Poner fin al conflicto armado desde la perspectiva del silenciamiento de los fusiles que portan hoy las Farc, sin modificar sustancialmente el modelo económico extractivo, nos puede conducir hacia débiles escenarios de paz y de posconflicto. Y podría ser así, por cuanto detrás de esa visión de desarrollo, sustentada en la ideología del progreso, hay serias e históricas prácticas de violencia física y simbólica que han servido para dar vida a múltiples formas de violencia.

 
El modelo económico neoliberal es hoy un arma silenciosa con la que se somete la voluntad de ciudadanos apiñados en centros urbanos que exhiben no sólo las contradicciones de dicha apuesta económica y política, sino los intereses de clase que devienen del sistema capitalista y de la cultura que este dispone e impone en las conciencias de hombres y mujeres.
 
De igual forma, el mismo modelo neoliberal sirve para mantener en altísimos niveles, la desigualdad, la pobreza y la concentración de la riqueza en territorios rurales, en donde sobreviven campesinos, afros e indígenas, últimos bastiones humanos que se resisten a una economía de mercado que aliena y somete a quienes históricamente han sostenido una relación consustancial con la tierra, con territorios o con la pachamama.
 
La locomotora minera del gobierno de Santos, que arrastra los desastres ambientales dejados por el gobierno de Uribe Vélez, es la expresión política y ambiental de esa arma silenciosa, pero letal, que se llama modelo neoliberal. Reducida la tierra y vastos territorios, así como la biodiversidad y los servicios ambientales que prestan frágiles ecosistemas, en meros sustratos, en simples mercancías, la paz que se firme entre la cúpula de las Farc y el Gobierno de Santos tendrá un
sentido estrictamente político, pero no social, en tanto no sirva o no servirá para desmontar las prácticas agroindustriales monopólicas, como tampoco para garantizar la vida digna de campesinos, indígenas y afros que resisten los embates de un desarrollismo aupado desde centros y poderes urbanos que ven con desdén sus planes de vida y sus lógicas culturales.
 
Es posible que la paz que se firme entre la cúpula de las Farc y el Gobierno de Santos sólo sirva para garantizar el tránsito hacia la participación política de unos líderes farianos cansados de la guerra y no para modificar sustancialmente los derroteros, los principios y las ógicas política y económica de un modelo económico contra el que lucharon las Farc durante años. Es posible que esa paz, así concebida, signifique la claudicación de una lucha armada que se abandona sin haber transformado lo que se consideró en su momento- y se considera aún- como un modelo de vida inconveniente y profundamente inequitativo.
 
La firma de acuerdos de paz entre farianos y Gobierno de Santos significará el abandono de la lucha agraria, por la vía de las armas, hasta tanto el modelo económico neoliberal se mantenga en firme, así como la lógica extractivista que claramente debilita la seguridad alimentaria de un país tradicionalmente considerado como una despensa agrícola y pone en riesgo la vida de quienes sobreviven en territorios rurales.
 
La esperanza de que la lucha agraria aupada por las Farc a través de las armas, se haga en el mediano plazo a través del ejercicio legislativo y político, no es garantía de que se logrará el desmonte de un modelo económico abiertamente enemigo del fortalecimiento social y cultural de unas comunidades campesinas, afros e indígenas que están abiertamente en contravía de ese modelo económico hegemónico y homogenizante.
 
Hacer política sin armas
 
Imaginemos a unos líderes farianos haciendo política en el Congreso de la República. Y a cientos de ex combatientes desarrollando proyectos productivos en las llamadas Zonas de Reserva Campesina. Todo un escenario de posconflicto que debe hacerse sostenible en el tiempo, a pesar del mantenimiento del incontrastable modelo económico neoliberal.
 
La lucha política que den los congresistas de las Farc para ponerle freno a una lógica económica que concentra la riqueza y el poder económico y político, necesitará de la ayuda de otras fuerzas políticas dentro del Congreso. ¿Quiénes acompañarían o acompañarán a los excombatientes de las Farc? ¿Qué partidos? Quizás el ala de izquierda del partido liberal o el Polo Democrático Alternativo se sumen para poner en marcha una empresa difícil y compleja, dado que desde el poder político y económico de reducidas élites, y desde las prácticas culturales de millones de ciudadanos concentrados en contradictorias urbes, se defiende la economía de mercado.
 
La siempre impredecible vía electoral será a la que congresistas exfarianos apelarán no sólo para mantenerse en el legislativo (en los ámbitos local, regional y nacional), sino para lograr conservar en el tiempo los acuerdos a los que se llegue en la mesa de negociación instalada en La Habana, Cuba. Pero esa misma vía también les puede servir para alcanzar el poder en alcaldías y gobernaciones, entes político-administrativos sometidos hoy a la fuerza de una incontrolada
locomotora minero-energética, así como a prácticas extractivas1, legales e ilegales, que se extienden a recursos pesqueros y forestales.
 
Dentro de la sociedad civil, qué actores se podrán alinear con los propósitos políticos y económicos de los congresistas desmovilizados. ¿Fedegan y Andi, entre otros? Difícil que se dé tal apoyo. Entonces, qué queda. Sólo esperar a que la Academia acompañe de manera decidida los propósitos no sólo de modificar los alcances del neoliberalismo, sino la necesidad de revertir los efectos de un modelo económico que genera pobreza económica, cultural y es ambientalmente insostenible.
 
Alberto Acosta señala varios efectos de esa lógica extractivista, correlato de un modelo económico que parece no tener límites, a pesar de los riesgos y los efectos socio ambientales que genera explotar sin control recursos de una biodiversidad que no es perenne. Lo que dice Acosta, aunque no se refiere directamente al caso colombiano, ofrece, infortunadamente, coincidencias que deben tenerse en cuenta para revisar lo que está pasando hoy en materia de desarrollo extractivo: “La historia de la región nos cuenta que este proceso extractivo ha conducido a una generalización de la pobreza, ha dado paso crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades ‘rentistas’. Todo esto profundiza la débil y escasa institucionalidad democrática, alienta la corrupción, desestructura sociedades y comunidades locales, y deteriora gravemente el medio ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas clientelares y patrimonialistas desplegadas, que contribuyen a frenar la construcción de ciudadanía”2.
 
No será fácil revertir los efectos socio ambientales, culturales y políticos que viene produciendo el modelo económico neoliberal y en particular el modelo de desarrollo extractivo. Y menos aún, en una sociedad escindida y con una baja cultura política. El silenciamiento de los fusiles es un paso hacia la construcción del
posconflicto. La posibilidad de que los líderes de las Farc que hoy dialogan con el Gobierno de Santos, lleguen al Congreso, es otro paso en esa dirección. Pero la consolidación de escenarios de posconflicto pasa por la revisión a fondo del modelo neoliberal, por el respeto a las comunidades asentadas en zonas rurales y por la construcción de una nueva relación con el medio ambiente. De igual manera, se necesitará de una verdadera ‘revolución’ cultural en un país que se
acostumbró no sólo a la violencia política, sino a disímiles formas de violencia, física y simbólica, cuyas expresiones se ven a diario en calles y barrios, en las relaciones Estado-sociedad, pero especialmente, las que se legitiman a diario en la oferta televisiva (industria del entretenimiento) y en los propios noticieros.
 
1 Véase Más allá del desarrollo. Fundación Rosa Luxemburg. Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas de Desarrollo. 2011. p. 85.
2 Acosta, Alberto. Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición. En: Más allá del desarrollo. Fundación Rosa Luxemburg. Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas de Desarrollo. 2011. p. 87-88.
 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo