La tarde del domingo 04 de enero, cerca de la casa de un hermano, sintió que la observaban. Era un hombre armado pero no quiso voltear a verlo. Sintió miedo y no aguantó más. El lunes siguiente, a primera hora, recogió algunas pertenencias y en compañía de sus dos hijos se fue dejando atrás todo.

 

Su nombre es Francia Elena Márquez Mina, una negra de piel liza que bordea los 30 años de edad, y vive en la vereda de Yolombó, del municipio de Buenos Aires. Es presidenta del Consejo Comunitario de la región y una de las líderes, que junto a un puñado de mujeres marcharon desde el norte del departamento hasta la Plaza Bolívar en Bogotá para denunciar el impacto ambiental que viven sus comunidades por cuenta de la Minería.

 

La maratónica caminata -al estilo Moncayo- a finales del año anterior, evidenció el incumplimiento de la sentencia de la Corte (la T-1045A de 2010) que exige a las autoridades suspender la actividad minera en ese territorio ancestral. Pero, a la vez, sirvió para que al regreso de las mismas comunidades a sus territorios, líderes como Francia Elena, comenzaran a recibir amenazas de muerte por oponerse abiertamente

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La extracción minería, práctica que consiste en recabar, arañar y herir de muerte, (con maquinaria pesada) las entrañas de la tierra en busca de metal preciado; muchas veces se realiza de manera ilegal, sin permisos, ni mecanismos de protección adecuados y además deja réditos “jugosos”.

 

Según un informe de RCN Radio, regional Cauca, para los dueños de las más de 200 retro excavadoras que de manera extraña han logrado llegar a municipios del norte del Cauca sin ser detenidos, las cuentas suman 30 millones de pesos en solo 18 horas de labores.

 

Y aunque el gobierno departamental ha hecho el llamado al Gobierno Nacional, al igual que la misma entidad ambiental del Cauca, (CRC), parece que el tema de la Minería poco importa. Por el contrario, esta región del país tiende a convertirse en epicentro de explotación y es vista con ojos de codicia por muchas multinacionales y personas con poder.

 

En concordancia con un informe de Verdadabierta.com, en este momento, el 10% de esta región del suroccidente del país, está concesionado pero con el número de solicitudes que están en estudio, por lo menos el 50% del territorio estaría comprometido. Es decir, estas tierras que hoy están en manos de nuestros aborígenes están pasando a manos de empresas nacionales y multinacionales, que generan más muerte, pobreza y asolamiento de territorios porque estos “empresarios” no tienen compasión, vienen a llevarse las riquezas y chao, pescao.

 

Lo anterior, solo para referirme a la Minería Legal, ahora, las consecuencias de la Minería Ilegal ya la estamos viviendo. La mayoría de las comunidades han intensificado su labor de extracción artesanal minera (arriesgando sus vidas). Otros se ganan entre 600 mil a 800 mil gracias a los dueños de las retro – excavadoras que operan sin permiso, de allí haya comunidades que se oponen al retiro de dichas devora – terrenos. Hemos sido testigos de tragedias como la presentada en la Mina de Agua Limpia, en Santander de Quilichao que sepultó 12 personas, el 30 de abril, del año anterior. Y finalmente, hay un deterioro social: la prostitución, el alcoholismo y la violencia intra – familiar va en aumento en la gran mayoría de estas comunidades.

 

Sin contar con las amenazas de líderes que se oponen con justificación a esta explotación sin compasión como Francia Elena. Razón tenían este grupo de mujeres de caminar cerca de 600 kilómetros para llegar hasta el patio presidencial y denunciar la indiferencia y el abandono estatal.

 

Queridos parlamentarios caucanos, quiero verlos en pie de lucha, ustedes deberían ser los primeros en evidenciar este tipo de ausencia y olvido. Porque si un afro, campesino o indígena deja sus tierras para ponerse al frente es porque no se ven representados o al menos no se sienten respaldados.

 

No basta sólo con subir fotos a redes sociales y decir que están reunidos “trabajando” por el bienestar del Cauca. Cierro con estas preguntas: ¿De quién son las 2 mil máquinas que están en el departamento, recabando sin parar? ¿A dónde va a parar las ganancias que genera la Minería Ilegal? ¿Por qué a pesar de los llamados de los gobiernos locales, el gubernamental y el ambiental, no pasa nada con ese ejercicio que desangra los territorios indígenas, afros y campesinos? ¿A quiénes se refiere el alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba, cuando afirma que hay detrás “manos oscuras”? ¿Qué se debe hacer parar detener la violencia que se avecina y la que se está presentando o es que no se puede hacer nada?

 

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Por: Fabrit Cruz
http://www.proclamadelcauca.com/2015/01/indiferencia-y-abandono-estatal.html

 

BOLETÍN #36
Santiago de Cali, 09 de Enero de 2015
 
Ante la grave situación de la comunidad del norte del Cauca nos permitimos compartir este comunicado de la lideresa Francia Márquez. Toda nuestra solidaridad para esta líder y la situación humanitaria que se viene presentando.  Quedamos prestos a los llamados que desde este clamor se vienen agenciando.
Que el 2015 sea el año de la paz y la solidaridad.
 
Jesús Darío González Bolaños
Coordinador Observatorio de Realidades Sociales Arquidiócesis de Cali
 
“Hoy no solo está en riesgo mi vida, la de mi familia, si no la vida de las comunidades afros del norte del Cauca que hemos decidido denunciar como la minería legal promovida por el gobierno nacional y la ilegal está generando pobreza, hambre, miseria destrucción ambiental, desplazamiento, amenazas y muerte.
 
Nosotros no nos oponemos al desarrollo, nos oponemos a la destrucción de la vida y los territorios ancestrales, nos oponemos a la destrucción ambiental, nos oponemos a la perdida de la soberanía alimentaria, nos oponemos a la destrucción de nuestra cultura, nos oponemos a que nuestros ríos Ovejas y Cauca, Teta, y Palo se envenenen con cianuro y mercurio y que hoy los Caleños estén siendo envenenados sin saberlo. Nos oponemos a ser desplazados de nuestros territorios ancestrales, nos oponemos a la corrupción de funcionarios públicos que no realizan las acciones establecidas en la Constitución para proteger nuestros derechos como colombianos.
 
Es en este contexto de riegos, amenazas, desplazamiento y muerte que está generando la minería legal e ilegal. NOS PREGUNTAMOS dónde está La CVC, La CRC y el Ministerio de Ambiente ejerciendo el control ambiental?, dónde está la Procuraduría ejerciendo el control disciplinario frente a los funcionarios que están omitiendo cumplir con su deber? dónde está la Fiscalía ejerciendo las investigaciones y judicializaciones contra los múltiples delitos que se están cometiendo en el Norte del Cauca por la minería ilegal? dónde está el Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras protegiendo nuestros derechos como pueblos étnicos? dónde está el Ministerio de Minas ejerciendo control frente a los títulos mineros que ha otorgado y en los cuales se está permitiendo que se realice minería ilegal? acaso los amparos administrativos sólo se aplican para sacar a las comunidades negras de sus territorios ancestrales como el caso de La Toma? porqué no los aplican para parar la minería ilegal? dónde está el Ministerio de Salud dictaminando los impactos que produce el cianuro y el mercurio en la vida humana? dónde está el Ministerio de Cultura defendiendo las prácticas culturales de las comunidades afros que se están destruyendo con ese tipo de minería? dónde está la policía de tránsito ejerciendo los controles sobre la movilidad de esa maquinaria pesada? dónde está la policía y el ejército sacando esa maquinarias de nuestros territorios?
Acaso el estado social de derechos desapareció para los que continuamos creyendo que la vida debe anteponerse a los intereses económicos?
Acaso desaparecieron los tres poderes del Estado colombiano?
Dónde están los órganos de control del Estado colombiano?
Dónde está la comunidad internacional?
Acaso hablar de Paz no implica poner sobre la mesa estos temas?
 
Queremos respuestas reales a estas preguntas.
 
En el marco de la Movilización de las Mujeres Negras por el Cuidado de la vida y de los Territorios Ancestrales el Gobierno Nacional en cabeza del Ministro del Interior se comprometió con nosotras a:
 
1. A partir del 4 de diciembre iniciaban las acciones necesarias para erradicar la minería ilegal en el Norte del Cauca y en todo el departamento.
2. Implementar las medidas de protección necesarias para las mujeres de la movilización y sus comunidades.
3. Implementar las órdenes de la Corte Constitucional en materia de protección de las comunidades afrocolombianas Auto 005, y 092.
4. Reparación de los daños ambientales, sociales, culturales y económicos que ha generado la minería ilegal.
 
“No es posible que la corrupción borre el Estado Social de Derecho.”  
Francia Márquez