Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

 

 

Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane

Colombia Vive! Onlus

 

 

Corte Penal Internacional

Exp. OTP-CR. 266/07

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso 12325

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia

 

Al responder citar fecha y asunto de la AU

 

Narni,  mayo 5 de 2014

 

Asunto: Asesinato Adán Quinto, Calumnias de miembros del Centro Democrático; trato inhumano por parte de la Policía a ex -gobernador indígena totoróez y desastre minero en el Norte del Cauca.

 

No han pasado 30 días desde que escribimos la última acción urgente y por desgracia, nuevamente, debemos dar cuenta de los hechos que a continuación denunciamos. No sin antes hacer un llamado urgente a los organismos internacionales para que se informen de la grave situación humanitaria que están sufriendo los habitantes del puerto de Buenaventura en el Pacífico colombiano; concretamente en los 12 barrios de Bajamar, controlados permanentemente por paramilitares,  en uno de los municipios con mayor presencia militar y policial en Colombia.

 

A pesar de que nosotros no hacemos acompañamiento en esta parte de Colombia, no podemos callar ante  la barbarie con la que están asesinando a sus pobladores, se habla de descuartizamientos y casas de pique, es decir, lugares en los que los paramilitares desmiembran a sus víctimas. En efecto, nos ha llegado la noticia que como un medio para protegerse del accionar paramilitar, los habitantes del  barrio Puente Nayero, uno de los barrios de Bajamar, ya se han declarado su territorio en zona de Paz, sin embargo como la historia y los hechos  lo demuestran esto no basta para detener la crueldad de los paramilitares.

 

Asimismo, expresamos nuestro gran dolor por la muerte y desaparición de 40 personas, aproximadamente,  en la mina El Palmar ubicada en jurisdicción de Santander de Quilichao (Norte de Cauca). A pesar de que se ha dado especial visibilidad a la condición de ilegalidad de la explotación minera del desastre, algunas fuentes apuntan a que los predios donde ocurrió el derrumbe, ubicados en la vereda San Antonio, se encuentran autorizados por el Estado colombiano para la exploración por parte de la concesión Anglo Gold. Por lo tanto solicitamos a los organismos internacionales que velen por la  transparencia en las  investigaciones sobre esta tragedia, porque como han insistido los indígenas y pobladores del Norte del Cauca y como lo hemos expuesto en el informe de la misión realizada por la Rete en el 2012 (http://www.reteitaliana-colombiavive.org/Delegazioni/Del%202012/INFORME_DELEGACION_2012.pdf ) la política minera del actual gobierno y la codicia minera corporativa transnacional  son la principal causa del aumento del conflicto armado en la zona, de graves deterioros ambientales y sociales, así como del aumento de la precariedad laboral y las malas condiciones de vida de los pobladores del Norte del Cauca. Denunciamos este hecho como una violación evidente a los derechos sociales y económicos de los pueblos, además de la violación al derecho a la vida de los mineros sepultados en la mina.

 

CASO CACARICA

 

Miércoles 9 de abril de 2014 fue asesinado ADÁN QUINTO, afrocolombiano de Cacarica. El  asesinato ocurrió hacia las siete de la mañana en la localidad de Turbo en donde habitaba y trabajaba. De acuerdo con una versión de vecinos del barrio La Flores, ADÁN se encontraba fuera de su residencia, en una tienda, en ese lugar le dispararon en varias ocasiones.

 

ADÁN QUINTO fue una de las víctimas de  la Operación Génesis y  fue uno de los testigos centrales contra el general Rito Alejo del Río. Desde febrero de 1997 luchó por la reivindicación de sus derechos y los de su pueblo hasta el año 1998 cuando se logró la resolución del título colectivo de Comunidades Negras.

 

Es inaudito que políticos como  el ex-personero municipal de Río Sucio, Darío Blandón, integrante del Centro Democrático, y representantes electos a la Cámara como la abogada María Fernanda Cabal,  también del Centro Democrático, hayan responsabilizado del asesinato de ADÁN QUINTERO al líder Alirio Mosquera, ex representante legal del Consejo Comunitario de Cacarica, a los sacerdotes Alberto Franco y Javier Giraldo; a María Paulina Riveros, Derechos Humanos del Ministerio del Interior; a Piedad Córdoba e Iván Cepeda; y a las organizaciones Peace Brigades International, PBI y a la Comisión de Justicia y Paz. Esta no es la primera vez que ambos políticos realizan este tipo de acciones en contra de la Comisión intereclesial de Justicia y Paz y de la Comunidad de Cacarica.

 

Debemos recordar que la representante electa Maria Fernanda Cabal, cuando se desempeño como Directora de Relaciones Internacionales de la Fiscalía General de la Nación se abstuvo de presentar evidencias ante el sistema Interamericano de la responsabilidad de la Brigada 17 en graves violaciones de derechos humanos y sus vínculos con la estrategia paramilitar. Por ello, solicitamos a los organismos internacionales para que persuadan al actual gobierno de emprender las acciones necesarias para que el asesinato de Adán Quintero y las calumnias de estos políticos  sean investigados y sancionados a norma de ley.

 

Caso CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ

 

Lunes 14 de abril de 2014  en horas de la tarde en el caserío de Belén de Bajirá RAUL PALACIOS fue hostigado y seguido por hombres que se movilizaban en una motocicleta. Raúl es líder de restitución, candidato a la representación legal del Consejo Comunitario de Curvaradó, actuando a favor de los derechos de las comunidades que se niegan al despojo violento y su impunidad. Desde el año pasado se incrementaron las hostilidades y amenazas contra este líder del Consejo Comunitario Menor de Caracolí por parte de paramilitares.

 

Miércoles 16 de abril de 2014. Las líderes Yomaira Mendoza, Leydis Tuirán y el líder Enrique Cabezas son nuevamente amenazados de muerte,  a través de mensajes de texto en términos vulgares y violentos. Como consta en otras comunicaciones, desde que  la lideresa Yomaira denunció a la Fiscalía el crimen del que fue víctima su esposo, José Eustoquio Cifuentes Rojas, y el despojo violento por el empresario bananero y ganadero Antonio Lopera Lopera se inició una persecución sin precedentes hasta el día de hoy. Amenazas, seguimientos y hostigamientos en Curvaradó y Bogotá han sido las constantes como lo hemos registrado en otras acciones urgentes precedentes. A pesar que las autoridades colombianas conocen los hechos, se evidencia la impunidad y la permisibilidad de éstos ante la estructura paramilitar que protege y ampara los intereses empresariales del grupo Lopera.

 

Cuando nos referimos a las amenzasas y asesinatos de líderes de restitución de tierras estamos hablando de personas a las que se les ha robado, de manera descarada y a través del terror o del engaño,  sus propiedades y quienes  en el momento de defender sus legitímos derechos son intimidadas, perseguidas o asesinadas. A pesar del gran cubrimiento mediatico cuando se entregan  algunos títulos de tierras por parte del actual Presidente en Colombia se observa, como lo explica el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, un aumento del número de asesinatos, amenazas y ataques contra los reclamantes, los dirigentes sociales y los funcionarios públicos que participan en los procesos de restitución de tierras. Tal y como se demuestra en el caso de Jiguaminadó y Curvaradó, donde la propiedad colectiva  sigue siendo explotada por empresarios beneficiarios de operaciones paramilitares.  

 

CASO ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA – ACIN (CAUCA)

 

Viernes 4 de abril de 2014 hacia las 2 de la mañana un grupo de aproximadamente 40 uniformados de la Policía Nacional llegaron hasta la vivienda del LUIS ALFONSO PILLIMUÉ – exgobernador y ex miembro del Comité Ejecutivo  de  la organización regional del CRIC. En esos momentos estaba en compañía de un trabajador,  MIGUEL ANTONIO MORALES TOMBÉ. Los efectivos obligaron a LUIS ALFONSO a tenderse en el  suelo, poniéndole las botas sobre la nuca para que no los mirara. De igual manera, a MIGUEL ANTONIO MORALES TOMBÉ lo condujeron hacia la parte trasera de la casa donde le colocaron una pistola en el pecho preguntándole si el señor que estaba al otro lado de la  casa era el tal Óscar, amenazándolo a muerte si no hablaba.  

 

Tanto al anciano LUIS ALFONSO como al señor MIGUEL les quitaron las botas y los amarraron con las manos hacia atrás. Los obligaron a dar información sobre un tal Óscar, les gritaban que si no lo tenían escondido allí, a lo que respondieron que no sabían de quién hablaban. Como a los 7 minutos fueron hacia la carretera insistiendo brutalmente para dieran información del tal Óscar. Instantes en los que llegaron dos integrantes de la Guardia Indígena quienes intervinieron. 

 

De igual manera,  los efectivos policiales  intentaron tomar por la fuerza a los miembros de la Guardia indígena, pero la guardía logró liberar a los retenidos.   En esos momentos es cuando se identifican como miembros de la Policía Nacional de Colombia. Uno de los efectivos fue reconocido por la Guardia Indígena como el  patrullero Alex Rodríguez del municipio de Totoró.

 

El PUEBLO INDÍGENA TOTORÓEZ denuncia, además, que un grupo de policías de los  que irrumpieron en la vivienda del exgobernador LUIS ALFONSO PILLIMUE, hurtaron 9’700.000 destinados a la compra de insumos para la cría de truchas. Igualmente, indican que éstos efectivos también  robaron la trucha de los cinco estanques de la propiedad de LUIS ALFONSO.

 

Estos acontecimientos coinciden con un pasquín firmado por las Águilas Negras que circuló días previos a los hechos, donde amenazan y ponen como objetivo militar a alcaldes de varios municipios de la región, gobernadores de cabildos, coordinadores de programas del cabildos y a miembros de la Guardia Indígena; sañalándolos como colaboradores de narcoterroristas y milicianos.  

 

Frente a los hechos anteriormente presentados, esperamos que los organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos a nivel mundial realicen las acciones permitidas por el Derecho Internacional a favor de la no sistematicidad y no repetición de violaciones a la dignidad humana en Colombia y persuadan  al actual gobierno para que se persone en el proceso de investigación, aclaración y judicialización de las violaciones que denuncian las comunidades rurales de Colombia.

 

Agradecemos su amable atención,

 

Andrea Proietti

Presidente Rete Colombia Vive! A nombre de los miembros de la Red y de su  Consejo Nacional:

Abogado Francesco Tartini (Treviso), Giuseppe Coscione (Genova) y Simona Fraudatario (Roma).

 

Con copia a:

Presidencia de la República de Colombia, Vicepresidencia de la República de Colombia, Ministro de la Defensa

Ministro del Interior, Ministro de Justicia y del derecho, Fiscal General de la Nación, Defensoría del Pueblo

Departamento de Policia Urabá, Comando de la Brigada XVII.

 

Rete Italiana di Solidarietà, Colombia Vive! Onlus  

 

Sede legale: Comune di Narni, Ufficio per la Pace, Piazza dei Priori,1

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