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Santander de Quilichao: El desastre minero y la desgobernanza del territorio

Sin duda, la mejor gobernanza de los territorios permitiría a nuestro país asegurar que hubiese espacios de vida digna para las generaciones actuales y venideras; y la gobernanza ambiental garantizaría la propia reproducción de la naturaleza, así fuese con el mezquino propósito antropocéntrico de garantizar las condiciones de reproducción de la sociedad.

El luctuoso acontecimiento de las decenas de mineros sepultados en Santander de Quilichao, es una muestra de la manera como la sociedad ha venido tomado un camino equivocado -las gentes empobrecidas están intentando garantizar su subsistencia económica avivados por ambiciosos mineros que tiene montadas unas indescifrables redes para-empresariales (armadas de retroexcavadoras y balas)-, relacionándose con la naturaleza de una manera indolente y destructiva, en medio de las inicuas relaciones económicas y del racismo de la región del Norte del Cauca, mientras ven como a su alrededor en las tierras fértiles del Valle del río Cauca crecen los monocultivos industriales de caña. Donde la caña reina no hay minería. Muchas de las áreas de la caña en la zona plana fueron antes las fincas tradicionales de los afrodescendientes, que por las presiones económica y social, fueron siendo monopolizadas por los industriales de la caña. El boom actual de la minería, llámese legal, ilegal o criminal, viene a servir a al despojo de la tierra en territorios étnicos de la región. La minería criminal no se instala en las zonas donde están los industriales de la caña, porque ellos poseen también la capacidad política y militar de repeler o imponer condiciones a los agentes de esa minería que envilece la vida y los territorios de las comunidades étnicas.
 
En una reunión donde concurrían responsables del proceso interétnico de la ACIN y de las organizaciones de comunidades negras del Norte del Cauca, se hace evidente que fuerzas sociales de los pueblos negros e indígenas no le hacen juego a esa apropiación destructiva que está significando esa estampida de actividad minera que conjuga ilegalidad, criminalidad, informalidad, barequeo, blanqueo de capital mafioso y valorización estratégica de títulos mineros otorgados a las grandes trasnacionales como la Anglo Gold Ashanti, es lo que se aprecia en las minas de El Palmar y San Antonio que están en la cuenca de río Quinamayó,  lugar del desastre que sepultó un número hasta hoy indeterminado de mineros.
 
Las organizaciones étnicas reivindican la minería únicamente en el marco de principios de relacionamiento ancestrales, que para el Pueblo Nasa, como lo dicen los dirigentes de la ACIN, están cimentados en una inextricable relación con la Pacha Mama. Para los voceros de las comunidades negras la minería que reivindican y reconocen ancestral, es aquella que trae las huellas de los saberes de los mineros de los ancestros que fueron esclavizados y traídos desde África, es la minería que asocian con la conquista de la libertad, con su organización como pueblos afroamericanos, con las relaciones de solidaridad y con economías no devastadoras, sino basadas en el cuidado racional del territorio: es así como puede hablarse de una minería ancestral fruto de la diáspora y de la lucha contra la esclavitud.
 
Son mayoritariamente afrodescendientes, pero también indígenas y mestizos, una andanada de miles de gentes que se entierran en el barbecho o escavan en las paredes de la mina para hacerse a la oportunidad de tomar “una caracha de oro”. Estos mineros, muchos espontáneos y sin ninguna experiencia para jugarse la vida en esas condiciones de riesgo extremo, medran alrededor de las máquinas retroexcavadoras que han instalado fuereños -paisas, nariñenses, pastusos y hasta bogotanos-, en ocasiones asociados con inversionistas locales, negros y mestizos, principalmente. Así sean miembros de alguna comunidad, así trabajen con las bateas, su incorporación en esta modalidad de extracción de mineral les arrebata su condición de ser mineros ancestrales, quedan de hecho y sin advertirlo atrapados en unas formas de minería cuando menos ilegal. Ya no son mineros ancestrales, o por lo menos mientras están trabajando en esa modalidad minera depredadora dejan de serlo. Y es también, a mi modo de ver, expresión de la contradicción de líderes mineros locales que defiende sus terruños y sus procesos con ahínco, pero no están dispuestos a defender el territorio de otros que están aguas abajo. Al interés general por el territorio que es propio de la minería ancestral se le impuso el interés particular del lucro y la renta propia.
 
En definitiva esta economía ilegal que acompaña este desastre minero es también de alguna manera, simiente de la violencia permanente y de la economía de guerra que se plantó en estas regiones. Esa minería está ligada a la violencia contra la naturaleza y a la violencia contra la humanidad que se han impuesto como lógicas de control político. También puede indicar contradictorias posturas de quienes buscan subvertir el poder estatuido y pregonando trasformaciones sociales radicales, admiten o fomentan formas destructivas de la vida y la naturaleza. Esta minería es en muchos aspectos la continuidad de la guerra en su expresión económica.
 
Uno se pregunta ¿por qué miles de personas son capaces de arriesgar sus vidas de esa manera para tener algo de dinero? Entre los cientos de dramas que estos días van de boca en boca en Quilichao hay un par que me han conmovido particularmente. Uno es el de una mujer que estaba con su pareja en ese rebusque, en esa tarea de ganarse unos pesos arriesgándolo todo, la avalancha la sorprendió y quedó atrapada, su compañero veía avanzar el lodo e intentaba arrastrarla en una tarea ya imposible, ella le dice que le deje, que huya, le recuerdo a su compañero que él tiene todavía la responsabilidad de sus hijos y él no tiene más remedio que asentir. Otro drama es el de un hombre que tiene un trabajo de fontanero, pero ha decidido ese día fatal ir a probar suerte para tener un ingreso extra y lo que se encuentra a su paso es la muerte. Se dice de gentes que han dejado sus trabajos agrícolas u otros para ir a buscar fortuna en las minas. No se consiguen jornaleros para las actividades usuales de la agricultura. En el tiempo en que los dueños de las “retros” dejan que la gente se meta a buscar fortuna, una persona puede conseguir el equivalente de 70 mil pesos o más. Ese monto, o más, pueden obtenerlo diariamente en la actividad minero, pero no en jornales agrícolas. Entonces la agricultura y el pan coger quedan abandonados. Las labores mineras ancestrales son puestas de lado, para dar paso a una minería que deja en lo inmediato más dinero, pero que empobrece en el largo plazo la humanidad, la cultura y la naturaleza.
 
Alguien decía que eso allí era como Sodoma, se denunciaba que en la zona rural, en enramadas recién hechas, donde nunca se había sabido de un prostíbulo, hoy se hacían stripteases y strippers. Se comercia de todo, neveras donde no hay energía eléctrica, televisores de última generación, teléfonos de alta gama, armas, droga… en fin, se consigue todo lo que el dinero es capaz de comprar. El Cauca siempre ha sido minero, Quilichao quiere decir en lengua indígena tierra de oro, pero nunca la minería había golpeado tan profundamente las estructuras culturales y sociales de las gentes del común.
 
Sin duda toda acción humana encarna un riesgo. La gente dice que igual uno se puede morir en esas faenas mineras como en un accidente de un bus o de cualquier otra manera no sabida. Hay temeridad en afirmaciones como esas. Los riesgos se asumen como si fuese cuestión de vida o muerte: todo o nada. Este tipo de posturas frente a la vida se parecen a la actitud que engendró el narcotráfico, a la temeridad que propagó ese fabuloso negocio trasnacional que es el tráfico de estupefacientes; uno podría arriesgarse a creer que la actitud de los mineros en esas minas es, en términos de valores de la vida y del sentido de su preservación, una derivación de los antivalores que generó y sigue generando el narcotráfico.
 
Las gentes están trabajando de día y de noche contra el tiempo, pues a la hora en que se hagan efectivos los títulos que se entregaron a las empresas trasnacionales, la oportunidad de explotar ese oro se alejará de las manos de los locales y de los recién llegados. Justamente un par de días antes de la avalancha, algunos de los directivos de los consejos comunitarios del municipio de Buenos Aires, vecino de Santander de Quilichao, tenían una reunión con el Alcalde quien les había convocado, pues un amparo administrativo ordenaba que el área titulada a la empresa Anglo Gold, con 30 años de vigencia, que tiene una cobertura de alrededor de 3496.2 hectáreas y abarca terrenos de los dos municipios, fuese desocupada de los mineros ilegales que están explotando esos terrenos.
 
Los mineros que tienen experiencia en este tipo de minería que, para confrontar la definición de ilegal y de criminal que le da el gobierno, la llaman “informal”, se agrupan en organizaciones que buscan interlocución institucional y aspiran a que las empresas trasnacionales acreedoras de los títulos les den alguna participación como subcontratistas, valiéndose de un argumento de nacionalismo espurio, advenedizo, o de ser los voceros de las gentes necesitadas. Esa postura me recuerda la de los urbanizadores piratas, que organizan la ocupación de tierras para valorizar sus propios capitales y su posición política mediante la capacidad de presión social que logren desencadenar.
 
Esta minería ha sido factor de engorde del sector financiero legal; los entables mineros aupados y auspiciados por inversionistas mueven y legalizan en las estructuras financieras formales dineros fruto de la minería ilegal y de otros tipos de acciones económicas ilegales, propias de estas formas de economía subterránea, sumas que superan con creces el monto de las finanzas de los propios municipios. Esos impresionantes montos de capital mantienen viva la economía legal, sirviéndose de las necesidades de la gente, de la ambición de algunos habitantes, propietarios de tierra y de líderes locales que ceden ante la seducción de, valga la figura, jugosas limosnas. La explotación no es solo del mineral, es también de las necesidades de gentes del común que por la carencia de empleo, por la falta de vivienda, por el hambre cotidiana ceden su dignidad y permiten que se produzca la descomposición de los valores del cuidado del territorio suyo, o de otros que son sus propios congéneres o hermanos de etnia.
 
A un alcalde que llegaba a la zona del desastre las gentes le gritaban “¡Saca primero tus máquinas!” El rumor de que los intereses particulares de las personas que fungen como autoridad se entrelazan con la minería, se repite de la misma manera que como cuando en la zona de Zaragoza, en el río Dagua, cerca del puerto de Buenaventura, no hace más de un par de años, se decía que las retros eran del alcalde. Estos rumores dejan la señal de que las gentes perciben que hay una relación, ya sea por omisión o por connivencia, entre sectores de las autoridades y esta minería ilegal. Por lo pronto, el alcalde de Santander ha emitido un comunicado, que está en la página web de la alcaldía, donde refiere todas las acciones que realizó ante la autoridad minera, ante la gobernación y ente las autoridades de policía para que se controlara esa minería, incluso refiere que cuando hicieron diligencias fueron repelidos violentamente y que alguno de sus funcionarios tuvo que abandonar la ciudad, razones todas que sin duda buscan exculparlo de los procesos administrativos y penales que pudieran instaurarse en su contra. Sin duda ha habido incapacidad del Estado y complacencia de los funcionarios ante este desastre que avanza vertiginosamente. El plan de desarrollo del actual gobierno ha establecido como una de sus estrategias el desarrollo de la gran minería, la legalización de la minería artesanal y el combate a la minería criminal; pero es tal la debilidad de la voluntad institucional y el nivel de contradicción creado por el enmarañamiento jurídico que hoy no hay quien se responsabilice de detener la avalancha de las retroexcavadoras. Todos se tiran la pelota. La gobernanza es frágil. Si se pregunta por la guerra es el gobierno central quien maneja la agenda, si se pregunta por la minería, es igual. Los ministros, viceministros y alcaldes se pasean en helicóptero por las zonas en conflicto: desde las alturas siempre el paisaje es plano, desde el gobierno central siempre los problemas serán ajenos. Los funcionarios públicos no están afanados por proteger el bien común sino por mantener su posición en el ajedrez político y burocrático. No le presiona resolver los problemas sino que no se los indilguen. Estos funcionarios aunque tengan la oportunidad de ver las rugosidades de la realidad local, no arriesgarán sus posiciones con medidas que les resulten impopulares o adversas a sus intereses. Estamos en campaña electoral, siempre estamos en campaña electoral.
 
Lamentamos que hoy tengamos todas estas familias destruidas, lamentamos que las cuencas de los ríos se estén saturando de cianuro y mercurio, y que los suelos fértiles se estén lavando de nutrientes y desertificándose; pero no es la primera vez que pasa, no es en el único lugar del Norte del Cauca, donde esto está sucediendo; las retroexcavadoras se mueven abierta y subrepticiamente en toda la región Pacifica, en la Amazonía; los valles interandinos están sufriendo el más demencial ataque que pudieran recibir. La economía ecológica permite saber que siendo los minerales, como el oro, no renovables, siempre resultará que en el largo plazo la agricultura puede producir más beneficios si se realiza con los cuidados necesarios. La minería de metales preciosos, ante la incertidumbre de las guerras y de las crisis económicas, está animada por la búsqueda de seguridad en la economía real de quienes se llenaron de papeles en el casino financiero global. Más que una necesidad de materia prima para los procesos productivos, la minería de metales preciosos es funcional a la especulación bursátil. Los precios de estos minerales en el mercado internacional han estado bastante altos, con oscilaciones no muy grandes. Las ganancias que deja el mercado de minerales en el comercio internacional son descomunales. Sin embargo, esos precios y esas ganancias no reflejan las pérdidas ambientales, los pasivos sociales, las deudas ecológicas que se le cargan a los territorios y a las sociedades que tienen la desgracia de ser ricas en minerales. Las regalías y las inversiones siempre son superadas por la exportación de capitales a los países del norte. Se configura un intercambio económico y ecológico desigual. Las grandes ganancias están en manos del gran capital financiero.
 
Pero, hay también quienes a la escala local y nacional acaparan el mineral, lo trasportan, lo comercian, procuran eludir las responsabilidades fiscales y dejan muy poco que invertir en las zonas explotadas. Solo hoy, frente al desastre de la Mina de San Antonio, en Quilichao, donde en menos de 5 kilómetros de longitud de la cuenca del río Quinamayó, hay 35 huecos de mina, dice quien tiene esos cálculos, que se producen 40 billones de pesos al año, sin contar lo que producen los banqueros. Cuando el derrumbe ocurrió muchos corrieron a esconder las retros, suyas o bajo su responsabilidad. Hacer el cierre de mina técnicamente sería lo adecuado, pero sólo se habla de tapar los huecos. Tapar uno de esos huecos puede costar de 30 a 70 millones de pesos. De qué bolsillo saldrá ese valor. ¿Quién se hará responsable de la deuda ecológica y de la deuda social? Nuestra Matria está siendo herida de muerte.
 
Las organizaciones de los grupos étnicos y el espacio interétnico que ya tiene varios años en proceso de configuración, tienen propuestas pensadas y concertadas: el gobierno debería atenderles. Han propuesto que sea la mesa interétnica el escenario de diálogo con el gobierno nacional; han demandado que se dé cumplimiento a los Auto 004 y 005 de 2009 de la Corte Constitucional que ordena la protección de los derechos de los pueblos indígenas y negros; han propuesto unas pautas claras y razonables para llevar a cabo un proceso de ordenamiento minero con base en los derechos ancestrales, en la reglamentación de la ley 70 y en las oportunidades de diversificación económica para la región; han propuesto rutas de fortalecimiento de la gobernanza de los territorios; las propuestas están ahí. Hoy están ocupadas las vías de Santander de Quilichao por los cortejos fúnebres, pero también están ocupadas las calles por la movilización de los pueblos ancestrales que se articulan al paro agrario nacional. Esperamos que no tengan más muertos.
 
06/05/14

Hildebrando Vélez G.
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