Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

En la actualidad somos 85.000 Madres Comunitarias, Fami, Sustitutas y Tutoras que ejercemos esta labor. El Estado colombiano nos delegó hace más de 25 años la responsabilidad de cuidar a los niños y niñas de la población más pobre que no pudiera costear el cuidado y la educación de sus hijos de cero a cinco años.

 

Cuidamos diariamente 14 niños o niñas en nuestras casas que han sido adaptadas como salones, cocinas e instalaciones escolares, donde la jornada laboral a veces excede las 8 horas diarias. Hemos venido cuidando de millones de niños que ahora son hombres y mujeres de este país. Sin embargo, desde entonces el Gobierno nacional no nos ha reconocido como trabajadoras, sino como mujeres voluntarias, título que nunca hemos aceptado y que la Corte Constitucional, en defensa de nuestros derecho pidió derogar, para que se nos reconozca como trabajadoras con derechos en la Sentencia T-628 del año 2012.

 

Sin embargo, el caso es aún más grave, porque durante todos estos años que el Gobierno Nacional no quiso reconocernos como trabajadoras, se nos negó el derecho a cotizar en pensión, en riesgos laborales, entre otros, negándosenos los derechos estipulados en la constitución, así fuéramos trabajadoras en la práctica porque cumplimos un horario, recibíamos un pequeño salario, por debajo del mínimo, y tenemos desde entonces un patrón que es el mismo Gobierno a través del ICBF.

 

Ya se ganó una batalla, y es que el Gobierno nos dé una bonificación laboral equivalente al salario mínimo, pero aún no tenemos los derechos plasmados en las leyes, de cualquier trabajador en Colombia. Hemos exigido que el Gobierno nos formalice laboralmente con una estabilidad clara, con contrato a término indefinido y preservando los programas que nosotras atendemos y nuestros derechos. 

 

Pero la mayor petición que hacemos en este momento, es que el Gobierno Nacional pensione a todas las Madres que ya están por encima de los 55 años o tengan enfermedades adquiridas durante el ejercicio de su labor, porque no es posible, que después de haber trabajado para el Gobierno 10, 15 o 20 años, y sin posibilidad de cotizar, ellos nos quieran dar un subsidio de vejez de $220.000 pesos, según el Decreto 605 de 2013. Esto es un insulto considerando que hemos dado nuestros días, nuestra casa y nuestras vidas al cuidado de la niñez colombiana, y que hemos aportado mucho más a esta sociedad que cualquier trabajador en Colombia. Pero se nos siguen vulnerando nuestros derechos, porque el Señor Presidente, Juan Manuel Santos, no se quiere sentar con nuestras organizaciones a dar una solución pensional a nuestras madres que están enfermas y con una edad muy avanzada para trabajar. Exigimos del Gobierno Nacional una pensión, ya que fue nuestro empleador directo quien nunca realizó nuestras cotizaciones a pensión y por esto es que históricamente hemos sido discriminadas. 

 

El 10 de agosto del año 2012 la Honorable Corte Constitucional nos da la razón en nuestra tesis sobre las injusticias en materia laboral que se estaban realizando con las Madres Comunitarias, ordenando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “que, de forma inmediata, INICIE, LIDERE y COORDINE un proceso interinstitucional y participativo de diseño y adopción de todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar que, de forma progresiva pero pronta, las madres comunitarias de tiempo completo del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar devenguen al menos el salario mínimo legal mensual vigente para entonces”.

 

En la discusión del Presupuesto General de la Nación para el año 2013 pedimos al Gobierno Nacional en cabeza del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la ampliación del presupuesto de 200mil millones de pesos a 800mil millones para cubrir los rubros que implicaban el pago del salario y la formalización laboral de Madres Comunitarias, Fami y Sustitutas; sin embargo, el Ministro de Hacienda se opuso insistentemente, por lo se afectó la implementación de la Sentencia de la Corte, y no todas estamos recibiendo la bonificación similar al salario mínimo.

 

Con el Artículo 36 de la Reforma Tributaria, Ley 1607 de 2012 se legisla desarrollando esta ordenanza de la Corte en favor de nosotras, Madres Comunitarias y Sustitutas, otorgándoles una beca equivalente al Salario Mínimo, pero queda aún pendiente la formalización laboral para el año 2014. Sin embargo, el I.C.B.F. interpretando la ley a su antojo, no ha reconocido el salario a las Madres Sustitutas hasta la fecha. Por este motivo se ha instaurado una acción de tutela en la ciudad de Cali con una Madre Sustituta para que se reconozca la retroactividad del salario desde el mes de enero a julio del 2013. Pero también para que este salario no sea discriminado por el número de cupos que tenga la Madre, sino que independiente del número de cupos que tenga, le sea reconocido el salario mínimo.

 

En el Pliego de peticiones que estamos apoyando se están exigiendo tres temas gruesos: 1. La formalización laboral con estabilidad, con contrato a término indefinido y donde se respete la figura de las asociaciones de padres y madres de familia. Los lineamientos de la formalización laboral deben ser construidos con la presencia y concertación de las organizaciones de madres para que se tenga en cuenta las particularidades de cada programa. 2. La nivelación presupuestal de las modalidades tradicionales que ellas atienden frente al presupuesto que tienen los CDI’s en la Estrategia de Cero a Siempre. Mejoras en materia de dotación, alimentación, ración y personal de ser necesario. 3. Una pensión digna, no un subsidio de vejez que reivindique todo su tiempo laborado, pero que reconozca a su vez las semanas cotizadas de las Madres que lo hayan hecho. 

 

Por otro lado existe incertidumbre frente al Registro nacional de oferentes de Primera Infancia, que ha sido abierto por el ICBF para ordenar, pero también para tener control fiscal, territorial y de oferta de servicios de atención a la primera infancia. Este Registro solicita requisitos contables y técnicos por medio de internet, herramienta que ha causado problemas para las Asociaciones de padres y madres que tienen como obligación registrarse, pero que aún no están familiarizados con esta herramienta. También surge la duda sobre los costos del contador para la realización de algunos requisitos, el cuál según la Directora Nacional encargada del ICBF debe ser asumido por las asociaciones. Sin embargo la duda principal que surge sobre todo este tema es qué tan perjudicial será para el entorno comunitario de los Hogares este registro, ya que el ICBF adjudicará a dedo quienes podrán brindar la atención y quienes no, poniendo en peligro a los Hogares tradicionales, ya que no es un secreto la política nacional del ICBF de acabar con las Madres Comunitarias y convertir el cuidado de la primera infancia en un negocio para operadores privados. Por ende se está solicitando al ICBF suspender inmediatamente el Registro Nacional de oferentes hasta que se aclare la protección de las asociaciones de padres y madres de familia, pero también que se dé la capacitación técnica de los usos de las herramientas de internet para poder registrarse. 

 

Por estos motivos nos encontramos y seguiremos en un paro nacional hasta que nos den solución a nuestros problemas y exigencias.

 

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