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A la opinión pública.- El Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, se congratula con respecto al reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conservar la altura de la cortina de la Presa El Zapotillo en su elevación original de 80 metros. 

 

 

Coincidimos con las y los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que esta altura no asegura a las poblaciones afectadas permanecer exentas de afectación alguna, aun cuando se instalen diques que contengan el agua de la presa, sin embargo, sí nos concede la razón en cuanto que prueba una vez más las grandes irregularidades en que las autoridades estatales y federales incurrieron para imponer este proyecto a costa de la población jalisciense.

 

Tan sólo nos gustaría enumerar algunas de ellas como muestra del autoritarismo que padecen las comunidades afectadas por presas, entre otros megaproyectos en cualquier parte de México:

 

1.- Los gobiernos federal y estatal nunca reconocieron el derecho de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo a una consulta previa, libre e informada y, cuando éstos organizaron sus propia consulta comunitaria y rechazaron rotundamente el proyecto de presa, dichos servidores públicos se mostraron indiferentes y por demás autoritarios a tal punto de agredir en varias ocasiones tanto a los mismos habitantes como a las organizaciones civiles que apoyan en la defensa.

 

2.- El proyecto de presa está plagado de errores garrafales que incluso pueden llegar a impedir que la presa llegue a llenarse. Se logró demostrar, con la ayuda de expertos, que el Manifiesto de Impacto Ambiental no contempla las condiciones de sismicidad de la zona donde se está construyendo la cortina, ni la porosidad de la roca, poniendo, por un lado, en riesgo a los pueblos afectados ante un posible rompimiento de la cortina y, por otro, al presupuesto público que pondría al servicio de compañías privadas, generando un elefante blanco más en nuestro país, a costa de los contribuyentes. Además, ha quedado por demás expuesta la inviabilidad económica del proyecto, dado que ha llegado a costar casi el doble de la cotización original, sin que se haya terminado todavía.

 

3.- La construcción de la Presa El Zapotillo se ha llevado a cabo sin la aprobación para el cambio de uso de suelo por parte del municipio de Cañadas de Obregón, en el cual se ubican los poblados y terrenos afectados. Este es ejemplo emblemático de cómo no se necesitan respetar las atribuciones de los tres niveles de gobierno ni el régimen municipalista del que tanto se alardea en nuestro país, siempre que haya participación de capital privado para modificar dichas interpretaciones.

 

4.- Pese a que los pobladores afectados por la presa se han negado una y otra vez a vender sus propiedades y terrenos para el desarrollo del proyecto, las presiones de que han sido objeto merecen un apartado especial debido a que ilegalmente se han expedido decretos de expropiación contra la mayoría de la gente, llegando a afectar con ello su calidad de vida e, incluso, provocado la lamentable muerte de habitantes de avanzada edad debido al estrés al que han sido sometidos. Se ha denunciado también cómo la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ha visitado a miembros del Comité de Hijos Ausentes de Temaca en el estado de California, Estados Unidos, con el fin de presionarlos para vender su patrimonio.

 

5.- La creación del nuevo poblado Talicoyunque, para reubicar a la población afectada, ha contado también con la negligencia e intransigencia de los distintos niveles de gobierno. Hasta hace poco, el poblado se seguía construyendo independientemente que se había ordenado desde el Tribunal Administrativo de Jalisco su inmediata cancelación, debido a que no contaba con los debidos permisos. Las máquinas trabajando día y noche representaban para los pobladores afectados un claro mensaje de intimidación hacia su lucha contra el proyecto, sumando además, la agresión que los guardias privados del lugar, que llegaron a agredir con armas de fuego al padre Gabriel Espinoza Íñiguez y al abogado Guadalupe Espinoza cuando éstos se presentaron en el sitio de la construcción, en aquel entonces ya cancelada para verificar que se estaba respetando la determinación del tribunal.

 

6.- La criminalización de la protesta social siempre presente en la lucha legítima por la defensa de los ríos y comunidades, se ve reflejada en la campaña mediática para denostar a miembros del movimiento y las órdenes de aprehensión contra compañeros que han venido participando en la lucha, a pesar que el gobierno federal y estatal se comprometieron a cancelar dichas averiguaciones. Cabe destacar que ninguna de nuestras denuncias, aunque bien fundamentadas, han hecho a las autoridades competentes deslindar responsabilidades por las probadas irregularidades del proyecto El Zapotillo.

 

Por lo anteriormente mencionado, el MAPDER exige a las autoridades competentes que acaten la resolución emitida por la Suprema Corte y se suma a las demandas del Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, a saber:

 

a) Que el proyecto de cortina a 80 metros se dé a conocer públicamente en la comunidad de Temacapulín. Desde 2008 la información que las autoridades nos han brindado ha sido engañosa y a cuenta gotas. Temacapulín pide ser ampliamente informado de las características de la obra, las condiciones de riesgo para el poblado en caso de ser rodeados por diques, las consecuencias para las y los campesinos que perderán sus tierras; sabemos los efectos negativos que se derivan de una cortina de concreto que represa ríos: mosquitos, sequía, contaminación de agua y peces, migración de fauna, además que dos pueblos milenarios quedarían sepultados por la obra hídrica. Cualquier construcción de un proyecto y de altura de la cortina, implica un rediseño y proyección de vida comunitaria a futuro, al cual todos los pueblos tienen derecho, a partir de la presentación del proyecto las comunidades decidirán lo mejor para su futuro.

 

b) Que se nos entreguen las minutas de las seis reuniones de trabajo que hemos sostenido con el Gobierno de Jalisco y distintas dependencias. Solicitud hecha mediante oficio el pasado 05 de agosto, de la cual aún no hemos recibido respuesta oficial.

 

c) La realización de una mesa jurídica para acordar como se ejecutará la resolución de la SCJN y cómo concluirán los procesos de expropiación y donde se acuerde la cancelación inmediata de los estudios de suelo que técnicos de la Comisión Estatal de Agua y la Comisión Nacional de Agua hacen en las inmediaciones de Temacapulín.

 

¡Ríos para la vida, no para la muerte!

¡Justicia para Noé Vázquez Ortiz!

¡Ríos vivos, pueblos vivos!

Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos

MAPDER