Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Que la Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Medellín, decida compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que investigue los posible nexos del expresidente, Álvaro Uribe Vélez, con paramilitares, vuelve a poner en el ojo del huracán a quien llegó a la Casa de Nariño, con el apoyo de millones de colombianos que lo llevaron a la Presidencia no para que gobernara en pro de la consolidación de un proyecto de nación incluyente, sino para que mandara sobre una gran extensión de territorio, en pro de su propio beneficio y el de una reducida élite.

 

Ante la decisión jurídico-política, respaldada por los magistrados Rubén Darío Pinilla Cogollo y María Consuelo Rincón Jaramillo, el exPresidente salió a defender su vida pública. Y para ello, contó con el respaldo de varios medios que abrieron sus micrófonos para que nuevamente el ex mandatario desconociera y por conducto de su prestigioso abogado, amenazara con demandar por prevaricato al magistrado Pinilla, no sólo por la ponencia misma, sino por un comentario que al parecer hizo en la lectura de la misma.

 

Pero más allá del nuevo rifirrafe de Uribe con la justicia y del importante hecho jurídico, hay que decir que son varios los exparamilitares que señalan que el ex presidente Uribe respaldó su causa y apoyó las acciones de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Baste con recordar al ex paramilitar, Pablo Hernán Sierra, cuando señaló “que Uribe es igual de bandido a mí”1, para imaginar la dimensión de las acusaciones y el complejo escenario político y jurídico sobre el cual se espera que proceda la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para investigar a AUV.

 

Ante la complejidad del hecho jurídico y político, los integrantes de la Comisión de Acusaciones siguen guardando silencio. Así entonces, es posible que la justicia colombiana jamás logre demostrar que efectivamente el ex gobernador de Antioquia y ex presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, aupó y estableció relaciones con jefes paramilitares y coadyuvó, políticamente, a la consolidación de la empresa criminal más exitosa de los últimos años en Colombia: el paramilitarismo.

 

Es más, es posible también que nos quedemos esperando que la CPI lo procese ante el evidente silencio de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para investigarlo y procesarlo, si es el caso, por paramilitarismo y por la responsabilidad directa o indirecta que pueda tener en la sistemática práctica de los ‘falsos positivos’.

 

De igual manera, nos quedaremos esperando que la Fiscalía General de la Nación establezca conexiones entre lo expresado por confesos jefes paramilitares y la demostrada cooptación paramilitar del Estado, la penetración de instituciones como el antiguo DAS, notarías y el propio Congreso de la República, entre otras instituciones, y el paso de AUV por la gobernación de Antioquia y por la propia Presidencia de la República.

 

Nadie puede ser condenado por guardar simpatías con el proyecto ideológico, político, social y económico que encarnó el paramilitarismo. Pero como mínimo, se espera que sectores sociales y en general quienes validan y aceptan el discurso humanista, rechacen estas conductas de apoyo a un proyecto que sirvió a los intereses de quienes desde sectores de poder económico, impusieron un modelo de desarrollo rural que, basado en la explotación minera y el impulso de proyectos agroindustriales, tiene como objetivo principal someter, cooptar o dado el caso, eliminar física y culturalmente a indígenas, afrodescendientes y campesinos.

 

Voceros de varios sectores de poder político y económico dirán que ante la labilidad del Estado, el actuar paramilitar es la expresión del cansancio ante los desmanes de una guerrilla lumpenizada y degradada. Pero eso no es todo cierto. Lo claro es que el paramilitarismo fue el brazo armado de sectores de derecha que necesitaban imponer un modelo de desarrollo rural acorde con sus intereses, fincados estos en la producción de agro combustibles y explotación de materias primas, como oro, coltán y madera, entre otros recursos.

 

A la luz de la presunción de inocencia, consagrada en la Carta Política, todo lo dicho contra AUV se queda en meros señalamientos, hasta que no sea vencido en un juicio justo y respetado el debido proceso. Pero más allá, lo que sí es claro es que su ética y su civilidad, socialmente están comprometidas. Y eso, al final, debería de servir a la sociedad colombiana para que jamás vuelva a elegir como Presidente a un político con el talante ético, pero sobre todo, con esa masculinidad premoderna con la que mandó en Colombia durante ocho años.

 

Y en esa dirección, existen varios hechos que dejan en entredicho su ética y su condición como demócrata. El primero de ellos, la motivación central para hacerse con el poder político, centrada en la búsqueda de vengar la muerte de su padre, asesinado, al parecer, a manos de la guerrilla de las Farc; y el segundo hecho está asociado a dos expresiones con las que claramente dejó ver su talante belicoso y profundamente contrario al funcionamiento del Estado social de

derecho: “…donde lo vea le doy en la cara marica…” y “General, acábelos y por cuenta mía”2.

 

Que la justicia logre demostrar o no los nexos de AUV con el paramilitarismo y su responsabilidad en la violación de los derechos humanos durante su periodo presidencial, es asunto que debe preocupar a quienes de manera directa interesa develar las identidades de los actores intelectuales que están detrás de los hechos delictivos cometidos por paramilitares y los que se perpetraron contra la Corte Suprema de Justicia, periodistas y académicos (las llamadas ‘chuzadas’ del DAS). Pero lo que sí debería de ser una preocupación para millones de colombianos, es que los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares aún no reciben la condena social (la sanción moral) que se espera que gran parte de la sociedad colombiana exprese.

 

Es claro que AUV y millones de colombianos, entre ellos empresarios y el actual Presidente Santos, guardan simpatías y apoyan, desde la legalidad, proyectos económicos y el modelo de desarrollo rural que el paramilitarismo ayudó a profundizar a través de la violencia. Y eso no los convierte en paramilitares. Eso está claro. Pero sí los convierte en claros aupadores de un proyecto de Nación que violenta la diferencia, excluye a quienes tienen proyectos de vida distintos a los que se promueven desde instancias de poder local, articuladas a las lógicas de la globalización económica. Por ello, la ética, la moral y la responsabilidad social empresarial, de quienes apoyan y buscan profundizar dicho modelo económico, estarán siempre comprometidas.

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

 

1 Véase el testimonio en la siguiente URL: http://www.youtube.com/watch?v=oxSrbpuRkzY&feature=youtu.be

2 En referencia a un general de la Policía, a quien AUV le dio la orden de acabar con los sicarios de la Oficina de Envigado.