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El Código Minero que rige actualmente a la locomotora minera se cayó en 2011 porque no fue consultado con indígenas y afros. Anoche la Corte Constitucional le negó al Gobierno una nueva prórroga y el antiguo código entrará en vigencia dentro de dos semanas.

 

Anoche terminó el suspenso que ha rodeado al nuevo Código de Minas desde febrero. Con la decisión de la Corte Constitucional de no extender el plazo que le había dado al Gobierno nacional para consultarlo con los indígenas y los afros, el país tendrá que volver en dos semanas a un código redactado en una época en que el país no tenía grandes ambiciones mineras.

 

Y ahora el Gobierno está corriendo para tener listos los decretos que le permitan reducir el efecto que tendría el regreso del viejo código en la manera cómo se hace minería en Colombia. Porque, si bien la locomotora minera sigue frenada, en 2011 aportó el 2,4 por ciento del PIB y el 23 por ciento de las exportaciones colombianas, un sueño que ni siquiera existía cuando el anterior código se redactó hace doce años.

 

El código actual fue tramitado por el ministro de Minas Hernán Martínez, durante el último año de gobierno de Álvaro Uribe y reformando el de 2001. En mayo de 2011, cuando Santos ya era presidente, la Corte lo tumbó porque nunca fue consultado con las comunidades indígenas y negras. Pero, preocupada por la caída de una serie normas que permitían un mejor control de la actividad minera y una mayor protección del medio ambiente, la Corte le dio al Gobierno un plazo de dos años para consultarlo.

 

Ese plazo se acaba el 11 de mayo, sin que la consulta se haya realizado. Y la prórroga que solicitó en febrero el Ministro del Interior Fernando Carrillo finalmente fue negada, pese a que hace algunos días se rumoraba que la Corte estaba considerando seriamente otorgarla. La posibilidad de regresar al antiguo código tiene con los pelos de punta a sectores tan diferentes como los pequeños mineros, los ambientalistas y los indígenas, que habían pedido a la Corte mantener una ley que había sido tumbada precisamente por no tenerlos en cuenta.

 

La Silla supo que efectivamente hubo un fuerte debate dentro de la Corte Constitucional en torno a lo que hubiese sido el primer aplazamiento de una sentencia diferida en la historia constitucional del país. Pero al final ganó la posición de que es imposible modificar una cosa juzgada.

 

El plan b del gobierno

 

Hace unos días La Silla se dio a la tarea de examinar los dos códigos mineros y encontró siete reformas que corren el riesgo de quedar en el aire una vez el país vuelva al antiguo. El Ministerio de Minas coincidió en que varios de los puntos identificados por La Silla resultan preocupantes y explicó el proceso que está siguiendo para salvarlos. Parte está anclado en el Plan Nacional de Desarrollo de Santos, que sí sustenta varios puntos pero que no tiene un futuro claro una vez se acaba el período presidencial.

 

“Nosotros no nos hemos quedado cruzados de brazos esperando que se cayera el código. En la época en que fue reformado, el código era muy importante porque el tema ambiental estaba totalmente descubierto, pero al mirar tema por tema hemos podido comprobar que el Plan Nacional de Desarrollo es una sombrilla que cobija casi todos los temas ambientales”, le dijo a La Silla la viceministra de Minas Natalia Gutiérrez.

 

Para los que se queden por fuera del Plan, MinMinas está tratando de reglamentarlos vía decreto presidencial.

 

1.    Aunque títulos siguen congelados, obtenerlos podría ser fácil de nuevo

Según el código viejo, para solicitar un título minero sólo había que presentarse con la cédula. Esto generó tal desorden que al final del gobierno de Uribe se habían concedido 9 mil títulos mineros, incluyendo en parques nacionales, páramos y humedales Ramsar.

 

A raíz de este caos, el gobierno de Uribe hizo mucho más exigentes las condiciones necesarias para pedirlos en la reforma del código y el de Santos congeló hace dos años la expedición de nuevos títulos. Pero hace una semana, el Ministro Federico Renjifo dijo por primera vez que están cerca de terminar la depuración de títulos y que esperan abrir de nuevo la ventana de solicitudes en julio, generando temor de que otra vez se desboque ya que se cayó la obligación de probar la capacidad técnica y económica a la hora de solicitar un título y además, de pagar un canon minero desde el comienzo.

 

El Ministerio de Minas le confirmó a La Silla que tiene dos borradores de decretos listos para obligar a los solicitantes a cumplir unas condiciones técnicas mínimas y, partiendo de un artículo de la Ley de regalías, a pagar el canon superficiario por anticipado.

 

“La idea es que, cuando abramos la ventanilla el 12 de julio, no estemos volviendo a la época en que se podía solicitarlos sólo con cédula”, dice Juan José Parada, el director jurídico de Minminas.  

 

2.    El Gobierno sí perderá margen de decisión en prórrogas y renovaciones

El nuevo Código Minero cambió drásticamente las reglas de juego a la hora de negociar las prórrogas y renovaciones de concesiones, que antes eran entendidas por las empresas casi como un derecho adquirido, y le dio más  dientes al Gobierno para hacer exigencias nuevas más rigurosas en temas técnicos, económicos, ambientales y sociales. Además, las compañías debía demostrar que la prórroga resulta benéfica para el país. Esto se cae a partir del 11 de mayo.

 

Como contó La Silla Vacía, la renovación del contrato de Cerro Matoso no habría sido posible con las antiguas condiciones.

 

Ahora, con la decisión de la Corte, volvemos a las condiciones favorables para las empresas. Eso sí, existe consenso dentro del sector minero que ninguna prórroga o renovación puede volver a ser entendida por la empresa como automática ya que los conceptos del Consejo de Estado sobre contratos estatales lo han dicho claramente. 

 

Por ahora, se acerca el final de los contratos con Glencore en 2014 y Drummond en 2019. Ambas solicitaron ya las prórrogas de sus concesiones, cuya negociación se regirá por el código viejo, para felicidad de ellos.

 

3.   Los mineros informales sí podrían quedar en un limbo

Uno de los mayores temores con la caída del Código es que también se caiga el decreto que organiza el proceso de formalización de 5 mil pequeños mineros -una de las grandes promesas de Santos al sector- y que muchos de los que estén inscritos en el programa queden en un limbo. Y el Gobierno podría correr el riesgo de no sólo perder el proceso que ha comenzado, sino la confianza de los mineros que están explotando sin título.

 

La gran preocupación de los pequeños mineros es que puedan quedar expuestos a ser procesados penalmente por el delito de minería ilegal, ya que esto no puede suceder mientras estén en un proceso de formalización pero no queda claro qué sucede si éste se cae también.

 

Este es otro problema que el Gobierno espera solucionar, reglamentando un decreto del Plan Nacional de Desarrollo que habla de la legalización de pequeños mineros y que supuestamente sacará en un par de semanas. “Es un tema álgido públicamente, pero jurídicamente no lo vemos tan complicado”, dice Parada.

 

4.   Parques y páramos siguen blindados, aunque algunas zonas naturales sí quedarán expuestas

Por ahora, las áreas que tienen mayor grado de protección están a salvo. Los parques nacionales y regionales están blindados contra la minería por el Código antiguo, mientras que los páramos y los humedales con categoría internacional de sitio Ramsar están protegidos por el Plan Nacional de Desarrollo de Santos. Ninguno de los títulos que en el pasado fueron expedidos dentro de éstos podrá ser explotado. El problema es que el Plan de Desarrollo de Santos se acaba en 2014 y los páramos quedan vulnerables a la decisión del siguiente Presidente.

 

El problema podría estar en aquellas zonas que tienen un menor grado de protección o que están en proceso de ser blindadas. Como reveló La Silla, hay 900 mil hectáreas de páramo que se encuentran en un limbo y que no son reconocidas como parte de ese ecosistema porque la cartografía que los identificó como tales no ha sido adoptada oficialmente por el Ministro de Ambiente Juan Gabriel Uribe. Esto las deja por fuera del blindaje que cobija a las otras dos millones de hectáreas de páramo.

 

Pero con la caída del código nuevo, sí desaparece una figura que ha causado gran controversia entre los ambientalistas: la obligación de que todo proceso de creación de zonas protegidas -desde parques hasta humedales Ramsar- pasara por MinMinas.

 

Aunque no importaba si ese concepto previo saliera negativo, la obligatoriedad de este paso permitió que el Ministerio demorara proyectos como la Estrella Fluvial del Inírida -un importante complejo de humedales en Guainía que se quiere proteger con la figura internacional Ramsar- durante dos años. En estos momentos, por ejemplo, está en el despacho de Renjifo el proyecto de duplicar el tamaño del Parque Nacional Chiribiquete, convirtiéndolo en el segundo más grande del Amazonas. La caída del código permitirá agilizar ese proceso.

 

Con la vieja norma, sigue siendo obligatorio consultar a Minas -para ver si existen títulos en las área propuestas- pero no sería necesario esperar hasta que elabore un concepto técnico.

 

5.   Áreas de reserva estratégica minera estarían a salvo

Las áreas de reserva estratégica como el Amazonas no existían cuando se redactó el código viejo, pero fueron reglamentadas de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo.

 

Esto significa que no deberían enfrentar grandes riesgos estas áreas donde se cree hay minerales de interés estratégico para el país y que han quedado excluidas de la entrega de títulos o firma de concesiones hasta que no se definan unas reglas más estrictas de selección de empresas y unas condiciones exigentes de explotación.

 

La más importante es la del Amazonas, que tiene unas 17 millones de héctareas que quedó temporalmente blindada de cualquier actividad minera hasta que se fijen con rigor las áreas para protección y las áreas que podrán ser aprovechadas económicamente.

 

El problema, en este caso, es que la protección solo está cobijada durante los dos años de este Gobierno y el siguiente presidente podría cambiar esa disposición con una nueva ley de Desarrollo o por decreto, si el Congreso no la aprueba.

 

6.    Sí se pierde mayor castigo para mineras que contraten menores de edad

El nuevo código minero traía una cláusula que permitía la cancelación de un contrato minero en caso de que la empresa estuviera contratando a menores de edad, una medida diseñada para reducir el trabajo infantil en un sector -especialmente el informal- donde es un problema real.

 

Aunque otras normas como el Código del trabajo permiten sancionar a una empresa por contratar menores, ninguna estipula que se le puede cancelar el contrato.

 

“No va a quedar tan explícito como quereíamos, pero se puede demandar en caso de que se detecte”, dice la viceministra de Minas.

 

7.  No es claro si MinMinas vuelve a tener voz en licencias ambientales

El viejo código incluía una lista de razones taxativas por las cuales se podía negar una licencia ambiental, que desapareció en el de 2010. Dos fuentes ambientalistas le dijeron a La Silla que temen que esta lista, que en principio suena inocente, permita que las autoridades mineras tengan voz en la decisión sobre licencias ambientales, algo que precisamente se intentó evitar con la creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que lidera Luz Helena Sarmiento.

 

Y dicen que no hay claridad sobre qué sucedería, por ejemplo, en caso de que la Anla tuviese argumentos técnicos y jurídicos para negar una licencia, pero que éstos no figuren dentro de las causales del código viejo.

 

En MinMinas aseguran que la división de competencias lo hace imposible, aunque un abogado ambiental confirmó que sí podría existir un área gris. 

 

Por: Andrés Bermúdez Liévano

http://www.lasillavacia.com/historia/estos-son-los-efectos-de-volver-al-viejo-codigo-minero-44135