Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Denuncia nacional e internacional. Ya es sistemático que los gobiernos en Colombia solucionen los conflictos sociales por medio de la represión y la violencia Estatal, lo cual se ha venido profundizando en los últimos tres períodos de gobierno equivalentes a ocho años de ALVARO URIBE y tres de JUAN MANUEL SANTOS.  Dicha violencia no solo es injusta por provenir de las clases dominantes contra el pueblo, sino además por venir ligada a múltiples violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

 

 

El caso en Remolinos en el departamento de Risaralda, donde está concentrada una gran parte de la manifestación de los indígenas, no es la excepción.  En ejercicio de la autonomía territorial y autoridad propia reconocida según la Jurisdicción Especial Indígena, los días 17 y 18 de octubre fueron retenidos seis (6) militares debido a que fueron descubiertos infiltrando la movilización; incluso uno de los soldados retenidos fue encontrado portando un bastón de mando de la autoridad indígena, de acuerdo a lo reportado por medios nacionales de comunicación.  Los militares han sido entregados poco a poco y en perfecto estado de salud a la delegación de las Naciones Unidas y a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

 

En horas de la madrugada del 19 de octubre, como una medida de retaliación de la fuerza pública, el Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- de la Policía incursionó violentamente a los campamentos de los indígenas en Remolinos donde dañaron sus carpas, plásticos, quemaron la comida, se robaron las ollas, los utensilios de cocina y las provisiones alimenticias que no alcanzaron a incinerar y además, golpearon indiscriminadamente a los manifestantes sin importarles género o edad.  Esto se constituye en una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario por la “destrucción de bienes civiles”.

 

Según un comunicado emitido el día de hoy por la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- a las 6:30 a.m. llevaban un saldo de aproximadamente 30 heridos y 15 detenidos.  No obstante, en horas de la tarde, el encargado de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Risaralda -CRIR-, confirmó que había treinta indígenas detenidos arbitrariamente, los cuales fueron llevados al Comando de Policía del corregimiento de Viterbo – Caldas, donde posteriormente fueron liberados. Denunciamos también que entre los prisioneros estaban niños y niñas.  Dadas las amenazas de judicialización proferidas por el gobierno nacional y el Gobernador de Risaralda, preocupa que continúen procesos jurídicos o penales en contra de las y los compañeros reseñados.

 

Además, el Gobernador Indígena del Chocó que se encuentra en Remolinos, reportó la desaparición de cuatro compañeros, entre los cuales se encuentran dos menores de edad: LUIS CARLOS ARCE VITUZAY de 12 años, JHON RONALDO TEYURA ARCE de 15 años, HECTOR CAMPO MURILLO de 18 años y EVELIO BANDADA ARCE de 27 años.

 

Preocupa la posición política asumida por el Defensor del Pueblo de Risaralda, recién posesionado en su cargo, quien ante los medios de comunicación afirmó que los indígenas estaban “violando” los derechos de la ciudadanía y de la fuerza pública, aseveración sin fundamento teórico y bien alejada de la realidad y de cualquier enfoque de derecho, pues cualquiera que haya estudiado la historia, evolución y caracterización de los Derechos Humanos sabe que ningún civil está en capacidad de violar los derechos de otras personas porque ninguno cuenta con las herramientas jurídicas, políticas y económicas para garantizarle derechos a los demás, como sí las tiene el Estado.  Los únicos que pueden ser juzgados por violaciones a los Derechos Humanos son los Estados, sus entidades, funcionarios públicos y funcionarios del sector privado que ejerzan funciones públicas, en razón a que son los Estados quienes firman los tratados internacionales en donde quedan responsabilizados y comprometidos por la protección internacional de los derechos de sus ciudadanos.

 

La Mesa también tuvo conocimiento sobre el desbloqueo violento que realizó la policía en el corregimiento de Irra – Risaralda, contra la concentración de indígenas que allí se encuentran, donde además se les señala por la quema de un bus, sin que hasta el momento se haya comprobado su participación en este hecho violento.

 

Todo indica que la represión Estatal se va a recrudecer y que el gobierno del Presidente Santos va a seguir haciendo uso de la ilegítima Ley De Seguridad Ciudadana para perseguir, criminalizar y condenar a cualquier grupo social que se atreva a protestar en el territorio nacional.

 

Por todo lo anterior, hacemos un llamado fraternal a la solidaridad de clase de manera tal que las diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales le hagan acompañamiento a los compañeros indígenas, elaboren comunicados y donen comida, dinero, plásticos para las carpas, medicamentos o botiquines e implementos de aseo personal.  Para tal efecto se destinarán dos centros de acopio que empezarán a funcionar a partir del lunes 21 de octubre en el SER (Cll 13 entre Cra 6 y 7) y SINTRAEMSDES (Cll 35 # 5b – 09), sindicatos ubicados en la ciudad de Pereira.

 

¡Exigimos que el ESMAD devuelva la comida y los utensilios de cocina que sustrajeron de los indígenas!

 

¡Exigimos salidas negociadas al Pliego de Peticiones presentado al Gobierno Nacional por la Minga Social, Indígena y Popular!

 

¡Exigimos que el Estado implemente mecanismos de Búsqueda Urgente para dar con el paradero de los compañeros: HECTOR CAMPO MURILLO, JHON RONALDO TEYURA ARCE, EVELIO BANDADA ARCE y LUIS CARLOS ARCE VITUZAY!

 

¡Exigimos que cese el constreñimiento, la persecución y criminalización de la protesta social!

 

¡Exigimos que la Defensoría del Pueblo ayude a garantizar los derechos de las comunidades indígenas en conflicto!

 

 

MESA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DEL RISARALDA

 

 

Firman:

 

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE- Capítulo Risaralda, Central Unitaria de Trabajadores –CUT Risaralda,  Comisión de DDHH del Sindicato de Educadores del Risaralda -SER, SINTRAEMSDES Subdirectiva Pereira, Marcha Patriótica, Comité de Solidaridad y Defensa de los Presos Políticos “Juan David Pineda”, CORPOPAES, Unidad Democrática, Partido Comunista Colombiano -PCC Risaralda-, Organizaciones políticas de masas pertenecientes al MODEP: Asociación Por la Defensa de los Derechos de los Hijos del Pueblo -ADDHIP, Comités de Obreros y Trabajadores Ignacio Torres Giraldo -ITG,  Nuevos Maestros Por la Educación, Federación Universitaria Nacional -FUN Comisiones.