La comunidad afrodescendiente exigió que las retroexcavadores sean sacadas del río Ovejas. Denunciaron que mineros ilegales amenazaron a los pobladores y que el Gobierno no les cumplió el acuerdo firmado hace un mes con voceras de la región que marcharon a Bogotá exigiendo acciones definitivas.

El día lunes 29 de diciembre, desde las 10 de la mañana la comunidad residente en La Toma, jurisdicción del municipio de Suárez, noroccidente del Cauca, decidió exigir a los mineros ilegales asentados en la zona que retiren las retroexcavadoras de manera inmediata, y al Gobierno Nacional que tome las acciones pertinentes frente a lo que viene sucediendo.

Un grupo de 30 personas entre hombres y mujeres, se declararon a la espera de que arriben delegados de las entidades correspondientes “para que destruyan las retroexcavadoras, las retengan o se las lleven, así como para que judicialicen a los responsables”.

En el sector del río Ovejas, vereda Yolombó, donde se encuentran en este momento los habitantes cansados de las consecuencias que deja la minería ilícita, hay 2 retroexcavadoras y aproximadamente 10 mineros ilegales señalaron voceros de la comunidad, quienes denunciaron que han sido objeto de amenazas por oponerse a esta actividad al margen de la Ley. De acuerdo con los testimonios, los mineros ilegales les han dicho: “por más mujeres o comunidad que sean, les vamos a dar plomo a todos”.

A lo largo del rio Ovejas, en la ruta hacia la cabecera municipal de Suárez se pueden observar más de siete máquinas retroexcavadoras de las 18 que han situado en territorio del Consejo Comunitario de La Toma, con las cuales desconocidos están “explotando el oro y envenenando el agua”, según dieron a conocer líderes de la zona.

Acuerdos incumplidos

El Observatorio de Expansión Minero – Energética y Resistencias denunció el riesgo de la comunidad de La Toma y de todas las comunidades del norte del Cauca ante la negligencia gubernamental.

Y es que la exigencia del retiro de las retroexcavadoras del Río Ovejas se da cerca de cumplirse un mes de una reunión entre voceras de las comunidades afectadas, con el Gobierno, donde el Ministerio de Defensa adquirió el compromiso de erradicar la minería ilegal.

El lunes 1 de diciembre de este año, en La Casa Giralda (Bogotá), el Gobierno Nacional firmó un acuerdo con las Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca. “Las partes llegaron a un acuerdo en función del cual el Gobierno Nacional se compromete a adoptar medidas con el objetivo de erradicar la minería ilegal en el departamento del Cauca y a brindar las garantías de seguridad, prevención y protección de las lideresas, sus familias y las comunidades donde existirá intervención”, se lee en uno de los apartes del Acta de Acuerdo entre las mujeres afrodescendientes del Norte del Cauca y el Gobierno Nacional para la continuación de la negociación de los puntos de la movilización por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, pero a la fecha no se ha realizado ningún operativo y las máquinas retroexcavadoras siguen extrayendo oro ilegalmente en el río Ovejas, sostienen en la denuncia de las últimas horas.

La grave situación ha venido siendo expuesta ante diversas instancias y fue por ello que se dio la movilización de las mujeres afrodescendientes del Norte del Cauca el pasado 17 de noviembre hasta arribar a Bogotá, para que posteriormente se diera el proceso de negociación mencionado con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ministerio de Minas y Energía, y el Ministerio de Ambiente, entre otros entes, el cual terminó con la firma de cinco actas de acuerdo, donde uno de los puntos principales era realizar acciones contundentes para combatir la minería ilegal en el Norte del Cauca.

A pesar de tales avances, la comunidad indicó que se llevan ya 30 días esperando que el Gobierno cumpla con el acuerdo de empezar a acabar con la minería ilegal en esta región, y aún permanecen las 18 retroexcavadoras en el territorio del Consejo Comunitario de La Toma; las 200 retroexcavadoras en el Cerro Teta; y las casi 2000 máquinas que hay en el Departamento, arrasando con las fuentes hídricas. Datos – Gobernación del Cauca.

Vías de hecho

La comunidad de La Toma exigió que fueran retiradas las retroexcavadoras el día 29 de diciembre de 2014, antes de las seis de la tarde, porque de lo contrario tomarían acciones concretas, “ya que los mineros ilegales permanecen en la zona, lo que aumenta el riesgo de la mujeres, hombres y menores de edad que siguen amenazados”.

Sumado a lo anterior, los representantes señalaron que es responsabilidad del Estado lo que les pueda pasar, ya que han interpuesto la denuncia de delito ambiental y de amenazas contra sus vidas ante todas las entidades necesarias, sin que a la fecha se hayan hecho operativos para confiscar, detener o destruir la maquinaria. “No obstante las acciones de Entidades como la Defensoría del Pueblo que emitió un Informe de riesgo de inminencia para La Toma y de los garantes del proceso de negociación la vida de las mujeres, los hombres de la guardia cimarrona y sus hijos e hijas está en grave riesgo”, puntualizaron.

Finalmente se solicitó la presencia inmediata de la Fuerza pública, el Ministerio de Defensa, los Alcaldes de Suárez y de Buenos Aires, y de la Fiscalía General de La Nación. “Reiteramos el riesgo a la integridad y a la vida de estas mujeres y hombres que exigen que se confisquen las máquinas y se judicialice a los responsables y se mantenga una alerta frente a la vulneración permanente de sus derechos”, concluyeron en comunicación ante la opinión pública desde la zona.

 

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