Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Los laberintos de la mentira estatal en Urabá

En su larga trayectoria de más de 17 años, nuestra Comunidad de Paz, y también el campesinado de nuestro entorno geográfico y social, ha sido víctima de mentiras descomunales y continuadas por parte de las diversas ramas del Estado y del Establecimiento.

Desde las experiencias directas de nuestras tragedias, que absolutamente nadie las puede falsificar o disfrazar ante nosotros mismos que las sufrimos, conocemos de primera mano la mentira que se difunde en las emisoras radiales, los periódicos y los canales televisivos  locales, regionales y nacionales, cuando se refieren a nosotros. Conocemos de primera mano las mentiras que redactan en la Brigada XVII y que le hacen firmar a los aterrorizados detenidos, chantajeados por torturas y sobornos, obligándolos a firmarlas y a ratificarlas en juzgados y tribunales para castigar con años de prisión a quienes rechazan las estrategias de sometimiento a sus intereses. Conocemos de primera mano las mentiras descomunales de militares y policías para ocultar la responsabilidad de sus crímenes contra la población inocente. Conocemos de primera mano las mentiras de los funcionarios administrativos y de los directorios políticos que buscan estigmatizar a quienes repudian sus campañas y manejos inmorales del poder.

Dentro de esa práctica invasiva de la mentira, en muchísimas ocasiones hemos visto que crímenes perpetrados por una fuerza se le atribuyen a otra fuerza. Valga recordar cómo, en 2005, una vez perpetrada la horrenda masacre contra nuestros compañeros y sus niños, en Mulatos y La Resbalosa, el Coronel Néstor Iván Duque le solicitó al capo narcoparamilitar alias “HH” una suma de dinero para trasladar a Bogotá a dos falsos testigos, con el fin de atribuirle la masacre a las FARC, y cómo se coordinó con el Vicepresidente Francisco Santos para venderle esa mentira, con dichos falsos testigos, al Cuerpo Diplomático.

 Otras veces la mentira toma la forma de ocultamiento y reserva. Valga recordar cómo los Presidentes Uribe y Santos, con sus Ministros de Defensa y cúpulas militares y policiales, han desacatado las órdenes de la Corte Constitucional que les obliga a entregar los nombres, códigos institucionales, líneas de mando y unidades de pertenencia, de los miembros de la fuerza pública que hacían presencia en los sitios, días y horas en que fueron perpetrados los crímenes. Valga recordar también que cuando la Comunidad Internacional ha puesto en evidencia la responsabilidad del Estado en crímenes proscritos por el derecho internacional, como la desaparición forzada de personas, el Gobierno se las arregla para dejarlos en libertad clandestinamente, silenciando con amenazas a las víctimas, pero sin tocar para nada a los responsables y dejando intactas y activas sus estructuras criminales. Así ocurrió en las últimas semanas y meses con el joven BUENAVENTURA HOYOS desaparecido de la vereda La Hoz en septiembre pasado.

Por eso no nos extraña lo que se nos ha informado en los últimos días.

El domingo 10 de agosto de 2014, en el centro poblado de Apartadó, un poblador de San José fue interceptado por un hombre en traje civil, quien probablemente está integrado a las estructuras paramilitares de la zona, el cual le anunció que “tienen una lista de personas para judicializar”. El hombre añadió que todas estas acusaciones han sido confeccionadas por el desmovilizado LUIS ÁNGEL CEBALLOS, alias “Caballo”, quien asesinó a la profesora rural de la vereda Bellavista de San José de Apartadó, FABIOLA PEREA PEREA, el 17 de septiembre de 2012.

 En los días en que ocurrió dicho crimen, circuló en los medios y en los comentarios de toda la comarca, la versión según la cual la estructura responsable de la ejecución de la Profesora Perea, era la guerrilla de las FARC. No faltaron en aquel entonces explicaciones coherentes, según las cuales, la profesora sería informante del ejército y tomaba fotografías a quienes ella consideraba colaboradores de la guerrilla para entregárselas al ejército. También cuando fue perpetrada la masacre de Mulatos y La Resbalosa (21 de febrero de 2005) la Brigada XVII confeccionó una versión coherente para poder acusar a las FARC: Luis Eduardo Guerra, el líder histórico de nuestra Comunidad de Paz, sería militante de las FARC y estaría pensando en desmovilizarse; por eso las FARC se habrían apresurado a asesinarlo antes de que se desmovilizara, para que no le revelara al Gobierno los secretos de dicha organización insurgente.  Serían necesarios varios años y esperar a que las conciencias de muchos de los victimarios –militares y paramilitares- fueran acosadas por extremos remordimientos, para que la verdad saliera a la luz y se conocieran incluso los perversos esfuerzos de la Brigada XVII para confeccionar la monumental mentira. Uno de los falsos testigos reveló incluso cómo el ex General Jaime Ernesto Canal, ya entonces Representante a la Cámara,  preparó a los falsos testigos en los sótanos del edificio del Congreso para que sus mentiras tuvieran la apariencia de coherencia durante el debate en la Comisión II de la Cámara. Grupos de congresistas estadounidenses y de magistrados europeos analizarían con lupa, años después, los laberintos de la mentira estatal y la sacarían plenamente a la luz para vergüenza del Estado colombiano.

La historia se repite y ahora resulta que la profesora Fabiola Perea no fue asesinada por las FARC sino por un “desmovilizado” domiciliado en la Brigada XVII. Aterra pensar en la magnitud de los costos de la “demovilización”. Cómo se destruye la conciencia de esas víctimas del chantaje y se hace de sus principios morales un trapo sucio para limpiar hediondeces y luego echarlo a la basura de la historia. Según las revelaciones del pasado domingo, a esa misma piltrafa moral la están utilizando para confeccionar acusaciones falsas contra muchas víctimas de montajes judiciales manejados por la Brigada. Nada ha cambiado en la Brigada XVII. Su podredumbre moral sigue igual.

El lunes 11 de agosto de 2014, la comunidad fue enterada del paradero de LUZ DENIS VALLE VALDERRAMA, quien había sido desaparecida el pasado miércoles 6 de agosto por supuestos agentes de la Fiscalía. El procedimiento de detención fue completamente irregular y nos hizo pensar en algo similar a lo que ocurrió con Buenaventura Hoyos el pasado mes de septiembre en la vereda La Hoz. Ahora resulta que a Luz Denis la tienen detenida y procesada en Medellín. Si se tiene en cuenta la información recibida el domingo pasado, su caso debe obedecer a las acusaciones falsas del desmovilizado Ceballos, hoy atrapado entre las cadenas de odio que la Brigada profesa contra nuestra Comunidad de Paz y que le inspira sus sucios montajes judiciales, los que además violan el primer principio de una democracia que es la independencia de poderes. El poder judicial de Urabá es un apéndice de la Brigada XVII frente a la cual no goza de ninguna independencia. Es el poder ejecutivo el que usurpa y manipula el poder judicial.

Al recibir estas informaciones que nos revelan y confirman el ámbito de inmoralidad estatal en que nos movemos, reafirmamos nuestros principios de no transigir con la injusticia, lo que nos lleva a invocar nuevamente la presencia de la comunidad internacional que supla la proverbial ausencia de justicia que padecemos.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Agosto 13 de 2014