Acción urgente por graves violaciones a los Derechos humanos en Colombia: asesinato líder indígena de Jambaló (Cauca), agresiones a comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó (Chocó) y amenazas a defensores de DDHH (Cauca y Amazonas).
Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane
Colombia Vive! Onlus
Corte Penal Internacional
Fatou Bensouda , Prosecutor
otp.informationDesk@icc-cpi.int
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
José de Jesús Orozco Henríquez, presidente
cidhdenuncias@oas.org
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Diego García Sayán, Presidente
corteidh@corteidh.or.cr
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(OACNUDH)
Victoria Kuhn, Human Rights Officer
vkuhn@ohchr.org – civilsociety@ohchr.org,
Oficina del Alto Commisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en Colombia
Todd Howland, Representante en Colombia
oacnudh@hchr.org.co
Juan Carlos Monge, Representante adjunto
jmonge@hchr.org.co
Sub-Oficina en Medellín
Ursula Urdillo, Oficial derechos humanos Dpto. de Antioquia
uurdillo@hchr.org.co
Narni, 25 de abril 2013
Asunto: Acción urgente por graves violaciones a los Derechos Humanos: Asesinato líder indígena de Jambaló (Cauca), agresiones a comunidades de Jiguamiandò y Curvaradò (Chocó) y amenazas a Defensores DD.HH(Cauca y Amazonas).
Respetuoso saludo.
Hace menos de una semana nos dirigimos a todos ustedes para ponerlos en conocimiento de la grave situación de los derechos humanos en Colombia, debido a la frecuencia, gravedad y repetición de las agresiones, por parte de los actores armados responsables del conflicto interno del país, en contra de ciudadanos miembros de la sociedad civil. Lamentablemente, esta nueva acción urgente es para denunciar otro asesinato de un líder indígena del pueblo Nasa y, también, informar sobre otras amenazas e intimidaciones a personas dedicadas a la defensa de sus derechos y de los derechos humanos en ese país.
Pero, antes de presentar los hechos, queremos expresar nuestra esperanza frente a la visita evaluativa del Equipo de análisis de la situación de la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), precisamente, durante la semana del 15 al 19 de abril. Esperamos que dicha delegación, además de haber escuchado la versión de los organismo del gobierno, haya tenido la posibilidad de visitar las comunidades de campesinos, indígenas y afrocolombianos víctimas de las agresiones sistemáticas de violación de derechos humanos y, haya podido escuchar a colectivos de abogados y profesionales dedicados a la defensa de los derechos humanos en Colombia, como por ejemplo, a los miembros del Movimiento Nacional de Crímenes de Estado, a los abogados del Colectivo José Alvear Restrepo o los miembros de la Comisión intereclesial de Justicia y Paz. De manera que dicho informe evaluativo pueda reflejar las diferentes y variadas versiones de los hechos denunciados en dicho país.
A continuación presentamos las denuncias recibidas directamente desde Colombia. Confiamos en que una presión de los Organismos Internacionales responsables de la vigencia de los DD.HH. y el DIH pueda llevar a resultados concretos de protección, con el fin de acabar definitivamente con la violencia y las agresiones en contra de estos procesos comunitarios y de sus protagonistas.
Caso Pueblo NASA y MISAK
Jueves 18 de abril del 2013, a las 7.30 am, tres encapuchados llegaron en la vereda Barondillo, sitio el Asio en donde vivía el señor BENANCIO TAQUINÁS. Éste al no acatar las órdenes de los encapuchados sale de su vivienda hacia el trabajo y es allí en donde lo asesinan con disparos de armas de corto y largo alcance. Según la comunidad, las milicias de las FARC son las responsables de los hechos.
BENANCIO TAQUINÁS era miembro de la guardia indígena desde el 2001. Fue presidente de la junta de acción comunal de la vereda Barondillo del 2001 al 2004. Además fue khambuesx – cabildante de su vereda en el 2003. También estuvo a su cargo la coordinación de la guardia indígena en la vereda y en la zona media de este resguardo, en los años 2005 y 2007. En estos momentos tenía el cargo de conciliador veredal que venía ejerciendo desde el 2012.
Con este asesinato ya son cuatro los que se han realizado en el resguardo y municipio de Jambaló durante este año:
Martes 1º de enero, las FARC asesinan al señor JOSÉ LAURENTINO CUETIA en la vereda Paletón.
Domingo 20 de enero, las FARC asesinan al ex concejal RAFAEL MAURICIO GIRÓN en la vereda de Barondillo.
Domingo 10 de febrero, un proyectil del fuego cruzado entre la policía Nacional y la guerrilla de las FARC mata al señor EDDY DAGUA ORTIZ en el área urbana de Jambaló.
Asimismo, el sábado 6 de abril en la vereda La Esperanza, zona baja del resguardo de Jámbalo, miembros de la fuerza pública agreden, físicamente, al comunero GERARDO TOMBÉ, coordinador de la guardia de esta localidad.
Igualmente en el territorio Ancestral Sath Tama Kiwe de Caldono, el Sábado 30 de marzo, miembros de la fuerza pública asesinan al comunero ALVARO CHOCUE RAMOS, supuestamente, a causa del fuego cruzado.
A pesar de las permanentes denuncias y exigencias planteadas por la comunidad y las autoridades indígenas, a los grupos armados y a las instancias gubernamentales, para que se respeten los derechos humanos de los pueblos, hasta el momento, ni los actores armados del conflicto, ni las autoridades estatales las han atendido. No obstante, la Corte Constitucional de Colombia haya dictado la sentencia T- 025 de 2004 y el Auto 004 del 2009.
En efecto, y otra vez más, nuestra preocupación se fundamenta en la falta de respeto de los actores armados hacia la población civil. Tanto, la guerrilla, como los paramilitares y el Ejército oficial violan sistemáticamente los derechos de la población civil. En consecuencia, atendiendo la voz del pueblo NASA y MISAK hacemos un apelo para solicitar a los organismos internacionales de protección y vigilancia del respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, para que intervengan ante las autoridades y actores del conflicto para que dichos hechos no se vuelvan a repetir y atiendan y presten la ayuda humanitaria solicitada por las comunidades víctimas del conflicto.
Caso Curvaradó y Jiguamiandó
Jueves 11 de abril, a las 12:00 p.m. en el río Sapayal, se registra la presencia de dos paramilitares portando armas largas y vestidos de civil en dirección hacia el territorio colectivo del Curvaradó.
El mismo día, hacia las 2:00 p.m, Andalucía, Curvaradó , ocupantes ilegales de los territorios colectivos, amenazan de muerte al líder ANDRÉS CARMONA por haberlos hecho desalojar.
El mismo día, Jueves 11 de abril, la Comisión de Justicia y Paz conoció la amenaza a la lideresa reclamante de tierras MARY HERNÁNDEZ, de la comunidad de Bijao, consejo comunitario de Pedeguita y Mancilla (Chocó). Trabajadores de la empresa Cultivos Recife S.A. la amenazaron de muerte si ella no desalojaba el territorio colectivo. De otro lado, según argumentaron los trabajadores de la misma, la inspectora de la policía del municipio de Rio Sucio, dictó orden de desalojo en contra de los legítimos propietarios del territorio colectivo y a favor de la Empresa cultivos Recife S.A., en la cual participa el negociante JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ cultivador de palma y ganadería extensiva. Los argumentos de la inspectora para ejecutar la orden de desalojo, según afirmaron los mismos trabajadores, es que dicha empresa cuenta con la autorización del representante legal de del Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla para el el usufructo de esas tierras.
Viernes 12 de abril, a las 5:00 p.m. los paramilitares realizaron una reunión en el Kiosco contiguo al hospital en municipio de Belén de Bajirá, localizado a menos de 200 metros de la estación de policía. Entre los paramilitares asistentes se encontraban alias "PABLO", a quién identifican como jefe de esa estructura en Mutata; JOSÉ DE JESÚS MOYA ASPRILLA, conocido como el "Cucho" y los llamados "Gringo" y "Gomelo", y 8 hombres más de esta estructura paramilitar que no se pudieron identificar.
Las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó expresan su disconformidad ante la indiferencia, tolerancia y aquiescencia por parte de la fuerza pública, frente a los operativos de los paramilitares en los territorios colectivos, y en los poblados por donde transitan o comercian los integrantes de los consejos comunitarios. De la misma manera, constatan la ausencia de medidas eficaces de identificación y actuación judicial frente a los grupos de trabajadores y de los propios empresarios que actúan contra derecho con amenazas, abusos o daños sobre bienes ajenos como JUAN GONZÁLEZ y DARÍO GONZÁLEZ, y los llamados “Gonzalo”, “Gomelo”, “El Cucho”. Dichos paramilitares realizan acciones en la zona bajo la tolerancia de la fuerza pública. Las comunidades también lamentan la ausencia de medidas eficaces de prevención, por parte del Estado, para proteger los derechos a la vida y a la tierra de la familia RUÍZ GALLO, y en particular, la ausencia de respuesta concreta y eficaz para su regreso, en condiciones básicas de seguridad, a los predios que abandonaron después del asesinato de sus familiares, MANUEL y SAMIR RUÍZ.
Con respecto a la situación de los afrocolombianos y de sus territorios colectivos, como Rete Italiana di Solidarietà, reiteramos la misma preocupación transmitida en la comunicación del 16 de abril del 2013, en la cual denunciamos la permisividad con la que actúan los paramilitares en esta zona, la cual está bajo jurisdicción de la Brigada XVII y de la Polícia de Urabá. De igual modo, reiteramos que nos preocupa, sobre manera, los vínculos establecidos y la mutua colaboración entre empresarios y paramilitares. Evidenciamos, además, que hasta el momento las comunidades de Curavaradó y Jiguamiandó continúan sin garantías ciertas para que se produzca una restitución en derecho.
Caso defensores y organizaciones de Derechos Humanos
También durante este mes hemos recibido más denuncias sobre las continuas intimidaciones y amenazas personas dedicadas a la defensa de los Derechos humanos.
Viernes 19 de abril, 9:00 a.m. Sujetos desconocidos intentaron raptar a la abogada SOFIA LÓPEZ MERA, defensora de Derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad en la ciudad de Popayan. Por los antecedentes de amenaza y hostigamientos de parte de funcionarios estatales y paramilitares en los últimos días a la misma abogada, y ante la ausencia de explicaciones de parte de parte de los supuestos agentes de civil y los policiales, la Corporación Justicia y Dignidad sospecha que el fin era hacer desaparecer a la abogada SOFIA LÓPEZ. Los abogados de dicha Corporación acompañan jurídicamente casos de graves violaciones a los derechos humanos en la región y, ella, en particular, ha denunciado, en variadas ocasiones, al Estado colombiano ante La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, por casos de Ejecuciones Extrajudiciales, Desaparición Forzada, Tortura, Desplazamiento Forzado, violaciones a la Libertad Sindical, ocurridos en los departamentos de Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, atribuibles a agentes estatales, en la mayoría de los casos con la participación de grupos paramilitares.
Sábado 20 de abril, 5:45 y 5:49 de la tarde la señora Jani Rita Silva, lideresa de la Zona de Reserva
Campesina ZRC, Perla Amazónica (Amazonas), recibió mensajes con amenazas de muerte desde el número de celular: 3142881557. Las amenazas llegaron al finalizar una reunión de los líderes de la ZRC, en la que se trataron temas como los abusos y graves infracciones al derecho humanitario por parte de las fuerzas militares, así como las presiones de la multinacional petrolera Amerisur. La cual, continúa con su campaña de persuasión con el fin de que los pobladores de la Zona de Reserva Campesina le vendan sus predios. La víctima de las amenazas, ha denunciado permanentemente las actuaciones contra derecho de la empresa, lo que le ha significado un ambiente de estigmatizaciones y de animadversiones de sectores institucionales y la propia compañía privada.
De nuevo, en razón de los hechos descritos anteriormente, acudimos a la colaboración de los organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos para que se realicen las acciones permitidas por el Derecho Internacional a favor de la no sistematicidad y no repetición de violaciones a la dignidad humana en Colombia.
Agradecemos su amable atención,
Andrea Proietti
Presidente Rete Colombia Vive!
Con copia a:
Presidencia y VicePresidencia de la República de Colombia
Ministro de la Defensa
Ministro del Interior y de Justicia
Fiscal General de la Nación
Defensoría del Pueblo
Departamento de Policia Urabá
Comando de la Brigada XVII
Delegación de la Unión Europea para Colombia y Ecuador
Embajada de Italia en Colombia
Embajada de Colombia en Italia
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Rete Italiana di Solidarietà, Colombia Vive! Onlus
Sede legale: Comune di Narni, Ufficio per la Pace, Piazza dei Priori,1
CAP: 05035 Narni (Tr) Italia
Fax ++39 0744 715270
E-mail: reteitalianadisolidarieta@gmail.com
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