“…el CORONEL LUIS MIGUEL GÓMEZ QUINTERO, Comandante de la Brigada XVII, quien en su Oficio 000224/MD-CGFM-CE-DIV7-BR17-CJM-29 del 13 de enero de 2014 recurre nuevamente al inaceptable argumento de que la Sentencia de la Corte sólo tenía aplicación para los casos puntuales denunciados hasta ese momento, o al aún más inaceptable de que ese tipo de información tiene carácter “reservado” por “estar relacionada con la Seguridad y Defensa Nacional”.
Citando en su favor artículos de ley referidos a documentos de reserva por estar ligados a la Seguridad y Defensa de la Nación, utilizando el frecuente sofisma de equiparar lo que de ninguna manera es equiparable, en esta caso afirmando que toda acción de un militar es una operación militar y toda operación militar es una operación de defensa y seguridad de la nación y, en cuanto tal, sometida a reserva informativa para no lesionar la defensa, soberanía y seguridad de la nación y del orden constitucional.
Sofisma tan perverso que resulta protegiendo la identidad de quienes roban o destruyen los cultivos de los campesinos, saquean sus despensas, desaparecen a ciudadanos, violan mujeres, cometen masacres, descuartizan niños, elaboran falsas declaraciones, hacen montajes judiciales, anuncian exterminios de comunidades etc., porque si sus nombres llegaren a ser conocidos se corre el riesgo de que sean denunciados ante tribunales no cooptados por el Ejército y entonces se pone en alto riesgo “la defensa, seguridad y soberanía” del país…”
Bogotá, marzo 13 de 2014
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Ciudad
OFI11-00019116 / JMSC 33020 – Febrero 25/ 2011
En los anteriores derechos de petición, radicados en su despacho el 17 de septiembre y el 17 de octubre de 2013, le solicité, Señor Presidente, de manera encarecida y urgente, “ordenar la entrega sano y salvo del joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, secuestrado por tropas paramilitares quienes actuaban a pocos metros de tropas oficiales en la vereda La Hoz, el 31 de agosto de 2013, en un contexto en que los mismos paramilitares propalaron por toda la región su estrecha unidad de acción con las tropas oficiales” (…) y “sancionar a todo el personal que tomó parte en el ilícito y tomar medidas eficaces para conjurar la alianza criminal que se da desde hace muchos años en esa zona, entre las fuerzas armadas del Estado y los grupos paramilitares”.
Luego de haber transcurrido alrededor de 200 días sin que la víctima haya sido devuelta al seno de su familia y comunidad, le reitero, Señor Presidente, la apremiante petición de ordenar de manera inmediata la entrega de este joven a su familia poniendo fin al crimen continuado e imprescriptible de desaparición forzada que sus subalternos han estado perpetrando en esa región en la cual la fuerza pública ha perpetrado tantos millares de crímenes horrendos en unidad de acción con estructuras paramilitares que las mismas instituciones oficiales han impulsado y protegido.
Como ya se lo expresé en los derechos de petición anteriores, La Comunidad de Paz de San José de Apartadó realizó varias peregrinaciones a la vereda La Hoz, donde Buenaventura fue desaparecido, y a las veredas y caseríos aledaños (poblado de Nuevo Antioquia, veredas de Rodoxaly, Sabaleta, Playa Larga) donde actúan los paramilitares en estrecha coordinación con la fuerza pública. En esas diversas caminatas, fue posible comprobar la presencia de los paramilitares, sus acciones de saqueo y pillaje de los bienes de subsistencia de las familias, sus crímenes de asesinatos y desplazamientos forzados y su negativa a devolver al joven desaparecido, como también la presencia cercana de las tropas del Ejército. En la peregrinación que se realizó entre el 6 y el 9 de octubre de 2013, en la cual participaron 150 personas, entre ellas acompañantes de 8 países, de varias regiones del país y de varios medios de prensa, se comprobó la presencia persistente de los paramilitares en las veredas Rodoxaly, Sabaleta, La Hoz, Playa Larga y en el poblado de Nuevo Antioquia, a la vez que se pudo evidenciar que un campamento del Batallón Vélez de la XVII Brigada (la misma que en unidad de acción con los paramilitares perpetró la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005 en la que descuartizaron a 8 miembros de la Comunidad de Paz incluyendo a 3 niños muy pequeños) estaba ubicado a sólo 300 metros de los dormitorios de los paramilitares en la vereda La Hoz y sin embargo negaban haberlos visto, respuesta rutinaria del Ejército durante los últimos 17 años.
Como es de su conocimiento, Señor Presidente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Resolución No. 4/2013 el 4 de octubre de 20013 en la cual adopta la MEDIDA CAUTELAR No. 301-13 a favor de BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ. Sin embargo las respuestas de su Gobierno a la Honorable Comisión han sido todas evasivas, pues se afirma que se está buscando a Buenaventura en hospitales, clínicas, estaciones de policía, terminales del transporte etc, es decir, donde se sabe que no está, pero no se le busca en los campamentos paramilitares de San José de Apartadó y de su frontera con Córdoba, demasiado conocidos por los efectivos de las Brigadas XVII y XI, toda vez que han actuado en unidad de acción con los paramilitares de esas estructuras durante casi dos décadas.
Su Gobierno no ha dado respuesta a las evidencias de responsabilidad del Estado en esta desaparición forzada, presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas la comprobación en vivo y en directo de la presencia paramilitar protegida por el ejército en la zona del crimen, y el hecho de que miembros del ejército hayan ido personalmente a buscar a la novia de la víctima para decirle que “él se encontraba bien donde estaba”. Su Gobierno tampoco puede burlar las obligaciones asumidas ante la Comunidad Internacional al suscribir y ratificar las convenciones internacional e interamericana contra la desaparición forzada de personas, compromisos que están siendo desconocidos de manera flagrante.
También le pido, Señor Presidente, poner fin al desacato de la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional, en la cual se le ordena entregar los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de los miembros de la fuerza pública que estuvieron presentes en los días, sitios y horas en que fueron gravemente violados los derechos fundamentales de los ciudadanos y/o perpetrados crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
Varios de sus subalternos han enviado respuestas que intentan justificar este desacato a la más alta Corte del Estado, esgrimiendo argumentos que no tienen la más mínima sustentabilidad lógico jurídica. El último fue el CORONEL LUIS MIGUEL GÓMEZ QUINTERO, Comandante de la Brigada XVII, quien en su Oficio 000224/MD-CGFM-CE-DIV7-BR17-CJM-29 del 13 de enero de 2014 recurre nuevamente al inaceptable argumento de que la Sentencia de la Corte sólo tenía aplicación para los casos puntuales denunciados hasta ese momento, o al aún más inaceptable de que ese tipo de información tiene carácter “reservado” por “estar relacionada con la Seguridad y Defensa Nacional”, citando en su favor artículos de ley referidos a documentos de reserva por estar ligados a la Seguridad y Defensa de la Nación, utilizando el frecuente sofisma de equiparar lo que de ninguna manera es equiparable, en esta caso afirmando que toda acción de un militar es una operación militar y toda operación militar es una operación de defensa y seguridad de la nación y, en cuanto tal, sometida a reserva informativa para no lesionar la defensa, soberanía y seguridad de la nación y del orden constitucional. Sofisma tan perverso que resulta protegiendo la identidad de quienes roban o destruyen los cultivos de los campesinos, saquean sus despensas, desaparecen a ciudadanos, violan mujeres, cometen masacres, descuartizan niños, elaboran falsas declaraciones, hacen montajes judiciales, anuncian exterminios de comunidades etc., porque si sus nombres llegaren a ser conocidos se corre el riesgo de que sean denunciados ante tribunales no cooptados por el Ejército y entonces se pone en alto riesgo “la defensa, seguridad y soberanía” del país.
Como puede evidenciar, Señor Presidente, tales argumentos a favor del desacato a la Sentencia se pulverizan “ab asburdo”. Un párrafo del Oficio citado del Coronel Gómez Quintero no podría ser más explícito en la revelación literal de este sofisma: “las operaciones militares están vinculadas estrechamente a la inteligencia militar, pues es la inteligencia la que da lugar al planteamiento y ejecución de una operación militar. La inteligencia militar desde todas sus formas, es la que permite identificar y ubicar un objetivo militar, por lo que con la entrega de (la) mencionada información se vulnera no solo “el componente de la inteligencia en desarrollo”, sino que más allá de esto lo que realmente se pone en riesgo es el desarrollo de la operación militar en todo su conjunto y por ende la Seguridad y Defensa Nacional” (pag. 2, parr. 5).
El hecho de identificar toda operación militar como operación de inteligencia militar, así como identificar toda operación de inteligencia militar con el personal militar que participa en ella, sin discriminar si su conducta se adapta a las normas de los operativos, así esa conducta sea delictiva o criminal en el peor sentido de atentar contra la humanidad en su conjunto, afirmando, sin discriminación alguna, que “el componente del personal militar goza de la clasificación de “reservado” toda vez que la divulgación puede ser perjudicial para los intereses o prestigio de la institución militar, proporcionar ventajas a la amenaza actual o potencial o causar bajas o pérdidas propias en acciones de Defensa Nacional”, fuera de caer en el sofisma de equiparar lo que de ninguna manera es equiparable, cae también en la inveterada costumbre militar de acusar a quienes no aprueban sus crímenes como “enemigos de la nacionalidad”, es decir, como identificados con un concepto de nación que no es el de ellos, justificando así su eliminación física o su estigmatización, insinuando que al conocerse la identidad de los criminales, los denunciantes serían culpables de cualquier eventual atentado contra ellos. Al parecer, es una infame conducta institucional que no da señas de cambio.
Muy al contrario de todos estos argumentos que se desvanecen “ab absurdo”, la Corte Constitucional fue muy explícita en los argumentos en que sustenta la orden de entregar los nombres, códigos, unidades de pertenencia y líneas de mando, no como una orden coyuntural y puntual sino como un principio sustentado en todo un arsenal doctrinal que emana de la Constitución misma y de tratados internacionales y que presenta como exigencia ineludible de los derechos de las víctimas. Su entramado lógico jurídico es nítido y vale la pena explicitarlo de nuevo:
La Corte Constitucional formuló la pregunta básica a la cual debía responder, así: “¿tienen los ciudadanos el derecho de conocer los nombres, códigos, unidades a las que están adscritos y líneas de mando de los miembros de la Fuerza Pública que participan en determinadas acciones militares o se encuentran en ciertos lugares a determinadas fechas y horas? Y, por tanto, vulneró el Ministerio de Defensa el derecho del actor a acceder a la información que reposa en el Estado, en la medida en que se negó a suministrarle los datos que solicitaba sobre los miembros de la Fuerza Pública que estuvieron presentes en determinadas situaciones no relacionadas con labores de inteligencia?”, a lo cual respondió con la decisión absolutamente clara y contundente de: “REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 23 de junio de 2006, mediante la cual se negó la acción de tutela” (que originó esta revisión y) “en su lugar se concede la tutela impetrada por violación tanto del derecho de acceso a la información que reposa en el Estado, como por violación del derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”, decisión que llevaba a la más práctica de: 3: “ORDENA® al Ministerio de Defensa que suministre la información solicitada, y, por lo tanto, indique los nombres de los integrantes de la fuerza pública que se encontraban en los lugares y momentos señalados por el peticionario, así como sus códigos institucionales, las unidades a las cuales están adscritos y su línea de mando”.
Al hacer explícitas las razones y doctrina que sustentan su decisión, la Corte se refiere así a las negativas dadas antes de la revisión, por parte del Ministerio de Defensa: “la decisión del Ministerio comporta una afectación extrema del derecho a acceder a la información, con lo cual se obstaculiza también la realización del derecho de las víctimas a lograr la verdad, la justicia y la reparación, y una garantía de no repetición de los hechos que los afectan. Es decir, independientemente de si son inocentes los agentes de la Fuerza Pública cuyos nombres se solicitan, las víctimas tienen el derecho de indagar sobre las circunstancias y los presuntos autores de los delitos y ello significa que pueden acceder a los nombres de los agentes que ellos consideran que pueden estar implicados”.
La Corte añade que “la determinación del Ministerio de Defensa hace inoperante en este caso el derecho ciudadano a acceder a la información que reposa en las instituciones del Estado” y explica que “la reserva de las investigaciones no se aplica a los nombres de los investigados sino a las diligencias practicadas” y que en el caso de los miembros de la Fuerza Pública “desde el mismo diseño de los uniformes de la Fuerza Pública se parte de la base de que los nombres de sus agentes deben ser visibles y reconocibles para los ciudadanos. Esto significa que la actividad cotidiana de los miembros de la Fuerza Pública entraña que sus identidades sean conocidas, tal como lo solicita el actor de la presente tutela”.
Después de precisiones y respuestas tan claras a las objeciones planteadas por el Ministerio de Defensa, ¿le queda alguna duda, Señor Presidente, de que al negarse a suministrar los nombres y demás datos solicitados está desacatando una orden de la más alta Corte del Estado, la cual la fundamenta en principios y derechos constitucionales que afectan rasgos fundamentales de un Estado de Derecho?
En consecuencia, nuevamente le solicito, Señor Presidente, acatar la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional y suministrar los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal de la fuerza pública que ha estado presente en los sitios, fechas y horas en que se han vulnerado gravemente los derechos de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de la población campesina de su entorno, de acuerdo a las peticiones concretas que le hemos hecho de manera reiterativa a la Presidencia de la República.
En tercer lugar, le solicito de manera encarecida y urgente, Señor Presidente, poner fin a la barbarie que su Gobierno ejerce contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, a través de las unidades de la fuerza pública que hacen presencia en la zona y de las estructuras paramilitares que a todas luces y de manera reiteradamente comprobada actúan en estrecha coordinación con la fuerza pública allí presente. En 12 ocasiones anteriores, recurriendo al derecho constitucional de petición, le he solicitado con el mismo apremio poner fin a esa barbarie que se traduce en violaciones permanentes a los derechos elementales del ser humano, las que por su sistematicidad y gravedad constituyen Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra tipificados en el derecho internacional de acuerdo a tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano y que han sido puestos en su conocimiento de manera permanente, aportando la información que es posible recaudar desde la sociedad civil, con fechas, sitios, modalidades de agresión, nombres de las víctimas, circunstancias y señalamiento de las estructuras criminales. Lamentablemente nunca hemos tenido respuestas ni su Gobierno ha cumplido con las obligaciones que la Constitución le impone en sus artículos 188, 189 y 198.
A partir del último derecho de petición radicado en su despacho, la Comunidad de Paz y la población campesina de su entorno han sido víctimas de los siguientes crímenes:
l martes 17 de septiembre de 2013, un grupo de militares acampó a la entrada del asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito. Durante la noche varios militares ingresaron ilegalmente al caserío, mientras las familias de la Comunidad dormían, pisoteando de esa manera los principios y violando el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución Política de Colombia.
El miércoles 18 de septiembre de 2013, hacia las 5:00 horas, un taxi de servicio público que cubría la ruta entre San Josecito y Apartado fue interceptado por un grupo de militares que le salieron a la carretera y lo detuvieron, allí se trasladaban varios miembros de la Comunidad de Paz, los cuales se dirigían a la ciudad de Apartadó.
El mismo miércoles 18 de septiembre de 2013, dos grupos de militares, uno que bajaba de la base militar de San José y el otro que subía desde el paraje de Caracolí, se acercaron al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito donde permanecieron por varios minutos; allí fue visto cómo los militares realizaban un montaje, pues, sacaban de costales fusiles y luego tomaban fotos al frente del asentamiento y se las entregaban a un sujeto quien se encontraba vestido con prendas militares sin insignias.
El viernes 20 de septiembre de 2013, hacia las 5:00 horas, un grupo de paramilitares ingresaron a la vereda Las Nieves, contigua a las veredas La Esperanza y La Unión, pertenecientes a la Comunidad de Paz, allí, retuvieron durante una hora a cuatro civiles entre ellos, un miembro de la Comunidad de Paz. Durante la retención fueron fotografiados, de igual forma amenazaron diciendo que tienen una lista de gente de la zona para asesinar, entre ellos varios miembros “de esa HP Comunidad de Paz”; advirtiendo “que no se les dé nada, que ellos vienen patrullando por esa zona desde hace varios días y que el objetivo es quedarse, pues tienen todo coordinado con la fuerza pública para estar allí”. Preguntaron también por varias personas de la región, entre ellas líderes de la Comunidad de Paz. Este grupo de paramilitares ya había anunciado que estaría en la zona constantemente.
El mismo viernes 20 de septiembre de 2013, hacia las 18:00 horas, otro grupo de paramilitares ingresó ilegalmente al asentamiento de la Comunidad de Paz en La Esperanza, luego procedieron a llevarse detenido al campesino REINALDO CARDONA; los paramilitares lo fotografiaron y le anunciaron que lo tenían en la lista de las personas para asesinar, que por esta vez se la perdonaban pero que en la próxima no respondían. Nuevamente anunciaron que ellos van a realizar acciones concretas contra la Comunidad de Paz que los está denunciando, pues el objetivo es tomarse toda la zona pero que la Comunidad de Paz les está estorbando.
El mismo viernes 20 de septiembre de 2013, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda Caño Seco, del corregimiento de San José de Apartadó, y le exigieron a varios campesinos que se tenían que presentar ante sus jefes en los próximos días en el corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa, donde existe una base paramilitar muy cercana a las instalaciones de la Brigada XVII, multitud de veces denunciada por la Comunidad ante el Presidente Santos sin que haya hecho nada para erradicarla, con plena consciencia de que quienes la protegen son sus mismos subordinados. Tampoco la Fiscalía ha hecho nada para inspeccionar sus instalaciones y para procesar a los victimarios que actúan desde ella con plena libertad. Es tan evidente su relación con la Brigada XVII, que en esta incursión en Caño Seco actuaron los hermanos OVIDIO, LUBÍN y ALBEIRO CARDONA BORJA, quienes se entregaron a la Brigada en diciembre de 2005 no sin preparar antes con el Ejército una horrenda masacre de 6 jóvenes mientras dormían, en la vereda La Cristalina, crimen por el cual el Ejército les pagó varios millones por cada muerto, quedando desde entonces domiciliados y protegidos en la Brigada y vinculados ilegalmente a patrullajes conjuntos militares/paramilitares en los que se practicaron torturas, amenazas, saqueos , secuestros y montajes judiciales.
El domingo 22 de septiembre de 2013, hacia las 10:00 horas, miembros de la Comunidad de Paz fueron a exigirle a un grupo de militares que han permanecido desde el 15 de septiembre de 2013 junto al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito, en los espacios de vida y trabajo de las familias, que se retiraran de los espacios comunitarios de las familias a lo cual los militares respondieron que no se retirarían porque estaban cumpliendo órdenes de sus superiores. Este grupo de militares ha dañado los cultivos de las familias de la Comunidad de Paz, como el cacao orgánico, el plátano, la caña, cultivos que son el sustento de las familias de la Comunidad de Paz. Está comprobado que la presencia militar junto a las viviendas de los civiles coloca en grave riesgo a la población civil.
El mismo domingo 22 de septiembre de 2013, hacia las 12:30 horas, GILDARDO TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz y coordinador en la vereda Mulatos ó Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, fue retenido durante varios minutos por una tropa de militares en el sitio conocido como Chontalito, entre San Josecito y la vereda Mulatos; allí los militares le manifestaron que de seguro iba para San José a traer remesa, insinuando de esta manera que es arriero de la guerrilla. Gildardo había sido retenido por militares y policías en San José de Apartadó el martes 10 de septiembre de 2013; a pesar de que fue retenido ilegalmente durante 1 hora y que fue puesto en libertad una vez que un grupo de miembros de la Comunidad de Paz y acompañantes internacionales acudieron al lugar para exigir la libertad, los comandantes de la Policía y del Ejército en Urabá se atrevieron a manifestarles a organismos internacionales que no tenían información de la retención de Gildardo Tuberquia. Con tal infamia engañan a las organizaciones que acompañan desde otras partes del mundo.
El lunes 23 de septiembre de 2013, en horas de la mañana, se observó un grupo de paramilitares que pernoctó junto a las viviendas de las familias de la Comunidad de Paz en la vereda la Esperanza, pues durmieron en una de las viviendas de la Comunidad de Paz, que al momento se encontraba vacía. Allí permanecieron hasta las horas de la tarde. A un civil que transitaba por el lugar, los paramilitares le manifestaron que “estamos aquí para ver qué va hacer la Comunidad de Paz con nosotros, vamos a ver si nos van a denunciar, les vamos a demostrar que las denuncias de esa HP de Comunidad de Paz ya no nos hacen daño, a nosotros nadie nos controla, la fuerza pública no nos persigue, antes nos protege”. Con todo el descaro y protección de la fuerza pública los paramilitares invaden los espacios de vida de la Comunidad de Paz.
El miércoles 25 de septiembre de 2013, hacia las 10:15 horas, se presentó un fuerte combate entre un grupo guerrillero y los militares y policías que hacen presencia en el centro urbano de San José de Apartadó, combate que se prolongó por al menos dos horas. Los soldados se encontraban en ese momento en el centro educativo del lugar y no dudaron en usar las instalaciones del centro como trinchera, poniendo en altísimo riesgo las vidas de los niños y los educadores, quienes tuvieron que evacuar a los estudiantes en medio de la balacera. Nury Guzmán, integrante de la Comunidad de Paz, quien transitaba en esos momentos por allí, se vio envuelta en la balacera. La Comunidad le ha exigido multitud de veces al Presidente de la República que acate las sentencias de la Corte Constitucional que prohíben ubicar los puestos de policía y las bases militares en medio de la población civil. Aquí fue perpetrado un verdadero crimen de guerra poniendo a la población como escudo en un enfrentamiento armado. El Presidente Santos se ha negado a acatar las sentencias de la Corte Constitucional, no sólo las que le obligan a cambiar la ubicación de los puestos militares y policiales sino también otras muy explícitas que la Corte Constitucional ha proferido en protección de la Comunidad de Paz. Es falso, pues, lo que responden sus secretarias y asesoras, al afirmar que él acata las decisiones judiciales y respeta el Estado de Derecho. Queda evidenciado que ello no es así.
El sábado 28 de septiembre de 2013, en horas de la madrugada, un grupo paramilitar fuertemente armado, movilizado en motocicletas sin ser molestado en absoluto por controles militares ni policiales, penetraron en el asentamiento central de la Comunidad de Paz, en San Josecito de Apartadó y repartieron por las viviendas volantes en los cuales el “Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC” niega que ellos sean los responsables de los crímenes perpetrados contra la Comunidad de Paz y su entorno social, atribuyendo esos crímenes a “fuerzas oscuras” que “les quieren hacer daño”. De allí se desplazaron hacia el centro urbano de San José, donde a pesar de la nutrida presencia militar y policial, pudieron repartir por las viviendas sus volantes. Hay una similitud profunda entre este lenguaje que niega lo que todo el mundo ve y el lenguaje del Ejército que durante estas décadas ha hecho lo mismo: negar lo que todo el mundo ve y sufre, y aún más, se han atrevido a negar que existan paramilitares y que éstos se coordinen con ellos. Quieren tapar el sol con un dedo.
El domingo 29 de septiembre de 2013, hacia las 8:40 horas, se presentó un hostigamiento a la estación de Policía ubicada en el centro urbano de San José de Apartadó. Una vez más se evidenciaban las consecuencias del desacato presidencial a las sentencias de la Corte Constitucional, manteniendo a la población civil en alto riesgo.
El martes 1 de octubre de 2013, un grupo de paramilitares repartieron volantes en las veredas Rodoxaly, Sabaleta, las Flores y las Monas, volantes que ya habían sido distribuidos el pasado 28 de septiembre en toda la zona de Urabá, donde se niegan los crímenes que han cometido contra la Comunidad de Paz y la población del entorno. Allí advirtieron a los campesinos que la Comunidad de Paz es una comunidad de la guerrilla, que quien ingrese a la Comunidad de Paz, debe atenerse a las consecuencias.
El viernes 4 de octubre de 2013, soldados del Batallón Vélez quienes se encontraban en la vereda La Hoz desde hacía algunos días, se acercaron a la vivienda de un campesino en dicha vereda y preguntaron por el paradero de la novia del Joven BUENAVENTURA HOYOS, desaparecido por los paramilitares el pasado 31 de agosto de 2013; allí el uniformado la describió con tanto detalle que inclusive dijo que ella cargaba un collar con tales y tales características, además dijo que el joven Buenaventura Hoyos, donde se encontraba, estaba muy bien, que no se preocuparan, que a él le estaba yendo muy bien. Quedaba así más que evidenciado que el Ejército y los paramilitares no solo actúan conjuntamente sino que además conocen en detalle los resultados de sus operaciones y que en el caso concreto de la desaparición forzada de BUENAVENTURA HOYOS estaban actuando de manera unificada y coordinada.
El sábado 5 de octubre de 2013, hacia las 11:00 horas se presentó un fuerte combate entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC en la vereda Buenos Aires en el corregimiento de San José, según versiones de campesinos de la vereda, al menos dos soldados perdieron la vida.
La Comunidad de Paz, desde el 6 al 10 de octubre de 2013 realizó una peregrinación por la vida y contra el desplazamiento y la desaparición forzada que se viene presentando contra la población civil en la región; dicha peregrinación tuvo como objetivo fundamental recorrer varias veredas del corregimiento de San José, tales como La Esperanza, La Hoz, Rodoxaly, Sabaleta, entre otras, y el corregimiento de Nuevo Antioquia del municipio de Turbo. En la peregrinación participaron más de 150 personas; asistieron personas de distintos países: Alemania, Francia, Canadá, Inglaterra, México, Italia, Portugal y Estados Unidos, así como de otras regiones de Colombia y miembros de la Comunidad de Paz.
Al iniciar el recorrido se pudo constatar y confirmar la presencia de paramilitares por los lugares recorridos. En la vereda La Esperanza, cerca del asentamiento de la Comunidad de Paz, así como en veredas aledañas como El Porvenir y Playa Larga, se comprobó la presencia de varios grupos paramilitares fuertemente armados, con camuflados y con brazaletes de las AGC. Al llegar al casco urbano de Nuevo Antioquia, se pudo ver cómo reconocidos paramilitares recorren las calles tranquilamente sin ser molestados por la Policía, la cual hace presencia permanente allí, pues varios de los más reconocidos paramilitares viven allí, como alias PANELO, alias TRIBILÍN o “EL ENANO”, entre otros. Al llegar a Rodoxaly y Sabaleta se pudo comprobar que los paramilitares habían estado allí antes de que el grupo de caminantes llegara, pues minutos antes se habían escondido entre la montaña; fueron encontradas muchas casas vacías de familias que habían abandonado recientemente el lugar, espacios que hasta sirvieron de alojamiento a los peregrinos, se calcula que alrededor de 28 familias entre Rodoxaly y la Hoz habían tenido que huir por temor a ser asesinados. Ya al salir de Rodoxaly, a pocos minutos de haber partido del lugar, los paramilitares realizaron varios disparos como diciendo: no nos encontraron pero aquí estamos. A tan solo 2 kilómetros se encontraba un grupo de militares al parecer al mando de un “Sargento” de apellido “Guarán”, los cuales negaron rotundamente la presencia paramilitar en la zona, pues según ellos, llevan más de un mes y no han visto nada, su respuesta es idéntica a la que han dado durante 16 años: “los buscamos y no los encontramos”. Se supo que luego de la partida de los peregrinos, los paramilitares regresaron allí. Los participantes se preguntaban: ¿por qué ellos no dan la cara? y la única respuesta lógica era que ellos jamás serían capaces de justificar sus crímenes.
El jueves 10 de octubre de 2013, se presentó un cruce de disparos entre tropas del Ejército nacional y guerrilleros de las FARC en la vereda Miramar del corregimiento de San José, según informaciones de campesinos, un guerrillero resultó muerto, y otro herido. Nuevamente el territorio de paz se convierte en zona de guerra.
Entre los días jueves 10 y viernes 11 de octubre de 2013, un helicóptero sobrevoló la zona del corregimiento de San José, lanzando desde el aire volantes en los cuales se invita a varios supuestos milicianos de las FARC a acogerse al plan de reinserción. Este método no es más que una estrategia para preparar a la opinión pública y a la ciudadanía en general para que cuando se dé captura o muerte a esos civiles, las víctimas sean consideradas como “guerrilleros”. Es de público conocimiento que el Ejército no tiene facultades judiciales y que en el pasado ha elaborado numerosos montajes con testigos falsos y pagados para privar de su libertad a campesinos inocentes, arruinando su miserable subsistencia y equilibrio psíquico, sólo por el afán de responder a sus jefes en número de bajas (ficticias) que les exigen (“falsos positivos), para lo cual han contado con toda la colaboración de un poder judicial aterradoramente corrupto.
El sábado 12 de octubre de 2013, a un soldado del Ejército Nacional adscrito al Batallón Vélez, quien se encontraba en la vereda La Hoz, en la finca del campesino Ismael Molina, delante de varios civiles que se encontraban en la vivienda, se le escuchó reclamarle a su mando: “mi comandante, si venimos persiguiendo a los paramilitares, por qué nos quedamos tan destapados en esta finca y tan tranquilos aquí, así no los vamos a encontrar y mucho menos a combatir a ningunos paramilitares”. Entonces su mando y otros soldados de rango se lo llevaron lejos de la vivienda y allí lo rodearon quién sabe para qué, lo que sí es claro es que minutos más tarde el soldado regresó a la vivienda y muy preocupado le comentó a los civiles: “qué lástima que la cooperación con los paramilitares viene desde sus propios mandos y ahí si no se puede hacer nada, el que manda, manda”; además dijo: “los superiores me van a sancionar por atreverme a desafiar a las tropas a perseguir a los paramilitares sabiendo que a ellos no se les combate”.
Desde el lunes 28 hasta el miércoles 30 de octubre de 2013, patrullas del Ejército estuvieron acampando junto a las vallas de la Comunidad de Paz del asentamiento de San Josecito y de allí en adelante sobre los bordes de la carretera que conduce al centro urbano de San José e incluso en veredas aledañas, en un despliegue de presencia militar intimidante que perturbó por varios días el desarrollo normal de las actividades civiles, poniendo a la población como eventual blanco de la insurgencia que siempre busca adelantarse atacando a quienes hacen presencia para exterminarlos. Una prueba más de los intentos de poner a la población civil como carne de cañón en los enfrentamientos, llevando e incentivando el conflicto a los espacios de vivienda y trabajo de los civiles, desacatando prescripciones muy concretas y repetidas de la Corte Constitucional.
El miércoles 30 de octubre de 2013 los pobladores del centro urbano de San José de Apartadó y los asentamientos del entorno se llenaron de miedo al percibir un enorme despliegue militar que invadió el antiguo caserío de San José con helicópteros y camiones militares en los cuales se desplazaban centenares de soldados. Luego se supo que ese día hizo presencia el Comandante del Ejército Nacional con la supuesta intención de dar cumplimiento a una orden del Tribunal Administrativo de Turbo, en sentencia del 31 de marzo de 2011, en la que ordenaba al Comandante del Ejército pedir perdón a la familia de la niña Mildrey Dayana David Tuberquia, de 3 años de edad, asesinada por el ejército el 18 de marzo de 2003 en la vereda La Cristalina. Si bien el Magistrado fallador había intentado en repetidas ocasiones concertar entre la familia, la Comunidad y el Ejército sobre fechas, sitios y modalidades del acto, los repetidos aplazamientos e incumplimientos por parte del Ejército hicieron que la concertación se estancara. Este día el Ejército decidió hacer el acto sin haber concertado previamente con nadie y en un lugar donde actualmente no hace presencia la Comunidad de Paz, lo que llevó a los pobladores del caserío a encerrarse en sus viviendas bajo el impacto del miedo ante tal despliegue militar y a frustrar el acto que quiso responder a arbitrariedades unilaterales del Ejército, sin que se llevara a cabo realmente ningún desagravio. Quizás eso era lo que buscaban, para culpar nuevamente a las víctimas de hacer fracasar hasta las peticiones de perdón.
El sábado 2 de noviembre de 2013, se produjo una explosión en la vereda Las Claras, muy cerca al asentamiento de La Unión de la Comunidad de Paz, en la cual se produjo la muerte de un soldado quedando otro gravemente herido, según informaciones de los medios locales. Nuevamente la presencia permanente de los militares en los asentamientos civiles pone en alto riesgo las vidas de los pobladores, pues dicha presencia atrae a la insurgencia hacia los asentamientos donde los militares prefieren enfrentarse poniendo de escudo a la población civil, desacatando prescripciones muy concretas y explícitas del DIH y de la Corte Constitucional.
El miércoles 13 de noviembre de 2013, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda Arenas Bajas, allí amenazaron a varias familias diciendo que tienen una incursión preparada contra varias personas en la región.
El domingo 17 de noviembre de 2013, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda Mulatos junto al asentamiento de la Comunidad de Paz.
El lunes 18 de noviembre de 2013; hacia las 8:00 horas un grupo de paramilitares llegó a la vereda Arenas Altas, donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz, y se llevaron a 6 civiles entre ellos 5 menores de edad. Además se comieron las gallinas de las diversas casas a las que entraron, este mismo día cuando los paramilitares se regresaba, al pasar por la vereda Arenas Bajas entraron a la vivienda de un campesino y allí amenazaron a una joven de querer llevársela acusándola falsamente de ser guerrillera.
Lo acontecido el 18 de noviembre de 2013 cerca al asentamiento de Arenas Altas de la Comunidad de Paz, luego de recoger todos los testimonios, no deja de producir profundos interrogantes e inquietudes. En primer lugar, LA DESAPARICIÓN DE SIETE PERSONAS A MANOS DE UNA ESTRUCTURA PARAMILITAR que había tenido una prolongada presencia en el lugar, llevó a descubrir también que las FARC había reclutado de manera escandalosamente irresponsable a cinco menores de edad a quienes les había entregado armas que ellos no sabían manejar. Sólo uno de esos menores había vivido hasta pocos días antes en uno de los asentamientos de la Comunidad de Paz y voluntariamente había decidido retirarse de la Comunidad; los demás pertenecían a familias que no han hecho parte de la Comunidad. El 18 de noviembre de 2013 esos cinco menores y además un adulto y otro menor que nada tenían que ver en el conflicto fueron privados de su libertad por los paramilitares y trasladados inmediatamente a uno de sus campamentos permanentes que, al parecer, fue el de PUEBLO GALLETA, en cercanías de Nuevo Antioquia. Los disparos y explosiones escuchados por algunas de las familias de la vereda hicieron creer que su asesinato era inminente o ya se habría perpetrado, lo que hizo que se activaran las alarmas acudiendo a la Comunidad de Paz. La Comunidad de Paz organizó rápidamente una peregrinación a la vereda de Arenas Altas con cerca de 50 personas pero no pudieron hallar a los victimarios. Al día siguiente varias familias de los menores fueron contactadas por instituciones del Estado para que se dirigieran hacia Turbo donde supuestamente los paramilitares iban a entregar a los menores. Ya en Turbo, los familiares de los menores y algunos representantes de instituciones del Estado: DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA REGIONAL, PERSONERÍA MUNICIPAL Y BIENESTAR FAMILIAR se embarcaron en una buseta hasta el corregimiento de Currulao, allí los esperaban unas lujosas camionetas escoltadas por hombres armados y en motocicletas, todo al parecer perteneciente y coordinado por la estructura paramilitar. En un paraje cercano a Nuevo Antioquia los paramilitares les ofrecieron a familiares y funcionarios caballos y motos para continuar por un camino de aproximadamente una hora hasta Pueblo Galleta donde los menores fueron entregados a las instituciones y a los familiares, pero los paramilitares acompañaron al grupo hasta el paraje de la carretera donde esperaban nuevamente las lujosas camionetas que los condujeron hasta Currulao donde de nuevo el grupo abordó una buseta hasta Turbo; allí los menores y sus familiares, acompañados por las instituciones del Estado, fueron conducidos hasta las dependencias del Instituto de Bienestar Familiar en Apartadó donde la Policía vigiló por unos momentos al grupo, pero rápidamente la Policía desapareció y le dejó el campo libre nuevamente a los paramilitares para que entraran a amenazar a los menores y a sus familias; esto activó nuevamente las alarmas y el grupo regresó a Turbo y luego tuvo que ser trasladado de urgencia a Medellín para su protección. Todo este relato, corroborado con testigos, muestra a las claras que diversas instituciones del Estado entraron en contacto con los paramilitares y se dejaron escoltar por los mismos delincuentes hasta el lugar de reclusión de los menores sin que se produjera ninguna captura de miembros del grupo criminal. Tampoco se percibió persecución alguna a dicho grupo, no obstante haber asistido a su campamento que es de vieja data y que de ninguna manera era ignorado por las instituciones. El accionar paramilitar en actividades que corresponden a la fuerza pública, confirma una vez más su accionar conjunto así como la persistencia de esas estructuras con carácter contrainsurgente, algo que el Estado se ha empecinado en negar, engañando al país y a la comunidad internacional.
El martes 19 de noviembre de 2013, tropas del Ejército hicieron presencia en la vereda La Resbalosa, procedentes de la vereda Mulatos, donde varios de ellos se presentaron delante de varios campesinos como paramilitares el domingo 17 de noviembre de 2013.
El viernes 22 de noviembre de 2013, reconocidos paramilitares en Nuevo Antioquia anunciaron a varios civiles que seguirán realizando operaciones en las veredas del Corregimiento de San José de Apartadó, y profirieron amenazas en contra de GERMÁN GRACIANO, Representante Legal de la Comunidad de Paz, anunciando que “si es tan valiente porqué no fue con la comisión a recibir a los jóvenes el pasado 19 de noviembre para haberle matado hasta la mierda”. Allí anunciaron a los civiles que debían llevar el mensaje al campesinado en general pues quedaba prohibido para el campesinado de la zona que se apoyara en la Comunidad de Paz; que esa Comunidad de Paz había que acabarla, pues andaban con unos gringos como acompañantes y eso les hacía mucho daño a ellos; que la Comunidad, cada vez que pasaba algo, les hacían mucho escándalo; que eran una partida de sapos al igual que los campesinos de Arenas Altas, Las Nieves, El Porvenir y la Esperanza, que ellos no podían hacer algo por allí porque inmediatamente la Comunidad se daba cuenta y les hacia el escándalo y eso no lo iban a permitir más. Afirmaron además que ellos estaban en Nuevo Antioquia cuando la Comunidad de Paz pasaba por allí el 7 de octubre de 2013 en la Comisión Humanitaria que los llevó a recorrer varias veredas con gringos y periodistas. Además aseguraron que ellos mismos entraron a San José y a la misma Comunidad de Paz en San Josecito el pasado 28 de septiembre cuando repartieron los panfletos de las AGC.
El sábado 30 de noviembre de 2013, un sujeto quien se identificó como paramilitar, abordó a un poblador de San José mientras caminaba por el centro poblado de Apartadó y le anunció que continuarían realizando operaciones en la las veredas de San José, pues, tienen que dar con varias personas de allí; además insistió en que le dijera el nombre del dueño de la vivienda donde habían incursionado el pasado 18 de noviembre de 2013 en la vereda Arenas Altas, pues “ese señor la va a pagar caro, y es con la vida”, anunció el sujeto.
El domingo 1 de diciembre de 2013, hacia las 14:00 horas, se escucharon varias ráfagas de arma de fuego entre las veredas Guineo Alto y Arenas Altas, lo que ha generado temor en los pobladores de estas veredas. Al momento no se tiene noticias de qué haya sucedido.
El viernes 6 de diciembre de 2013, hacia las 14:30 horas, se escuchó la detonación de una bomba en la vereda Miramar, lo cual llenó de pánico a los pobladores de dicho asentamiento. Vino inmediatamente a la mente de los pobladores el recuerdo de FRANCISCO PUERTAS, Coordinador de esa Zona Humanitaria de la Comunidad de Paz, asesinado el 14 de mayo de 2007 en la terminal del transporte de Apartadó, espacio por muchos años sometido al terror por estructuras paramilitares patrocinadas por la Policía de Urabá. Francisco, con ingentes esfuerzos, había construido una enramada protegida con vallas y banderas de paz donde la población civil se pudiera refugiar en momentos como éste. El Gobierno, en documento aportado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se negó a reconocer dichas Zonas Humanitarias y el asesinato de Francisco arruinó la humilde enramada protectora. Ahora militares y paramilitares insuflan a sus anchas oleadas de terror contra los pobladores.
El domingo 8 de diciembre de 2013, hacia las 14:00 horas, en el centro urbano de San José de Apartadó se produjo un combate entre guerrilleros y fuerza pública. Nuevamente los pobladores del núcleo urbano y quienes transitaban por la zona quedaron en medio del fuego. Una vez más se apreciaron las consecuencias de la negativa del Gobierno a acatar varias sentencias de la Corte Constitucional que prohíben establecer bases militares y policiales en medio de la población civil, pues de hecho, en lugar de servir de protección a los civiles, buscan que los civiles sirvan de escudo a los militares frente a los insurgentes, poniéndolos en alto riesgo.
El miércoles 11 de diciembre de 2013, en horas de la mañana, una mujer integrante de la Comunidad de Paz fue abordada por un funcionario del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, antigua Acción Social de la Presidencia, quien en años anteriores había tenido el cargo de Defensor Comunitario en la zona, y le ofreció la posibilidad de realizar diligencias para lograr una indemnización administrativa por su familiar víctimizado, haciendo todo de manera irregular sin que nadie se enterara ni descubriera los ilegales procedimientos. El funcionario le dio a entender que así lo había hecho con mucha gente, utilizando el mecanismo del “chanchullo”. El funcionario era consciente de que la Comunidad de Paz, a través de asambleas decisorias en las que participan todos sus integrantes, ha optado por no avalar el mecanismo de la reparación administrativa, ya que no tiene en cuenta la justicia y termina considerando a las víctimas como exclusivas mercancías cuya vida y dignidad se intercambian por dinero. Al parecer, dicho funcionario realiza una estrategia clandestina de burla y destrucción de los principios éticos de la Comunidad.
En los últimos días de diciembre de 2013 se conocieron respuestas que la Defensoría del Pueblo remite a comunidades y organizaciones de otros países que reclaman la aparición con vida del joven BUENAVENTURA HOYOS, desaparecido el 31 de agosto de este año por hordas conjuntas de militares y paramilitares. La Defensoría considera acertadas las respuestas del Gobierno en las que afirma que al joven se le está buscando en hospitales, clínicas, terminales de transporte y centros penitenciarios, como si éstas fueran medidas eficaces para obligar a devolver con vida a un joven cuyos captores están íntimamente coordinados con agentes del Estado, como lo comprobó de modo absoluto una peregrinación de 150 personas que viajó a la zona entre el 6 y 10 de octubre pasado a intentar su rescate, en la cual iban integrantes de grupos humanitarios de 8 países, periodistas de diversos medios y delegados de comunidades indígenas y campesinas de diversas zonas del país. La Defensoría no ha cumplido con su obligación de rescatarlo, obligando a los agentes estatales y paraestatales que lo mantienen desaparecido, a entregarlo. Por ello no es posible sino ver en dichas actitudes formas de complicidad, pues aparece evidente que la Defensoría fue diseñada en la Constitución de 1991 para actuar y no para ser espectadora atónita de la destrucción de todos los valores nacionales y universales.
El sábado 21 de diciembre de 2013, hacia las 10:00 horas, mientras miembros de la Comunidad de Paz se encontraban conmemorando el aniversario de un familiar en el cementerio de San José, fueron fotografiados y filmados ilegalmente por miembros de la Policía desde el bunker de dicha institución ubicado al frente del cementerio. Al ser conminados a mostrar las filmaciones, negaron rotundamente que las hubieran hecho. Se les recordó entonces que en muchas otras ocasiones han cometido el mismo delito y que lo han negado a pesar de haberlo hecho ante numerosos testigos. Se dejó constancia de que estaban actuando en violación de la ley.
El domingo 22 de diciembre de 2013, varios desmovilizados de las FARC se reunieron en un barrio de Medellín donde acordaron un plan para cometer una masacre en la zona de San José de Apartadó, pues según ellos, tienen todo acordado con los militares y paramilitares para perpetrar el crimen contra varios civiles del Corregimiento.
El lunes 23 de diciembre de 2013, se registró un tiroteo en el sitio la Antena, contiguo al casco urbano de San José.
El martes 24 de diciembre de 2013, tres funcionarios de la Defensoría del Pueblo irrumpieron en el asentamiento de San Josecito perteneciente a la Comunidad de Paz, aprovechando que la casi totalidad de los miembros de la Comunidad se encontraba en asamblea interna en otro espacio de la Comunidad. Los funcionarios de la Defensoría tomaron fotos de los espacios privados y además hicieron registros fotográficos de algunos miembros de la Comunidad que se encontraban allí, argumentando que, debido a que el Presidente Santos recientemente había pedido perdón a la Comunidad de Paz, se consideraba que todo lo que impedía la interlocución con instituciones del Estado quedaba superado y así la Defensoría podía permitirse pasear por los espacios privados de la Comunidad sin autorización alguna. Frente a esto es necesario aclarar que de las condiciones puestas por la Comunidad en 2005 para reanudar su interlocución con el Estado, hasta ahora sólo se ha cumplido una y a medias, pues el Presidente no presentó ningún plan para impedir la repetición de las agresiones, como se lo exigió la Corte Constitucional. Pero además, la ruptura con la Defensoría del Pueblo obedece a otras causas, como son el incumplimiento de sus obligaciones de defensa de una manera reiterativa frente a la Comunidad de Paz y la selección de funcionarios absolutamente insensibles frente a las agresiones que el Estado ha perpetrado contra los integrantes de la Comunidad y contra la población de su entorno.
El martes 31 de diciembre de 2013, hacia las 11:00 horas, funcionarios de la Defensoría del Pueblo ingresaron nuevamente sin autorización alguna al asentamiento privado de San Josecito, haciendo caso omiso de las vallas que marcan el carácter privado de dicho espacio de refugio y aduciendo que estaban allí porque creían que luego de la petición de perdón proferida por el Presidente Santos a la Comunidad de Paz, ya no existiría limitación o restricción alguna en la interlocución entre Comunidad e instituciones, desconociendo a la vez la privacidad de los espacios de refugio y protección, frente a instituciones que sólo han sabido agredir, desconocer derechos e incumplir sus propias obligaciones legales.
Entre el sábado 5 y el domingo 6 de enero de 2014 se escucharon detonaciones de artefactos explosivos en las veredas Mulatos y La Resbalosa.
El martes 7 de enero de 2014, hacia las 18:30 horas, se presentó un fuerte combate en el lugar La Antena, del corregimiento de San José, causando mucho temor en la población civil de la región.
El miércoles 8 de enero de 2014, hacia las 14:15 horas, en el lugar conocido como Tierra Amarilla, sobre la vía que comunica a Apartadó con San José de Apartadó, tres paramilitares vestidos de civiles y portando armas cortas, detuvieron el carro de servicio público que transitaba en ese momento con dirección a San José y preguntaron por un personaje que ellos necesitaban, refiriéndose a GERMÁN GRACIANO POSSO, Representante Legal de la Comunidad de Paz, quien a última hora había decidido no abordar el vehículo de turno en la terminal de transporte de Apartadó y que lo conduciría a San José. Cabe recordar que ese mismo día, en horas de la mañana, la Policía había instalado un retén a escasos minutos del lugar. Al no encontrar a Germán entre los pasajeros, conminaron a éstos a no hablar en absoluto sobre lo ocurrido si querían conservar sus vidas. Todo muestra que su propósito era desaparecer o asesinar al Representante Legal de la Comunidad de Paz, cumpliendo así con numerosas amenazas proferidas previamente en ese sentido. El lugar donde esperaron a Germán es un lugar donde la presencia del paramilitarismo a lo largo de las últimas décadas ha siso intensa y donde sus retenes han llevado a la muerte o desaparición forzada de numerosos integrantes de la Comunidad de Paz, actuando siempre en ese sitio bajo la protección activa o pasiva de la fuerza pública.
El domingo 12 de enero de 2014, hacia las 3:00 horas, un grupo de 23 paramilitares hicieron presencia en la vereda Bellavista perteneciente al corregimiento de San José. El grupo de paramilitares entre los que se encontraban los reconocidos hermanos ALBEIRO Y LUBÍN CARDONA BORJA, domiciliados ya por años en la Brigada 17 luego de haber perpetrado numerosos crímenes en compañía y bajo la dirección del Ejército, amenazaron a varios civiles, obligándoles a permanecer callados, de lo contrario no responderían por lo que les sucediera más adelante. Después de entrar en varias viviendas de los campesinos, se ocultaron en la montaña. Dicha presencia paramilitar se da en medio de una fuerte presencia militar en esta área lo que muestra a todas luces la complicidad de la fuerza pública con el paramilitarismo.
El miércoles 15 de enero de 2014, hacia las 14:00 horas, militares de la base militar de San José retuvieron a Huber Areiza, miembro de la Comunidad de Paz, allí los uniformados lo amenazaron de llevárselo retenido argumentando que él tenía orden de captura. Después de varios minutos y luego de proferir muchos insultos contra él, fue dejado en libertad.
El viernes 17 de enero de 2014, hacia las 14:00 horas, se presentó un hostigamiento a las bases de policía y militar ubicadas en el casco urbano de San José, quedando en medio del cruce de disparos varias familias de la Comunidad de Paz, incluyendo a GERMÁN GRACIANO, Representante Legal de la Comunidad de Paz y dos menores de edad de 4 y 2 años, quienes transitaban por el lugar acompañando a familias de la Comunidad.
El sábado 18 de enero de 2014, reconocidos paramilitares en Nuevo Antioquia anunciaron nuevamente el plan de eliminar a miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, afirmando que tienen todo ya planificado para ejecutarlo y que están esperando que la situación se calme un poco ya que en los últimos días ha habido muchas denuncias.
El domingo 19 de enero de 2014, hacia las 23:35 horas, se presentó un combate entre tropas militares y guerrilleros de las FARC en el sitio conocido como La Antena, en el corregimiento de San José de Apartadó.
El lunes 20 de enero de 2014, hacia las 14:00 horas y por espacio de 15 minutos se escucharon ráfagas en un campamento militar ubicado junto a un predio de la Comunidad de Paz en la vereda Mulatos del corregimiento de San José. Estos ametrallamientos generan pánico y zozobra a la población civil campesina.
El lunes 20 de enero de 2014, hacia las 10:03 horas, un sujeto que se identificó con el nombre de “Alberto”, llamó desde el celular 3164201221 a un poblador de la vereda La Unión, donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz, para pedirle que suministrara información sobre los movimientos de los líderes de la Comunidad, advirtiéndole que había recompensas monetarias atractivas para pagar esa información, invitándolo al tiempo a trabajar como informante que a la vez le hiciera seguimiento a los movimientos de la guerrilla en la región.
El martes 21 de enero de 2014, hacia las 21:30 horas y por espacio de 20 minutos se presentó un hostigamiento a un campamento militar ubicado en el sitio conocido como La Antena en el corregimiento de San José.
El miércoles 22 de enero de 2014, hacia las 20:44 horas, se presentó nuevamente un hostigamiento a tropas militares acantonadas en el sitio conocido como La Antena en el corregimiento de San José.
El sábado 25 de enero de 2014, miembros del Ejército Nacional quienes ya desde unos días antes habían acampado abusivamente en predios privados de la Comunidad de Paz en la vereda Mulatos, se robaron los productos de pan-coger de las familias allí asentadas, además de pisotear y destruir lo poco que aun quedaba, como verdadera banda de asaltantes y ladrones que en lugar de proteger derechos, como se los señala la Constitución, los violan y someten a infame pillaje a sus víctimas. Hasta ahora jamás el Estado ha respondido por esos hurtos ni reparado jamás a las víctimas y la justicia lo único que ha hecho es registrar esos hechos como “notitia criminis” sin jamás investigar ni sancionar a los responsables. Por su parte el Ministerio de Defensa responde que entregar los nombres de esos ladrones para que sean denunciados “atenta contra la seguridad nacional” y alegan que esa información es “de reserva nacional”, desacatando las sentencias de la Corte Constitucional que obligan al Gobierno a entregar esos nombres (Sentencia 1025/07).
El domingo 26 de enero de 2014, hacia las 14:00 horas, se registró un nuevo hostigamiento contra las bases de la Policía y del Ejército en el centro urbano de San José de Apartadó, bases ubicadas en medio de la población civil contra todas las normas de la Corte Constitucional, poniendo nuevamente en alto riesgo las vidas de los pobladores, quienes por ser domingo se hallaban haciendo el mercado semanal. El Gobierno Nacional continúa desacatando las órdenes de la Corte Constitucional en varias de sus sentencias, normas reforzadas pocos días antes de este combate, cuando el pasado 20 de enero la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Ramiro Pazos Guerrero, volvió a señalar que es imperativo para el Estado “cumplir con los compromisos asumidos en los instrumentos internacionales”. El Alto Tribunal recordó que la jurisprudencia ha señalado claramente que en zonas en las cuales con frecuencia se vea alterado el orden público, las estaciones de policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña. La mencionada sentencia del Consejo de Estado reconfirmó nuevamente lo preceptuado ya muchas veces por la Corte Constitucional, afirmando: ““En efecto, debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles”. En muy numerosas veces la Comunidad de Paz le ha exigido al Gobierno Nacional acatar esas normas, pero ni siquiera responde y ningún ente de control del Estado es capaz de urgir el acatamiento. Realmente vivimos bajo una ilegalidad consentida al más alto nivel.
El martes 28 de enero de 2014, varias familias de la Comunidad de Paz fueron nuevamente testigos de la fuerte presencia paramilitar en la vereda Playa Larga de San José de Apartadó. Esta vez iban vestidos con trajes civiles pero llevaban armas largas visibles e insignias con la sigla “AGC” (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). La zona de Playa Larga está muy cercana al poblado de Nuevo Antioquia, que ha sido un enorme nido de los paramilitares desde hace casi dos décadas y donde la protección y articulación de la fuerza pública con ellos nunca ha tenido pudor alguno. Como lo comprobó la Comunidad de Paz y numerosos acompañantes nacionales e internacionales en la peregrinación del pasado mes de octubre (2013), el Gobierno ha trazado allí una nueva estrategia: retiró la base militar; retiró el gobierno civil (Corregidor); dejó todo en poder de la Policía, la cual afirma que sólo le compete vigilar el casco urbano sin ninguna incidencia en las áreas rurales; dio orden a los paramilitares de no usar distintivos dentro del poblado y así, en los “controles” de la policía ellos son “población civil sin ningún antecedente”, dado que los antecedentes judiciales están registrados en los “alias” y no en los nombres que figuran en los documentos legales. Así los paramilitares han podido continuar allí con un control absoluto del poblado, en convivencia “legal” con la Policía.
El viernes 31 de enero de 2014, hacia las 12:30 horas, se registró un nuevo y fuerte enfrentamiento armado en el centro urbano de San José de Apartadó, el cual duró hasta las 15:00 horas. Los maestros de la escuela tuvieron que suspender sus clases por quedar atrapados en medio de los disparos y explosiones. La presencia de bases de la fuerza pública (Ejército y Policía) en tan pequeño asentamiento, así como la intensa presencia paramilitar que utiliza el caserío para coordinar sus acciones con la fuerza pública, siguen atrayendo al actor armado contrario (la Guerrilla) para enfrentarse allí militarmente, convirtiendo este desangrado territorio en campo de batalla. Nuevamente se advierten las fatales consecuencias del contumaz desacato del Gobierno a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado que le han ordenado sin descanso retirar esas bases de la cercanía de la población civil para que ésta no siga siendo el “escudo” de la fuerza pública, configurando un permanente Crimen de Guerra.
El mismo viernes 31 de enero de 2014, hacia las 15:00 horas, un sujeto que se identificó con el alias de “COFLAS” y como “Jefe Paramilitar” en la región, afirmando que estaba acompañado con otro personaje que es Sargento del Ejército, hizo una llamada desde el celular 3146800209 a un poblador de la vereda La Unión, invitándolo a trabajar con ellos y ofreciéndole buenas recompensas monetarias si suministra información sobre los movimientos de los líderes de la Comunidad de Paz. A pesar de lo que esto significa como grave amenaza contra la vida y demás derechos de los miembros del Consejo de la Comunidad de Paz, se sabe que la “justicia” no hace nada aunque tengan los números telefónicos desde donde actúan los victimarios.
El sábado 1° de febrero de 2014, hacia las 11:10 horas, se registró un nuevo hostigamiento a la base militar de San José con una duración aproximada de 20 minutos. Nuevamente la población civil estuvo en alto riesgo y nuevamente hubo que lamentar la contumaz rebeldía del Gobierno ante su propia Corte Constitucional y su Consejo de Estado, desacatando las normas que podrían proteger la vida de la población civil.
El domingo 2 de febrero de 2014, hacia las 9:00 horas, se escucharon disparos de armas de fuego en dirección a los cultivos de pan-coger de las familias de la Comunidad de Paz del asentamiento La Unión. La ocupación abusiva e ilegal por parte del Ejército, de espacios pertenecientes a la Comunidad de Paz, para acampar allí, ha impedido al mismo tiempo a las familias desarrollar sus labores agrícolas ordinarias de subsistencia y hace presumir que los mismos militares están atacando a bala los cultivos, convirtiendo en campo de batalla el terreno de sustento de la vida.
En la primera semana de febrero de 2014 se registró la permanente presencia del reconocido paramilitar APOLINAR GUERRA GEORGE, motorizado y en ocasiones escoltado, en los parajes de Caracolí y La Victoria, en la carretera que de Apartadó conduce a San José. Apolinar ha trabajado conjuntamente con la Brigada XVII del Ejército Nacional desde hace mucho años; en 2005 la Brigada XVII lo utilizó como un falso testigo para desacreditar y atacar a la Comunidad de Paz, cuando el Coronel Néstor Iván Duque, Comandante entonces del Batallón Bejarano Muñoz, quien antes lo había sometido a torturas, le ofreció dinero y lo trasladó a Bogotá con dinero suministrado por el líder paramilitar alias “HH” a fin de que el Vicepresidente Francisco Santos lo utilizara ante el cuerpo diplomático como falso testigo, dando una versión falsa de la masacre del 21 de febrero de 2005. Sin embargo hoy en día vive tranquilo, protegido por la fuerza pública que lo ha utilizado contra la población civil en la región.
El martes 4 de febrero de 2014, miembros de la Comunidad de Paz constataron la presencia de un grupo de militares quienes se habían ubicado en un predio que es propiedad privada de la Comunidad en la vereda Mulatos, donde la tropa había iniciado la construcción de un helipuerto y de un campamento para ellos pernoctar. Cuando un miembro de la Comunidad, quien se hallaba allí en labores de mantenimiento de los cultivos, se encontró frente a frente con uno de los soldados, éste lo conminó en forma amenazante a retirarse del predio, desconociendo que era el Ejército el que estaba delinquiendo y debía retirarse inmediatamente del predio. No valió hacerle ver a la tropa que estaba violando derechos constitucionales y en forma arrogante y contumaz continuaron construyendo el helipuerto y el campamento. Aún más, cuando días después se retiraron del predio, hurtaron alimentos que la Comunidad había cultivado. Lo hicieron con pleno descaro y con plena consciencia de que estaban delinquiendo. El helipuerto causó destrozos en el bosque y la montaña.
El miércoles 5 de febrero de 2014, hacia las 10:15 horas, fue detonado un artefacto explosivo en el casco urbano de San José de Apartadó, al paso de un grupo de militares de la base militar acantonada en el corregimiento y adscrita al Batallón Voltígeros de la Brigada XVII, resultando afectados dos soldados según información de los habitantes de San José. El artefacto fue detonado a pocos metros del Comando de la Policía, junto a una vivienda propiedad de la Comunidad de Paz. Cabe señalar que a 50 metros está el centro de salud y contiguo funciona el centro educativo de San José. Además de la vivienda de la Comunidad de Paz que resultó afectada, del mismo modo el templo de una Iglesia Cristiana. Las clases fueron suspendidas de inmediato debido al temor por lo sucedido. Este hecho ha generado una serie de señalamientos contra la población civil de la región por parte de la fuerza pública, hasta tal extremo que dos personas que se encontraban laborando en el momento en el Centro de Salud fueron retenidas como “sospechosas”. Como en infinidad de casos precedentes, la población civil víctima termina convertida en victimaria por las acciones del Ejército que busca “dar resultados inmediatos” (“falsos positivos”). Frente a este nuevo episodio bélico, el Comandante de la Brigada XVII, CORONEL LUIS MIGUEL GÓMEZ QUINTERO, seguido por un Concejal de Apartadó y algunos comerciantes de la ciudad, salió a los medios masivos a acusar a la Comunidad de Paz de complicidad y hasta de coordinación estrecha con la guerrilla, la que supuestamente había colocado los explosivos. ¿La razón? las denuncias persistentes de que se están violando las prescripciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en la ubicación de las bases militares y policiales, las cuales, en zonas de conflicto, no pueden estar ubicadas en cercanías de la población civil de modo que ésta pueda resultar afectada por los enfrentamientos bélicos. Resulta, entonces, que para el CORONEL GÓMEZ exigir que se cumpla la Constitución es “ser cómplice de la guerrilla”; defender los derechos de la población civil, es “ser cómplice de la guerrilla”. La enorme lista que a la fecha superan las más de 150 graves afectaciones que han causado a la población y a los bienes civiles las bases policial y militar colocadas ilegalmente en el casco urbano de San José de Apartadó, en contra de las prescripciones de las altas Cortes, revela a las claras la magnitud de los daños de los cuales se ha hecho responsable el Gobierno Nacional.
El mismo 5 de febrero de 2014, soldados de la base militar de San José amenazaron a varios campesinos diciendo: “lo sucedido aquí lo pagarán caro los pobladores HP de San José a través de acciones de los paramilitares en Apartadó y en Tierra Amarilla; que a nadie se le olvide que nosotros trabajamos juntos”. Minutos después, un miembro de la Comunidad de Paz que de San Josecito se dirigía a la vereda la Unión, fue abordado por los militares, quienes lo insultaron y amenazaron anunciándole una vez más el exterminio de la Comunidad de Paz, afirmando que para eso se apoyarán en los paramilitares. La Comunidad de Paz manifestó públicamente que rechaza todas las acciones violentas vengan de donde vengan y que colocan en riesgo la vida e integridad de la población civil. Precisamente por ello la Comunidad ha insistido que mantener el Puesto de Policía y la Base Militar donde están, es un atentado permanente contra los derechos de la población civil y un desacato contumaz a las órdenes de las altas Cortes. La Comunidad ha elevado numerosos clamores al Presidente de la República para que cese en su rebeldía ante los órganos de control del mismo Estado y responda por la gravedad de los daños que sus desacatos han causado.
El sábado 8 de febrero de 2014, HUBER AREIZA, miembro de la Comunidad de Paz, quien fue retenido este día durante varias horas por miembros del Ejército, poco antes de atravesar el caserío de San José de camino hacia el asentamiento de La Unión donde reside, fue puesto en libertad después de una intervención de un grupo de integrantes de la Comunidad que le exigió al oficial perpetrador dar razón de la arbitrariedad, pero el militar al verse sin razón alguna que sustentara su ilícito, resolvió negar que lo tuviera retenido, lo que dio pie para que la Comunidad invitara a la víctima a continuar su camino. Sin embargo, pocos minutos después, los militares y policías presentes en el caserío lo persiguieron y lo retuvieron nuevamente, exigiendo que se presentara algún familiar de él para identificarlo. Tal procedimiento es el utilizado rutinariamente por los paramilitares y es violatorio de la Sentencia 1206| 01 de la Corte Constitucional, la cual prohíbe rotundamente los empadronamientos. Cuando nuevamente la Comunidad se hizo presente para exigir respeto a los derechos constitucionales, los militares y policías trataron de separar a los niños de los adultos, alegando que el reclamo y la protesta eran un “mal ejemplo” para los niños, como ignorando que el verdadero mal ejemplo es transigir con la violación de los derechos humanos y constitucionales por parte de los mismos agentes del Estado.
El martes 11 de febrero de 2014, hizo explosión un artefacto en el caserío de San José, en cercanía de la base militar, ubicada en medio de la población civil, poniendo nuevamente a ésta en alto riesgo. De nuevo se constatan las graves consecuencias del desacato del Gobierno a las órdenes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que en reiteradas sentencias han prescrito retirar bases y estaciones de la cercanía de la población civil.
El 12 de febrero de 2014, la Presidencia de la RED ITALIANA DE SOLIDARIDAD COLOMBIA VIVE, asociación internacional de Derechos Humanos hermanada con la Comunidad de Paz, recibió un oficio del Secretario Ejecutivo de la PROCURADURIA PROVINCIAL DE APARTADÓ, Sr. FREDY SALAZAR IBÁÑEZ, dentro del expediente IUS 2013-428785, anunciándole que por haberse negado a venir a Colombia a rendir declaraciones sobre los atropellos de la Policía contra la Comunidad de Paz, sobre los cuales la Red pidió a la justicia colombiana investigaciones que evitaran la impunidad, el expediente quedaba archivado sin apelación posible. Queda así al desnudo el perverso mecanismo utilizado por la Procuraduría para garantizar la impunidad de los crímenes: buscar testigos en países extranjeros, quienes por supuesto no estuvieron presentes en el momento del crimen, y evitar buscar a los testigos que sí estuvieron presentes en los días, sitios y horas en que fueron perpetrados los crímenes, es decir quienes los perpetraron, con el fin de alegar que no fue posible la inmediatez de la prueba.
El jueves 13 de febrero de 2014, soldados de la base militar de San José, abordaron a Diana Higuita, habitante de la vereda La Unión, y le mostraron fotos de varias personas de la región entre ellas de su compañero, manifestándole que él tenía orden de captura; que lo invitaban a trabajar con ellos como informante y que se ganaría jugosas recompensas.
El viernes 14 de febrero de 2014, hacia las 15:00 horas, un grupo de militares realizaron pillajes a miembros de la Comunidad de Paz en la vereda la Unión.
El viernes 14 de febrero de 2014 fue retenido durante tres horas por tropas del Ejército, en la vereda Bellavista de San José de Apartadó, un reconocido campesino de la región. Los militares lo amenazaron y lo ultrajaron humillándolo vilmente y acusándolo de ser colaborador de la guerrilla. Cuando un grupo de campesinos se disponía a ir a exigir su libertad, los militares se dieron cuenta y lo dejaron libre no sin antes anunciarle que en otro momento “las pagaría”.
El domingo 16 de febrero de 2014, hacia las 23:00 horas, se registró un hostigamiento a una base militar ubicada en el sitio conocido como La Antena, junto al casco urbano de San José. Nuevamente se sienten las consecuencias del desacato contumaz del Gobierno a sus propios órganos judiciales del más alto nivel.
El martes 18 de febrero de 2014, un alto mando militar de la región, a través de los medios radiales de la región, tildó de irrespetuosa la exigencia de la ex Alcaldesa de Apartado, Doctora Gloria Isabel Cuartas, de que fueran removidas las bases militares y de policía en San José de Apartadó, como ignorando que no es la ex Alcaldesa la que ha dado dicha orden sino las más altas Cortes de la Nación.
El viernes 21 de febrero de 2014, hacia las 4:00 horas, un grupo de militares acampó en el caserío de San Josecito aprovechando que la mayoría de los miembros de la Comunidad se encontraban por fuera del asentamiento, en los actos conmemorativos de la horrenda masacre de 8 miembros de la Comunidad de Paz perpetrada por el Ejército en compañía de los paramilitares el 21 de febrero de 2005. Allí, los militares colocaron sus armas de dotación en la entrada de algunas casas y amanecieron rodeando algunas viviendas.
El sábado 22 de febrero de 2014, hacia las 16:00 horas, tropas del Ejército invadieron predios de la Comunidad de Paz en el asentamiento de San Josecito. Cuando un nutrido grupo de la Comunidad los abordó y les pidió explicaciones, los militares alegaron que no sabían que era un predio privado, a pesar de que estaba debidamente cercado. Cuando la protesta de la Comunidad, de acompañantes internacionales y nacionales los obligó a salir del predio, invadieron otro predio de la Comunidad dedicado a la siembra de cacao, y pretendían hacer allí un campamento. La presencia masiva de la Comunidad los hizo retirar rápidamente de este otro lugar, pero dejaron un sospechoso paquete colgado de un árbol, lo que causó temor en la Comunidad, dado que allí trabajan ordinariamente niños y adultos.
En los últimos días de febrero y primeros de marzo fue de público conocimiento que los paramilitares han ido impulsando la construcción de viviendas y actividades recreativas en las veredas de Rodoxaly y Sabaleta. El reconocido paramilitar alias “PANELO”, por tiempos domiciliado en la Brigada XVII, ha sido encargado de coordinar las actividades deportivas que miran a un exhaustivo control de la población.
El martes 4 de marzo de 2014, hacia las 16:30 horas un sujeto quien se identifico como integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamó desde el celular 3128226783 a Isabel Zapata habitante de la vereda El Cuchillo en el corregimiento de San José de Apartadó, a quien amenazó, además de proferir amenazas contra su familia y miembros de la Comunidad, en especial, contra Germán Graciano Posso, Representante Legal de la Comunidad de Paz, y otros pobladores de la región, quienes figuran en una lista para judicializar o asesinar.
El jueves 6 de marzo de 2014, hacia las 15:20 horas, se registró un enfrentamiento entre tropas del Ejército ubicadas en el sitio conocido como La Antena, del corregimiento de San José, con guerrilleros de las FARC. Según los medios radiales, un guerrillero resultó muerto. La intensa presencia militar / policial en el área urbana de San José, muy cerca de la cual queda La Antena, continúa atrayendo al grupo bélico contrario, convirtiendo el área en campo de batalla donde la vida e integridad de todos los pobladores es puesta en alto riesgo. Entre tanto el Gobierno continua con increíble tozudez desacatando todas las órdenes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ordenan retirar las bases militares y policiales de la cercanía de la población civil, de modo que ésta no continúe sirviendo de escudo a los agentes armados del Estado.
El sábado 8 de marzo de 2014, en el transcurso del día se registraron varias detonaciones de artefactos explosivos en distintos lugares del corregimiento de San José. Uno de esos artefactos explotó en el casco urbano, lo que generó mucho temor en la población civil, la cual vive sometida al pánico y a alto riesgo, toda vez que la intensa presencia de militares y policías en su espacio hace que las guerrillas entren a atacar allí a sus contendores de guerra y se formen combates que ante todo afectan a los civiles no armados.
El domingo 9 de marzo de 2014, en horas de la mañana, una patrulla de la Policía se estacionó en el asentamiento de San Josecito, centro de la Comunidad de Paz, parqueando incluso un vehículo allí. En el momento en que un grupo de familias de la Comunidad se acercó a los uniformados para solicitarles que se retiraran del lugar, el cual es propiedad privada y está debidamente señalizado con vallas, el mando de la patrulla, enfurecido, ultrajó a los miembros de la Comunidad, alegando que “ellos pueden estar donde les dé la gana”, lo cual no tiene sustento alguno en la ley.
El domingo 9 de marzo de 2014, hacia las 16:30 horas, un grupo de militares de la base militar de San José, que se encontraban atrincherados a la salida del caso urbano de San José, dispararon indiscriminadamente contra JOHN GÓEZ, poblador de la vereda Arenas Altas. Varios proyectiles impactaron en la bestia que él montaba, la cual murió al instante. Este hecho se registró al frente del centro estudiantil del casco urbano del poblado, a la vista de muchos testigos quienes hacían presencia allí. Afortunadamente el joven resultó ileso. Este grave hecho ha generado gran preocupación en los habitantes de la región, pues una vez más se evidencia el riesgo que representa para la población civil del corregimiento la presencia militar y policial en el centro poblado.
El lunes 10 de marzo de 2014, en horas de la mañana, el campesino NORBEY SEPÚLVEDA, habitante de la vereda La Unión, fue perseguido por miembros del Ejército. Más tarde los militares lo contactaron por vía telefónica y le propusieron que trabajara con ellos como informante, chantaje muy común en los militares que hacen presencia en la zona, los cuales, sin tener facultades judiciales, inventan falsas órdenes de captura o cooptan a jueces amigos para que las emitan, haciendo creer a pobladores civiles que no participan en el conflicto armado que están acusados de “rebelión” o delitos similares, con el fin de amedrentarlos y convertirlos en informantes del Ejército. En la misma zona los militares preguntaron también por EUGENIO GUZMÁN y REINALDO AREIZA, quienes supuestamente están en una lista de gente para asesinar.
Le reitero, pues, Señor Presidente, las peticiones aún no atendidas y otras adicionales que se fundan en las últimas actuaciones criminales de sus subalternos, en flagrante desacato a la Corte Constitucional, que se sustentan en la parte resolutiva de la Sentencia T-1025/07:
-Suministrarme los nombres de los integrantes del Estado Mayor y de las direcciones de operaciones y de inteligencia de las brigadas XI y XVII durante el último año.
-Suministrarme los nombres de los oficiales que han tenido el mando de las bases o unidades militares y policiales acantonadas en el corregimiento de Nuevo Antioquia, municipio de Turbo, durante los últimos cinco años, con sus códigos militares.
-Suministrarme el nombre completo, código militar, unidad de pertenencia y línea de mando del Superintendente García, supuestamente adscrito a la base militar de Nuevo Antioquia.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de los miembros del Ejército y la Policía presentes en el caserío de San José de Apartadó los días: 11 de diciembre de 2011; 13 de marzo de 2012 y más específicamente identificar al militar que este día disparó contra la humanidad de John Freddy Úsuga; y entre el 27 y el 30 de mayo de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar presente en el retén de Caracolí los días 15 de diciembre de 2011 y 11 de enero de 20012.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda Mulatos de San José de Apartadó los días 28 de enero de 2012; 2 de febrero de 2012; 10 de febrero de 2012 y 20 de febrero de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial presente en la vereda La Cristalina de San José de Apartadó, los días 31 de enero de 2012 y 7 de febrero de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que sostuvo un combate con la guerrilla en la vereda Arenas Bajas el 20 de febrero de 2012 en medio del cual fue asesinada la civil discapacitada Marlobe David Sánchez.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que llegó en helicópteros a la vereda Las Nieves de San José de Apartadó el 24 de julio de 2012.
-Exigirle al Coronel Javier Eduardo Vallejos, Comandante de la Brigada XVII, reparación de sus calumnias contra la Comunidad de Paz o demostrar que las pequeñas donaciones que la Comunidad recibe de grupos solidarios están condicionadas a denuncias que la Comunidad realice contra instituciones del Estado, así como probar al mismo tiempo que los crímenes denunciados por la Comunidad son falsos.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia el 7 de agosto de 2012 en la vereda La Resbalosa y que sostuvieron un supuesto combate con insurgentes en el que murió un supuesto guerrillero.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia en la vereda La Unión, de San José de Apartadó, el día 14 de agosto de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia en el cerro Chontalito, de San José de Apartadó (entre las veredas Buenos Aires y Mulatos) el día 15 de agosto de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia entre las veredas La Unión y Las Nieves, de San José de Apartadó, el día 18 de agosto de 2012, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros de la Policía motorizada de la ciudad de Apartadó que condujeron al comando a Germán Graciano el 28 de agosto de 2012 en coordinación con personas en trajes de civil quienes intentaron identificarlo en presencia de la Policía luego de hacerle seguimientos por la ciudad.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros de la Policía que mantuvieron un retén en el sitio “La Cabaña” de Apartadó el 29 de agosto de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia en la vereda La Unión, de San José de Apartadó, el 30 de agosto de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia en el corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa, el 31 de agosto de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros de la Policía que hacían presencia en el retén del barrio Mangolo, de Apartadó, el 5 de septiembre de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia en el corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa, el 5 de septiembre de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros de la Policía que hacían presencia en un retén ubicado entre la ciudad de Santa Fe de Antioquia y el municipio de Cañasgordas, en la noche del 6 de septiembre de 2012. Aunque en este caso la Policía ha enviado una abundante documentación sobre puestos de control en la zona, no es creíble que un atraco a tan poco distancia ni siquiera haya sido registrado.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia en la base militar de San José de Apartadó (junto al centro urbano del corregimiento) el 13 de septiembre de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia de patrullaje en la vereda Miramar, de San José de Apartadó, el 19 de septiembre de 2012.
–Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército y de la policía que hacían presencia en el centro urbano de San José de Apartadó el 27 de septiembre de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia a la entrada de la finca privada La Holandita de San José de Apartadó, el 3 de octubre de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia en la base militar de San José de Apartadó, junto a su centro urbano, el 4 de octubre de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que dirigían la emisora del ejército en Apartadó el 4 de octubre de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército y de la policía que hacían presencia en el centro urbano de San José de Apartadó el 6 de octubre de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército o de la policía, presentes en el caserío de San José de Apartadó, quienes el 12 de octubre de 2012 ingresaron a la vivienda del Señor Jorge Bedoya.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando de los oficiales de la Brigada XVII a cuya responsabilidad estaba asignada la protección de los pobladores de las veredas El Porvenir, La Esperanza y Caraballo, entre 1° y el 16 de diciembre de 2012.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando de quienes comandaban e integraban las unidades militares que llegaron en dos helicópteros a la vereda La Esperanza el 29 de diciembre de 2012.
–Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en la base militar del centro urbano de San José de Apartadó el 6 de enero de 2013 en horas de la noche.
-Informarme sobre la relación con la fuerza pública del supuesto desmovilizado “Santiago Giraldo”, así como del usuario del celular 311-3422998.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que fumigó los cultivos de pan-coger de la vereda La Resbalosa el 17 de enero de 2013.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar de la Brigada XI a cuya responsabilidad estaba asignada la protección de los pobladores de la vereda El Manso del municipio de Tierralta, Córdoba, el 17 de enero de 2013.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando de los integrantes de las patrullas militares y auxiliares civiles que patrullaron la vereda Rodoxalí durante las semanas segunda y tercera de enero de 2013.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar a cuyo mando y coordinación han estado y están los hermanos Cardona Borja, paramilitares residenciados en la Brigada XVII del Ejército.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la vereda Miramar y cercanías de la vereda La Cristalina, entre el 25 y 26 de enero de 2013.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la base militar de San José de Apartadó el miércoles 30 de enero de 2013.
Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando de los integrantes de la Brigada Móvil No. 24 que el viernes 1° de febrero de 2013 se encontraban en cercanías de la vereda Arenas Bajas de San José de Apartadó y que el día 2 de febrero ingresaron a la vivienda de la Señora Nolfa Sánchez en la misma vereda, en el punto conocido como La Máquina.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que se encontraba en el centro urbano de San José de Apartadó el viernes 8 de febrero y el domingo 10 de febrero de 2013.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que en la semana del 11 al 16 de febrero de 2013 se encontraba en el corregimiento de Nuevo Antioquia, en el corregimiento de Piedras Blancas y en la vereda de Zunguito.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que condujo los helicópteros militares que hicieron presencia en cercanías del centro urbano de San José de Apartadó el jueves 14 de febrero de 2013.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en el corregimiento de Piedras Blancas del municipio de Carepa el martes 19 de febrero de 2013.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en el corregimiento de Nuevo Antioquia entre el 21 y 23 de febrero de 2013.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal de la Brigada Móvil No. 24 que el 26 de febrero de 2013 hizo presencia en la vereda La Esperanza, en los espacios de la Comunidad de Paz.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal de la Policía Anti Narcóticos que ha estado fumigando (febrero de 2013) las veredas de La Resbalosa, Mulatos y Las Nieves.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que el 6 de marzo de 2013 a las 04:00 horas de la madrugada allanó ilegalmente la humilde vivienda de Alfredis Rivas en la vereda La Linda de San José de Apartadó y que luego provocó un combate en medio de la población civil poniendo a ésta en alto riesgo.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la vereda La Hoz el viernes 8 de marzo de 2013, quienes se enfrentaron con un grupo paramilitar dando de baja a varios de ellos pero considerando todo esto un “error” y dejando sin decomisar el armamento que ellos tenían y sin investigar las identidades de los occisos.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial que estableció un retén en cercanías del aeropuerto de Carepa , en horas de la mañana, el lunes 11 de marzo de 2013.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la base militar del centro urbano de San José de Apartadó el viernes 15 de marzo de 2013.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en el corregimiento de Piedras Blancas, municipio de Carepa y en cercanías de la vereda Miramar de San José de Apartadó, el miércoles 27 de marzo de 2013.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en el corregimiento de Nuevo Antioquia el viernes 29 de marzo de 2013 y particularmente del personal militar a cuyo servicio se encuentran los paramilitares Leider Osorio David, alias “Tribilín”, y José Adelmo Osorno, alias “Panelo”.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial que el 1° de abril de 2013 detuvo ilegalmente en Apartadó a Julio Guisao, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la vereda La Sucia el jueves 4 de abril de 2013 y que provocó un enfrentamiento junto a la vivienda de la Familia Florez causándole daños.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial que el jueves 4 de abril de 2013 detuvo ilegal y arbitrariamente en Apartadó a Germán Graciano, Representante Legal, y a Julio Guisao, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en el centro urbano de San José de Apartadó el 5 de abril de 2013 quienes tomaron como suyo el centro de formación que allí existe, construido por la Comunidad de Paz.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la vereda La Hoz el viernes 5 de abril de 2013 practicando detenciones ilegales y arbitrarias.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que los días 5 y 6 de abril de 2013 invadieron los lugares de trabajo de familias de la Comunidad de Paz del asentamiento de San Josecito impidiéndoles trabajar en sus labores agrícolas de subsistencia.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba entre San Josecito y San José de Apartadó el 6 de abril de 2013 hacia las 18:30 horas, quienes retuvieron ilegal y arbitrariamente al Representante Legal de la Comunidad de Paz y profirieron amenazas e insultos contra la Comunidad.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en inmediaciones de la vereda La Sucia donde fue asesinado el joven campesino Agustín Mora Sucerquia el sábado 6 de abril de 2013.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en cercanías del estadero Caracolí, sobre la carretera que de Apartadó conduce a San José, quienes ejecutaron al joven campesino Carlos Andrés Torres Borja el 9 de abril de 2013 hacia las 16:45 horas.
-Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la vereda Arenas Altas el martes 9 de abril de 2013 y que presentaron combate en predios de viviendas y cultivos de la Comunidad de Paz.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba el 13 de abril de 2013 en la vereda Arenas Bajas o en sus cercanías.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba el 16 de abril de 2013 en la vereda Arenas Altas, al parecer de la Brigada Móvil 24, quienes confesaron ser amigos y departir continuamente con el reconocido paramilitar Dairo de Jesús Rodríguez alias “Lalo” en el centro urbano de San José de Apartadó durante varios años y que este día practicaron detenciones ilegales, malos tratos y amenazas.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal que se encontraba en la vereda La Linda de San José de Apartadó el 19 de abril de 2013 en compañía de paramilitares y practicando detenciones ilegales y afrentas y amenazas a los pobladores.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que irrumpió en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra de la vereda Mulatos de San José de Apartadó el 21 de abril de 2013, violando propiedades privadas, impidiendo el trabajo de supervivencia de los pobladores y realizando amenazas, detenciones ilegales y chantajes.
· Suministrarme los nombres de los miembros del Estado Mayor y Dirección Operacional de las Brigadas XVII y Móvil 24, quienes a todas luces han tolerado, permitido y avalado la presencia de grupos criminales paramilitares de cuya coordinación con el ejército no queda duda alguna.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando los miembros del personal militar que hizo presencia en la vereda La Linda de San José de Apartadó el 19 de abril de 2013 y que en los días posteriores se comunicó repetidas veces, vía telefónica, con el campesino William Cardona.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda La Linda de San José de Apartadó el día 23 de abril de 2013.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia el 5 de mayo de 2013 en la vereda La Osa del corregimiento de Tierralta, municipio de Tierralta, Córdoba, quienes asesinaron al campesino Manuel Enrique Martínez Cardona.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de los miembros de la Policía Nacional adscritos al comando de Apartadó y a los policías de civil o colaboradores civiles de dicho comando quienes privaron ilegal y arbitrariamente de su libertad a la Sra. Laura Serna y Elvia María Cataño y las sometieron a otros procedimientos ilegales el 14 de mayo de 2013 y les quitaron sus documentos.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en la carretera entre Apartadó y San José de Apartadó el domingo 19 de mayo de 2013, trayecto en el cual fue interceptado un vehículo de servicio público y retenido, amenazado y llevado con intenciones de asesinarlo, el campesino Ángel Eusebio Graciano.
-Suministrarme el nombre completo, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del SUBINTENDENTE HERNÉNDEZ, de la Policía, quien hacía presencia en el aeropuerto de Carepa el 19 de mayo de 2013 empadronando a la gente en flagrante violación de preceptos explícitos de la Corte Constitucional y respondiéndole a sus víctimas que no obedecía a la Corte Constitucional porque la Policía podía “hacer lo que le dé la gana” sin someterse a las leyes.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se enfrentó en combate con un grupo guerrillero el 23 de mayo de 2013 en el sitio El Barro de la vereda Mulatos de San José de Apartadó, tomando como trinchera la vivienda de una familia civil, perpetrando así el crimen de guerra de Escudo, proscrito en el Derecho Internacional Humanitario.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que detuvo ilegal y arbitrariamente al menor de edad Edilberto Tuberquia, de la Comunidad de Paz, el 25 de mayo de 2013 en la vereda Mulatos, sometiéndolo a insultos y amenazas.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 27 de mayo de 2013 ocupó una propiedad privada en la vereda La Unión y que el mismo día se enfrentó con un grupo guerrillero junto a otra vivienda de civiles en la vereda Las Claras, cercana a La Unión, poniendo en alto riesgo a la familia.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de los agentes de la Policía que hacían presencia en el aeropuerto de Carepa el lunes 27 de mayo de 2013 a las 14:50 horas, quienes trataron de empadronar ilegalmente, en flagrante violación de normas de la Corte Constitucional, a Jesús Emilio Tuberquia, integrante del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal de la Policía que hacía presencia en el aeropuerto de Carepa el 28 de mayo de 2013 a las 8:40 horas, quienes trataron de empadronar ilegalmente, en abierta violación de normas de la Corte Constitucional, a Arley Tuberquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal de la Policía que el 30 de mayo de 2013 a las 15:00 horas interceptó a los 32 delegados de la Comunidad de Paz que regresaban de Bogotá donde el día anterior el Presidente Santos había anunciado que haría la retractación de las calumnias contra la Comunidad de Paz proferidas por el anterior Presidente, acto que fue incumplido. Los policías sometieron a interrogatorios y requisas a los delegados.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se enfrentó con un grupo de guerrilleros el 30 de mayo de 2013 a las 14:00 horas entre las veredas La Esperanza y Mulatos de San José de Apartadó, haciendo blanco de sus disparos la casa del campesino Reinaldo Cardona, la cual quedó casi destruida, sin reparar que la familia y sus niños se encontraban en su interior.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que ingresó ilegal y abusivamente a la propiedad privada Aldea de Paz, de la vereda Mulatos.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 3 de junio de 2013 hizo presencia en la vereda La Unión y violó propiedades privadas afirmando explícitamente que no les importan las leyes.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que acampó en la vereda La Esperanza de San José de Apartadó del 1 al 4 de junio de 2013 violando espacios privados de vida y trabajo.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda Mulatos el 5 de junio de 2013 que retuvieron ilegal y arbitrariamente a Bernardo Sepúlveda, integrante de la Comunidad de Paz y anunciaron nuevas acciones ilegales contra la Comunidad de Paz.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar acantonado en la base militar del centro urbano de San José de Apartadó el 7 de junio de 2013 que disparó proyectiles contra las aulas de la escuela del lugar en medio de un enfrentamiento con la guerrilla y que profirió amenazas contra la población civil del caserío ese mismo día.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en el centro urbano de San José de Apartadó el 8 de junio de 2013 que amenazó de muerte al campesino Juan Sánchez mientras atravesaba a caballo el caserío.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda Mulatos de San José de Apartadó el 9 de junio de 2013 quienes retuvieron ilegalmente al campesino Ramón Isidro Guerra, intentaron robarle su mula, lo amenazaron y anunciaron nuevas agresiones contra la Comunidad de Paz.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se coordinó estrechamente con los grupos paramilitares para rescatar las mulas que la guerrilla le robó a los paramilitares y que proclamaron el 10 y 11 de junio en varias veredas que estaban unidos para rescatar las mulas.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en el centro urbano de San José de Apartadó el 15 de junio de 2013 el cual retuvo ilegal y arbitrariamente a Luis Alberto Correa Borja.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 13 de julio de 2013 ocupó ilegal y abusivamente la vivienda de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz en la vereda La Unión.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que el 22 de julio fumigó y destruyó criminalmente los cultivos de pancoger de la Comunidad de Paz en las veredas Mulatos y La Resbalosa, envenenando las aguas de consumo cotidiano.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda La Cristalina de San José de Apartadó el 27 de julio de 2013 obligando a desplazarse a una familia del lugar bajo amenazas de muerte.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de los miembros de la Policía que hacían presencia en un retén sobre la carretera entre San José y Apartadó el 29 de julio de 2013 a las 15:20 horas, quienes retuvieron a John Freddy Úsuga y lo amenazaron con una falsa orden de captura.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda Arenas Altas de San José de Apartadó el 16 de agosto de 2013, quienes apoyaron un censo y empadronamiento ilegal llevado adelante por los paramilitares.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda La Resbalosa entre el 20 y 25 de agosto de 2013 ingresando ilegalmente a espacios privados de las familias de la Comunidad de Paz, forzando un empadronamiento ilegal y afirmando que no obedecen las leyes sino que hacen lo que les venga en gana, negándose a retirarse de los espacios privados ante peticiones de comisiones de la Comunidad de Paz que se trasladaron al lugar.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 21 de agosto retuvo ilegalmente al campesino Filinardo Quintero entre las veredas La Unión y Arenas Altas, amenazándolo y anunciando que los paramilitares venían detrás para atentar contra la Comunidad de Paz.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que llegó en helicóptero a la vereda Arenas Altas el 26 de agosto en una evidente coordinación logística con los militares que hacían presencia allí mismo desde días antes.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que bombardeó una zona de la vereda La Linda el 31 de agosto de 2013, sin reparar en la presencia de población civil.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en la vereda La Hoz de San José de Apartadó el 31 de agosto de 2013, cuando paramilitares desaparecieron forzadamente al joven Buenaventura Hoyos Hernández de 18 años, estando los militares a pocos metros del lugar donde los paramilitares cometieron numerosas vejaciones, obligaron a la mayoría de las familias a desplazarse y saquearon todas las viviendas robando enseres y animales domésticos.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó el 31 de agosto de 2013, reteniendo ilegalmente al campesino Walter David y profiriendo amenazas contra la Comunidad de Paz.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que rodeó el asentamiento de San Josesito de la Comunidad de Paz en la madrugada del 1 de septiembre de 2013.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en el centro urbano de San José el 5 de septiembre de 2013, el cual se enfrentó con la guerrilla en medio de la población civil en momentos en que atravesaba por el poblado una Comisión Humanitaria de la Comunidad de Paz con acompañamiento internacional, poniendo en alto riesgo la vida de los miembros de la Comisión y de los pobladores del caserío quienes fueron blancos de impactos a dos metros de distancia, estando previamente anunciado a la comandancia de la Brigada el paso de la Comisión.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que hacía presencia en el caserío de San José el 10 de septiembre de 2013 quienes retuvieron e intentaron ilegalmente empadronar al miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz Gildardo Tuberquia.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó el 11 de septiembre de 2013 quienes retuvieron ilegalmente y amenazaron al integrante de la Comunidad de Paz Urías Guisao, anunciando nuevas agresiones y crímenes contra la Comunidad de Paz.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial encargado de la seguridad de la carretera que une a San José con Apartadó en la jornada del 15 de septiembre de 2013, quienes permitieron que en el sitio Tierra Amarilla, multitud de veces denunciado por la presencia allí de estructuras paramilitares, paramilitares amenazaran a los ocupantes de los vehículos anunciando que quienes participaran en la marcha campesina del día siguiente serían asesinados.
-Suministrarme los nombres y códigos institucionales de los oficiales responsables del comando de las Brigadas 17, 11 y Móvil 24, en cuyas jurisdicciones se han movido durante el año 2013 con plena libertad grandes contingentes de paramilitares, quienes en repetidas ocasiones le han asegurado al campesinado que todo lo tienen coordinado con el ejército y que mutuamente se comunican sus rutas de desplazamiento por la zona, manteniendo grandes bases paramilitares de público conocimiento en Nuevo Antioquia, Playa Larga, Sabaleta, Los Mandarinos, Piedras Blancas, Batata y otras sin que haya el más mínimo intento de represión y control contra dichos grupos ilegales.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que en la noche del 17 de septiembre de 2013 ingresó ilegalmente a la hacienda privada de San Josecito, de la Comunidad de Paz.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 18 de septiembre de 2013 a las 5:00 horas del amanecer interceptó y detuvo a miembros de la Comunidad de Paz que se dirigían a Apartadó.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que realizó un montaje a la entrada del asentamiento de San Josecito el 18 de septiembre de 2013, sacando fusiles de costales que portaban y fotografiándolos a la entrada del asentamiento, entregándoselas a un sujeto con prendas militares sin insignias de identificación.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar encargado de la seguridad de las veredas La Nieves, La Esperanza y La Unión el 20 de septiembre de 2013, permitiendo que los paramilitares hicieran retenes, detuvieran a miembros de la Comunidad y a otros campesinos, los ultrajaran y anunciaran masacres y otros atropellos, llevándose consigo al campesino Reinaldo Cardona, fotografiándolo y anunciándole que está en una lista de gente para asesinar.
Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial encargado de la seguridad de la vereda Caño Seco de San José de Apartadó el 20 de septiembre de 2013, quienes permitieron que los paramilitares incursionaran allí para presionar a los campesinos a presentarse ante sus jefes en la base paramilitar de Piedras Blancas, ampliamente conocida, tolerada y apoyada por la Brigada XVII, hasta el punto que con los paramilitares iban los hermanos Ovidio, Albeiro y Lubín Cardona Borja, domiciliados en la Brigada por largo tiempo y entregados al Ejército desde diciembre de 2005, aceptando perpetrar masacres y otros crímenes con el personal militar.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que permaneció entre el 15 y el 22 de septiembre de 2013 en el área del asentamiento de San Josecito violando la propiedad privada y dañando los cultivos comunitarios y negándose a retirarse por estar supuestamente “cumpliendo órdenes superiores”.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que detuvo al miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz el 22 de septiembre de 2013 en la vereda Chontalito, acusándolo falsamente de llevar remesas para la guerrilla.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar encargado de la seguridad de la vereda La Esperanza de San José de Apartadó el 23 de septiembre de 2013, quienes permitieron que los paramilitares ocuparan viviendas de la Comunidad de Paz para dormir y afirmaran con toda seguridad ante los campesinos del entorno que ellos actuaban en plena coordinación con la fuerza pública.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que hacía presencia en el caserío de San José y en la carretera que de Apartadó conduce a San José el 28 de septiembre de 2013, quienes permitieron que paramilitares armados y motorizados ingresaran al asentamiento de San Josecito y al caserío de San José a repartir volantes de su organización durante la noche.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar encargado de la seguridad de las veredas Rodoxaly, Sabaleta, las Flores y Las Monas, quienes permitieron que los paramilitares repartieran volantes de su organización sin ser molestados.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar del Batallón Vélez que hacía presencia en la vereda La Hoz de San José de Apartadó y que fueron cómplices, junto con los paramilitares, de la desaparición forzada del joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, así como del saque y pillaje de las viviendas de dicho asentamiento y del desplazamiento forzado de varias familias allí residentes.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial que hace presencia en el poblado de Nuevo Antioquia, de Turbo, quienes toleran la presencia de reconocidos paramilitares que se pasean por el poblado, como lo pudo comprobar la peregrinación de 150 personas que llegó allí el 6 de octubre de 2013, y del personal militar del Batallón Vélez que hacía presencia en la vereda La Hoz el 8 de octubre de 2013, quienes dormían a pocos metros de los paramilitares y sin embargo negaban haberlos visto.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que los días 10 y 11 de octubre de 2013 sobrevolaron en helicópteros la zona de San José de Apartadó lanzando volantes con falsas acusaciones a campesinos para justificar por anticipado su captura o su muerte como “falsos positivos”.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal que se hallaba el 12 de octubre de 2013 en la finca de la familia Molina de la vereda La Hoz de San José de Apartadó, quienes reprimieron y amenazaron con represalias a un soldado que se atrevió a reconocer el apoyo del ejército a los paramilitares.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que entre el 28 y el 30 de octubre de 2013 ocuparon las entradas y bordes del asentamiento de San Josecito de la Comunidadde Paz, perturbando las actividades de subsistencia y poniendo en riesgo de ataque de fuerzas contrarias a la población civil.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar encargado de la seguridad de la vereda Arenas Bajas de San José de Apartadó el 13 de noviembre de 2013, quienes permitieron la presencia violenta y amenazante de los paramilitares allí.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial encargado de la seguridad de la vereda Arenas Altas y Pueblo Galleta, del corregimiento de Currulao y el área urbana de Turbo, el 18 de noviembre de 2013, quienes permitieron que los paramilitares se llevaran a 6 menores y un adulto, estando 5 de los menores armados por la guerrilla, delegando en los paramilitares abiertamente sus tareas contrainsurgentes y permitiendo además que las familias de los menores y algunas instituciones del Estado se dejaran escoltar por camionetas y otros vehículos de los paramilitares hasta el sitio Pueblo Galleta donde los entregaron y de allí hasta Currulao y Turbo, dejándole la policía el campo libre a los paramilitares en Turbo para que amenazaran de nuevo a los menores y a sus familias y las ultrajaran.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia entre el 17 y 19 de noviembre de 2013 en las veredas Mulatos y La Resbalosa, quienes se presentaron ante los campesinos alternativamente como militares y como paramilitares.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial encargado de la seguridad del corregimiento de Nuevo Antioquia de Turbo, quienes permitieron que los reconocidísimos líderes paramilitares que se pasean diariamente por el caserío, reunieran gente y anunciaran la comisión próxima de diversos crímenes contra miembros de la Comunidad de Paz, pobladores de diversas veredas de San José de Apartadó.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial que se hallaba en la estación localizada frente al cementerio de San José el 21 de diciembre de 2013 hacia las 10:00 horas, quienes desde su búnker filmaron a los participantes en una ceremonia religiosa que se ofició en el cementerio del corregimiento.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial encargado de la seguridad de la carretera entre Apartadó y San José el 8 de enero de 2014 a las 14:15 horas, quienes permitieron que los paramilitares portando armas detuvieran un vehículo a la altura de Tierra Amarilla, donde buscaban al Representante Legal de la Comunidad de Paz para asesinarlo.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar encargado de la seguridad de la vereda Bellavista el 12 de enero de 2014, quienes permitieron el ingreso de 23 paramilitares, entre ellos los hermanos Cardona Borja demasiado familiarizados con la Brigada XVII puesto que han estado domiciliados allí por largos períodos y se han desplazado con los militares perpetrando crímenes en muchos sitios, llegaran a las 3 de la madrugada a amenazar a los pobladores.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en el caserío de San José el 15 de enero de 2014 quienes detuvieron ilegal y arbitrariamente a Huber Areiza de la Comunidad de Paz alegando una falsa orden de captura.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial que hacía presencia en el área urbana de Nuevo Antioquia el 16 de enero de 2014 quienes permitieron que los paramilitares que viven allí con su tolerancia y apoyo, anunciaran nuevas masacres contra la Comunidad de Paz, reiterando una vez más su total coordinación para ello con la fuerza pública.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 25 de enero de 2014 ingresó abusivamente a predios privados de la Comunidad de Paz en la vereda Mulatos a robar los productos de pan-coger de las familias.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar encargado de la seguridad de la vereda Playa Larga de San José de Apartadó el 28 de enero de 2014, donde fueron vistos numerosos paramilitares armados recorriendo la zona.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en la vereda La Unión el 2 de febrero de 2014, quienes dispararon e hicieron estallar explosivos junto a los sitios de cultivos de la Comunidad de Paz, bloqueando el trabajo agrícola de subsistencia.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial encargado de la seguridad de la carrettera entre Apartadó y San José en la primera semana de febrero, quienes permitieron la presencia en Caracolí y La Victoria del reconocido paramilitar Apolinar Guerra, en ocasiones escoltado.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que ocupó abusivamente un predio privado en la vereda Mulatos donde la Comunidad de Paz tiene cultivos, con el fin de construir un helipuerto y un campamento, desafiando de manera altanera y amenazante la protesta de la Comunidad y robando luego productos al salir.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en el caserío de San José el 5 de febrero de 2014 cuando estalló un artefacto que afectó a miembros del ejército, quienes anunciaron vengarse en la Comunidad de Paz mediante acciones de los paramilitares, reiterando una vez más que ejército y paramilitares trabajan juntos y anunciando nuevamente el exterminio de la Comunidad de Paz.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que hacía presencia en el caserío de San José el 8 de febrero de 2014, quienes detuvieron ilegal y arbitrariamente a Huber Areiza, trataron de empadronarlo, luego negaron tenerlo detenido y minutos después lo volvieron a detener sometiéndolo a procedimientos ilegales y abusivos.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en San José el 13 de febrero de 2014 quienes abordaron a Diana Higuita y le mostraron fotos de su compañero aduciendo una falsa orden de captura ofreciéndole prebendas si trabaja con ellos como informante.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 14 de febrero de 2014 hicieron presencia en la vereda La Unión y realizaron pillajes a viviendas de la Comunidad de Paz.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda Bellavisto de San José de Apartadó el 14 de febrero de 2014 deteniendo abusivamente a un campesino a quien amenazaron y ultrajaron hasta que la comunidad se levantó a exigirles poner fin a su delito.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que 21 de febrero de 2014 invadió los alrededores del asentamiento de San Josecito aprovechando laausencia de la mayoría de sus pobladores, quienes conmemoraban la horrenda masacre perpetrada por ejército y paramilitares el 21 de febrero de 2005.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 22 de febrero de 2014 ocupó varios predios privados de la Comunidad de Paz en los alrededores del asentamiento de San Josesito, a pesar de estar debidamente cercados y con vallas.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en el caserío de San José el 9 de marzo de 2014 hacia las 16:30 horas quienes dispararon contra el poblador de la vereda de Arenas Altas John Góez, impactando a la bestia que él montaba la cual murió inmediatamente.
-Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 10 de marzo de 2014 persiguió al campesino Norbey Sepúlveda y luego lo contactó por teléfono para chantajearlo ofreciéndole dinero si se convertía en informante.
-Establecer claramente las responsabilidades de mando que desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y las comandancias de Divisiones, Brigadas y Batallones competen por el desacato a las diversas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ordenan retirar de las cercanías de áreas habitadas por población civil las estaciones de policía y bases militares y que en concreto deben responder por los daños humanos y materiales sufridos en los episodios de combate que han afectado el centro poblado de San José de Apartadó en las fechas señaladas en la cronología: 25 de septiembre/13; 29 de septiembre/13; 5 de octubre/13; 10 de octubre/13; 2 de noviembre/13; 1 de diciembre/13; 8 de diciembre/13; 22 de diciembre/13; 23 de diciembre/13; 5 y 6 de enero/14; 7 de enero/14; 17 de enero/14; 19 de enero/14; 20 de enero/14; 21 de enero/14; 22 de enero/14; 26 de enero/14; 31 de enero/14; 1 de febrero/14; 5 de febrero/14; 11 de febrero/14; 16 de febrero/14; 18 de febrero/14; 6 de marzo/14; 8 de marzo/14.
El desacato a la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional que todos estos hechos y negativas de información están revelando, se agrava, Señor Presidente Santos, por el desacato adicional al Auto 164/12 de la misma Corte Constitucional, que constituye un seguimiento de la misma sentencia y es fruto de una audiencia de seguimiento y evaluación, llevada a cabo en la Corte Constitucional el 27 de marzo de 2012.
La solicitud apremiante que le renuevo, después de doce insistencias anteriores, de que cese la barbarie de su Gobierno contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, está sustentada en las aterradoras cronologías que han acompañado todos los derechos de petición y que revelan, a todas luces, una agresión sistemática claramente tipificada en el Estatuto de Roma como Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad, muchos de ellos englobados en el crimen de Persecución, caracterizados por tratar de impedir la existencia de un grupo humano con identidad propia al que se le niega caber en el concepto de nacionalidad que el Estado victimario se apropia ilegítimamente.
Es ampliamente conocida su petición de perdón a la Comunidad de Paz, expresada el pasado 10 de diciembre en medio de un discurso referido a los derechos humanos y en la cual afirmó cumplir, aunque muy extemporáneamente y sin presencia de ninguna representación de la Comunidad, la orden de la Corte Constitucional incluida en el Auto 164/12. La Comunidad no cesa de preguntarse sobre la sinceridad de ese desagravio cuando está acompañado de una tolerancia absoluta a la continuidad de crímenes de lesa humanidad contra la Comunidad y con el respaldo absoluto a los altos funcionarios de su Gobierno en quienes descansa la responsabilidad de los crímenes.
De hecho, la orden No. 1 del Auto 164/12 de la Corte Constitucional, contemplaba, a la par que la retractación de las calumnias que desde la Presidencia de la República se habían proferido contra la Comunidad de Paz con consecuencias fatales durante 9 años, “la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la misma, tal como el establecimiento de un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza”. Usted lo sabe bien, Señor Presidente, esto ha sido imposible toda vez que la política del Ministerio de Defensa y de las comandancias de las fuerzas armadas es NEGAR todo lo que sucede, y particularmente NEGAR toda relación con las estructuras paramilitares, cuando para la población de la región es algo tan evidente y nítido y que incluso en los discursos de soldados y de paramilitares se le defiende con máximo atrevimiento y descaro.
Con la insistencia y el apremio que tanto dolor produce en quienes acompañamos a víctimas de tantos ultrajes y barbarie, le ruego, Señor Presidente, atender a estas solicitudes y responder, dentro de los términos legales, a la dirección adjunta.
Atentamente,
CC:
Corte Interamericana de Derechos Humanos – Caso 12325
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Corte Penal Internacional – Exp. OTP-CR. 266/07
Corte Constitucional de Colombia (Sala de Seguimiento a Sentencia T-1025/07)
Organismo de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de UNASUR y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, de derechos humanos.
http://cdpsanjose.org/?q=node/309
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