Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Ituango está localizado en la región Norte de Antioquia. Es un municipio privilegiado por tener parte de su territorio en el Parque Natural Nudo del Paramillo, tierras de abundancia y fertilidad. Durante muchos años, los campesinos labraron la tierra y vivieron tranquilos; podían viajar por las montañas para transportar sus productos, pero a principios de los años ochenta llegaron las Farc con la intensión de asentarse en la zona. Desde entonces nada volvió a ser igual.

Desde finales de esa década, se empezó a cultivar coca; pronto estos sembrados se expandieron por toda la región y cambiaron la vocación económica de muchos campesinos, lo que ha significado la estigmatización de los pobladores. La cabecera municipal fue atacada siete veces en las tomas guerrilleras, y hasta 1996 el Frente 18 de las Farc tuvo el control del territorio.

Ituango está localizado en la región Norte de Antioquia. Es un municipio privilegiado por tener parte de su territorio en el Parque Natural Nudo del Paramillo, tierras de abundancia y fertilidad. Durante muchos años, los campesinos labraron la tierra y vivieron tranquilos; podían viajar por las montañas para transportar sus productos, pero a principios de los años ochenta llegaron las Farc con la intensión de asentarse en la zona. Desde entonces nada volvió a ser igual.

Desde finales de esa década, se empezó a cultivar coca; pronto estos sembrados se expandieron por toda la región y cambiaron la vocación económica de muchos campesinos, lo que ha significado la estigmatización de los pobladores. La cabecera municipal fue atacada siete veces en las tomas guerrilleras, y hasta 1996 el Frente 18 de las Farc tuvo el control del territorio.

Con la llegada de los paramilitares a finales de la década del noventa comenzó una cruenta e indiscriminada persecución contra sospechosos de tener algún nexo con la insurgencia y, de paso, controlar el municipio. En estas incursiones, masacraron, quemaron caseríos y desplazaron a cientos de campesinos. Luego, la guerrilla regresó para recuperar su poder. En esta pugna, murieron y desaparecieron tantas personas que ni siquiera los entes administrativos y judiciales pueden dar cifras concretas que revelen cuántas víctimas cayeron en esta guerra.

En la actualidad, la situación no es mejor. A pesar de la fuerte presencia militar, el pueblo sigue sometido al asedio de la guerrilla. Los ituanguinos se sienten acorralados no solo por el miedo, sino también por la crisis económica, la falta de oportunidades para los jóvenes, la imposibilidad de las organizaciones sociales para manifestarse y el señalamiento de sectores de la Fuerza Pública y autoridades judiciales que, en el afán por perseguir a la guerrilla, han cometido graves errores contra la población civil.

Los cambios por el conflicto

Durante el reciente cese al fuego que acordaron las Farc y el gobierno, Ituango, municipio situado en el norte de Antioquia, parecía un pueblo pacífico: la gente salía a comer a los restaurantes, los campesinos llegaban de las veredas a visitar a sus familiares, las heladerías se llenaban de personas que hacía mucho tiempo no se reunían con sus amigos.

Cuando terminó el cese, todo volvió a la misma zozobra que ha durado treinta años. La gente no sale a la calle, los locales comerciales están cerrados. Los ituanguinos se enclaustran en sus casas porque temen que entre los guerrilleros de las Farc y el ejército haya un enfrentamiento.

En varios muros aparecieron grafitis en los que el Frente 18 de las Farc amenaza a los pobladores, especialmente a las mujeres. Advierte que no respetarán la vida de quien se relacione con soldados y policías.

A este frente le pusieron “Cacique Coyará”, en memoria de un indígena que batalló contra los españoles en el departamento de Córdoba. Surgió en 1983 del desdoblamiento de Frente V, asentado en Urabá. En sus inicios, las Farc lo pusieron a patrullar entre los límites de Córdoba y el norte antioqueño, pero se expandió por todo el Parque Natural del Nudo del Paramillo hasta alcanzar a Ituango.

Recorrer los 195 kilómetros de distancia desde Medellín a Ituango toma siete horas. Antes tomaba doce, pero algo mejoraron las vías por la construcción de la hidroeléctrica, Hidroituango. Es un pueblo rodeado de abundancia. Tiene tres ríos cerca, el San Jorge, El Sinú y El Cauca, y de paisaje de fondo tiene las fértiles montañas de la cordillera occidental que forman el Parque Natural del Nudo del Paramillo donde nacen las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel.

El aislamiento y la fertilidad de la región fueron aprovechadas desde finales de los años ochenta por el narcotráfico para sembrar coca y amapola. En la siguiente década, de la mano de las guerrillas y del paramilitarismo, estos cultivos ilícitos se extendieron por todo el territorio, cambiando la economía de muchas personas que antes vivían de la cosecha del plátano, la yuca, el café, el maíz y de la ganadería.

“No teníamos certeza de qué era un guerrillero, los imaginábamos como a la chusma”, dice Carlos Giraldo*, intentando recordar cómo fue que empezó la violencia. Él trabajó en el municipio como inspector de policía. “En el 86 aparecieron los primeros guerrilleros en la vereda Santa Lucía, eran del frente V, el comandante era alias “Elkin”. Desde esa vereda programaron la primera toma guerrillera.

En las siguientes tomas guerrilleras participaron los frentes 35 y 36. “El frente 35 era comandado por alias ‘Barbas Rojas’. Fue una persona muy temible, por cualquier cosa asesinaba. Era oriundo del corregimiento Santa Rita”, dice Giraldo. Le gustaba pelear; se quitaba el fusil y retaba a los macheteros.

En marzo de 1987, la prensa registró el primer combate entre soldados de la IV Brigada y las Farc en Ituango. Eran enfrentamientos esporádicos, sólo en el campo.

“Uno de los lugares más encantadores para vivir era Ituango”, dice Carmen Sepúlveda*, maestra de un colegio. “Las puertas de las casas permanecían abiertas, todos nos conocíamos. Era común salir las noches de luna llena de caminada, con todos los vecinos, a hacer una chocolatada a cualquier lugar del pueblo. No teníamos miedo a que una bala asesina atravesara nuestro cerebro. Salir a los campos era salir a nuestra casa, pero luego, cuando llegaron los grupos armados, las puertas de las casa se cerraron”.

En las veredas, la guerrilla reunía a las personas en los parques y proclamaban largos discursos sobre el proyecto de llegar al poder y de hacer una reforma agraria. “A mí me tocó escucharlos varias veces –dice Giraldo-. Una vez, uno señor pidió la palabra y les dijo: ustedes hablan de igualdad de condiciones y dignidad, pero nos tienen acá desde hace rato, sin almorzar, sin un vaso de agua siquiera”.

Cuando hicieron las tomas al pueblo, también echaron arengas, pero su discurso no pegaba. La gente de Ituanguo era de los partidos tradicionales, sobre todo conservadora. Incluso cuando a mediados de la década de los 80, la Unión Patriótica, el partido político nacido de las Farc, fruto de un acuerdo de paz con el gobierno, llegó al pueblo no tuvo acogida.

La guerrilla ampliaba su poder con ataques a la policía; en once años, desde 1986 a 1997, hicieron siete tomas guerrilleras. Destruían el comando de la policía en el parque principal, junto al edificio de la Alcaldía; bombardeaban y robaban la Caja Agraria, el Banco Cajetero y saqueaban tiendas de abarrotes e incluso llegaron a asaltar la farmacia del hospital.

La última toma guerrillera fue la noche del doce de enero de 1996. La señora Sepúlveda estaba en Candilejas, una cafetería cerca del comando de policía: “Estaba tomando tinto cuando empezó el tiroteo. Vimos caer a un muchacho que se había ido a cambiar un billete, pasando la calle lo mataron. Quedamos atrapados hasta la madrugada, nos tocó amanecer ahí como gusanos de invierno. La policía tuvo que entregarse porque se quedaron sin municiones. El comandante de la guerrilla dijo que le parecía muy valientes que hubieran luchado hasta lo último. Cuando salimos, nos impresionó ver a toda esa guerrilla ahí. Uno de ellos nos dijo: ¡Quihubo! ¿Estuvo buena la fiesta?”.

Entre toma y toma del pueblo, en las veredas Santa Ana, La Armenia, Bajo del Inglés y El Amparo, aumentaban los enfrentamientos de la guerrilla con el ejército. Los campesinos quedaron atrapados, entre las dos fuerzas. El ejército los señalaba de guerrilleros, entraba a sus fincas sin órdenes oficiales, y las allanaban, prohibían el paso, no dejaba entrar alimentos. La guerrilla castigaba a todo aquél que recibiera a los soldados.

Francisco Angulo, famoso comerciante, y sus hijos sembraron los primeros cultivos de coca al finalizar los 80. “Él fue de los primeros en poner laboratorios de droga”, cuenta Sepúlveda. Él hizo el aeropuerto de Santa Rita, compró tierras e incitó a la gente a que sembrara la coca hasta que todo el Nudo del Paramillo se llenó de coca.

Más o menos al tiempo que las Farc asesinaron a Angulo, en 1994, llegaron los paramilitares. Venían a sacar a la guerrilla y a quedarse con el negocio ilegal con la peor violencia que jamás había visto el municipio. Pronto los ranchos prósperos, sembrados de yuca y plátano, quedaron reducidos a cenizas.

El horror paramilitar

Los paramilitares arribaron en Ituango en 1996, como si fueran funcionarios públicos: “Esos señores llegaron acá en un helicóptero blanco y aterrizaron en la cancha del colegio, la policía los estaban esperando”, dice Alberto Jaramillo*, que los vio llegar. “Nosotros pensamos que era gente de la gobernación. Y se instalaron en un apartamento cerca del comando, y ahí comenzó la más cruenta violencia de nuestro municipio”.

El 11 de junio de ese año, los paramilitares asesinaron a cuatro personas en el casco urbano y luego fueron al corregimiento La Granja donde mataron a otras tres, y después, a tres más en la vereda Bajo del Inglés. Amenazaron a la población, dijeron que ellos “barrerían con todo el Nudo del Paramillo”.

Los paramilitares arribaron en Ituango en 1996, como si fueran funcionarios públicos: “Esos señores llegaron acá en un helicóptero blanco y aterrizaron en la cancha del colegio, la policía los estaban esperando”, dice Alberto Jaramillo*, que los vio llegar. “Nosotros pensamos que era gente de la gobernación. Y se instalaron en un apartamento cerca del comando, y ahí comenzó la más cruenta violencia de nuestro municipio”.

El 11 de junio de ese año, los paramilitares asesinaron a cuatro personas en el casco urbano y luego fueron al corregimiento La Granja donde mataron a otras tres, y después, a tres más en la vereda Bajo del Inglés. Amenazaron a la población, dijeron que ellos “barrerían con todo el Nudo del Paramillo”.

En el casco urbano hacían operaciones de inteligencia, preparaban las incursiones a las veredas, ordenaban los asesinatos selectivos y extorsionaban a los comerciantes. Dice Jaramillo que: “Uno veía más cien hombres que andaban libres por el pueblo con sus armas a la vista. Se sentaban en la calle La Peatonal a tomar licor con miembros del ejército y de la policía. A cada rato pasaban por el parque, delante de la iglesia, con gente amarrada que pedía auxilio a los gritos: ¡Policía, ayúdenme!, pero ellos no hacían nada”.

Una masacres que ni los ituanguinos, ni el país borra de la memoria sucedió entre el 22 y el 30 de octubre de 1997 en El Aro, una región que conecta el Nudo del Paramillo con el Bajo Cauca, el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, y que según los paramilitares estaba habitada por guerrilleros y sus colaboradores.

Bajo órdenes de Salvatore Mancuso, un grupo de paramilitares recorrió varias veredas en las que mataron a siete campesinos y luego incendiaron sus casas. Cuando llegaron al casco urbano de El Aro, retuvieron durante cinco días a la población, mataron dos personas, violentaron sexualmente a varias mujeres y luego ordenaron a los pobladores abandonar el lugar. Se robaron el ganado y quemaron todas las casas, incluso el hospital, la escuela y la iglesia. No pararon ahí. El 14 de noviembre los paras llegaron a las veredas que rodean del rio San Jorge, asesinaron a siete personas, también robaron el ganado y quemaron las casas.

Las personas no se atrevían a denunciar, menos cuando la relación entre la fuerza pública y los paramilitares era obvia. “El único que levantó la voz por Ituango – dice Sepúlveda – fue Jesús María Valle Jaramillo. Él no soportó lo que estaba pasando con sus compatriotas y dicen que por eso lo mataron”. El abogado y defensor de derechos humanos, oriundo del corregimiento La Granja, fue asesinado el 28 de febrero de 1998. Una semana antes, en Medellín, denunció públicamente lo que pasaba en su pueblo y expuso las relaciones entre el ejército, la policía y los paramilitares.

Pronto las Farc contratacaron a los paramilitares. Entre el 28 y el 29 de diciembre de 1998, más de cuatrocientos guerrilleros de los Frentes 5 y 18 atacaron su campamento principal en el Nudo del Paramillo. Cayeron muertos treinta combatientes, tanto paramilitares como guerrilleros.

La guerrilla siguió peleando por recuperar terreno, desde esa fecha hasta bien entrado el siglo XXI. Volvió a atacar dos veces sucesivas a los paramilitares en Santa Rita. Esa respuesta violenta trajo más muerte y forzó a miles de campesinos, desesperados en medios de los bandos enemigos, a huir.

“Primero se metieron a un campamento paramilitar y mataron como a sesenta, luego, en unas fiestas de la Virgen del Carmen”, cuenta Giraldo. También recuerda cómo cuando al ‘Chocho’, un comandante paramilitar, le avisaron que la guerrilla tenía secuestrados a sus papás, él se fue a Santa Rita con todos sus hombres. En la carretera, en el punto llamado Las Camelias, la guerrilla los emboscó. Hubo como setenta muertos.

“Al hospital llegaban volquetas llenas de cuerpos que había que filarlos en el patio para hacerles la necropsia”, dijo este testigo de los hechos. Eso obligó a los paramilitares a dejar el pueblo. Otros pobladores coinciden en que en esos primeros años de la década de 2000, la guerrilla recuperó parte de su viejo dominio sobre la zona y aseguran que las Farc tenían un convenio clandestino con la policía.

“La guerrilla desplazó prácticamente a toda la administración municipal: la secretaría de gobierno, la personería, la alcaldía, los juzgados, la tesorería… Esto se quedó solo por ahí seis meses. En esa época sufrimos los bloqueos económicos, las tiendas desabastecidas y la gente guardada en las casas”, dice Giraldo.

En 2003, cambió el jefe de la policía y con el nuevo volvieron los paramilitares. Según Juan Fernando, un comerciante de Ituango, aterrizaron en un helicóptero de la propia policía. Poco después, el presidente de entonces, Álvaro Uribe dijo públicamente que en un pueblo del norte de Antioquia los paramilitares tomaban whisky con la policía, y que eso se tenía que acabar. “Al otro día esto se llenó de helicópteros con ejército, mientras que la policía custodió a los paramilitares hasta una finca para que se escondieran y desde ese día creemos que acá no hay paramilitares”, explicó el comerciante.

Las sucesivas avanzadas de las guerrillas y de paramilitares para tomarse a Ituango, y la actitud a veces cómplice de sectores de la Fuerza Pública bañó de sangre la región entre 1996 y 2003. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha exhumado cien cuerpos en la región. Giraldo está convencido de que realmente Ituango nunca sabrá cuántos muertos hubo en esa guerra. “Acá el campesino no denuncia por miedo y porque tampoco confía en las autoridades”, dice.

A pesar del retiro de las tropas paramilitares y con la llegada en el 2004 de una Brigada Móvil del ejército, para la comunidad, la guerra no ha terminado. Los soldados intentan mantener a raya al frente 18 de las Farc que intenta ampliar su radio de influencia. Ya dominan algunas zonas del municipio y tienen milicianos en el pueblo que les sirven de informantes y estafetas. Reclutan a la fuerza, y también muchos jóvenes que fueron víctimas del paramilitarismo, se les unen para vengar las muertes de sus seres queridos. Otros, simplemente no tienen de qué vivir y la guerrilla, al fin y al cabo les da uniforme y comida.
 

Jóvenes, sitiados por la guerra

Paula Andrea* tiene 19 años. Hace doce, unos hombres que llegaron en helicóptero, como a las dos de la tarde, la echaron con su familia de su finca, al igual que a todos sus vecinos, en San Pablo de Riosucio. Les mataron los animales, les prendieron fuego a las casas. Ahora vive en Ituango y quisiera ser abogada. Pero no cree que lo logre. No tiene el dinero para irse a estudiar a una ciudad.

“Yo soy la esperanza de familia, soy la mayor de nueve hermanos”, dice. “Tengo que trabajar para sacarlos adelante. Cuando me gradué del colegio hice una media técnica en sistemas. Trabajé en un restaurante y luego en un café internet, pero ahora estoy desempleada”.

Como ella, hay alrededor 220 de jóvenes que se gradúan cada año y que al salir del colegio no saben qué hacer. No tienen recursos como seguir una carrera, y les da miedo volver al campo, de dónde sacaron corriendo a muchos cuando eran niños.

“La situación en Ituango con los menores de edad es alarmante”, dice la profesora Margarita Ortiz*. “Los jóvenes están en riesgo de ser reclutados porque acá no tienen oportunidades. Ahí es donde aparecen los grupos armados ilegales o el ejército y conquistan a los pelados para que se vayan con ellos”.

Entre el 2010 y el 2013, según la Defensoría del Pueblo de Ituango, 16 menores de edad se desvincularon de la guerrilla. No muchos de aventuran a salirse de las Farc aunque quisieran. Están en veredas lejanas y corren el riesgo de que los capturen. Además saben que sus familias quedan desprotegidas. Es difícil hacer campañas en contra de reclutamiento. Desde los colegios, los profesores lo intentan con disimulo, pues saben que dentro de las aulas hay jóvenes pertenecen de la red de informantes de la guerrilla.

El ejército también llega a las aulas, y les hablan a los alumnos del reclutamiento forzado y del secuestro y los invitan a alistarse al servicio militar. “Como ponen en riesgo a los menores y a los educadores, decidimos no permitir estas actividades, pero por eso nos han señalado de estar a favor de la guerrilla”, explica la profesora Margarita.

Paula Andrea* tiene 19 años. Hace doce, unos hombres que llegaron en helicóptero, como a las dos de la tarde, la echaron con su familia de su finca, al igual que a todos sus vecinos, en San Pablo de Riosucio. Les mataron los animales, les prendieron fuego a las casas. Ahora vive en Ituango y quisiera ser abogada. Pero no cree que lo logre. No tiene el dinero para irse a estudiar a una ciudad.

“Yo soy la esperanza de familia, soy la mayor de nueve hermanos”, dice. “Tengo que trabajar para sacarlos adelante. Cuando me gradué del colegio hice una media técnica en sistemas. Trabajé en un restaurante y luego en un café internet, pero ahora estoy desempleada”.

Como ella, hay alrededor 220 de jóvenes que se gradúan cada año y que al salir del colegio no saben qué hacer. No tienen recursos como seguir una carrera, y les da miedo volver al campo, de dónde sacaron corriendo a muchos cuando eran niños.

“La situación en Ituango con los menores de edad es alarmante”, dice la profesora Margarita Ortiz*. “Los jóvenes están en riesgo de ser reclutados porque acá no tienen oportunidades. Ahí es donde aparecen los grupos armados ilegales o el ejército y conquistan a los pelados para que se vayan con ellos”.

Entre el 2010 y el 2013, según la Defensoría del Pueblo de Ituango, 16 menores de edad se desvincularon de la guerrilla. No muchos de aventuran a salirse de las Farc aunque quisieran. Están en veredas lejanas y corren el riesgo de que los capturen. Además saben que sus familias quedan desprotegidas. Es difícil hacer campañas en contra de reclutamiento. Desde los colegios, los profesores lo intentan con disimulo, pues saben que dentro de las aulas hay jóvenes pertenecen de la red de informantes de la guerrilla.

El ejército también llega a las aulas, y les hablan a los alumnos del reclutamiento forzado y del secuestro y los invitan a alistarse al servicio militar. “Como ponen en riesgo a los menores y a los educadores, decidimos no permitir estas actividades, pero por eso nos han señalado de estar a favor de la guerrilla”, explica la profesora Margarita.

El que se mete de niño a la guerrilla, pasa de víctima a victimario. Es el caso del jefe del frente 18 que usa el nombre de guerra de ‘Molina’. Según Jairo Restrepo*, un ex voluntario de la Cruz Roja que recorrió varias veredas prestando el servicio de vacunación, ‘Molina’ tenía doce años cuando se unió a las Farc, era de una familia pobre y de una vereda donde los paramilitares asesinaron varios campesinos y desplazaron a la gente.

En esas veredas lejanas los niños no tienen oportunidad de estudiar porque no hay escuela o tienen que caminar horas para llegar a una. “Los guerrilleros les dicen: ustedes se vienen con nosotros y en su casa no va a faltar mercado, su mamá no va a aguantar hambre”, dice Restrepo.

La familia de Paula, luego de ser desplazada, se refugió en la vereda Quebrada del Medio. Vivieron en una casa prestada y comieron de lo que los vecinos les daban. Su papá, acostumbrado a labrar la tierra, decidió regresar a San Pablo de Riosucio en 2005. Paula no pudo ir con ellos, para terminar el bachillerato se quedó en casa de una tía que vivía en una vereda cerca del casco urbano: “A mí me dio muy duro estar separada de mi familia. No me fue muy bien con mi tía, tuve muchos conflictos y dificultades económicas; y tenía que caminar una hora para ir estudiar”.

Pero el impulso del papá de Paula por recuperar su tierra fue frustrado con otro desplazamiento. Esta vez fue la guerrilla la que ordenó la salida de esta familia y la de cientos de personas que también habían retornado. “Los guerrilleros les dijeron que el ejército los estaba invadiendo, entonces ellos los desplazaron para que en los enfrentamiento nos les pasara nada. Mi papá volvió a dejar todo, se fue para La Granja. Allá vive en una casa prestada con mi mamá y mis hermanos”, dice Paula.

A pesar de todo por lo que ha pasado su familia, Paula se imagina un futuro sin violencia, nunca ha imaginado hacer parte de un grupo armado y su familia, que ya no puede cultivar la tierra abandonada, prefiere tener que rebuscarse la comida con el jornal diario que sembrar coca. “Esto es muy duro porque a mí desde pequeña me tocó ver todo, y estoy desesperada por mis hermanos. A pesar de eso he tratado de superar todo lo que me ha pasado, yo lo que quiero es seguir estudiando para ser abogada”.

Campesinos, sin su tierra

En última década, el conflicto armado en Ituango tiene estancado el desarrollo del municipio. Los ituanguinos se quejan de estar viviendo una crisis económica y de que la presencia del Estado se reduce a lo militar.

En el pueblo no hay plaza de mercado, como en la mayoría de municipios de Antioquia, sino supermercados, que son más caros. Además cuando el precio del café estuvo alto, a comienzos de 2012, la gente se endeudó para sembrar más café. Luego este año el precio se derrumbó y la cosecha se fue a pérdida. “Muchos cafeteros se quedaron sin con qué pagar las deudas”, cuenta Juan Fernando, comerciante del municipio.

En febrero de este año, las distribuidoras de panela les avisaron a los paneleros que no produjeran más porque había mucha sin vender. Lo mismo pasa con otros productos como la yuca y el fríjol. Los gastos de las cosecha superan las ganancias finales. “Uno de los problemas es que acá no hay un mercado asegurado con los productores, no hay un centro de acopio que diga: les vamos a comprar la yuca, el plátano, el fríjol. El campesino se viene con su bulto y es el comerciante el que le pone el precio”, explica el comerciante.

En última década, el conflicto armado en Ituango tiene estancado el desarrollo del municipio. Los ituanguinos se quejan de estar viviendo una crisis económica y de que la presencia del Estado se reduce a lo militar.

En el pueblo no hay plaza de mercado, como en la mayoría de municipios de Antioquia, sino supermercados, que son más caros. Además cuando el precio del café estuvo alto, a comienzos de 2012, la gente se endeudó para sembrar más café. Luego este año el precio se derrumbó y la cosecha se fue a pérdida. “Muchos cafeteros se quedaron sin con qué pagar las deudas”, cuenta Juan Fernando, comerciante del municipio.

En febrero de este año, las distribuidoras de panela les avisaron a los paneleros que no produjeran más porque había mucha sin vender. Lo mismo pasa con otros productos como la yuca y el fríjol. Los gastos de las cosecha superan las ganancias finales. “Uno de los problemas es que acá no hay un mercado asegurado con los productores, no hay un centro de acopio que diga: les vamos a comprar la yuca, el plátano, el fríjol. El campesino se viene con su bulto y es el comerciante el que le pone el precio”, explica el comerciante.

Los cultivos de coca y las minas antipersona son dos de las razones fuertes por las que la agricultura está en declive. Cuando la Brigada Móvil del ejército llegó a las veredas, acampaban por temporadas y después se retiraban; entonces, la guerrilla volvía a la zona. Al analizar cómo se movían los militares, las Farc sembraron minas por muchos caminos que también eran frecuentados por labriegos. Carlos Giraldo cuenta que una vez un técnico guerrillero dijo que él había sembrado tantas minas que ni el mismo sabía dónde estaban.

En Ituango, según la Organización de Naciones Unidas, hay al menos 82 hectáreas de coca controladas por la guerrilla. “Para una persona –dice Juan Fernando-es más lucrativo sacar un kilo de coca que lo pueden cargar en una bolsita de arroz y por el que se ganan entre dos o tres millones de pesos que sacar dos o tres carros con bultos de fríjol para venderlos por nada”.

El gobierno ha intentado vincular a quienes cultivan coca al programa de Familias Guardabosques, que pretende sustituir los cultivos ilícitos por cultivos legales. Según los datos oficiales, 720 familias de Ituango participan en el proyecto. Pero muchos se niegan a vincularse; dicen que dejar el cultivo y hacer parte de un programa de gobierno los convierte de inmediato en objetivo militar de la guerrilla.

Para Aníbal*, campesino de Santa Ana, “la sustitución de los cultivos de coca por caña, yuca o plátano es algo muy difícil porque esa transición cuesta mucho dinero y tiempo; para producir coca se demora tres a cuatro meses, mientras que para producir yuca, cacao, plátano se demora hasta tres o cuatro años. ¿Si yo tumbo el cultivo de coca, quién me sostiene a la familia mientras preparo el suelo y sale la cosecha de yuca?”.

La economía también se ve entorpecida por el bloqueo con el que los militares intentan debilitar a la guerrilla y a quienes cultivan coca. No los dejan comprar cemento, gasolina, víveres, soda caústica, sin que primero muestren los recibos en el puesto militar. Esto intimida y hace que muchos compren lo mínimo indispensable para evitarse problemas.

La fuerza del abuso de poder

Los cultivos ilícitos han estigmatizado a toda la población. Hasta un ex fiscal, el 29 especializado de Medellín, Luis Amin Mosquera Moreno, en un escrito de acusación, dijo que allí: “prácticamente el 100 por ciento de la población campesina se haya dedicada al negocio de tráfico y producción de estupefacientes”.

Esa suspicacia de las autoridades en la gente es recíproca. Los ituanguinos tampoco confían en su fuerza pública. “No se nos olvida la época en la que vimos sentados en la misma mesa con los paramilitares”, dice Aníbal, otro poblador, que como todos en el pueblo no quiere que se sepa su nombre. Ahora se queja del que el ejército pide comida gratis en las fincas y tildan de guerrillero al que no se las dé.

Entre 2002 y en 2012 se han efectuado cinco capturas masivas en el pueblo, lo que ha profundizado el recelo de la gente. Los operativos inician con el arribo de helicópteros oficiales del CTI de la Fiscalía, protegidos por un batallón de soldados. Entran a todas las casas a las malas, allanan y se llevan gente capturada sospechosa de ser de las Farc.

La Corporación Jurídica Libertad ha acompañado varios de los casos de las capturas masivas del 2012. La primera de ese año fue el 22 de abril; nueve personas fueron detenidas, se les hizo audiencia preliminar ante un juez de Ituango que tomó la determinación de concederles detención domiciliaria a todos, medida que fue revocada en diciembre. Y la siguiente captura masiva fue el 27 de agosto, la última, en la que 22 personas fueron capturas.

Según Bayron Góngora, abogado de esta corporación: “A estas personas se les hizo audiencias en Medellín, en el Palacio de Justicia, ante el juzgado 41 municipal; en ese caso el juez tomó la decisión de no imponer medida de aseguramiento, es decir, que dejó en libertad a todos porque consideró que los medios probatorios de la fiscalía no lograban sustentar una posible responsabilidad penal a los detenidos”. En abril del 2013 se hará una audiencia de preclusión de cargos para estas personas.

Alveiro* puso en la sala de su casa, después de la segunda vez que lo capturaron, la bandera de Colombia y la bandera blanca de la paz. Vive con su familia y trabaja de mecánico y como recibe distintos clientes para que les arregle sus carros y motos, el ejército lo puso en la mira, pues seguramente entre sus clientes ha habido algún guerrillero.

“Si acá viene un cliente y me trae el carro para que se lo arregle yo no le puedo preguntar: ¿usted es guerrillero o soldado?”, dice Alveiro en su defensa. “Ellos me señalan, pero también al mismo ejército les he arreglado los carros”, dice.

Alveiro ha sido capturado tres veces por los mismos cargos, siempre ha quedado libre a los pocos días por falta de pruebas. “La primera captura fue en 2003, estuve retenido veintiséis días en Bellavista. En la segunda captura estuve casi un mes, y en la última, el año pasado, estuvimos doce días en el búnker de la Fiscalía y nos volvieron a soltar”.

Para el abogado Mauricio Pineda*, quien prefiere reservar su nombre por temor a ser enjuciado, las capturas masivas son una estrategia de la fuerza pública por aparentar resultados e intimidar a la población, nadie se siente libre de un señalamiento, porque, según cuenta Pineda: “Para las autoridades todos somos sospechosos. Acá las judicializaciones las han hecho basados en testimonios de desmovilizados y de desplazados, personas que por esto reciben beneficios económicos. Son pruebas muy endebles con las que van haciendo un cuadro que el ejército llama una orden de batalla, en el que aparecen los líderes del Frente 18”.

La Corporación Jurídica Libertad corroboró que el procedimiento probatorio fue hecho por el ejército: “Cuando nos dieron traslado de todas las pruebas que habían, evidenciamos que el ejército fue el que siguió a las personas y les tomó fotografías, el ejército no puede hacer eso porque no tiene funciones de policía judicial. Luego el ejército consiguió los testigos; lo que hizo la fiscalía fue convalidar, mandó a los investigadores a la guarnición militar y les tomó declaración a las personas que el ejército les puso a disposición, que son supuestos desmovilizados a los que nunca les pidieron un certificado del CODA”.

Además, de las personas que han sido capturas en las cinco ocasiones, tres están muertas: el señor Javier Darío Samper y la joven Luz Aleida Uribe, de quienes se rumora fueron asesinados por las Farc, y Andrés Felipe Correa, asesinado el 24 de diciembre del 2012 por el ejército, según denunció la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.

A Alveiro más que su buen nombre le preocupa la tranquilidad de sus hijos, quienes han estado presentes en las capturas. En la última, estaba en la sala de la casa acompañando a su hijo menor que hacía tareas del colegio: “Los hombre entraron y me tiraron al piso, me colocaron una pata encima de la cabeza y me amenazaron con un fusil. Mi niño pequeño estaba sentado ahí, llorando a los gritos”.Alveiro permanece con psicosis, piensa que en cualquier momento pueden llevárselo de nuevo, teme por su vida y la de su familia, por eso decidió poner las banderas de Colombia y de la paz, dice que en la escuela le enseñaron el respeto por los símbolos patrios, pide respeto solo por el hecho de ser colombiano. Por esto, si algo le ha indignado, ha sido el cubrimiento de los medios.

En una carpeta guarda los recortes de prensa donde aparece la noticia de su captura, al hojearlos pregunta y reclama: “¿Cómo testifica un medio de comunicación que uno es guerrillero sin tener pruebas?”.

La guerrilla sigue en Ituango

A pesar de la ofensiva militar, en Ituango el Frente 18 de las Farc no está replegado ni amainado. A quién ayude con la captura de Alfredo Alarcón, alias ‘Román Ruiz’, Germán Silva Hernández, alias ‘Ariel’ y Manuel Antonio González, alias ‘El Flaco’, los jefes del frente, el gobierno ofrece una recompensa de 3.700 millones de pesos. El frente, según datos de la fiscalía 29, cuenta con 263 miembros divididos en tres compañías y dos comisiones encargadas de reclutar y recoger dinero para financiar al grupo y también dispone de las milicias bolivarianas.

A pesar de la ofensiva militar, en Ituango el Frente 18 de las Farc no está replegado ni amainado. A quién ayude con la captura de Alfredo Alarcón, alias ‘Román Ruiz’, Germán Silva Hernández, alias ‘Ariel’ y Manuel Antonio González, alias ‘El Flaco’, los jefes del frente, el gobierno ofrece una recompensa de 3.700 millones de pesos. El frente, según datos de la fiscalía 29, cuenta con 263 miembros divididos en tres compañías y dos comisiones encargadas de reclutar y recoger dinero para financiar al grupo y también dispone de las milicias bolivarianas.

En octubre del 2008 fue el más reciente ataque de la guerrilla contra la población. Celebraban las “Fiestas de la Ituanguinadad”. En la calle La Peatonal, junto a la heladería La Mejor Esquina, estaban reunidas decenas de personas que disfrutaban de un concierto de un grupo vallenato. Una explosión acabó con la fiesta y con la vida de siete personas, otras cincuenta y tres quedaron heridas. Un sargento de la policía dijo que la bomba la puso el Frente 18 para protestar por la erradicación de cultivos.

Por esa misma calle se ven en la actualidad, a distintas horas del día, soldados de las fuerzas especiales del ejército artillados como para un campo de batalla. Los enfrentamientos con la guerrilla no cesan, desde el casco urbano se oye el traqueteo de la balas de combates que se dan a menos de una hora de distancia.

En medio de esa guerra, los civiles siguen sumando víctimas. En Buenavista, a veinte minutos en carro del casco urbano, el 9 de octubre del 2012 el ejército y la guerrilla se enfrentaron durante las horas de la madrugada y continuaron en la mañana. Pero hubo momentos en que dejaron de silbar las balas y un papá y sus dos hijos que creyeron que ya había cesado el combate y salieron al patio. El papá cortaba leña y el hijo se cepillaba los dientes. La hija fue la primera en escuchar el sonido de la bala. A los pocos segundos el niño empezó a gritar, asustado, porque le salía sangre de la pierna. Una bala le pegó en el muslo. Para llevarlo al hospital esperaron angustiados varias horas a que el combate terminara.

Cuando pudieron sacarlo, fue remitido de urgencia a Medellín. “El médico me dijo que ni el más brujo le sacaba la bala al niño, que de milagro se había salvado porque estaba en toda la vena aorta y que si se la sacan hay mucho riesgo de que quede inválido o rengo” dijo la mamá.

En el hospital le explicaron que debía ir a la Sijin a poner la denuncia. “Yo ni sabía qué era eso, de allá me mandaron para Fiscalía y de ahí para la Personería. Igual, puse la denuncia pero no tengo quién me ayude con los gastos para llevar el hijo a Medellín a las revisiones”.

La gente común de Ituango que habló con VerdadAbierta.com dice que están hartos de la guerra. Quieren regresar al campo a sembrar sus tierras y caminar sin miedo de caer en una mina quiebrapatas o ser víctimas de una bala perdida. Mientras el gobierno anuncia los grandes proyectos económicos para esta región, como el momento triunfal para el desarrollo de las comunidades que han permanecido abandonadas, la gente espera con desconfianza. En Ituango lo único que quieren es regresar a esa época en que todos se saludaban y las puertas de las casas permanecían abiertas.

Verdadabierta.com

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