Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

La organización internacional de derechos humanos, Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane, envió una dura carta al presidente Juan Manuel Santos instándolo a que ponga freno a los abusos del Ejército, Policía y paramilitares contra las comunidades de San José de Apartadó.

La ONG le solicita al primer mandatario tomar medidas urgentes contra el  coronel Germán Rojas Díaz, comandante de la Brigada 17 del Ejército, por persecución  contra la Comunidad de Paz y sus estrategias de intimidación contra la población civil con la justificación de la lucha contra la insurgencia.

Las tropas bajo el mando de Rojas Díaz son acusadas de disparar indiscriminadamente en medio de la población civil y de usar medios de comunicación para estigmatizar a los pobladores y a la Comunidad de Paz. (Notimundo2)
 

A continuación carta remitda al presidentes Juan Mnuel Santos

Señor
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente

República de Colombia

Vicepresidencia, Ministro de la Defensa, Ministro del Interior, Ministro de Justicia y del derecho, Fiscal General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Departamento de Policia Urabá, Comando de la Brigada XVII.

Al responder citar fecha y asunto de la AU
Narni, septiembre 1 de 2014

Asunto: Solicitud de investigación y medidas para poner freno a las persecuciones reiteradas  por parte de las Fuerzas Armadas estatales contra los pobladores de la zona. Solicitud de medidas oportunas con el  Coronel Germán Rojas Díaz -Comandante de la Brigada XVII-, por persecución  contra la Comunidad de Paz de SJA y sus estrategias de intimidación a la población civil con la justificación de la lucha contra la insurgencia. Disparos indiscriminados en medio de la población civil. Utilización de los medios locales para estigmatizar a la comunidad de Paz.

Respetado Presidente:

Nos dirigimos directamente a Usted y al gobierno que lidera vista la situación de extrema gravedad que viven un considerable número de campesinos y campesinas en San José de Apartadó y veredas del entorno: montajes judiciales promovidos por la Brigada XVII y falta de independencia del sistema judicial con respecto a los militares; amplia campaña de estigmatización contra la Comunidad de Paz por parte del Coronel Germán Rojas Díaz, y  violación del derecho internacional humanitario por parte del Ejército colombiano, sobre todo del principio de distinción entre población civil no combatiente y combatientes.

Usted sabe que nosotros/as – integrantes de la Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive! –  tenemos plena confianza en la opción noviolenta de la Comunidad de Paz y creemos en sus constancias porque, hasta el momento, todas sus denuncias siempre se han confirmado. Sin embargo, no solo contamos con la versión de la Comunidad, también nos basamos en las informaciones de los acompañantes internacionales que viven permanentemente en San Josesito y otras veredas, como medida de protección internacional, y del cuerpo noviolento de paz de la  Comunidad Papa Giovanni XXIII, PBI y  FOR.

Ahora bien, en cuanto a los montajes judiciales evidenciamos la reciente captura de la campesina LUZ DENIS VALLE VALDERRAMA, POBLADORA  DE SAN JOSE DE APARTADÓ Y MADRE DE 5 HIJOS, a quien detuvieron agentes de la Fiscalía el 6 de agosto, un día antes del acto de posesión de su segundo periodo como Presidente del País. De la Fiscalía respondieron a nuestra acción urgente el 8 de agosto, , y nos confirmaron la detención de la campesina dando cuenta también de su ubicación. Cuando recibimos la constancia de la Comunidad  temimos que fuera otra desaparición forzada como la que ocurrió hace ya un año con el Joven BUENAVENTURA HOYOS, el cual fue liberado después de 10 meses de cautiverio sin que hasta el momento ningún órgano estatal haya dado alguna explicación.

Según la  Comunidad de Paz, la detención de LUZ DENIS  no es más que otro montaje judicial por parte de la Brigada XVII con la manipulación de sujetos reinsertados quienes, con la presión de los militares que los alojan y los utilizan, sirven de falsos testigos para señalar pobladores de la zona como colaboradores de la guerrilla. En efecto, en la comunicación de la Fiscalía informan que a LUZ DENIS se le culpa por el delito de “administración de recursos relacionados con actividades terroristas” art. 345 del CPP. Dicha acusación coincide con una denuncia de la Comunidad, en la que señalan que  a inicios de agosto el desmovilizado Luis Angel Ceballos, alias Caballo, quien se aloja en el Comando de la Brigada XVII, elaboró una lista para judicializar y acusar a pobladores de la zona de colaborar con la guerrilla.  

Así mismo,  la Comunidad de Paz nos informa que el procedimiento de detención de esta madre de cinco niños y campesina fue completamente irregular, puesto que se le negó  el derecho a llamar a un abogado y se le trasladó inmediatamente a  Medellín sin permitírsele comunicarse con su  familia e informar de su paradero. También, nos inquieta señor presidente que una vez detenida la persona se proceda con la legalización de la captura, tal y como se anota en la comunicación recibida por parte de la Fiscalía de Medellín: “Acto seguido fue trasladada a la ciudad de Medellín ese mismo día, para efectos de realizar las labores de judicialización y legalización e [sic] captura. A la fecha, se encuentra bajo medida intramural una vez se celebró para el día 07/08/2014 la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, determinada por un juez de conocimiento en esa ciudad”. ¿Sabría usted explicarnos a que se refieren cuando indican lo anterior?

La Comunidad de Paz, a través de los derechos de petición dirigidos a su persona en calidad de Presidente de Colombia y máximo comandante de las Fuerzas Armadas, remitidas  por el sacerdote jesuita y director de la base de datos de violencia política del CINEP, padre Javier Giraldo le ha expuesto con lujo de detalles y mucha documentación las cuestionantes acciones del  Coronel Germán Rojas Díaz mientras se desempeñó como Comandante del Batallón Voltígeros de la Brigada XVII y en general,  las estrategias que se utilizan en el Urabá a través de las cuales se tiende a involucrar a la sociedad civil con la insurgencia cuando reivindican su derecho a no participar en la guerra.

Es de su conocimiento que los montajes judiciales y el relacionar al campesinado de la zona con los insurgentes es una  práctica muy utilizada por los jefes militares del Ejército como estrategia de control. Recordará Usted, respetado mandatario,  que este modus operandi fue el que se utilizó para desprestigiar a Luis Eduardo Guerra, líder de la Comunidad masacrado el 21 de febrero del 2005 por agentes de las Fuerzas Armadas en colaboración con los paramilitares del Bloque Héroes de Tolová; y para negar los hechos en el mismo Congreso colombiano, al que se llevaron los reinsertados a declarar en contra de la Comunidad de Paz.

Lo que más nos preocupa es  la falta de independencia del sistema judicial, especialmente de la Fiscalía, con respecto al poder de este tipo de militares. Reiteramos que muchas de las detenciones y procesos contra campesinos y campesinas de la zona son iniciados por la Fiscalía de la región bajo las acusaciones de los militares, teniendo como única prueba los testimonios de reinsertados, cuya voluntad está sometida al arbitrio de éstos.  Por eso comprendemos la posición de la Comunidad en su ruptura con el sistema judicial colombiano, sabe usted también que para que se establezca la confianza en el mismo, este tipo de prácticas y controles de las fuerzas militares sobre el sistema judicial no puede ser.

Realmente señor Presidente, esta situación evidencia la negación de los derechos ciudadanos y la deficiencia del Estado de Derecho.  Por eso le rogamos que interceda directamente ante el Coronel Germán Rojas Díaz para que lo convenza de desistir de sus estrategias de intimidación e involucración de la población civil en un conflicto que para nada les pertenece. Y más directamente, le solicitamos que tome las medidas oportunas, vista y comprobada su animadversión por la Comunidad de Paz de SJA expresada en las prácticas ya referidas y muy identificadas por las organizaciones que acompañamos a las comunidades que sufren en medio del conflicto armado. Es de conocimiento internacional que las víctimas reales del conflicto son los campesinos y campesinas que, por desgracia en su país, han sido históricamente discriminados y maltratados por un amplio sector de la población y concretamente por parte de los altos vértices militares. Como prueba de la campaña de estigmatización de este comandante contra la Comunidad adjuntamos el artículo publicado por el Heraldo de Urabá en el que éste Comandante hace seria afirmaciones en contra de la Comunidad y en el que se evidencia su sesgo contra la misma (http://www.elheraldodeuraba.com/index.php/regional/1-turbo-busca-acuerdo-con-santos-para-la-prosperidad-de-la-region). Quisiéramos que el comandante nos demostrara cómo se ha menguado la credibilidad internacional de la Comunidad, porque ahora más que nunca las organizaciones internacionales estamos entendiendo claramente la dinámica que se ha utilizado para debilitar  la opción de los campesinos y campesinas de no ser involucrados en la guerra. Precisamente este tipo de acciones son las que nosotros denunciamos porque son estas campañas las que estigmatizan a los campesinos y campesinas que quieren una Colombia donde no sean las balas las que gobiernen.

Como lo explica claramente la comunidad de Paz en su comunicación del 13 de agosto del año en curso y ante lo cual estamos totalmente de acuerdo:

Desde las experiencias directas de nuestras tragedias, que absolutamente nadie las puede falsificar o disfrazar ante nosotros mismos que las sufrimos, conocemos de primera mano la mentira que se difunde en las emisoras radiales, los periódicos y los canales televisivos  locales, regionales y nacionales, cuando se refieren a nosotros. Conocemos de primera mano las mentiras que redactan en la Brigada XVII y que le hacen firmar a los aterrorizados detenidos, chantajeados por torturas y sobornos, obligándolos a firmarlas y a ratificarlas en juzgados y tribunales para castigar con años de prisión a quienes rechazan las estrategias de sometimiento a sus intereses. Conocemos de primera mano las mentiras descomunales de militares y policías para ocultar la responsabilidad de sus crímenes contra la población inocente. Conocemos de primera mano las mentiras de los funcionarios administrativos y de los directorios políticos que buscan estigmatizar a quienes repudian sus campañas y manejos inmorales del poder.” (Leer constancia completa en: http://cdpsanjose.org/?q=node/325).

En nuestros archivos reposan respuestas del Ministerio de la Defensa y del Ejército, también de la Fiscalía en las que fundamentamos nuestras reflexiones.  El caso emblemático, pero no el único, al cual ya nos referimos en líneas superiores,  fue la  masacre del 21 de febrero del 2005  y las respuestas que nos suministraron los órganos estatales ante la denuncia. Por ello, quienes llevamos años acompañando la opción de la Comunidad de Paz, los montajes judiciales a civiles con testimonios falsos de desmovilizados y la atribución de asesinatos y crímenes realizados por los mismos efectivos de las fuerzas del orden a la guerrilla, los identificamos como parte de las estrategias de guerra de las fuerzas militares, por desgracia contra los civiles. Incluimos también los falsos positivos, los cuales a propósito, se han reactivado en la zona, como en el caso de la campesina Yerly Magaly Muñoz, menor de 18 años y madre de un niño de tan solo 1 año, víctima de un combate y presentada como guerrillera dada de baja por el ejército.

Por ello, en relación a este hecho que además de cruel es  inmoral;  le rogamos limpiar la memoria de esta joven madre y resituirle la honra propia declarando publicamente que no se trata de una guerrillera dada de baja en combate, sino de una madre y mujer campesina victima de esta guerra que sigue ensangrentando a Colombia, a pesar de los diálogos de paz en La Habana.

Así mismo, le  reiteramos, por enésima vez, que las Fuerzas Militares del Estado de su país infringen el derecho internacional humanitario cuando instalan sus campamentos en terrenos de propiedad privada y cuando irrumpen en las fincas de los habitantes de las veredas, destruyendo plantaciones de pancoger.

De acuerdo con el comunicado de prensa enviado por el cuerpo de paz de la Comunidad Papa Juan XXIII que acompaña a la Comunidad para su protección desde los principios de la noviolencia, el pasado 22 de agosto durante un combate entre el Ejército colombiano (Brigada Móvil XI) y guerrilleros de las FARC en la vereda Bellavista, jurisdicción de San José de Apartadó, el Ejército Nacional disparó indiscriminadamente y a altura de hombre sobre diversas viviendas de habitantes de la zona.

Excelentísimo Presidente, de acuerdo con el mismo comunicado de los acompañantes italianos, los militares no atienden las súplicas de los pobladores de las veredas para que no los pongan como escudos humanos en los combates que libran contra la subversión.

En todas nuestras comunicaciones a los organismos internacionales hemos expresado nuestra preocupación por la falta de respeto y los abusos de poder de los efectivos militares contra los civiles y sobre todo por la dinámica establecida por parte de las tropas que se despliegan en las veredas de San José de Apartadó, o sea la de utilizar las viviendas y propiedades privadas de los campesinos con fines militares, violando el derecho internacional humanitario y su principio de no involucrar a la  población civil en la guerra.  

Nos resulta muy difícil  imaginar cómo se puede vivir en una zona en la que las Fuerzas del Estado constantemente están haciendo uso arbitrario de su poder, siempre con la justificación de la lucha contra la insurgencia.  Señor presidente, Usted como máximo comandante de las Fuerzas Armadas colombianas es mucho lo que puede hacer para poner límite a los excesos militares y sobre todo para llamar al orden al Coronel GERMAN ROJAS DÍAZ, puesto que desde su llegada se han incrementado las estrategias típicas de guerra sucia contra la población civil registradas, también, en otros años.

 Agradecemos su amable atención,

Andrea Proietti

Presidente Rete Colombia Vive! A nombre de los miembros de la Red y de su  Consejo Nacional:
Abogado Francesco Tartini (Treviso), Giuseppe Coscione (Genova) y Simona Fraudatario (Roma).

Con copia a:
Corte Penal Internacional
Exp. OTP-CR. 266/07
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso 12325
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia

 Rete Italiana di Solidarietà, Colombia Vive! Onlus  
Sede legale: Comune di Narni, Ufficio per la Pace, Piazza dei Priori,1
CAP:  05035 Narni (Tr) Italia
E-mail: reteitalianadisolidarieta@gmail.com
www.reteitaliana-colombiavive.org