Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

La sed consume a la Guajira. Mientras Cerrejón Limited gasta cada día 17 millones de litros de agua en su proceso extractivo del carbón, miles de pobladores sufren por falta del precioso líquido. Esta realidad se erige como emblema del modelo extractivista acelerado impuesto en el país. El Gobierno actúa como cómplice de la tragedia, tanto por acción como por omisión, que deslegitima y privatiza cada vez más una gestión comunitaria del agua.

La Guajira se levanta por su dignidad en medio de una sequia artificial, pues sus aguas y el territorio fueron entregados a las multinacionales. Los pueblos originarios Wayuu, Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo, en su conocimiento profundo del equilibrio de su territorio, clamaron sensatez, precaución y responsabilidad. Hoy levantan de nuevo su voz denunciando la irresponsabilidad y corroborando las sabias advertencias de siempre.
 
Los pueblos indígenas, las comunidades negras, campesinas y urbano populares, los estudiantes, la clase trabajadora, los gobiernos locales, más de 100 organizaciones se levantan y con su movilización y claras exigencias le dan una bofetada al despropósito de la campaña de llevar agua encarcelada en botellas para calmar la sed de un pueblo que exige dignidad y soluciones plenas, mientras los empresarios del Cerrejón Limited, siguen buscando el desvío del río Ranchería. Multinacional que “se apoderó de 69.000 hectáreas del territorio explotando el carbón, el gas, consumiendo diariamente 17 millones de litros de agua, mientras que la población padece desabastecimiento, los animales se mueren, no hay cultivo de alimentos por la escasez de éste líquido vital y por la destrucción del medio ambiente”, según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal).
 
Los datos que Sinaltrainal esgrime como prueba son contundentes: “10 millones de toneladas de desechos por cada millón de tonelada de carbón explotado, que a volúmenes del 2012, por las 34,6 millones de toneladas de carbón extraídas, el Cerrejón creó 340 millones de toneladas de tierra infértil”1.
 
En creciente
 
Más de 100 municipios presentan problemas de desabastecimiento de agua, sus pobladores hacen rogativas para que llueva. Pero las causas de su situación son básicamente antrópicas, el desastre no es natural, el desastre es social y político. El país no está preparado ni para la abundancia de agua, ni para la sequia; las instituciones de gestión pública ambiental están politiqueadas, el desplazamiento por efecto del despojo de tierras y el extractivismo acelerado, son causas estructurales de la sequia. Megarepresas, microcentrales, megaminería, monocultivos extensos para agrocombustimbles, acelerada y caótica urbanización, ahí están las incapacidades acumuladas por nuestra sociedad, por lo cual la vulnerabilidad creció enormemente.

Pese a todo esto, acaba de aprobarse el nuevo documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 28312 Agua y saneamiento rural.
 
En el documento se reza que: “La política tiene como objetivo promover el acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales de Colombia, a través de soluciones que sean acordes con las características de dichas áreas y que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural”3.
 
La lógica de la privatización es implacable. El fundamentalismo neoliberal es radical, es una ideología seguida fielmente por estos gobiernos débiles al servicio de las corporaciones privadas, así pretendan denominarse –como el reelecto gobierno colombiano–, de la tercera vía, esa que dice tomar lo mejor del capitalismo y del socialismo, y hace un tercer camino. Esta falaz ruta es más ilusa en un Estado que no provee los servicios a su ciudadanía. Hay una vía dogmáticamente asumida, el mercado, la entrega al mercado de los servicios públicos esenciales y en el caso que nos ocupa, del servicio de agua y saneamiento básico, consagrado ya desde el 28 de julio de 2010 como un derecho humano fundamental por las Naciones Unidas.

Agua, memoria e identidad comunitaria
 
“El ciclo hidrológico en si mismo explica el entramado de relaciones entre los ecosistemas y todos los lugares del planeta e implica las relaciones de la trama de la vida. Las comunidades humanas desde siempre han definido su localización espacial en relación con el agua, con las fuentes de agua. La imaginación humana adhiere al agua como la sustancia de la vida, como la fuente de la vida, el agua es vida y de allí la comprende fácilmente como bien común y reconociendo este atributo, la palabra humana es incapaz de ponerle dueños. Agua y territorio están en imbricación y sin ergia y es imposible hablar del lugar, del terruño, del territorio que se construye como hábitat, sin comprender esta compleja y dinámica relación.
 
(…) El abasto, la fuente propia, el pozo, la pila, la bocatoma, la acequia, la guadua, el tubo, el nacimiento, la quebrada, el rio, el acuífero, la lluvia, la llave, la casa, la totuma, el balde. Sin agua no hay vida, no es posible la higiene, el alimento, la ropa limpia, el riego, el bienestar. Los sueños, los mitos de creación, las canciones, las odas populares, los refranes, todos estos plenos están de imágenes del agua como tranquilidad o turbulencia, profundidad y fluidez, limpieza, miedo y temor, alivio a la sed y cuando se contamina, fetidez y enfermedad.
 
El acceso al precioso líquido construye comunidad, sociedad y Estado, construye democracia y ciudadanía. Ella obliga al acuerdo, al consenso, al trabajo mancomunado (…). Y para las comunidades organizadas la historia está pasada por agua; en los recorridos territoriales es perceptible el entusiasmo y la emoción cuando se nombra cada recodo, cada montaña, cada árbol, la cuenca toda”.
 
Tomado de: Mondragón, Javier; Márquez, Lina. La gestión comunitaria del agua: Apropiación del bien común y la prestación del servicio público. La experiencia de los acueductos comunitarios de la Unión, Antioquia. En, Apropiación Social del conocimiento. Ecofondo, Bogotá, Colombia, 2014.
 
Estamos acostumbrados a documentos y discursos que enuncian todo lo contrario a lo que realmente ejecutan, aunque este documento es claro en trazar un rumbo de privatización del servicio también en la ruralidad. El documento desconoce de entrada la formas como las comunidades campesinas, la población rural, las comunidades indígenas y negras y de muchos asentamientos urbano populares de nuestro país, mediante la autogestión, accedieron a agua para consumo humano y para sustentar la economía familiar campesina, gestionado un bien de uso común de manera mancomunada, solidaria, y en sus orígenes, sin presencia estatal. Esta historia mal contada plantea que estas soluciones de acceso a agua y saneamiento en la ruralidad estuvieron a cargo de la nación hasta los años 80 cuando fue asumida por los municipios producto de los procesos de descentralización político administrativa.
 
Concluye de inmediato el documento que, “las acciones para asegurar la provisión de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales han quedado en cabeza de los municipios, especialmente en aquellos que presentan un baja capacidad institucional y financiera o de comunidades organizadas, que se caracterizan por no contar con instrumentos que les permitan acceder a los recursos para financiar proyectos de construcción, ampliación u optimización de los servicios”4.
 
Es un diagnóstico negativo, hecho para demostrar que la gestión comunitaria del agua y la gestión pública municipal no sirven, que es necesaria la transformación empresarial, pocos operadores especializados, mercados regionales, economías de escala, en fin… La ideología de la privatización empieza por el desprestigio de lo público y lo comunitario. De esta manera, lo que la gente organizada demostró históricamente como la vía expedita para acceder al agua, resulta que es hoy el obstáculo para garantizar este servicio en la ruralidad.
 
Pero no es sólo esto. El diagnóstico pasa por encima de la construcción comunitaria que para mediados del siglo pasado fue respaldada por la organizaciones gremiales surgidas de la propia economía de los territorios como la Federación de Cafeteros, por ejemplo, en las regiones de su cultivo, el papel dinámico del Estado nacional con una concepción de Estado del bienestar que tuvo instituciones nacionales y departamentales fortaleciendo el acumulado social y comunitario.
 
En contra de la experiencia y capacidad comunitaria, está en marcha una sintomática y combinada acción de control que no está acompañada de información adecuada y de un apoyo sistemático y respetuoso de la autonomía de las comunidades organizadas, y el reconocimiento a sus características culturales, de economía social y solidaria, de conocimiento de los terruños y las cuencas.
 
El diagnostico y las acciones oficiales buscan, en su enunciado, fortalecer a las organizaciones autorizadas y a las comunidades organizadas para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento básico en la ruralidad. Pero, en contra de esto, hay que detallar argumentos como: “El alto número y dispersión de prestadores de servicios en el área rural, dificulta la generación de esquemas que puedan aprovechar economías de escala y alcance, generando altos costos e ineficiencia en la prestación. Adicionalmente, a mayor número de Prestadores, sé requieren esfuerzos adicionales en asistencia técnica y acciones de vigilancia y control.”5 Es el lenguaje de los Conpes anteriores que orientan la transformación empresarial del sector de agua y saneamiento básico, y que deben leerse como privatización.
 
Todo el dispositivo va dirigido a mejorar la capacidad de vigilancia y control, y el lenguaje que teje es de la transformación empresarial. En Antioquia tenemos un reciente caso de toma de sistemas comunitarios en el municipio de Rionegro que acaba de aprobar a pupitrazo limpio un proyecto de acuerdo6 para transformar la empresa Aguas de Rionegro S.A. EPS, con lo cual dejaría de ser una sociedad de capital público para transformarse en una sociedad de capital mixto con la participación de particulares en su conformación.
 
La cosa no queda allí. En el debate soslayan una situación: este municipio es a su vez socio de Aguas de Oriente, una empresa regional cuya mayor accionista son las Empresas Públicas de Medellín, y de la que son socios otros municipios, y queda ampliamente autorizado el Alcalde para decidir procesos de fusión o absorción. Nos preguntamos, ¿será que la empresa de servicios públicos del oriente, absorberá a la reestructurada sociedad aguas de Rionegro? ¿Y qué será de las comunidades organizadas de acueductos comunitarios y sus infraestructuras?
 
Bocado de cardenal para esta empresa regional que ejercerá el futuro monopolio del servicio en la región oriental de Antioquia y los sistemas comunitarios, construidos en años de trabajo comunitario, de mingas, de convites, todos serán parte de la historia pasada de estas comunidades, claro, sino reaccionamos a tiempo y exigimos su respeto como instituciones populares, campesinas, de la gente.
 
Es urgente, por esto, consolidar los proceso de articulación de los acueductos comunitarios y la promoción de políticas públicas basadas en una gobernabilidad alternativa del agua que garantice la autonomía municipal y la gestión comunitaria del agua, como gestión social y pública sin ánimo de lucro. El camino es expedito aunque no por ello sencillo: resistir a la privatización con organización, movilización y alternativas concretas construidas desde abajo.

Por: Javier Márquez Valderrama. 

* Antropólogo y ambientalista. Integrante de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila.
1 http://www.sinaltrainal.org/index.php/noticias/multinacionales/4003-sinaltrainal-comprometido-con-el-paro-por-la-dignidad-de-la-guajira
2 Documento CONPES 2831. Cinara.univalle.edu.co/archivos/pdf/208.pdf
3 idem
4 idem
5 Documento CONPES, 28 31 del 3 de julio de 2014. Cinara.univalle.edu.co/archivos/pdf/208.pdf
6 Acuerdo 012 de 2014.

Entre sequías y privatizaciones