Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El anuncio de un acuerdo sobre el primero de seis puntos de la agenda de los diálogos de La Habana, es en sí mismo un hecho positivo para la mayoría de los colombianos y especialmente para quienes viven en las áreas rurales y tienen que soportar el peso de la violencia del conflicto armado.

 

No puede analizarse aun el texto del acuerdo sobre el punto agrario, anunciado por el gobierno y las FARC, el 26 de mayo y titulado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”, simplemente porque no se conoce. Fue publicada una declaración sobre los temas del acuerdo, que corresponden en general a los fijados antes, en la agenda de los diálogos. La declaración hace una afirmación central según la cual lo “convenido en este acuerdo será el inicio de trasformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia. Está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo”.

 

Aunque por carecer del texto no se puede aún constatar si se corresponde con tan esperanzadora declaración, hay que tener en cuenta que en las circunstancias actuales la violencia del conflicto armado se ha convertido en un obstáculo para que la movilización de millones de personas conquiste la transformación de la realidad rural y agraria del país. Aunque hemos asistido a grandes marchas, mingas y paros campesinos e indígenas, su objetivo ha sido principalmente resistir frente a los TLC, la legislación del despojo o las violaciones de derechos fundamentales. Pero las comunidades rurales y los sectores populares urbanos necesitan el final negociado del conflicto armado para poder plantear al país y conseguir sacar adelante la transformación que se requiere.

 

Es por eso que saber que se llegó a un acuerdo sobre el punto uno de la agenda es una excelente noticia.

 

Desde luego hay aspectos negativos. Principalmente porque faltan tres puntos. Eso significa que la población rural va a continuar mientras tanto bajo fuego.

 

También significa que continúan avanzando propuestas lesivas del gobierno. Varias de ellas están ligadas a lo que en la temática de los acuerdos se denomina “formalización de la propiedad”. Bajo este nombre se incluyen figuras como la legalización de la compra-venta de cosa ajena  establecida en la ley 1182 de 2008 y maquillada en la ley 1561 de 2012. Adicionalmente el artículo 12 del proyecto de ley 164 de 2012 que se discute actualmente en la Comisión V del Senado y que permite transferir a grandes propietarios las tierras adjudicadas a colonos campesinos antes del 5 de agosto de 1994. Esta propuesta trata de burlar la sentencia C-644 de 2012 de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los artículos de la ley del Plan de Desarrollo que permitían transferir las tierras adjudicadas a los colonos campesinos.

 

Preocupan también las iniciativas gubernamentales para eliminar o reducir el alcance de las normas que protegen los territorios indígenas. El proyecto de ley de tierras del gobierno elimina la norma que reconoce el carácter inalienable de 12 reservas indígenas y la que protege los territorios de pueblos cazadores, recolectores o agricultores itinerantes; desconoce la presunción de vigencia de los resguardos coloniales con títulos debidamente registrados y exige una certificación del Ministerio del Interior para evitar que un territorio indígena o afro sea adjudicado como baldío y además deja de reconocer como tal las áreas de caza, pesca, recolección, protección ambiental y sitios sagrados que constituyen el hábitat de una comunidad indígena. Semejantes propuestas son inaceptables, más cuando los indígenas están bajo fuego.

 

La declaración sobre el punto uno de La Habana establece sin embrago puntos esperanzadores: se centra en el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo. Hay que esperar el texto para saber qué tanto va a incidir en ayudar a alcanzar estos objetivos, pero seguramente la movilización social que la finalización negociada del conflicto armado va a permitir, va a ser decisiva para que la esperanza se haga realidad.

 

Dice que “busca que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz”. En verdad esto es algo que dada la realidad de más de 16 millones de hectáreas aptas para la agricultura desperdiciadas, puede iniciarse incluso a partir de las leyes vigentes. Ha resultado patética la declaración según la cual no se tocarán los derechos de propiedad debidamente adquiridos. Lógico, la propiedad es una función social, según lo declaraba ya la anterior constitución desde la reforma de 1936 y según lo ratifica la constitución de 1991 que aclara que se trata de una función social y ecológica.

 

La no utilización de la tierra apta para la agricultura ha causado y causa un desastre ecológico, pues el agricultor sin tierra o con poca tierra cultiva las laderas y derriba los bosques. La gran reforma rural que restablezca la agricultura en las tierras aptas sería una gran regeneración ecológica.

 

Sobre las reservas campesinas lo que parece claro es que se va a aplicar la legislación vigente, atrapada por la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos.

 

Hay que tener en cuenta que las aspiraciones del campesinado colombiano están en el contexto de la movilización del campesinado mundial, que constituye la mitad de la población del planeta. En este momento las Naciones Unidas discuten la declaración de los derechos del campesinado, visibilizado y reconocido así como sujeto de derecho internacional. El 27 de septiembre de 2012 el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución sobre la “Promoción de los derechos humanos de los agricultores y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”, que reconoce la necesidad de disponer de un instrumento jurídico internacional con la forma de una declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos del campesinado.

 

La posibilidad de una transformación de la realidad rural nacional, se encuentra entonces en medio de un contexto internacional de reconocimiento de los derechos colectivos de indígenas, afros y campesinos y tiene altas probabilidades de abrirse paso ante la terminación del conflicto armado.

 

Recordemos que Colombia ni siquiera ha firmado el Convenio 141 de la OIT sobre la organización de los trabajadores rurales, cuando ya se avanza en Naciones Unidas hacia el reconocimiento de los derechos campesinos.

 

Falta en los temas acordados en La Habana la soberanía alimentaria. Ese ha de ser objetivo del futuro de todos los colombianos. Nuestro país importa cada día más alimentos y productos agropecuarios, cereales, soya, algodón y hasta papa y café. Los sectores petrolero, minero, energético tienen la prioridad y el sector financiero el mando de la economía. Los TLC establecen todo tipo de garantías para los inversionistas trasnacionales. Lo que la movilización de millones de colombianos necesita cambiar después de la firma de la paz entre el gobierno y las FARC, va a ser bastante.

 

Edición N° 00353 – Semana del 31 de Mayo al 6 de Junio de 2013