La Coordinación Agrominera del Noroccidente y Magdalena Medio, espacio que reúne diferentes organizaciones campesinas y mineras que se encuentran en paro nacional agrario minero y popular desde el 19 de agosto de 2013, Comunica, Denuncia y Exige:
Los campesinos colonos que llegamos a tumbar monte en la región del
magdalena medio con ocasión de lograr un pedazo de tierra para vivir
dignamente con nuestros hijos, partimos de la necesidad de organizarnos
bajo principios como la solidaridad y la defensa del territorio como
consecuencia de las experiencias ya vividas de persecución y represión en
nuestros lugares de origen. De esto ya hace más de 30 años.
Esta misma región que acoge al trabajador incansable de la tierra, es la
delimitada por la fuerza pública como “zona roja” o “zona de orden público”
para los años 80´s. partiendo de la existencia de guerrillas en este mismo
territorio. Lo anterior, sin mencionar el furor del paramilitarismo
promovido por agentes del estado miembros de la quinta y la decimocuarta
brigada de ejército nacional, además de lo que se conoció como “la red de
inteligencia N°07 de la armada nacional” en Barrancabermeja.
En los años finales de los 90´s y principios del nuevo siglo, la
penetración de paramilitarismo acompañado por el ejército nacional produjo
en la región del valle del río cimitarra una serie de masacres, detenciones
ilegales, ejecuciones extrajudiciales, atentados, amenazas, torturas,
acciones todas comunes en campos y ciudades de un país que veía como
mediante la sangre se imponía el modelo de estado paramilitar.
Estos campesinos organizados decidimos resistir al despojo de nuestra
identidad y de nuestro territorio con diferentes figuras civiles de
protección, entre ellas se encuentran los campamentos de refugio
humanitario.
Esta figura nace del sentir que tenemos los campesinos como defensores de
derechos humanos, de que estos son conquistas a exigir y defender. Por ello
el campamento de refugio humanitario es una herramienta eminentemente civil
que reclama su respeto y garantía al estado y sus agentes y el respeto a
los demás actores armados.
Estos campamentos de refugio humanitario se han declarado tanto en zonas
rurales como en zonas urbanas del nororiente colombiano y tienen un
carácter de temporales, es decir, que su duración y ubicación depende del
cese de las causas que llevaron a las comunidades a declararse en dicha
figura
El campamento de refugio humanitario es declarado por un conjunto de
comunidades que se encuentran en medio de una crisis humanitaria producida
por el riesgo o la grave violación de sus derechos fundamentales y legales.
La causa de su declaratoria es la exigencia de garantías y el respeto de
sus derechos, consagrados todos en la constitución y el bloque de
constitucionalidad.
La connotación de refugio no se refiere a la figura del desplazamiento
forzado, sino a la de autoprotección y amparo del derecho internacional de
los derechos humanos.
Las comunidades del nordeste antioqueño, primero en Segovia, luego en
Barbosa, en donde nos congregamos con comunidades campesinas de muchas más
subregiones de Antioquia. Ejerciendo nuestro derecho legítimo a la protesta
dentro del paro nacional agrario minero y popular y ante la represión y los
desmanes de la fuerza pública nos hemos declarado en Campamento de Refugio
humanitario.
*Denunciamos:*
Hoy vemos con las acciones registradas, como de manera descarada y con un
trato de guerra el gobierno nacional con su policía junto con la
administración municipal de Barbosa Antioquia, viola descaradamente su
obligación de respeto a los derechos humanos de los protestantes que nos
hemos asentado en el polideportivo del municipio de Barbosa e incumple su
deber de garantía para el ejercicio de los derechos humanos de las
comunidades campesinas.
Mientras el secretario de gobierno departamental Santiago Londoño, nos
manifiesta que el campamento de refugio humanitario “genera riesgos
innecesarios” y hay que desmontarlo para instalar la mesa de diálogos en
Antioquia; El secretario de gobierno del municipio de Barbosa Edgar Augusto
Gallego Arias, el subsecretario de espacio público Rogelio Cardona y el
señor Nanino Hernández quien dijo ser integrante de la Asociación de
Víctimas de Barbosa fueron sorprendidos por los manifestantes cuando
pagaban a las personas para que abandonaran el Refugio humanitario,
infiltrando gente a su interior, luego llevando a las personas al rompoy
por donde transitan los buses intermunicipales para detener dichos
vehículos y obligarlos a llevar a las personas engañadas. Estos sujetos se
encontraban acompañados por más integrantes de la administración pública y
sujetos sospechosos de civil.
Observando que esta actuación de los funcionarios públicos es irregular
desde todos los puntos de vista y que merece ser investigada, miembros de
la guardia campesina condujeron a los mismos al interior del campamento de
refugio, para denunciar públicamente sus actos y de manera inmediata
comunicar al defensor regional del pueblo la situación y hacerle entrega de
los mismos con el respeto de los derechos de los funcionarios infractores.
Esto se dio de manera inmediata a la llegada del Defensor a eso de las 6:30
pm de ayer 2 de septiembre.
Como colombianos repugnamos estas actuaciones que constituyen clara
violación a la obligación que tiene el estado colombiano de respetar los
derechos humanos de todos sus habitantes. Y nos preguntamos en qué se está
gastando la administración municipal de Barbosa los impuestos y
contribuciones de sus habitantes?.
*Es pues que solicitamos:*
Nuevamente a la Defensoría del Pueblo su acompañamiento e intervención en
favor del respeto y la garantía de la totalidad de los derechos de los
campesinos y mineros que nos encontramos asentados en el campamento de
refugio humanitario. Esto con el fin de evitar más agresiones y atropellos
al derecho a la protesta por parte de funcionarios con armas o con dinero
del Estado Colombiano.
*Y Exigimos:*
A la Fiscalía general de la nación que inicie investigación penal por el
delito de peculado en contra de los funcionarios de la alcaldía del
municipio de Barbosa envueltos en los sobornos realizados miembros del
campamento del refugio humanitario.
A la Procuraduría Regional que inicie acciones disciplinarias en contra de
los mismos funcionarios, teniendo en cuenta que estas actuaciones son
propias de dinámicas de corrupción reprochables a todas luces en el
ordenamiento legal y constitucional colombiano.
A la contraloría general de la república inicie actuaciones enfiladas a
ejercer su control fiscal sobre los recursos que dispuso el secretario de
gobierno del municipio de Barbosa para el soborno de campesinos y mineros
protestantes que se encontraban concentrados en el campamento de refugio
humanitario.
*Campamento de Refugio Humanitario*
*Barbosa – Antioquia*
*EXIGIMOS CON ÍMPETU SE NOS RESPETE Y SE CUMPLA LO QUE EN EL PAPEL APARECE
DESCRITO COMO ESTADO SOCIAL DE DERECHO.*
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