Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos, así como sindicalistas y reclamantes de restitución de tierras, han sido amenazados por el grupo paramilitar Águilas Negras en el norte de Colombia. El grupo, además, ha calificado a los amenazados de guerrilleros.

El 11 de enero, un sindicalista y una persona que defiende los derechos humanos de las mujeres recibieron en sus domicilios, en el departamento de Atlántico, norte de Colombia, un panfleto del grupo paramilitar Bloque Norte Costa Atlántica Águilas Negras. En él se declaraba objetivos militares a “organizaciones de derechos humanos sindicalistas reclamantes de tierra, asesores de victimas […] los que hacen informes de derechos humanis [sic]”. El panfleto decía también: “comiencen airce [sic] del pai [sic] o a escoderce [sic] como ratas por que [sic] los vamos a cabar [sic] uno por uno”.

La amenaza de muerte, en la que aparecían citados los nombres de unas 40 personas, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y reclamantes de tierras, además de un funcionario que trabaja sobre la restitución de tierras y un sacerdote, citaba además varias organizaciones de derechos humanos. Las personas cuyos nombres se citan en la amenaza han participado en el proceso de restitución de tierras y en cuestiones relativas al proceso de paz en los departamentos de Sucre, Bolívar, Cesar y Atlántico. Entre los amenazados se encuentran Juan Martínez, uno de los líderes de la comunidad de El Tamarindo, un grupo de campesinos del departamento de Atlántico, así como miembros de las seccionales de Atlántico y Sucre del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

– expresando preocupación por la seguridad de las personas amenazadas, e instando a las autoridades a brindarles de inmediato protección efectiva, de acuerdo con sus deseos y necesidades;

– pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;

– recordándoles que deben cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, establecida en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998;

– instando a las autoridades a emprender acciones contra las fuerzas paramilitares y a romper cualquier vínculo entre éstas y las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 26 DE FEBRERO DE 2015 A:
Presidente de la República
Juan Manuel Santos

Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26
Bogotá, Colombia

Ministro del Interior
Aurelio Iragorri Valencia

Tratamiento: Estimado Sr. Ministro
Y copia a:
ONG
MOVICE
Barranquilla, Colombia

Envíen también copias a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:

Información complementaria

Los defensores y defensoras de los derechos humanos y las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas han sufrido las peores consecuencias del prolongado conflicto armado de Colombia. Todas las partes enfrentadas –de un lado, las fuerzas de seguridad, actuando solas o en connivencia con grupos paramilitares, y de otro, la guerrilla– son responsables de abusos y violaciones de derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, tales como homicidios, desapariciones forzadas o secuestros, tortura, desplazamiento forzado y delitos de violencia sexual.

Las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares han calificado frecuentemente a los miembros de organizaciones de derechos humanos y de sindicatos de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla, y los han amenazado, secuestrado o matado. Numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos han sido víctimas de homicidio tras haber sido calificados de simpatizantes de la guerrilla. Los grupos guerrilleros también han amenazado y matado a defensores y defensoras de los derechos humanos.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en los primeros nueve meses de 2014 unos 40 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio. La ONG Somos Defensores estimó que al menos 70 defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes, habían sido víctimas de homicidio en 2013. La Escuela Nacional Sindical (ENS) informó de que, en los primeros once meses de 2014, 20 sindicalistas habían sido víctimas de homicidio. Los activistas en favor del derecho a la tierra y los que trabajan para poner fin a la impunidad han estado especialmente expuestos a ataques. Estos ataques, unidos al uso indebido del sistema judicial para presentar cargos falsos contra quienes defienden los derechos humanos, y unidos también al robo de información confidencial de oficinas de ONG, siguen minando el trabajo de las organizaciones de derechos humanos.

En los últimos años, muchos defensores y defensoras de los derechos humanos y numerosos campesinos que hacían campaña en favor de cuestiones relacionadas con la tierra han sido víctima de homicidios o amenazas, principalmente a manos de grupos paramilitares. Entre las personas citadas en la amenaza de muerte se encuentra Juan Martínez, uno de los líderes de la comunidad de El Tamarindo, un grupo de campesinos del departamento de Atlántico que se han visto obligados a desplazarse en el transcurso del conflicto armado y que se enfrentan al desalojo forzado de la tierra en la que se han reasentado. Para más información, véase el informe: Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia (http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR23/031/2014/es).

El Estado colombiano cuenta con un programa de protección que ofrece seguridad a miles de personas en situación de riesgo, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, este programa adolece de importantes puntos débiles. Por ejemplo, la efectividad del programa seguirá siendo limitada mientras los responsables de abusos y violaciones de derechos humanos sigan teniendo confianza en que no comparecerán ante la justicia.

Nombre: Juan Martínez (h), miembros de MOVICE (hombres y mujeres)