Perenco Guatemala Limited, subsidiaria local de la empresa petrolera franco-británica Perenco, extrae petróleo desde 2001 en el Parque Nacional Laguna del Tigre PLNT, departamento de Petén. En 2010, obtuvo una controvertida prolongación de quince años de su contrato petrolero dentro de esta área natural protegida.
Como parte del acuerdo de prórroga del contrato petrolero n°2-85, la zona ha sido fuertemente militarizada por un «batallón verde», creado con una contribución económica directa de la petrolera Perenco G.L. Desde 2010, el número de destacamentos militares presentes casi se ha triplicado y las comunidades se sienten reprimidas e intimidadas por los soldados.
El gobierno no garantiza los derechos fundamentales de los habitantes de la región, como el derecho a la educación y a la salud, o el acceso a títulos de propiedad para las tierras en las que viven –muchas veces tras migraciones forzadas. Al contrario, con el pretexto de que se trata de «invasores» del área protegida, desplaza de manera forzosa a las poblaciones locales que «interfieren» en el desarrollo de megaproyectos. Cuatro comunidades han sido desalojadas de la zona desde 2009 y podrían suceder once nuevos desalojos.
Las comunidades de los municipios de San Andrés, La Libertad y Las Cruces, del departamento de Petén, hacen un llamamiento a la solidaridad internacional para que cesen las violencias en su contra y se respeten sus derechos.
Comienzo de la acción: 08/08/2013
Petición. Señoras y Señores.
Con gran indignación hemos conocido las violaciones de derechos y destrucción de la naturaleza ocasionada por la explotación petrolera de Perenco Guatemala Limited en plena área natural protegida en el Parque Nacional Laguna del Tigre y expreso aquí mi preocupación en cuanto a la situación de derechos humanos de las comunidades de los municipios de San Andrés, La Libertad y Las Cruces, en el departamento de Petén.
Frente a esta situación, me solidarizo con las comunidades y exijo:
1. Que cesen la militarización y la instalación de nuevos destacamentos militares y que se retiren los destacamentos ya instalados, en conformidad con los Acuerdos de Paz firmados en 1996;
2. Que cesen los actos de intimidación y las presiones en contra de miembros de las comunidades, así como las políticas de desalojos forzosos de las cuales son víctimas;
3. Que se realice un estudio de impacto social y ambiental independiente en el departamento de Petén, para determinar precisamente los daños al medio ambiente y las violaciones a los derechos sociales, económicos y culturales de las poblaciones, por la explotación petrolera del contrato 2-85 de Perenco Guatemala Limited;
4. Que las autoridades de Guatemala respeten los tratados internacionales relativos a los derechos humanos, en especial, el Convenio 169 de la OIT, relativo a los derechos de los pueblos indígenas y tribales en los países independientes, el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, a fin de garantizar el derecho de las poblaciones;
5. Que las comunidades obtengan una seguridad jurídica sobre sus tierras sin obligarlas a firmar “acuerdos de cooperación” lesivos a sus intereses;
6. Que al aplicar la Ley de Áreas Protegidas de 1989 se tome en cuenta la protección de las personas y el respeto de sus derechos económicos, sociales y culturales en dichas zonas, de conformidad con el derecho internacional;
7. Que sea suspendido el contrato petrolero 2-85 de Perenco Guatemala Limited. Que sean suspendidos los otros megaproyectos de la zona: megaproyecto turístico IV Balam, 5 represas hidroeléctricas, 5 nuevas concesiones de exploración y explotación petrolera, y las concesiones para monocultivos intensivos en el área. Las comunidades afectadas deben ser consultadas y su opinión tomada en cuenta respetando su derecho a la consulta previa y su derecho a participar en la elaboración de políticas de desarrollo garantizados por los Acuerdos de Paz de 1996 y reconocidos por la Constitución de la República de Guatemala y los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala.
Como ciudadana,-o, pretendo permanecer vigilante a esta injusta situación. Agradezco me informe acerca de lo que piensa hacer al respecto.
A la atención de:
• Sr. Otto Pérez Molina, Presidente de Guatemala
• Sra. Roxana Baldetti, Vice-Présidente
• Sr. Erick Archila, Ministro de Energía y Minas
• Sr. Erick Cabrera, Secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)
• Sra. Claudia Paz y Paz, Fiscal general
• Sr. Gabriel Medrano, Presidente de la Corte Suprema de Justicia
• Sr. César Barrientos, Presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia
• Sr. Jorge de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos.
http://site.adital.com
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