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La propuesta de Santos es la política de aseguramiento impulsada por el Banco Mundial (http://bit.ly/Zyn0W3) y su principal objetivo es profundizar el negocio del capital financiero, creando la falsa impresión de un cambio fundamental. La reforma fortalece el aseguramiento privado, mantiene la intermediación financiera y profundiza la desigualdad. Los principales aspectos de la reforma son los siguientes:

 

Se mantiene el POS y el gobierno quiere acabar con la tutela

 

Santos insiste en restringir el derecho a la salud al mantener el POS, que se llamará Mi Plan. El Ministerio de Salud lo elaborará con fundamento en el criterio de la pertinencia, es decir, solo se tendrá derecho a lo que el Ministro considere pertinente (Art. 14), que siempre será restringido, según ha explicado el ministro Gaviria, lo que significa que los colombianos se seguirán enfermando y muriendo de males que la medicina sabe curar.

 

El Ministerio elaborará un segundo listado con los servicios que quedarán excluidos. El artículo 15 dispone que quedarán excluidos los servicios “complementarios a la atención o rehabilitación del paciente cuya finalidad no es el diagnóstico o la curación de la enfermedad”, lo que lesiona a las personas en condiciones de discapacidad y a quienes sufren de enfermedades crónicas, pues todo lo que no sirva para curar quedaría por fuera del nuevo POS.

 

Lo anterior se agrava porque, como lo ha reconocido el Ministro de Hacienda, su “propósito también es acabar con la tutela como una fórmula para acceder a la salud en Colombia” (http://bit.ly/V9wRCb). El sueño neoliberal es tener un POS restringido y sin tutela, para que los ciudadanos no puedan acceder a los servicios que llamamos No POS, a no ser de que paguen el costo, a alguna forma de EPS, de lo que no está cubierto en el plan.

 

La reforma (proyecto de Ley 210) define la salud como un derecho de “orden público” y no como un derecho fundamental, y es sabido que la tutela solo puede usarse para proteger los derechos fundamentales. Siguiendo los criterios de la emergencia social de Uribe, el artículo 19 señala que el Ministerio de Salud creará guías y manuales operativos en los que se establecerán “modalidades de atención, procesos, tecnologías, flujos se servicio, resolutividad de los servicios” que deberán cumplir los médicos. Además de restringir la autonomía médica, estas guías servirían para impedir que los profesionales de la salud formulen servicios por fuera del plan básico, lo que impediría el uso de la tutela.

 

Las EPS NO se acaban y se mantiene la intermediación financiera

 

No es cierto que las EPS se acaben. Solo van a cambiar de nombre, pero seguirán enriqueciéndose con la salud de los colombianos. Las EPS se llamarán Gestores de Servicios de Salud y serán las encargadas de ordenarle a Salud-Mía el giro de los recursos a los hospitales y clínicas. Seguirán entonces controlando el pago a los prestadores de servicios de salud, lo que en la práctica los convierte en administradores del fondo único.

 

Al igual que las EPS, las gestoras serán aseguradoras. La diferencia es que operarán en territorios denominados Áreas de Gestión Sanitaria, en los que deberán garantizarles a sus usuarios todos los servicios de Mi Plan, para lo cual deberán celebrar contratos con los Prestadores de Servicios de Salud, como lo hacen hoy las EPS.

 

Santos y Gaviria mantendrán la intermediación financiera porque, como lo reconoce el ministro Gaviria en la exposición de motivos, lo que busca la reforma es “reducir la intermediación financiera que no genera valor”, algo muy distinto a eliminarla. Los gestores se apropiarán de los recursos de la salud mediante dos mecanismos. Salud-Mía les pagará mensualmente una suma por los gastos de administración. Muy probablemente el valor de estos gastos se fijará con base en la información que suministren los gestores, por lo que hay una enorme probabilidad de que los costos se inflen y que por esta vía las aseguradoras se apropien una suma importante de recursos públicos, como pasa en la actualidad.

 

La segunda forma de pagarles a los gestores es permitiéndoles sustraer como ganancias una parte del “valor per cápita”, que es lo mismo que hoy sucede con la UPC. Como funciona actualmente, de estos recursos saldrán las ganancias de los gestores, pues cuanto menos gasten en la salud de las personas, mayores serán sus utilidades. Como se explicó, los gestores tendrán el poder para decidir si el valor per cápita deberá gastarse en prevenir enfermedades y curar a los enfermos. Por la tanto, seguirán con el perverso incentivo de negar pagos para que su negocio sea más rentable. Los gestores estarán a cargo de la atención primaria que es la puerta de entrada al sistema. La diferencia con la Ley 100 es que el valor per cápita no se les girará de manera anticipada.

 

El ministro Gaviria asegura que los gestores sólo tendrán ganancias si muestran buenos indicadores de salud. El artículo 27 señala que la información de estos indicadores será suministrada por las mismas aseguradoras, lo que facilita la manipulación de la información para quedarse con los excedentes. Si se usan los criterios del actual Ministro, a los gestores les será muy fácil mostrar buenos resultados. A pesar de la enorme crisis de la salud, Alejandro Gaviria se atrevió a afirmar que “en Colombia no hay una crisis de salud pública. Los indicadores no se han deteriorado drásticamente, como dicen algunos. Tampoco hay una crisis de prestación de servicios”. (http://bit.ly/Z0dc72).

 

Los colombianos les seguiremos pagando un peaje (utilidad) a las aseguradoras, recursos que deberían ser invertidos en la salud. Además, los gestores seguirán cobrando copagos y cuotas moderadoras, por lo que se mantienen barreras económicas para el acceso a los servicios, como lo hacen hoy las EPS.

Integración vertical

 

La reforma prohíbe la integración vertical, “salvo en la prestación primaria de servicios” (Art. 32). Se mantiene entonces uno de los mecanismos con los que las EPS se han apropiado ilegalmente de los recursos públicos, pues las gestoras serán las encargadas de ordenarle a Salud-Mía el giro de recursos a sus Prestadoras de servicios por el monto que digan los propietarios de las clínicas.

 

Aseguramiento privado

 

Como lo ordena el Banco Mundial, la reforma fortalece el aseguramiento privado, tipo las actuales empresas de medicina prepagada. Señala que los gestores, las empresas de medicina prepagada y las compañías de seguros podrán apropiarse de la UPC (valor per cápita) para ofrecer servicios adicionales a Mi Plan. Salud-Mía les girará una parte del valor per cápita de manera anticipada para que con este valor se pague parte de la prima del seguro y la otra parte la pagarán los usuarios de sus bolsillos.

 

De esta manera se fortalece el negocio del aseguramiento privado y se crea un incentivo para que las personas que tengan recursos con qué pagarlos se pasen a estos seguros. Con ello, se pierde una gran parte de la solidaridad porque, aunque una parte del valor per cápita se queda en el sistema “público”, una suma considerable de los aportes de las personas con mayores ingresos se destinará al aseguramiento privado.

 

Para empeorar las cosas, la propuesta de Santos señala que en estos casos el valor per cápita que se les gire a las aseguradoras se entenderá como un pago anticipado y “en consecuencia, pierde su carácter de recurso público”. Es decir, ya no serán recursos parafiscales, por lo que las aseguradoras podrán invertirlos en lo que quieran. Es legalizar el caso Saludcoop. Y Las personas con mayores ingresos podrán acceder a mejores servicios, lo que rompe el principio de la igualdad.

 

Privatización completa de los recursos y legalización del caso Saludcoop

 

El artículo 4° dispone que “los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud destinados a las prestaciones individuales son públicos hasta que se transfieren desde Salud-Mía a los agentes del Sistema”. Esta propuesta elimina el carácter parafiscal de los recursos, por lo que los gestores y las compañías de seguros podrán invertirlos en asuntos diferentes a la salud de los colombianos. Se trata de legalizar casos como el de Saludcoop, que usó los recursos del sistema para construir clubes e invertir en cosas diferentes a la salud de los colombianos.

 

Conclusión

 

La reforma está redactada para engañar a la gran mayoría de colombianos que se oponen a la Ley 100. Usando términos que aparecen en las propuestas de los sectores democráticos, como pagador único y giro directo, Santos y el ministro Gaviria maquillan una reforma que profundiza la presencia del capital financiero en la salud. En realidad, esta reforma es una actualización del modelo actual, una versión 2.0 de la Ley 100.

 

Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá 20 de marzo de 2013

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