Con esta comunicación el representante legal Felipe Márquez advierte la posible suspensión del apoyo a los programas del municipio de insistirse en consulta popular. El procurador hizo lo suyo.
Casi por unanimidad (10-1) los concejales de Cajamarca, Tolima, hundieron la consulta popular para que la gente se manifestara sobre el proyecto minero La Colosa de Anglo Gold Ashanti, el más grande de oro a cielo abierto en Colombia. El concejal Gerardo Arciniegas denunció que sus compañeros cambiaron de opinión luego de una reunión con directivos de la minera. Esta empresa había enviado el 21 de diciembre de 2014 una carta al Concejo en donde afirma que mientras se mantenga la incertidumbre por la consulta popular, la empresa reducirá las fuentes laborales y dejará de apoyar a la Alcaldía “en el desarrollo de su plan de gobierno”.
El argumento público del resultado de la votación es que el Concejo no es competente jurídicamente para decidir sobre el futuro del subsuelo. Como antecedente político, sin embargo, está la consulta popular realizada en julio de 2013 en el municipio de Piedras sobre el mismo proyecto minero, que fue promovida por el alcalde Arquímides Ávila y aprobado por el Concejo, y cuyo resultado fue contundente: el 99% votó en contra con el fundamento de que los derechos a la vida, al agua, a la salud y a la participación democrática son superiores.
La Procuraduría General de la Nación investigó entonces al alcalde Ávila y a los concejales de Piedras por supuesta extralimitación de funciones y amenazó con hacerlo con todos los alcaldes de municipios con potencial petrolero o minero que tuvieran intenciones de adelantar una consulta popular. Esto en línea con las directrices del Ministerio de Minas, expresadas en algunas normas: un Decreto de 2013 que restringía las posibilidades de las autoridades locales a tomar decisiones sobre minería en sus territorios y que fue suspendido por el Concejo de Estado por violar la autonomía de las regiones, y otro del 23 de diciembre de 2014 que pone difíciles requisitos a los alcaldes para participar en decisiones sobre minería en respuesta a una Sentencia de la Corte Constitucional que le ordenaba coordinación con las autoridades locales en decisiones sobre minería.
Lea la carta de Anglo Gold Ashanti que pudo haber “mareado” a los concejales:
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