado por los Pueblos Indígenas ante la CIDH, el Gobierno se atreve a alabar sus supuestos esfuerzos de protección de los pueblos: “éste gobierno ha mostrado que existe una política integral con los pueblos indígenas”, y lo probó con las mesas de concertación, los foros, las reuniones y tantos otros encuentros que el Gobierno, desde su extrema generosidad, concedió a los pueblos. Hasta Santos vino a la María Piendamó ¡ Imagínese ! “Hay muchas políticas, muchas acciones, muchos recursos, y quizás lo que necesitamos es una política, un instrumento que nos ayude a articular todo lo que el Estado hace en beneficio de los pueblos indígenas” argumenta el Vice-ministro. Según el Estado se ha invertido más de un billón de pesos.
 
A esto Patricia Tobón  responde que si el Gobierno invierte millones, en virtud del Auto 173 y 04, en la protección real y material de los derechos humanos no hay avances, porque “la mayoría del dinero se queda en la burocracia de la clase política de los contratos”.  Es el caso por ejemplo de los contratos de ejecución por las universidades de inventarios y otras investigaciones, pero “en el terreno no hay avances”.
 
La protección de los pueblos no se hace con escoltas, se hace con autonomía
 
El gobierno pretende implementar programas de garantías para que no se vuelvan a repetir los hechos de desplazamiento, mejorar la participación indígena, las consultas previas así como fortalecer los planes de prevención y de protección.  Y cuando la ONIC pide que se aplique medidas de protección y de salvaguardia de manera urgente y de manera concertada con los pueblos, el Gobierno dice promover los mecanismos propios de protección y de participación indígena, por ejemplo con el fortalecimiento de la Guardia Indígena.
 
Y ahí se goza de haber otorgado a los Awá del departamento de Nariño y del Putumayo 647 dotaciones para su Guardia Indígena, o sea: machetes, hamacas, toldillos, chalecos, linternas, etc. Por otro lado, en Santander de Quilichao se acordó la implantación de 400 dotaciones para la Guardia del pueblo Nasa en Toribio, Jambaló, Tacueyó y San Francisco, lo que cuenta con machetes, botas, chalecos antibalas, carpas, impermeables, y hasta bastones de mando…. Y también mandaron vehículos y escoltas.
 
¿Con estas migajas creen que van a impedir los asesinatos, las amenazas, las desapariciones, los combates, los desplazamientos forzados y los despojos de tierras?. Que repuesta más terrible la que el Estado le  da a los pueblos que 500 años después los siguen matando. Este es un genocidio que está a punto de acabar con sus últimos miembros
 
Contexto que para el gobierno es un avance, y además, no hay que dramatizar la situación de extensión, pues si la ONIC registra menos de 500 personas miembros del pueblo Jiw y del pueblo Nukak, el gobierno, registra 2620 miembros del primero y 640 del segundo, entonces no se preocupen…
 
Y luego, afirma que Colombia es el país que más ha desarrollado el Derecho a la Consulta Previa, y además “el Convenio 169 hace parte del bloque de constitucionalidad”. Entonces comparte a la Corte su intención de promulgar una ley para el Derecho a la Consulta Previa, con el propósito de combatir la minería ilegal y  lograr el respeto por parte de la minería legal.
 
Pero para la ONIC es un engaño pues el borrador del proyecto de ley es “casi inconstitucional sin haber nacido” ya que no cumple con los criterios de DDHH de la OIT y de la Corte Interamericana y por eso mismo fortalece las industrias extractivas. En este momento, dice la ONIC, hay una cantidad  de solicitudes de consulta pero ninguna sobre minería.
 
Detrás de esa cortina de humo que son los proyectos de leyes, las linternas y los impermeables regalados por el Gobierno, el problema de fondo sigue sin resolver.
 
Como decía Estanislao Zuleta, “no hay que confundir las causas de las cosas con las condiciones que las hacen posibles”. Las medidas de protección son más “folclóricas que materiales” denuncia Patricia Tobón, no necesitamos chalecos antibalas, “la real protección para nosotros es que anulen los títulos mineros en nuestros territorios” plantea ella, particularmente por medio de medidas cautelares para prohibir en estos territorios la explotación por terceros y anular los títulos mineros y otros títulos de concesiones para extracción de recursos.
 
El Gobierno dice que busca fortalecer la Guardia indígena pero lo que en realidad ha intentado es hacerla parte de su estrategia y cooptarla para sus propios fines de control del territorio, negando la autonomía de los pueblos indígenas. Entonces ¡dònde está el fortalecimiento de los procesos indígenas y de la Guardia Indígena, si hay un gigante listado de òrdenes de captura contra los líderes del movimiento indígena y ya tienen encarcelado y criminalizado a Manuel Bautista Pequi, coordinador general de la Guardia Indígena de la ACIN? 
 
Los pueblos indígenas no quieren plata o juguetes para protegerse en medio de la guerra, lo verdaderos chalecos antibalas son los derechos que reivindican para ejercer sus autonomías en sus territorios y sacar los proyectos de Muerte de sus territorios. Las linternas que alumbran son los Planes de Vida que se tejen en las comunidades.
 
Tejido de Comunicación – ACIN