Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia rechaza y condena la decisión del Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de la ciudad de Bogotá Gustavo Petro elegido por voto popular en el 2011. La decisión del Procurador está sustentada en los inconvenientes propios de la gestión pública, en este caso del manejo de las basuras de la ciudad, sin que hubiesen mediado hechos de corrupción pública.

Desde todo punto de vista esta medida es excesiva, arbitraria, antidemocrática y viola los acuerdos internacionales suscritos por el país. Además, evidencia la falta de garantías para la oposición política en Colombia, como también sucedió con el fallo contra la senadora Piedad Córdoba, la negación de las libertades políticas y civiles con la sanción al profesor Miguel Ángel Beltrán, quien fue absuelto por la justicia colombiana y, su posición en relación con asuntos como la libertad sexual y reproductiva. En contraste con otras situaciones en que funcionarios condenados por parapolítica por la justicia colombiana han sido absueltos de procesos administrativos por parte del Procurador Ordoñez.

En efecto, la decisión del Procurador es una clara manifestación de las nulas garantías que tiene la oposición y los sectores alternativos para la participación política y el ejercicio de gobierno en Colombia, en donde los medios de comunicación hegemónicos se encargan de orquestar y acompañar campañas de desprestigio contra sectores de oposición o alternativos, tal como ha sucedido con el alcalde de Bogotá que tuvo que encarar amplias maniobras en su contra por el manejo de la ciudad. Ahora sus detractores han acudido a la institucionalidad jurídica para declarar la muerte política del alcalde, así como lo ha hecho en otros casos ya mencionados.

Lo acontecido con el alcalde de la ciudad ejemplifica la inexistencia de espacios democráticos para los sectores sociales y políticos diferentes al régimen político dominante, reiterando una historia en el país desde los Comuneros (siglo XVIII) de exclusión de las tercerías sociales y políticas, mediante la negación del otro, la eliminación física, la cooptación y la muerte política por medio de fallos administrativos. Por otra parte, esta decisión constituye una contradicción en un escenario de negociaciones de paz y dejación de las armas con los grupos insurgentes, donde uno de los principales puntos de discusion es sobre la participación política que intenta consolidar derechos y garantías para la oposición política; el pronunciamiento de la Procuraduría socava la posibilidad de la inserción de nuevas propuestas, que ofrezcan garantías y derechos necesarios para la vida democrática.

¡¡ Lo público: la legalidad es el mercado ¡¡ El fallo del Procurador sentencia que se “…ha violado la libre empresa y la libre competencia…”, argumento que pareciera colocar al mercado y lo privado como la única vía de lo público en el país, donde un gobierno de oposición o alternativo que busque rescatar lo público a través de empresas del Estado o desde lo comunitario no tiene cabida, pues estaría violando la “institucionalidad del mercado”, y por lo tanto debe ser removido y castigado políticamente. Es el caso del alcalde Petro, que propuso la recuperación parcial del servicio de recolección de residuos de la ciudad a través de las empresa pública distrital, y que se constituyó en el pretexto por el cual ha sido destituido e inhabilitado políticamente.

Algunas de las propuestas del modelo social y ambiental de ciudad –“Bogotá Humana”- como limitar la expansión urbana, reducir las tarifas del transporte masivo, proteger las reservas forestales y humedales y, establecer el mínimo vital gratuito de agua para los sectores populares reconociendo el agua como un derecho fundamental, sin duda afectó a grandes intereses económicos privados confabulados con el procurador como lo han manifestado algunos medios de comunicación del país, por ello, el fallo de la procuraduría también buscaría castigar un modelo de ciudad contrario al modelo mercantilista que se impone para conveniencia de unos pocos y que va en contra de la naturaleza. Rechazar la decisión del Procurador es ejercer el deber ciudadano de defender la democracia, es exigir escenarios de construcción colectiva.

Rechazar la decisión del Procurador es tensionar el futuro mediante la búsqueda de realidades territoriales más participativas, justas y armónicas con la naturaleza.

Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra, se une a las organizaciones sociales de la ciudad y del país que han venido impulsando movilizaciones en rechazo a la gestión del procurador y en defensa de las decisiones populares; reconocemos que es en las calles, las plazas, los campos, donde el pueblo colombiano se encuentra defendiendo los espacios democráticos, denunciando el modelo de desarrollo hegemónico y propicia los debates que contribuyen a la construcción de una verdadera política pública que defienda los intereses de las colombianas y los colombianos en aras de caminar hacia los cambios estructurales que requiere el país para alcanzar la paz.
 

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