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Para el Estado mexicano, es necesario imponer la reforma educativa con un mínimo consenso social porque repercutirá en su nivel de credibilidad ante los inversionistas extranjeros, afirma el investigador y doctor en Educación Hugo Aboites. Los profesores tratan de defender las conquistas laborales y educativas logradas en 80 años, pero sus manifestaciones en la ciudad de México, iniciadas el 19 de agosto, “no son la última batalla contra la reforma”, afirma Enrique Ávila Carrillo, profesor de la Escuela Normal Superior.

 

 

El empeño del gobierno en imponer la reforma educativa, coinciden Ávila y Aboites, se debe a los compromisos adquiridos por los gobiernos federales con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los organismos empresariales.  “Quizá ahora no se puede echar atrás la reforma al artículo tercero porque la correlación de fuerzas no es suficiente”, considera Ávila, pero los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), especialmente los oaxaqueños, “no van a tirar la toalla”.

 

“El paquete general de reformas se colocó para poner a México en posición de atraer capitales. Si el gobierno se atora en la primera, la educativa, que se supone que es sencilla –porque el discurso de ‘mejorar la educación’ atrae opiniones positivas- y no tan importante como la hacendaria y la energética, envía la imagen de que su programa estructural no podrá realizarse”, valora Aboites, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 

Quienes encabezan el gobierno “están empeñados en darles el control de la educación a los privados, y eso se demuestra con que Sylvia Schmelkes, la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, fue parte del organismo empresarial Mexicanos Primero, al lado de Emilio Azcárraga, Lorenzo Servitje y todos los ricos, que ahora resulta que les preocupa mucho la educación”, denuncia el profesor normalista. Lo que está en juego para los profesores es defender los derechos laborales que ganaron durante 80 años, “desde la época de Vasconcelos, y que se borran ahora con la mano en la cintura”, indica Ávila. Además, “la educación está dejando de ser pública a pasos agigantados”, señala.

 

La corrupción es otro motivo detrás del empeño gubernamental en implantar la reforma, agrega Ávila Carrillo. “El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es sinónimo de corrupción. Ellos ven al sector como un botín de cargos políticos y grandes negocios”, indica. Tan sólo en las pruebas Enlace, el gobierno gastó 7 mil millones de pesos “que se van a empresas, al Ceneval (Centro Nacional de evaluación para la Educación Superior) y a la imprenta del primo del funcionario”, ejemplifica. “Eso se refleja de inmediato en la calidad de la educación”.

 

Modelo educativo, érratico, individualista y privatizador

 

Con la evaluación y las reformas, “se trata de adelgazar la planta de maestros, y que las relaciones laborales pasen a ser simplemente administrativas con el empleador, sea éste un municipio o una empresa”, resume Ávila, ex preso político durante el movimiento estudiantil de 1968. “Lo mismo, pero con distintos ritmos, ya sucedió en Finlandia, España, Grecia e Italia”.

 

La intención de esta reforma no es solamente quitar derechos laborales a los profesores, abunda Aboites, sino fortalecer un modelo educativo contrario al espíritu del artículo tercero constitucional: “Se trata de formar capital humano, fuerza de trabajo, y no gente consciente capaz de resolver sus problemas y cumplir sus compromisos personales, familiares y con sus comunidades. Eso es lo que habría que decirle a los padres de familia”.

 

Quienes buscan afianzar el nuevo modelo educativo y laboral, indica el profesor normalista, son un grupo “que desde hace 70 años se dedica a destruir la educación pública, con planes y programas como el Plan 11 años –del que nunca supimos los resultados-, la reforma conductista, el constructivismo y hasta en un momento, nos prohibieron reprobar a los alumnos. Son ellos los que han destruido la educación, no los profesores”, afirma.

 

El gobierno pretende afianzar un modelo individualizador que está en marcha y que tiene ejemplos en “el Acuerdo por la Calidad de la Educación y la Carrera Magisterial, hechos junto con Elba Esther Gordillo”, puntualiza Ávila. “En esta reforma se habla de que los directores de las escuelas serán líderes y tomarán cursos de eso. Eso es la pedagogía nazi, el principio del dirigente y del ultraindividualismo”, indica el profesor Ávila.

 

Oferta-demanda, en vez de alumnos

 

El modelo de pagar a los profesores de acuerdo a los resultados de los exámenes suyos y de los alumnos (que se tratan de llenar bolitas, no de razonar, aclara Ávila) cambiará la dinámica escolar. “De una relación humanística, pasará a una de oferta-demanda; no se luchará por lo colectivo, sino por la individual. Como a las escuelas se les restará el gasto si hay malos resultados, y de eso dependerá el salario, habrá corrupción”. Ávila indica que no es una afirmación al aire, pues eso ya se practica en algunas de las pruebas que se hacen: “El día que sé que hay evaluación, mejor le digo a mis alumnos más ‘burros’ que no vengan, y le pido prestada a la maestra Petrita algunos alumnos buenos. Eso incluso se hace entre escuelas”, afirma.

 

Ávila insiste en que los docentes no se niegan a la evaluación, “sino a las tonterías que se le ocurren al gobierno. Imagínate, con todos los años de servicio que tengo, ahora vendrá un muchachito recién egresado de una escuela patito, que nunca en su vida ha dado clases, a vigilarme y evaluar”, ejemplifica el autor de libros de texto como México por su historia, de los orígenes a la independencia.

 

La privatización que los profesores anuncian que se desliza en la reforma tiene antecedentes. Por ejemplo, en muchas escuelas ya son los padres los que deben organizarse para pagar jergas, gises, pizarrones, internet y teléfono cuando hay, relata el profesor Ávila. “Además, en las escuelas de tiempo ampliado se deben pagar 20 pesos diarios por alumno. Súmele a eso las cuotas, las fiestas y los uniformes, y entonces el gobierno poco a poco se deshace del compromiso que tiene con la sociedad”.

 

Polvorín

 

“Lo que están haciendo en el gobierno es proteger la podredumbre que generaron en los últimos decenios. Vendieron la nación, rebajaron los niveles de educación al mínimo y concluyeron que ya no funciona por los ‘privilegios’ de los profesores –que son tener sindicato, aguinaldo de 40 días y los tres meses pagados por embarazo”, exclama Ávila.

 

El gobierno buscará una salida política al problema que le generan las movilizaciones, pues necesita presentar una imagen de eficiencia y capacidad de liderar. “Por eso no puede reprimir con toda la fuerza del Estado, no es una señal positiva. ¿Quién quiere invertir en un polvorín?”, precisa Aboites, quien fue candidato a rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. “Al gobierno le conviene una imagen de que tiene capacidad de dar respuestas más tersas, pero que está dispuesto a usar la fuerza”.

 

Lo que podemos esperar es que los profesores de la Coordinadora “presionarán, buscarán una salida política, lo pensarán y luego se retirarán a organizarse y establecer nuevas reglas, pues la sección 59 en Oaxaca se dedicó a ocupar las escuelas estos días”, informa el  investigador Ávila Carrillo.

 

Los docentes, específicamente los integrantes dela sección 22 de Oaxaca, “se retirarán ordenadamente cuando decidan hacerlo. No tirarán la toalla, como los de Michoacán”, valora Ávila. “Ellos tienen vida en las comunidades, a través del tequio. Regresan y tienen el respaldo y respeto de sus pueblos. No es por nada que tienen el control”.

 

Ávila considera que es muy difícil echar atrás la reforma al artículo tercero, pues “la correlación de fuerzas no es suficiente, y si Peña Nieto lo abroga, los legisladores se le echarán encima”, valora. “Quizá lo que sí se logre es reformar la reforma”, aclara.

 

Una hipotética retirada sin echar abajo las reformas, considera Ávila, no debe ser vista como un fracaso magisterial, pues “el simple hecho de que hayan estado aquí es una victoria. El gobierno creía que con encerrar a Elba Esther Gordillo en un hospital no iba a haber problema”, valora el docente, quien recuerda que una movilización similar tuvo lugar a principios de los ochentas, y en ella la sección 22 consiguió un aumento salarial para los profesores de cerca del 30 por ciento. “Pero eso las televisoras no quisieron verlo”.

 

Respecto a las consignas lanzadas por algunos profesores oaxaqueños contra su secretario general, durante la marcha del 18 de septiembre, destacadas por diversos medios de comunicación como expresiones de ruptura interna, Ávila advierte que son expresiones que se superarán sin llegar a mayores incidentes. “Oaxaca pertenece a la Coordinadora desde 1982, y desde entonces tiene el control. Eso no es por obra y gracia del espíritu santo. Por algo es la joya de la corona”, finaliza.

 

Desinformemonos 

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