Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Quien maneja los alimentos, maneja el poder: Hacia una necesaria soberanía alimentaria

En el III Foro Internacional Armenia y Cajamarca, Colombia: “Comunidades, Extractivismo Y Paz”, realizado los días 26 y 27 de septiembre, se presentaron diferentes movimientos que luchan contra la minería en el continente, que amenaza las fuentes de agua, los territorios y los pueblos; hacia la articulación de estas iniciativas para la defensa de la vida.

 
Germán Vélez, director del grupo Semillas de Bogotá, participó en este foro con la siguiente ponencia sobre Soberanía Alimentaria:

La temática territorial no se puede ver de manera fragmentada sino conociendo todas las fichas que la componen y el papel que desempeña cada una de las fichas en todo ese ese ajedrez político y económico.

Cuando hablamos de biodiversidad hablamos indisolublemente de cultura y eso es lo que ha movido a la humanidad desde el origen de la cultura. Y las semillas son parte esencial de la vida, sin ellas nuestro planeta se convertiría en un desierto. Sin ellas no sería posible la agricultura, ni todo lo que ella nos entrega. Estos hechos fundamentales han sido comprendidos por los pueblos del mundo desde hace miles de años hasta la actualidad. Por eso es fundamental el tema del libre acceso, y el libre uso e intercambio de las semillas como pilares fundamentales de la cultura, de la expansión de la agricultura, de la capacidad de los pueblos para garantizar su alimentación y todos los contextos productivos y económicos y en general.

Los países tropicales y subtropicales somos el centro de los principales cultivos que sustentan la agricultura y la alimentación, especialmente en América Latina que es el centro de origen de cultivos como la papa, el maíz, el fríjol, la yuca, el tomate. Cultivos fundamentales que son producto del trabajo colectivo acumulado de cientos y miles de generaciones de agricultoras y agricultores que crearon toda esa biodiversidad que hoy sustenta el planeta. A diferencia de los países del norte, los industrializados, no son centro de casi ningún cultivo importante en el mundo. Por eso, hoy la disputa en el mundo es dónde están los recursos genéticos, la biodiversidad y el conocimiento asociado a ellos y dónde están las tecnologías para la aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos de estos recursos que son el fundamento de la soberanía alimentaria. Cuando hablamos de soberanía alimentaria nos referimos al poder de decidir qué, cómo, cuándo y cuánto se consume. Es la capacidad de hacer efectiva la seguridad y la autonomía alimentaria. Es muy diferente el concepto que se maneja dentro de los marcos convencionales de la economía global.

¿Qué está pasando con la biodiversidad con el modelo económico imperante que se degrada y degrada el planeta? ¿Quiénes son los responsables de las crisis climáticas, ambientales, económicas? Vemos que más del 44 al 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas por la agricultura industrial lo que nos ha llevado a una crisis alimentaria que se ha profundizado en los últimos 5 años con todas las consecuencias que vemos en los países del sur. Si vemos la otra cara de la moneda nos preguntamos quiénes están alimentando el planeta. Encontramos que más del 50% de la comida real que comemos los consumidores comunes y corrientes proviene de los pequeños y medianos agricultores. Y un porcentaje grande proviene de los cazadores y recolectores y de la agricultura. Sólo el 30% de la alimentación proviene de la agroindustria a gran escala. Tenemos que desmitificar la idea impuesta de que lo que necesitamos es modernizar la agricultura para producir alimentos para la creciente población mundial.

En el estudio de Garay de 2009 se ve que en Colombia, los pequeños agricultores y las pequeñas fincas son las que aportan más, entre el 70 y el 80% de los cultivos fundamentales, a pesar de que ya casi se acabó la agricultura en Colombia. Eso se evidenció en el paro agrario, con aproximadamente un mes de movilización casi llegan a colapsar muchas de las ciudades porque no había otra posibilidad de que llegaran alimentos a las ciudades los alimentos que producen los pequeños agricultores. En la década del 90 éramos autosuficientes en producción de alimentos y el año pasado nos importaron más de 10 millones de toneladas de alimentos. Un caso crítico es que actualmente importamos el 95% del trigo y la cebada, el 86% de la soya,  el 30 del fríjol, el 85% del maíz. Más de 3,5 millones de toneladas.

Es una vergüenza que un país como Colombia esté importando casi todo el maíz, y esto se ha profundizado con la pérdida de la biodiversidad que ha sido muy fuerte en los últimas décadas, especialmente desde la revolución verde, la pérdida de la biodiversidad ha sido dramática. Hasta la FAO calcula que en los últimos 50 años se han perdido más del 80% de todas las semillas que había en el planeta. Se han perdido más del 80% de las variedades del maíz, de arroz se ha perdido más del 90% y así de forma similar con casi todos los cultivos básicos.

Tenemos un problema fundamental con las semillas que se han ido perdiendo radicalmente, además existe un control monopólico de las semillas que se ve amenazado por la biopiratería, las patentes de los productos y de los conocimientos asociados que han llevado a ese control de las semillas por unas pocas empresas. Igualmente se ven amenazadas por las nuevas tecnologías, los cultivos transgénicos, la erosión genética del arroz en el sureste asiático, igualmente en el maíz. Las semillas se están perdiendo por la destrucción de los bosques, la pérdida del conocimiento, las presiones demográficas, el pastoreo excesivo, los monocultivos agroindustriales, las prácticas agrícolas, el control monopólico de las semillas.

Hemos perdido también nuestra base alimentaria donde más de 90% de la alimentación básica del planeta equivale a no de más de 50 especies y la mayor parte son no más de 5 especies que se desarrollaron en la revolución verde. Todo esto acrecentando con la transformación en la aplicación de los sistemas de propiedad intelectual sobre las patentes biológicas y los derechos de los obtentores vegetales para el caso de las semillas. Todo esto ha sido viable por el modelo de expropiación de estos recursos por  la biopiratería desde las grandes transnacionales y de los centros de investigación para apropiarse de los recursos de nuestros países.

Un fenómeno tras el cambio climático es que se plantean una serie de falsas alternativas frente a éste. Como todos estos nuevos proyectos de sumideros de carbono, de los mecanismos de desarrollo limpio, de los programas reducción de carbono por deforestación y degradación. Estas medidas están muy vigentes en las propuestas que se plantean en comunidades afro e indígenas, sobre todo de las zonas donde todavía hay ecosistemas de bosques. La sustitución de agrocombustibles, la comida por agrocombustibles, las plantaciones forestales, la regulación del clima. Todas las propuestas de geoingeniería, de biología sintética y otras tecnologías de punta.  
Y la venta de servicios ambientales que se volvió el nuevo paradigma para justificar todo el tema de la mercantilización y la privatización de los recursos básicos de los ecosistemas y las poblaciones rurales donde se habla se servicios ambientales como la biodiversidad, los recursos genéticos, el conocimiento tradicional, los bosques naturales, los parques nacionales, los proyectos de etno y ecoturismo, etc.

Lo que se pretende es poner en conflicto a las comunidades para ver cuál es la primera que llega a vender un recurso que es del patrimonio colectivo de los pueblos, de bienes públicos que deberían estar por fuera del comercio. Pero muchas comunidades dicen “Si yo no vendo el agua, mi vecino la va a vender” o “si yo no me meto en el programa RED, lo aprovecha otra comunidad”, todo esto viene en el enfoque de las tecnologías verdes que fue uno de los ejes en la cumbre de Río+20. La discusión ya no se centra en cómo proteger nuestros ecosistemas y territorios sino cómo vamos a ir en el negocio con todos estos agronegocios y negocios ambientales que están controlados por un puñado de empresas.

¿Quién es el que verdaderamente está controlando el sistema alimentario en el planeta? Hace 20 años había 7000 empresas que controlaban sólo el 10% de las semillas, hoy en día 10 empresas controlan el 75% de ellas. Para el caso de agroquímicos, 65 empresas tenían el 100% de la torta y hoy sólo 9 empresas tienen el 90%. Si vemos el caso de los cultivos, Monsanto controla más del 92% de todos los transgénicos que hay en el planeta.  Si uno ve el mercado de semillas, el 82% de todas las semillas que están comercializadas en el mundo y que están patentadas, son controladas por las empresas transnacionales. Sólo el 18% de las semillas están en manos de los agricultores. Ese pequeño 18% está representado en cientos y miles de variedades de semillas criollas que están dispersas y aisladas por todo el mundo.

Pero en realidad el grueso del mercado y del control está en las grandes empresas que no se contentan con lo que ya han acaparado y quieren tener el control total del mercado porque la única forma de obligar a que todos los agricultores a que usen sus semillas es haciendo que o desaparezcan o teniendo el control de ellas. De las 10 empresas que controlan el mercado alimentario, sólo 3, Monsanto, Dupont y Syngenta controlan el 50%. Gran parte de todos estos recursos han sido colectados desde hace más de 50 años, cuando arrancó la revolución verde, están en los centros de internacionales de investigación agrícola, están el CIMIT en México, el IRI en Filipinas que tiene las conexiones de arroz, el CIP que tiene las conexiones de papa en Perú, y el CIA en Colombia que tiene las conexiones de frijol, yuca y pastos. Así hay aproximadamente 15 centros más distribuidos en todo el mundo. En este momento hay más de 1.750 bancos de germoplasma que tiene más de 7,4 millones de muestras de plantas cultivadas, además de los jardines botánicos y otros centros que tienen muchos de estos materiales.

Las políticas del manejo de las semillas se definen en el marco de la FAO, a través de lo que fue hace algunos años el tratado internacional de recursos citogenéticos, que consideramos extremadamente perverso, pero que tiene ciertos elementos que pueden servir para reivindicar algunos aspectos fundamentales como el reconocimiento de los derechos de los agricultores donde habla de los derechos a tener, guardar e intercambiar las semillas criollas. Incluso en el artículo 9 dice que los derechos del agricultor deberían otorgar facultades más amplias puesto que señala que nada de lo que dice este artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho de los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar, vender, material de siembra y propagación conservado en sus fincas con el arreglo de la legislación y según proceda. El problema es que en los derechos del agricultor, la mayoría de las declaraciones de las naciones unidas son más declarativas que obligatorias. Entonces son directrices para los estados y cada uno de ellos verá cómo los aplica y para el caso de Colombia no se ha tenido en cuenta el tema de los derechos del agricultor como un hecho real.

En los últimos años ha habido una gran presión para que nuestros países adopten las leyes de semillas o las adecúen según los estándares internacionales de los países del norte. Así, muchas de estas normas que no eran obligatorias, en las últimas décadas ya lo son, como las normas de patentes y de propiedad intelectual,  de bioseguridad para los cultivos transgénicos, las normas de control a la certificación de la agricultura orgánica, entre muchas otras. En Colombia tenemos leyes de semillas desde la decisión andina 345 del año 93 que se basaba en el sistema la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales, de esto hay varias versiones, especialmente la UPOV 78 que fue la incluida en ese momento en los países andinos, después estaba la UPOV 91 que es una norma más restrictiva. Estas normas se aplicaban de una forma declarativa, a ningún agricultor le negaban la posibilidad de guardar las semillas, todo lo contrario a las leyes actuales que están penalizando el uso de las semillas criollas. Está el artículo 4 de la ley 1032 que es una modificación que se le hizo al código penal que es la usurpación de los derechos de los obtentores vegetales. La resolución 9.70 de 2010 que hace todo el control de todas las semillas. Y la ley 1518 de 2012 que habla de la aprobación del convenio UPOV 91 que fue derogada por la corte constitucional.

Con todo este debate público que se ha suscitado a raíz del documental 9.70, el ICA ha declarado tozudamente que las leyes de semillas no tienen nada que ver con los TLC. Pero si recordamos, la ley UPOV 91 se aprobó el año pasado, un mes antes de que viniera el presidente Obama al a Cumbre de las Américas. Y el capítulo 16 de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio, tiene unas cláusulas específicas que dicen que todo país que lo firme tiene que adherirse a varios convenios y tratados de propiedad intelectual, entre esos debe adherirse a la UPOV 91. Entonces, decir que esto no tiene nada que ver con el TLC es una total falacia.

El artículo 4 de la ley 1032 donde habla de la usurpación de los derechos de obtentor, el que usufructué estos derechos de obtentor de una variedad protegida legalmente o similarmente confundible con una protegida legalmente tendrá hasta 8 años de cárcel y hasta 1.500 salarios mínimos de multa. Esto es extremadamente terrible porque no sólo está protegiendo los derechos de las empresas a las semillas protegidas sino que dice que cualquier semilla de un agricultor que se parezca a una protegida, inmediatamente le pueden aplicar la norma.

En la resolución 9.70, uno de los objetivos que plantea el ICA, dice que es para proteger la calidad y la sanidad de las semillas y de las cosechas, un argumento que no tiene sustento verdaderamente porque históricamente las semillas de los agricultores son las que han generado estabilidad, sanidad y adaptación a los ecosistemas. Por el contrario, las semillas industriales son las que han generado los problemas sanitarios y los problemas ambientales ya que al estar amarradas a ese paquete tecnológico son semillas prácticamente drogadictas a los químicos.

Si se observa el ámbito de aplicación de esta norma, aunque el ICA insiste en que esto no tiene que ver con absolutamente con ninguna variedad criolla, que esto sólo se aplica para las semillas de las empresas; se aplica a todo. Se aplica al que produzca, cultive, importe, exporte, almacene, comercialice, transfiera título gratuito o use semillas. Entonces, si una norma no las excluye es porque están incluidas. Por otro lado, el ICA dice que las únicas semillas legales que pueden circular por el país son las semillas certificadas y registradas. Si nos dicen que lo único legal es esto, entonces el resto ¿Qué es?

Esta norma ha dejado de ser ‘papel y lápiz’, se aprobó en el 2010 y el ICA ya ha decomisado o ha impedido la comercialización de 4 millones de kilos de semillas. En estos datos que se los pedimos al ICA por un derecho de petición nos mostraba que entre el 2010 y el 2011 se decomisaron más de 1millón 100mil kilos de semilla, la mayoría de arroz pero también de  muchos cultivos básicos y muchos de ellos decomisados a pequeños agricultores. En el país se está aplicando la UPOV 78, que es una norma en el marco de la decisión andina, que no es tan restrictiva como una patente, pero es igualmente perversa, pero sobre todo porque hay una gran presión para que todos los países aprueben la UPOV 91 y que los requisitos para una patente y un derecho de obtentor es que sea nueva, homogénea, estable y distinguible. Frente a estas especificaciones, las semillas de los agricultores no pueden ser protegidas porque no caben ni se espera que se incluyan en esos requisitos porque las semillas no deberían tener ningún control.

¿Frente a esto qué podemos hacer? Tenemos que enfrentar estas leyes a partir de lo que han hecho los agricultores hace miles de años, recuperar, conservar, intercambiar, hacer que las semillas sigan circulando. No permitir que las semillas sean cercadas por estos sistemas de propiedad intelectual. Paralelamente, se están preparando las demandas judiciales frente a las normas, como a la 9.70. El año pasado, por una intervención ciudadana logramos que la corte constitucional derogue la ley 1518 de 2012 de UPOV 91, pero quedan vigentes UPOV 78.

Lo que ha dicho el ICA, tras el debate público por la norma 9.70 es que la va a congelar, eso no tiene ninguna presentación jurídica porque una norma, o está vigente o se deroga, ‘congelarla’ no representa ninguna solución.  Ahora, el ICA sacó un borrador de resolución donde agrega un aparte que dice que “esta norma no aplica a las variedades locales excepto si son para la comercialización” Es decir, lo que nos están diciendo es que las semillas tienen que estar encarceladas y confinadas en las parcelas de los agricultores y que sólo pueden circular en el país las semillas criollas.

En el paro agrario entregamos una serie de puntos a los agricultores que están negociando con el gobierno y el punto de entrada es que no podemos permitir que ninguna ley de propiedad intelectual haya sobre las semillas, ni UPOV, ni derechos de obtentores, ni normas de control de las semillas. Lo que sí se tiene que controlar son las semillas de las empresas para que no afecten nuestro patrimonio genético del país y las semillas locales. Por otro lado, se deben promover los sistemas de semillas de los agricultores que se adapten a las condiciones sociales y económicas de ellos. Debemos hacer alianzas a lo largo del país, desobedecer estas normas, resistir a los decomisos para lograr que las semillas sigan caminando libremente.

Tejido de Comunicación – ACIN