El Proyecto Hidroeléctrico Oporapa, estaría localizado aguas arriba de El Quimbo que actualmente construye la misma asociación multinacional. Desde el año 2011 vienen desarrollando la iniciativa que produciría 280 MW, y tendrá influencia en territorios de los municipios de Isnos, Saladoblanco, Oporapa, Tarqui, Pitalito y Elías; en el área se encuentra el Resguardo Indígena Rumiyaco de la etnia Yancona legalmente constituido. (Ver la certificación emitida por El Ministerio del Interior donde constata la presencia de un grupo indígena en la zona).
Genera mayor preocupación, es que a pesar del avance del proyecto y las controversias en materia de democracia participativa generadas por anterior hidroeléctricas (Quimbo y Betania), la población no ha tenido acceso a la información y no ha participado de las primeras etapas. El artículo 15 del Decreto 2820 de 2010 (sobre tramite de licencias ambientales) exige que la población civil conozca con anterioridad acerca de los proyectos a realizarse en sus territorios, así como el Artículo 2 de la Constitución que exige a las constructoras la posibilidad de que las comunidades puedan influir en las decisiones que los afectan, y la más elemental democracia por lógica implica el respeto de los derechos colectivos de la población.
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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio repuesta a un derecho de petición interpuesto por Asoquimbo exigiendo a la multinacional realizar el Diagnostico ambiental de alternativas (DAA). EMGESA está realizando los trámites para presentar dicho requisito.
Las comunidades afectadas han visto con cierto recelo y no encuentran explicación al hecho de que la ANLA y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) manifestaran que no era necesaria la realización del diagnostico de impactos ambientales en el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.
Por otras parte, recientemente la Corte Constitucional emitió la Sentencia T 137 de 2013 desde su Sala Quinta de Revisión (Ver Sentencia) en la cual ordena al Proyecto Hidroeléctrico realizar un nuevo censo y garantizar la participación efectiva, real e informada de las comunidades, pues las personas directamente afectadas tienen la capacidad de decidir si se realizan este tipo de proyectos.
Es la primera decisión en la cual el Estado a través de su máximo organismo de control constitucional incorpora recomendaciones Internacionales, generando las bases que definen la búsqueda de otros modelos de generación de energía que no afecten fundamentalmente a las comunidades y el medio ambiente.
Por lo anterior, la población de Oporapa y demás municipios consideran necesario que se exija información y participación sobre esta nueva hidroeléctrica.
Cindy Lorena Ule estudiante de la Universidad Surcolombiana y habitante de Oporapa cree que “no puede repetirse la situación en la cual el poder central y el capital tras-nacional impongan su voluntad sobre las comunidades locales, que por desconocimiento no logran defender adecuadamente sus derechos.” (Escuchar audio).
La estrategia, respecto a la política energética, por parte de la Autoridad Nacional de Licencias ambientales, ha cambiado debido a experiencias con El Quimbo, Hidrosogamoso e Ituango, en el sentido de que ahora las empresas negocian primero con los campesinos y compran sus tierras. Al ser propietarios de los terrenos el ANLA no necesita declararlas de utilidad pública. Seguido a esto la multinacional solicita la realización de una mega obra en la región.
El profesor Miller Dussán se refiere al proyecto.
Artículo relacionado:
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Por: Juan Guillermo Osorio
http://www.suregion.com.co/region/emgesa-y-asociados-construirian-hidroelectrica-oporapa_601
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