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En alianza con la estatal ecuatoriana Enami, la chilena busca la ejecución del proyecto Llurimagua, una explotación cuprífera en el Valle de Intag que mantiene en pie de guerra a las comunidades de la zona desde 1997. Además de los daños ambientales que acarrearía el proyecto, las empresas han sido objeto de cuestionamientos por el trato dado a los moradores: Es el caso de Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín que será juzgado esta semana por defender sus tierras y que lleva 10 meses en prisión preventiva acusado de “rebelión”.

 

 

Entre violaciones a los derechos humanos y la destrucción de los Andes ecuatorianos avanza la chilena Codelco su andadura en Ecuador de la mano de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami), esta vez en el Valle de Intag, en Junín, área montañosa de Cotacachi con una extensión aproximada de 1.200 km2 y una población de 13.000 habitantes dedicados al trabajo campesino, que ya tuvieron que enfrentar años atrás la embestida de dos transnacionales que finalmente tuvieron que abandonar el proyecto de explotación cuprífera que ahora quiere sacar adelante la estatal chilena, bautizado como “Llurimagua”, en un área concesionada de 4.839 hectáreas que ya ha costado violentas agresiones a los derechos humanos de los pobladores y 10 meses de prisión preventiva arbitraria e ilegal al presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez.

 

Primero -en 1997- fue la japonesa Bishimetals en alianza con la entonces estatal Codigem, la que acabó abandonando el proyecto luego del rechazo mostrado por la población y las autoridades locales y de los graves impactos que comenzaron a percibirse para el medio y la salud de los habitantes del sector.

 

En 2003, el proyecto volvió a cobrar fuerza de la mano de la canadiense Ascendant Copper que tras años de agresiones con fuerzas paramilitares y estrategias que trataron de dividir a las comunidades, también abandonó el país.

 

Sin embargo la batalla no ha terminado. Ahora las comunidades, conscientes de la destrucción que el proyecto traería para sus gentes y su modo de vida, enfrentan la alianza Codelco-Enami; “Con gran preocupación vemos que las estrategias para la implementación de proyectos de explotación de recursos naturales en el Ecuador, inclusive cuando participa en ellos el estado, no varían mucho con las utilizadas en los años anteriores por las empresas transnacionales que han pasado por Intag”, sostiene el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

 

“La forma de proceder de ENAMI, ignorando los reclamos de los moradores a respetar sus derechos e incumpliendo las leyes de la república vigentes, ha provocado la reacción comprensible de la población, oponiéndose por mucho tiempo a la instalación de la empresa en el área de la concesión minera. Muchos de los opositores han recibido acusaciones temerarias desde las esferas más altas del estado ecuatoriano, tergiversando la verdad y tratando de intimidar a los opositores que están en su legítimo derecho a disentir”, agrega.

 

Entre los casos más emblemáticos que ponen de manifiesto la flagrante violación de los derechos humanos que está sufriendo la comunidad está el de Javier Ramírez Piedra -presidente de la comunidad de Junín- detenido en abril en el sector de Nanegalito, provincia de Pichincha, acusado de rebelión, sabotaje y terrorismo por parte de ENAMI-CODELCO y la fiscalía de Cotacachi, que ha rechazado los recursos presentados por los familiares, quienes aseguran que los cargos que se le imputan -por los que lleva 10 meses en prisión preventiva- son falsos y que su único “delito” es el de defender la vida y la naturaleza, lo que también es corroborado por el OLCA.

 

“Detuvieron a Javier con una orden de captura del hermano. Pero la policía insistió en llevarlo a Quito para verificar las huellas dactilares, y durante el viaje emitieron una orden de captura en su contra, apresándolo a su llegada”, sostuvo Marcia Ramirez, prima del susodicho al medio nacional El Desconcierto.

 

“Debido a la fuerte injerencia que ejerce el ejecutivo ecuatoriano sobre la función judicial tememos la posibilidad de que Javier Ramirez sea sentenciado hasta a 8 años prisión. Es incomprensible que un campesino, cuya vida está dedicada a las labores de la tierra pueda ser acusado de saboteador y terrorista”, señalan desde el Observatorio.

 

En tanto, tras casi un año en prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad de Ibarra, el pasado 30 de enero -a pocos días de que la ministra subrogante del Ambiente, Lorena Sánchez, aprobarar el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental para la fase de exploración avanzada de minerales metálicos de Llurimagua- comenzó la audiencia del proceso judicial, que se reanudará el próximo 9 de febrero, y que se se realizó en medio de una gran protesta ciudadana que apoyó a Ramírez a las afueras de la Corte de Justicia.

 

Ante la inminente dictación de la sentencia, la organización Salva La Selva ha emitido un comunicado en el que invita al mayor número posible de ciudadanos a solidarizarse con la causa de Ramírez y la defensa de la zona subtropical de Intag, firmando una petición que será remitida a las autoridades ecuatorianas, en la que se solicita la detención del proyecto minero y la concesión de la libertad para el presidente de la comunidad afectada.

 

Puedes firmar aquí

El Ciudadano

 

 

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