Los constantes enfrentamientos que se presenta en el departamento de Nariño, que da cuenta el comunicado de la UNIPA. Dejan al pueblo AWA en medio del fuego cruzado, revela a fondo la intencionalidad del gobierno, que no es la de disminuir la capacidad militar de las FARC a través de lo militar. Es la insurgencia una excusa para que el gobierno en conjunto con grandes empresas multinacionales  realicen ambiciosos proyectos económicos.

Plan del gobierno que no vincula medidas de protección en lo cultural y ambiental, por eso atenta contra la vida en lo material y espiritual desde el terror y el desplazamiento, que son medios que le permite cumplir el propósito de sacarle la utilidad a los recursos naturales, desde la extracción minera.

Analizando aspecto claves que se han venido dando en el departamento de Nariño, donde geográficamente están ubicado los indígenas AWA, podemos ver que este pueblo se encuentra en vía de exterminio por la disputa del control territorial por parte de los actores armados y la ejecución de grandes proyectos liderados por el gobierno en conjunto con multinacionales que sumergen en la indefensión y vulnerabilidad al grupo étnico y demás población.

Situación que han denunciado la UNIPA. La corte Constitucional se ha pronunciado en sentencia ordenando al gobierno a tomar medidas necesarias y pertinentes para salvaguardar la diversidad étnica y cultural de la nación, ordenando al estado cumplir el fin social . A pesar de la medida los AWAS siguen siendo el pueblo más atropellado por las políticas que el gobierno ha trazado en su mandato, en desarrollo del capitalismo que busca enriquecer a cualquier costo. Referenciemos algunos proyectos que ayudan a la acumulación, a cambio de deterioro y miseria que gradualmente someterá a la población:

La construcción de grandes obras de infraestructura como plataformas comerciales, que van desde, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, tramo que pasa por el departamento de Nariño donde se encuentra asentados los AWA. Proyectos que deben ser consultados con los AWAS sobre su viabilidad, como lo establece el convenio 169 de la OIT, que consagra la consulta previa como medida de protección en los pueblos indígenas. Como este proceso de consulta el gobierno no lo hizo ahora utiliza diferentes estrategias para legitimar su acción utilizando artimañas que den viabilidad a la ejecución de proyectos, con pretexto de combatir el narcotráfico o generación de desarrollo en la región, lo que ha incorporado a los AWAS en otro ambiente de vida, lleno de conflicto y desplazamiento.

Los cultivos de materia vegetal para la producción de agrocombustibles. Palma aceitera que impulsa el gobierno para generar combustible, monocultivo que se ha extendido en la región, aprovechando la mano de obra barata, trabajo que se realiza con químicos altamente contaminantes. Lo que ha producido grandes enfermedades en los habitantes y contaminación ambiental. Pero solo genera beneficios a las empresas y no desarrollo en la región, que es otra estrategia de desplazamiento desde el empobrecimiento.
 
Privatización de los recursos naturales, el departamento de Nariño tiene grande fuentes hídricas y contiene diversidad de animales, además está dotado de recursos no renovables que el gobierno ambiciona en su plan, como el oro, gas y petróleo. Dentro de la lógica de desarrollo y crecimiento como lo asimila el gobierno, no cabe un pueblo que protege los recursos naturales y no explotan el territorio solo  para generar dinero porque sería el exterminio de su habitad. Para lograr el fin propuesto, el gobierno crea leyes de privatización para expropiar a los legítimos dueños que no tienen escrituras pero que en posesión llevan más de 100 años, lo que los constituye como legítimos propietarios. Toda represión a los AWAS y la población afro, es para hacer factible la minería, en ese departamento y otros de Colombia.
 
Por la situación de pobreza que azota a la población de Nariño a causa de las fumigaciones a los cultivos de uso ilícito que deja el suelo incultivable por grandes extensiones de palma, produce plagas que dañan otros cultivos de pan coger.  Esto deja a la población en la miseria, producto de una política que busca encaminar los habitantes a la extracción de oro, y realizar desplazamiento, para darles cabida a las multinacionales mineras, y quienes a pesar la zozobra continúan explotando minerales.  El gobierno los declara ilegales y terminan siendo perseguidos como delincuente en su propio territorio.

Tejido de comunicación – ACIN