Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

En 1997 el Ministerio del Medio Ambiente se negó a entregar el proyecto hidroeléctrico en una subasta porque reduciría la producción agrícola y pesquera que la zona de influencia aportaba al Huila. Pero en el 2008 el gobierno Uribe desconoció el concepto anterior y subastó el proyecto a un solo proponente (Emgesa) y a la vez declaró los terrenos de utilidad pública, sin realizar la consulta previa a los afectados. Desde entonces el proceso de resistencia social no ha parado de movilizarse.

“El movimiento social de El Quimbo ha venido madurando desde septiembre de 2008. Tiene en sus memorias las luchas campesinas que dieron en los setentas –integrados en la ANUC– para acceder a la tierra, las de los noventas por la condonación de las deudas agrarias debidas a la crisis del café –y en la que ganaron una ley nacional–, y las que realizaron para que les pagaran los cultivos de uso ilícito que habían sustituido. Es decir, demostraron que tenían capacidad de iniciativa política propia y unos intereses nada oscuros. Ahora se han integrado en Asoquimbo y trabajan en sus ejes organizativo, político, comunicativo y jurídico”, ha dicho el investigador William Fernando Torres.

En su más reciente etapa, comunidades afectadas con la instauración de megaproyectos, se han integrado en el movimiento por la Defensa del Territorio en el Huila Ríos Vivos. Para hacer oposición a la explotación de recursos naturales por parte de empresas multinacionales, que actúan con las garantías que dispone el Gobierno colombiano para la inversión extranjera.

En el siguiente informe les presentamos cuales han sido las últimas acciones adelantadas por parte de las organizaciones y comunidades que defienden el territorio.

Mesa Nacional sobre los impactos de los proyectos hidroeléctricos

El incumplimiento de la Sentencia T-135/13, que ordena la participación de las comunidades y garantías para la vida diga de los afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, ha llevado a que los representantes del Movimiento por la Defensa de los Territorios ¡Ríos Vivos!, a convocar la Mesa Nacional Sobre los Impactos de los Proyectos Hidroeléctricos. El espacio que será coordinada por la Defensoría del Pueblo, hace el llamado a los Ministerios de Agricultura, Trabajo, Ambiente, el ANLA y la Contraloría General de la Nación.

Acciones de resistencia

Desde el primero de Noviembre las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, iniciaron acciones de resistencia civil pacífica con bloqueos a los acceso de las obras de construcción de la hidroeléctrica, con el fin de exigir el cumplimiento de la sentencia T-135, la cual ordena un nuevo censo e indemnización de las personas afectadas que no fueron incluidas. De igual forma alzaron su voz de protesta basándose en los 14 hallazgos de la Contraloría General de la Republica que ponen en evidencia la ilegalidad de la licencia ambiental de El Quimbo.

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Ante la ausencia de diálogos y el inminente uso de la fuerza
Las comunidades del centro y sur del Huila después de 25 días levantaron pacíficamente las acciones de protesta debido a los “constantes hostigamientos por parte de la fuerza pública”. En la zona funcionarios de la alcaldía de Garzón estuvieron presentes, con presencia del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), carabineros de la Policía, Sijin de civil y vigilancia privada de EMGESA, durante la lectura del oficio del acta del consejo de seguridad del municipio que ordenaba el desalojo.

Sin embargo los agremiados manifiestan que nunca se les presentó el acta de dicho consejo. Luego de la lectura, los funcionarios de la alcaldía se fueron y el ESMAD aseguró el paso de los vehículos de la empresa. “No vimos garantías para quedarnos, la Defensoría nunca se presentó, y decidimos retirarnos. Este es un desalojo forzado y legalmente irregular”, expresaron en redes sociales las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

A instancias internacionales

Debido a que el Estado colombiano no ha brindado las garantías de la protección de los derechos a las comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos, según denuncian las organizaciones, representantes del Movimiento por la Defensa de los Territorio, Ríos Vivos y Tierra Digna, dieron a conocer la situación que se presenta en Colombia por el desplazamiento forzados y proyectos de desarrollo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Audiencia realizada ante el incumplimiento de dos acuerdos asumidos por el Gobierno Nacional: la creación de un espacio para estudiar la adopción de medidas con el fin de proteger la vida e integridad de defensores del territorio y el medio ambiente, debido a que se han presentado nueve asesinatos, 27 amenazas de muerte y decenas de desplazados por los modelos de desarrollo implementados y que han demostrado ir en contra de los derechos de las comunidades.

Video: Audiencia realizada en Washington ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En opiniones preliminares, según informo EFE, la CIDH ha expresado inquietud sobre la protección de Colombia a los campesinos desplazados. (Ver: La CIDH expresa su inquietud sobre la protección de Colombia a los campesinos desplazados).

Audiencia Técnica (T-135)

El Tribunal del Huila desacató la instancia del Alto Comisionado de la Corte en la Audiencia Técnica realizada el 18 de noviembre en atención a las múltiples solicitudes y derechos de petición formulados por diferentes gremios y afectados por el proyecto minero energético El Quimbo, conforme a lo ordenado por la corte constitucional en Sentencia T-135 del 2013. Pues la autoridad judicial “negó el derecho a la participación de personas vulneradas con la instauración del proyecto hidroeléctrico El Quimbo”. El juez Edgar Robles Ramírez manifestó que las comunidades no tenían derecho a intervenir en la audiencia, aunque fueron citadas como representantes de diversos colectivos que esperaban ser reconocidos por su condición de afectados.

Video audiencia Tribunal del Huila

El profesor Miller Dussán, en su momento, consideró lamentable que en la audiencia se negara la participación de las organizaciones, argumentando que fueron citadas como observadores. “En dónde queda el principio de la participación que estipula la sentencia T-135”, sostuvó el académico.

Examinando el seguimiento a la acción de tutela de la sentencia T-135, Lucio Rubio representante legal de EMGESA, plantea que han efectuado planes efectivos en el manejo de las compensaciones garantizando canales efectivos de participación con la actividad censal a 28.664 personas inscritas en el censo, determinadas por 13.729 personas que solicitaron la inclusión al censo. De las cuales 7.800 fueron nuevos y 5.852 provienen de las 20.000 “supuestamente atendidas bajo otros mecanismos de participación”, estipulando quiénes tienen o no derecho a la medida de compensación fijada en la licencia que otorgó el Ministerio.

Debido a las constantes violaciones al derecho a la participación, denunciadas por ASOQUIMBO, la organización radicó una solicitud de desacato contra la empresa Emgesa, La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Procuraduría Regional del Huila, por el incumplimiento de la Sentencia T-135 de la Corte Constitucional, la cual señala como condición garantizar la participación efectiva, libre e informada de las comunidades en todo el proceso del censo.
 
por: Juan Guillermo Osorio

http://suregion.com.co/especiales/la-resistencia-civil-avanza-en-mas-de-media-decada-del-quimbo-_937#