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El informe mundial de derechos humanos de la ONG norteamericana Human Rights Watch (HRW) se conocerá hoy en Washington (Estados Unidos); sin embargo, El Espectador conoció el capítulo Colombia, un documento que enumera los principales problemas que, en derechos humanos, enfrentó el país en 2013; en el que guerrilla, paramilitares, Fuerzas Armadas y Gobierno reciben ‘palo’ por su manera de enfrentar el conflicto armado. Además detalla las principales conductas reprobables de cada una de las fuerzas que participan en el conflicto colombiano.

En la introducción, HRW advierte que durante 2013 “se siguieron cometiendo graves abusos por parte de grupos armados irregulares como las guerrillas y los grupos sucesores de paramilitares”. Asimismo, afirma que en Colombia continúan presentándose desplazamientos masivos, asesinatos selectivos y amenazas contra líderes de derechos humanos o reclamantes de tierras. Además sostiene que el Marco para la Paz y la ampliación del fuero militar son herramientas para la impunidad.

“El gobierno de Santos ha adoptado diversas medidas que frustran la posibilidad de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos”, advierte la ONG, y agrega: “El Gobierno impulsó reformas constitucionales en materia de justicia transicional y el sistema de justicia penal militar que podrían asegurar que abusos aberrantes cometidos por las guerrillas, los paramilitares y las Fuerzas Militares queden impunes”.

Frente a la actuación de las guerrillas, HRW sostiene que tanto las Farc como el Eln siguen cometiendo graves infracciones al DIH, como amenazas y asesinatos de civiles, reclutamiento de menores de edad o la utilización de minas antipersonas. Según el informe, el año pasado 13 civiles murieron y otros 107 “sufrieron heridas entre enero y agosto de 2013 a causa de minas antipersonas y municiones sin detonar”.

El documento también dedicó un aparte a los paramilitares. En éste critica el proceso de paz que se adelantó entre el gobierno Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia y advierte que las fallas de ese proceso permitieron la reorganización de estas fuerzas en nuevas bandas criminales.

“A pesar de los notables avances en la captura de sus líderes, las autoridades colombianas no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores de paramilitares: en mayo de 2013 la Policía informó que los grupos contaban con 3.866 miembros que operaban en 167 municipios, en comparación con la estimación efectuada por la Policía en julio de 2009, que indicaba que existían 4.037 miembros en 173 municipios. Estos grupos aún mantienen su poder, entre otros motivos, debido a la tolerancia y la connivencia de miembros de la Fuerza Pública local”, refiere el documento.

También criticó la falta de celeridad de la justicia para condenar a quienes están involucrados en los principales crímenes del paramilitarismo y que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. “En julio de 2013, ocho años después de la aprobación de la ley, los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz habían obtenido condenas contra sólo 18 personas. En 2013, la Unidad adoptó un nuevo método de investigación que dio mayor celeridad”.

La HRW habló de la parapolítica, y sostiene que desde 2006 más de 50 exparlamentarios fueron condenados por sus relaciones con el paramilitarismo y que el último caso fue el del expresidente del Congreso Luis Alfredo Ramos. En este mismo extracto sostuvo que el “expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y sus allegados enfrentaron cada vez más señalamientos de presuntos vínculos con paramilitares” y detalló que al exmandatario y a su hermano Santiago se les adelanta una investigación por nexos con el paramilitarismo.

De igual manera, aprovechó para lanzarle un dardo al procurador Alejandro Ordóñez, y escribió: “La Procuraduría General de la Nación, que lleva adelante investigaciones disciplinarias de servidores públicos, ha conseguido resultados más limitados en lo que respecta a la sanción de miembros del Congreso que colaboraron con paramilitares”, y le recordó que “exoneró de cargos disciplinarios a varios exlegisladores cuya responsabilidad penal por esta colaboración había sido establecida anteriormente”.

La organización de derechos humanos dedicó un espacio al proceder de la Fuerza Pública. Recordó que cometió un “alarmante” número de ejecuciones extrajudiciales entre 2004 y 2008” y reconoció que desde 2009 la cifra de falsos positivos ha disminuido. Sin embargo, advirtió que no tiene “un registro de datos estadísticos que clasifique los casos de falsos positivos como una categoría específica de delitos”.

Según la HRW, hasta junio de 2013 la Fiscalía adelantaba investigaciones por 2.278 casos de presuntas ejecuciones ilegales perpetradas por agentes del Estado, que involucran a cerca de 4.000 víctimas. Además sostuvo que hasta ahora sólo había condenas en 189 casos. “Las condenas alcanzaron a 605 miembros del Ejército, de los cuales 91 eran oficiales (en su mayoría de grados inferiores). Más de 40 coroneles y tenientes coroneles del Ejército estaban siendo investigados, pero solamente cuatro habían sido condenados”, concretó el informe.

El documento también critica al gobierno Santos por el Marco para la Paz, que la Corte declaró ajustado a la Constitución y moduló sus alcances. Para HRW esta es una herramienta “que abre la puerta a la impunidad generalizada por atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares en caso de que se alcance un acuerdo de paz con las Farc”. Asimismo, calificó la llamada ampliación del fuero penal militar, que la Corte Constitucional tumbó en octubre del año pasado, como una figura que genera “un riesgo grave de que las investigaciones de falsos positivos fueran transferidas de los fiscales de la justicia ordinaria al sistema de justicia militar”.

Informe revelado por Human Rights Watch critica a las guerrillas, a los paramilitares, a la Fuerza Pública y hasta el Gobierno.
 
amolano@elespectador.com
@AlfredoMolanoJi