Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Impunidad e inseguridad

En este articulo están los argumentos del porque los pueblos indígenas deben asumir la justicia propia que tiene menos impunidad!

En una reciente encuesta del Dane, 55 por ciento de los colombianos afirmó sentirse inseguro en la ciudad en que vive. Peor aún, 18,5 por ciento de los encuestados dijo haber sido víctima de algún delito en el último año, pero solo el 24 por ciento de ellos reportó el delito, pues la gente ya no cree en el sistema judicial. Desde el acoso sexual en los sistemas de transporte hasta los asesinatos para robarles a los ciudadanos sus celulares o el dinero cambiado en un cajero, es raro el delito que recibe castigo en Colombia.

Hemos llegado a un estado de inseguridad ciudadana crítico, debido a una pésima Ley, la 906 del 2004, y a las graves debilidades de un sistema judicial penal ineficaz, lento, con falencias en infraestructura, tecnología, y capacitación y experticia de fiscales y jueces. Las consecuencias las vive el ciudadano común: una impunidad rampante; sin medios institucionales para enfrentar el crimen y la delincuencia, y una justicia sin credibilidad, en la que el delincuente actúa con la convicción de que de ser capturado podrá dilatar los procesos hasta que se archiven sin recibir pena real. Para montar el sistema acusatorio actual, el Congreso desmontó en una reforma constitucional el sistema penal del pasado, que había servido de alguna manera para enfrentar grandes organizaciones criminales, porque supuestamente sus reglas no resultaban garantistas con los derechos de los sindicados. Y al darles todas las garantías a los criminales, se las quitó a sus víctimas.

La Ley 906 del 2004 lleva hasta la fecha 11 reformas legales adicionales, en una demostración de improvisación y desorden del sistema penal en el que la congestión y lentitud judicial son la norma. Según la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Corporación Excelencia en la Justicia, en Colombia se producen más de 1,2 millones de nuevas denuncias por posibles delitos cada año, con apenas 58.000 sentencias anuales de los jueces penales. Los despachos de fiscales tienen una acumulación de más de 1,5 millones de expedientes que pasan de año a año sin decisión, y los jueces, 400 mil. Mientras Medicina Legal reportó 34 mil muertes por homicidio entre el 2010 y el 2011, en el país apenas hubo 8.239 condenas por homicidio en esos años.

Es difícil pensar que alguna ley pudiera haber producido peores resultados. Según las autoridades, el hurto común se había duplicado a nivel nacional a los dos años de entrar esta en efecto, y hoy puede haber quintuplicado el nivel que existía antes de su emisión. Algo similar ha sucedido con todos los delitos comunes, pero no porque se haya multiplicado exponencialmente el número de delincuentes, sino porque el nuevo código hace que los suelten rápidamente, para que puedan volver a delinquir. Delitos que, ante la impunidad generalizada, con cada vez mayor frecuencia acompañan con actos violentos que pueden incluir hasta el asesinato. Es tal la ineficacia del proceso penal definido en la Ley 906 y sus múltiples reformas, que se ha llegado al extremo de adoptar políticas de ‘priorización’ en las investigaciones de las fiscalías, en franca aceptación de la incapacidad del sistema.

Por eso, es urgente e indispensable que se reforme de fondo todo nuestro ordenamiento penal, partiendo de la Ley 906/04 e incluyendo la 890/04 y la 1098/06, sus compañeras. Mientras rijan esas leyes, la impunidad y la inseguridad seguirán reinando en Colombia.

Emilio Sardi