El Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC condena el tratamiento de guerra que el gobierno nacional da a la protesta y movilización social y denuncia ante la opinión pública y la comunidad internacional el uso de armas letales en contra de los manifestantes en el corregimiento de Mojarras, Municipio de Mercaderes, Departamento del Cauca, sobre la vía Panamericana, en el día de ayer jueves 5 de septiembre de 2013.
Todavía no sabemos la gravedad de los hechos pero tenemos conocimiento confirmado de 1 campesino muerto y 28 heridos con bala; el argumento de garantizar la transitabilidad en las vías, no son un indicador de democracia y de respeto a los derechos humanos por parte del Estado Colombiano sino, por el contrario, un indicador de militarización de la vida civil y de pérdida del derrotero constitucional de respeto a la vida y a la integridad personal como derecho fundamental.
No se puede actuar contra una movilización social como si fuera un combate militar. Se debe respetar a la población civil, y los principios de distinción entre y de proporcionalidad. La Fuerza pública no puede actuar en territorios indígenas, campesinos, afrocolombianos, rurales y urbanos, como un ejército de invasión.
El gobierno del presidente Santos ha dicho que se dispone a trabajar políticas públicas para el campo colombiano, de manera concertada con campesinos y demás sectores agrarios; pero luego de dicho esto ante el país, pasa a tratar de manera brutal a quienes exigen sus derechos, negándoles su humanidad y su dignidad. Mal precedente para iniciar un diálogo con el agro colombiano, que de esta manera deja un claro mensaje ante la opinión pública nacional en el sentido que lo que busca el Gobierno nacional es acabar con la movilización social e impedir transformaciones en la política pública y en el modelo de desarrollo.
La vida no se negocia en las mesas instaladas por el gobierno nacional ni en ningún otro escenario. La vida es sagrada. Los derechos fundamentales son los mínimos constitucionales que garantizan que vivamos dentro de un Estado Social de Derecho y no dentro de un Estado de hecho.
Llamamos a las organizaciones sociales del país a que trabajemos por el logro de la Unidad Popular, que defendamos de manera fuerte y decida nuestros derechos y a que sigamos ejerciendo la movilización social y la protesta, como única alternativa posible que
nos queda ante la prepotencia, imposición y actuación inconstitucional de los sectores dominantes en el país.
En el Cauca exigimos a la Gobernación del departamento, a la defensoría del pueblo, a las alcaldías y las personerías de los municipios del Sur del Cauca y Norte de Nariño para que cumplan con sus funciones y garanticen la vigencia de los derechos humanos y la Constitución nacional en sus respectivas jurisdicciones. El Gobierno nacional no puede convertir nuestros departamentos en escenarios de guerra ni a las poblaciones en sus objetivos militares.
Popayán, septiembre 6 de 2013
CONSEJERIA MAYOR CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA-CRIC
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