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El gobierno no ha logrado detener abusos de organizaciones criminales
(Buenaventura) – Grupos sucesores del paramilitarismo son actualmente responsables de secuestros, desapariciones y desmembramientos de habitantes del puerto de Buenaventura, cuya población está integrada mayoritariamente por afrocolombianos, a pesar de las medidas anunciadas hace un año por el gobierno para detener la violencia, señaló hoy Human Rights Watch.

El 6 de marzo de 2014, luego de que la Policía informara haber identificado en Buenaventura varios “sitios de pique” donde se había desmembrado a víctimas, el Presidente Juan Manuel Santos anunció una “intervención especial” para mejorar la seguridad pública y desarticular a los grupos sucesores del paramilitarismo con presencia allí. Sin embargo, una nueva investigación de Human Rights Watch alerta sobre niveles alarmantes de abusos cometidos por estos grupos desde que comenzó la intervención del gobierno, incluidas desapariciones, violencia sexual y reclutamiento de niños. Los grupos han llevado a que al menos 6.900 residentes debieran desplazarse de sus hogares desde el anuncio del Presidente Santos, y el municipio aún presenta el índice más elevado de desplazamiento forzado de Colombia.

Ha transcurrido un año desde que el gobierno anunció que iba a adoptar medidas en Buenaventura, sin embargo, poderosas organizaciones criminales continúan sembrando el terror entre la población. Si bien las medidas ordenadas por las autoridades han contribuido a reducir la violencia, el brutal control que ejercen estas bandas en muchos de los barrios permanece en gran medida intacto.  José Miguel Vivanco, director para las Américas

“Ha transcurrido un año desde que el gobierno anunció que iba a adoptar medidas en Buenaventura, sin embargo, poderosas organizaciones criminales continúan sembrando el terror entre la población”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si bien las medidas ordenadas por las autoridades han contribuido a reducir la violencia, el brutal control que ejercen estas bandas en muchos de los barrios permanece en gran medida intacto”.

Human Rights Watch visitó Buenaventura en mayo y noviembre de 2014 y en febrero de 2015, y entrevistó a más de 70 personas, incluyendo a víctimas de abusos, familiares de estas, y funcionarios públicos.

Las autoridades incrementaron la cantidad de policías, infantes de marina, fiscales e investigadores judiciales en Buenaventura, y lograron algunos resultados que merecen ser destacados. En 2014, fueron detenidos más de 280 presuntos miembros de los Urabeños, la Empresa y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los tres principales grupos sucesores del paramilitarismo en Buenaventura. Entre abril y diciembre, se registraron oficialmente 96 homicidios, lo cual constituye un descenso comparados con los más de 150 homicidios registrados en el mismo período durante 2013, según señalaron autoridades de medicina legal.

No obstante, siguen siendo generalizadas las extorsiones por parte de grupos sucesores del paramilitarismo, los cuales surgieron tras un proceso oficial de desmovilización de organizaciones paramilitares de derecha implementado hace una década, que presentó graves falencias. Los habitantes siguen expuestos al riesgo de sufrir ataques si cruzan “fronteras invisibles” que separan los barrios disputados entre distintas bandas rivales. Los niños viven sujetos a la amenaza de ser reclutados y de sufrir violencia sexual, miles de personas han sido desplazadas y continúan ocurriendo secuestros y desapariciones con impunidad.

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones en al menos 39 nuevos casos de presuntas desapariciones en Buenaventura desde que el gobierno anunció la intervención en marzo pasado, y esto eleva el total a 88 desde 2013. Sin embargo, muchos casos nunca se denuncian por el temor a represalias y la desconfianza en las autoridades judiciales.

Desde marzo de 2014, se han encontrado en la ciudad los restos desmembrados de 16 personas, de las cuales al menos 12 aparentemente habrían sido asesinadas en un momento posterior al anuncio de la intervención del gobierno. Esto incrementa a 32 la cantidad de cuerpos desmembrados encontrados allí desde 2013, si bien es probable que más personas hayan tenido este destino en los dos últimos años.

Una práctica habitual de los grupos sucesores del paramilitarismo en Buenaventura ha sido arrojar los restos desmembrados al mar o enterrarlos en fosas clandestinas. Desde marzo de 2014, las autoridades han desenterrado 18 cuerpos que estaban en fosas clandestinas, de los cuales al menos 12 habían sido desmembrados. El 26 de diciembre, investigadores exhumaron una fosa que contenía los restos desmembrados de Jhon Eder Cerón, de 28 años, cuyo paradero se desconocía desde hacía una semana. La autopsia indicó que había recibido un impacto en el rostro con un objeto con las características de un machete, y que había sido desmembrado mientras aún estaba con vida.

El 22 de diciembre, al día siguiente de que dos hombres desaparecieran en el barrio El Progreso, investigadores judiciales registraron en la zona una vivienda abandonada, dentro de la cual hallaron tres machetes y sangre en los muros y el piso. Tres semanas después, las autoridades encontraron fosas clandestinas en el barrio y exhumaron cuerpos desmembrados que, según cree la Fiscalía, serían los de los dos hombres.

En Buenaventura, las bandas criminales atormentan a familiares de víctimas de desapariciones, diciéndoles que sus seres queridos fueron “picados” y los amenazan para que no denuncien lo sucedido. Human Rights Watch documentó tres desapariciones en las cuales los familiares de las víctimas huyeron de Buenaventura debido a que temían por su vida.

Entre abril y septiembre del año pasado, el último mes sobre el cual se conocen estadísticas, las amenazas y la violencia en Buenaventura obligaron a 13.682 residentes a abandonar sus hogares, según datos oficiales. Más de 6.900 de estas personas indicaron haber sido desplazadas forzadamente por bandas criminales. Por otro lado, más de 2.300 personas señalaron que fueron víctimas de desplazamiento por parte de grupos guerrilleros; otro grupo significativo de víctimas se abstuvo de identificar el grupo que les desplazó. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tiene presencia en zonas rurales de Buenaventura menos pobladas.

“La Fiscalía ha adoptado medidas importantes para impulsar investigaciones en Buenaventura, pero evidentemente estas no han sido suficientes para asegurar que haya justicia por las desapariciones y otros graves abusos”, observó Vivanco.

La Fiscalía ha adoptado múltiples medidas para poner fin a la impunidad en Buenaventura, como asignar ocho fiscales nuevos a la ciudad, además de designar investigadores que viajan al puerto para buscar los restos de personas desaparecidas. Esto ha permitido avances importantes, como detenciones en relación con dos casos de desmembramientos cometidos en abril de 2014, y el descubrimiento de múltiples fosas clandestinas desde noviembre.

No obstante, únicamente una fiscal de los 23 que están en Buenaventura está dedicada exclusivamente a la investigación de desapariciones. Tiene a su cargo más de 400 casos de este tipo, algunos incluso que ocurrieron desde hace más de una década. Hasta febrero de 2015, la fiscal había obtenido órdenes de detención en apenas cinco de los más de 400 casos. Los demás se encuentran en la etapa preliminar, lo cual implica que ninguna persona ha sido acusada formalmente, ni mucho menos condenada. Aun cuando la fiscal trabaja con un alto grado de compromiso, el volumen de casos impide que pueda haber avances sustanciales en las investigaciones.

La impunidad también continúa siendo habitual frente a otros delitos graves que ocurren en Buenaventura, como homicidios, violencia sexual y desplazamiento forzado.

Diversos residentes de algunas zonas de la ciudad indicaron que la presencia policial en sus barrios era errática, lo cual los exponía al riesgo de abusos. Numerosas personas afirmaron que todavía desconfían de la Policía, y creen que algunos miembros tienen vínculos con las bandas criminales.

Buenaventura no ha establecido un albergue para personas desplazadas, a pesar de los altos índices de desplazamiento. En vez de ello, la ciudad ha alojado a personas desplazadas durante períodos de varias semanas en un estadio deportivo donde, según informan fuentes creíbles, no han tenido acceso a agua potable ni a servicios sanitarios adecuados.

Como parte de su intervención, el gobierno anunció además medidas orientadas a mejorar las condiciones socioeconómicas en Buenaventura, pero Human Rights Watch no ha examinado si estos compromisos fueron implementados, y en todo caso, cuál fue su impacto.

“El gobierno de Santos se encuentra lejos de cumplir su promesa de revertir las condiciones en Buenaventura”, dijo Vivanco. “Las autoridades deben adoptar medidas mucho más enérgicas para fortalecer las investigaciones judiciales, poner fin al terror que asola al principal puerto de Colombia en el Pacífico, y asegurar que las víctimas de abusos tengan acceso a la justicia”.

Recomendaciones sobre medidas adicionales
El gobierno de Santos y la Fiscalía General de la Nación deberían adoptar medidas adicionales para abordar la violencia y la impunidad en Buenaventura, incluyendo las siguientes:

Asignar fiscales e investigadores adicionales a la sede de la Fiscalía en Buenaventura que trabajen exclusivamente en casos de desapariciones; mantener suficientes investigadores especializados en Buenaventura para que continúen con la búsqueda de fosas clandestinas dándole seguimiento a todos los datos creíbles recibidos acerca de dónde estas podrían encontrarse; y establecer una línea telefónica que conecte con funcionarios judiciales en Bogotá, a través de la cual las personas puedan aportar de manera anónima información sobre fosas ocultas y desapariciones. Es asimismo crucial que se asigne suficiente personal a la investigación de casos de homicidios, violencia sexual y desplazamiento forzado;
Mantener una presencia policial ininterrumpida en barrios donde estén activos grupos sucesores de paramilitares; y
Establecer en la ciudad un albergue para personas desplazadas, que debería garantizar su seguridad y brindarles condiciones habitacionales dignas.

Terror e impunidad en Buenaventura
A continuación se expone un resumen de los hallazgos de una nueva investigación de Human Rights Watch sobre Buenaventura, que se basa en entrevistas con más de 30 víctimas de abusos y familiares de estas, 20 funcionarios públicos y una veintena de líderes comunitarios, residentes y testigos. Las entrevistas se celebraron en Buenaventura en mayo y noviembre de 2014 y en febrero de 2015, así como de manera telefónica. La investigación también se basó en datos oficiales, información difundida en la prensa e informes de organizaciones internacionales.

Desapariciones
La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre 44 casos de presuntas desapariciones que se denunciaron como ocurridas en Buenaventura durante 2014, lo cual supone cuatro casos más que los denunciados en 2013. De los 44 casos, al menos 35 habrían ocurrido después de que el Presidente Santos anunciara la intervención. La Fiscalía está investigando cuatro casos adicionales que habrían ocurrido en enero y febrero de 2015.

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Los datos precedentes incluyen únicamente casos investigados por la fiscal en Buenaventura —y no por la unidad especializada en desapariciones de la Fiscalía— lo cual podría explicar por qué se indican 43 casos, en vez de 44, como correspondientes a 2014.

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Los datos anteriores se refieren a todos los casos de desapariciones desde 2010 que son investigados por la Fiscalía.

La cantidad real de desapariciones en Buenaventura probablemente sea mucho mayor. Numerosas familias de víctimas esperan al menos varios meses antes de denunciar las desapariciones, o nunca lo hacen, según manifestaron residentes y funcionarios judiciales.

Human Rights Watch documentó ocho desapariciones en Buenaventura desde la intervención del gobierno. Estos son algunos ejemplos:
 

– Pedro (seudónimo) es un hombre joven que salió de su casa una mañana a mediados de 2014 para dirigirse a su trabajo como conductor de mototaxi. Cuando no regresó para el almuerzo, sus familiares comenzaron a buscarlo en la zona, sin poder encontrarlo. Cuatro días después, una mujer en motocicleta se detuvo frente a la vivienda de Pedro. Desde la calle, y en voz lo suficientemente alta como para que pudieran escuchar los vecinos, dijo a la familia que dejaran de buscarlo porque había sido “picado”. Esta afirmación agravó el sufrimiento de la familia. Un familiar dijo a Human Rights Watch que en las ocasiones en que Pedro había escuchado sobre otros residentes de Buenaventura que habían sido desmembrados, él había manifestado su temor de morir de manera tan cruenta.

– Un adolescente y un hombre joven que fueron secuestrados una tarde a mediados de 2014 mientras circulaban en motocicletas con otros amigos por un barrio, según señaló la familia de una de las víctimas. Dos días después, un miembro de una de las familias recibió una llamada telefónica en la cual le indicaban que su familiar sería devuelto con vida, pero con fracturas en las costillas y los pies. Algunos días después, la familia recibió otra llamada, informando que interrumpieran la búsqueda debido a que, según les señalaron: “lo matamos, lo picamos y lo tenemos enterrado”. La familia imploró a la persona que llamó que les entregara el cuerpo, sin éxito.

– Un hombre llamado Enrique (seudónimo) que salió de su vivienda una noche a mediados de 2014, tras avisarle a su familia que había recibido una llamada para presentarse a realizar un trabajo de construcción esa noche. Enrique nunca regresó. Un familiar dijo a Human Rights Watch que les habían  advertido a la familia que no buscaran a Enrique, debido a que había sido “picado”.

Además de las desapariciones documentadas por Human Rights Watch, funcionarios y residentes aportaron los detalles de varios otros presuntos casos recientes. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, una institución estatal dedicada a la defensa de los derechos humanos, informó sobre el caso de un hombre de 21 años cuyo paradero se desconocía desde el 10 de enero de 2015, y fue visto por última vez en el barrio Caldas, donde opera la Empresa. Un trabajador religioso dijo a Human Rights Watch que tres personas de los barrios donde trabaja han sido desaparecidos desde que se anunció la intervención, incluido un niño que fue obligado a descender por la fuerza de un autobús un día a fines de 2014 y aún se desconoce su paradero.

Es difícil determinar cuáles son los motivos detrás de las desapariciones, ya que muy pocos de los casos se han investigado exhaustivamente. Sin embargo, a partir de entrevistas mantenidas con funcionarios, residentes y familiares de víctimas, pareciera que en muchos casos el común denominador es que las víctimas de algún modo quedaron atrapadas en luchas territoriales entre los Urabeños y la Empresa, ya sea porque representaban una amenaza para los intereses de estos grupos, porque desobedecieron sus órdenes o porque se sospechaba que mantenían vínculos con la banda rival. Las razones por las cuales un habitante del puerto puede convertirse en víctima podrían incluir desde no aceptar ser reclutado forzadamente hasta cruzar una “frontera invisible” entre barrios controlados por grupos enemigos.

Desmembramiento y fosas clandestinas
Desde 2013, se han encontrado en Buenaventura los restos desmembrados de 32 personas: 12 en 2013, 14 en 2014 y 6 en 2015, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML). (Esta cifra podría aumentar a medida que las autoridades completen las autopsias de otros seis cuerpos descubiertos en fosas en enero y febrero de 2015). Peritos forenses dijeron a Human Rights Watch que, en algunos de estos casos, se determinó que las víctimas habían sido descuartizadas vivas.

De los 20 cuerpos desmembrados hallados en 2014 y 2015, incluidos los restos de varias mujeres y niños, 16 fueron encontrados luego de que el Presidente Santos anunciara la intervención, según datos del INML. Siete de los 16 cuerpos han sido plenamente identificados por las autoridades, y todos ellos corresponden a personas que fueron asesinadas luego del anuncio de la intervención. Hay sólidos indicios de que, de las otras nueve víctimas, cinco son personas cuyo paradero se desconoce desde el período comprendido entre mediados de 2014 y diciembre (también después de la intervención) y otras tres fueron asesinadas aproximadamente hace un año, si bien no se sabe el mes exacto.

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML).

Existen motivos fundados para creer que más personas habrían sido desmembradas desde la intervención. En dos de los casos de desapariciones documentados por Human Rights Watch en los cuales las víctimas no han sido encontradas, los familiares recibieron información de que sus seres queridos habían sido “picados”.

Asimismo, hay indicios de que cada vez es más común que los grupos entierren a víctimas en fosas clandestinas, en vez de arrojarlas al mar, lo cual anteriormente posibilitó el descubrimiento de numerosos cuerpos arrastrados por la marea hacia las costas. Un funcionario judicial indicó a Human Rights Watch que las autoridades judiciales habían recibido información creíble que sugería que esto está ocurriendo.

Desde que el Presidente Santos anunció la intervención, las autoridades han encontrado 18 cuerpos en fosas clandestinas, de los cuales al menos 12 habían sido desmembrados. Human Rights Watch documentó varios de estos casos, incluidos los siguientes:

– Jhonatan Suárez y Leonardo Fabio Casierra, dos hombres jóvenes que acudieron al barrio El Progreso el 21 de diciembre de 2014 para presentarse en un trabajo de construcción. Nunca regresaron a sus casas. Al día siguiente, investigadores judiciales registraron una vivienda abandonada en la zona —donde hay fuerte presencia de la Empresa— y encontraron tres machetes y manchas de sangre en el piso y los muros. A mediados de enero de 2015, investigadores exhumaron los restos desmembrados de dos personas, hallados en dos fosas distintas en El Progreso. Las autoridades encontraron evidencias de que los cuerpos corresponderían a los dos hombres, y están evaluando si existe un vínculo entre la vivienda donde se encontraron las manchas de sangre, y los restos y las desapariciones.

– Luis Fernando Otero, un joven de 17 años que trabajaba lavando automóviles y salió de su vivienda en el barrio Camilo Torres en la noche del 26 de mayo de 2014, tras informar a su familia que se encontraría con amigos. Nunca regresó. Sus familiares contaron que, a la mañana siguiente, encontraron dos dedos en una calle cerca de su casa, y que pudieron reconocer que pertenecían a Luis. El 3 de junio, las autoridades exhumaron el cadáver desmembrado de Otero de una fosa clandestina en la zona de Gamboa.

Funcionarios judiciales dijeron a Human Rights Watch que habían recibido información creíble sobre la existencia de fosas clandestinas en distintos puntos de la ciudad, y que continuarían intentando hallarlas. Residentes en distintos sectores de la ciudad también señalaron que creen que hay fosas clandestinas en sus comunidades.

Violencia sexual
Existen evidencias contundentes de que grupos sucesores del paramilitarismo están perpetrando actos de violencia sexual en Buenaventura. La Unidad de Víctimas, una entidad gubernamental creada para resarcir a víctimas del conflicto, registró 30 casos de violencia y abuso sexual en Buenaventura entre abril y septiembre, el mes más reciente sobre el cual se tienen cifras oficiales. Trece de las víctimas identificaron a miembros de grupos sucesores del paramilitarismo como los agresores, 10 no identificaron formalmente a un agresor, 5 indicaron que se trataba de guerrillas y 2 se refirieron a “otros” agresores.

Un funcionario de derechos humanos describió la información recibida sobre dos casos de violación sexual desde la intervención del gobierno. Una mujer le dijo que un día, poco después de haber dado a luz, varios miembros de un grupo sucesor del paramilitarismo ingresaron a su vivienda y la violaron. Otro caso era el de un miembro de estos grupos que presuntamente violó a un niño debido a que su madre se había negado a ser la “novia” del agresor.

Residentes de varias zonas de la ciudad dijeron a Human Rights Watch que los grupos violan a mujeres y niñas en sus barrios. Una mujer afirmó que, tarde una noche, en una fecha próxima a fin de año, presenció el momento en que miembros de un grupo violaban a una mujer en un descampado cerca de su vivienda.

Numerosas mujeres y niñas también son objeto de acoso sexual, amenazas de violencia sexual y presiones por parte de miembros de grupos sucesores del paramilitarismo para que sean sus “novias”, indicaron residentes y funcionarios.

Una adolescente dijo que, a fines de 2014, mientras caminaba por su barrio, un integrante de estos grupos exclamó que “estaba buena para violarla”. La amenaza fue para ella particularmente grave, debido a que antes ese año la misma banda había violado en grupo a su amiga adolescente. Dijo sobre el miembro de la banda: “lo que hizo fue avisarme que en cualquier momento a mí me pueden violar”. Más adelante en 2014, un miembro del mismo grupo violó a otra adolescente en el barrio, señalaron residentes.

La madre de una niña de 12 años de otra zona de Buenaventura dijo a Human Rights Watch que, a fines de 2014, un miembro de un grupo sucesor del paramilitarismo golpeó a su hija en el rostro por negarse a seguir siendo su “novia”. Contó que el miembro del grupo, que también es a su vez un niño, tomó una tabla de madera con la cual tenía pensado seguir golpeando a la niña, pero otras personas se lo impidieron. También amenazó con asesinar al hermano de la niña. Debido a este suceso, la niña se fue del barrio y vive separada de su familia.

Reclutamiento y uso de niños
Buenaventura presenta uno de los índices más elevados de reclutamiento de niños por grupos armados en toda Colombia, según informa la Defensoría del Pueblo. Residentes y líderes comunitarios en distintos lugares de la ciudad dijeron a Human Rights Watch que numerosos niños, incluso de apenas 10 años, son vinculados a grupos sucesores del paramilitarismo que tienen presencia en sus barrios.

A menudo los niños hacen de informantes y centinelas, pero también han participado en asesinatos y otros graves abusos de estos grupos. De 24 personas cuya detención fue dispuesta por las autoridades en relación con dos casos de desmembramientos en abril, la mitad eran menores de 18 años. Más recientemente, el 14 de enero de 2015, las autoridades detuvieron a cuatro menores de entre 14 y 16 años durante un operativo en el cual rescataron a dos hombres de una vivienda donde eran retenidos por presuntos miembros de los Urabeños. Los menores están acusados de haber participado en el secuestro de los dos hombres y la tortura de al menos uno de ellos, que según la Defensoría del Pueblo había sido atado y golpeado, recibido descargas eléctricas y amenazado con ser desmembrado.

“Fronteras invisibles” y restricciones a la circulación
Los Urabeños, la Empresa y las AGC continúan limitando de manera severa la circulación de residentes entre los barrios. Si las personas cruzan “fronteras invisibles” entre barrios controlados por bandas rivales, se exponen a que se sospeche que colaboran con enemigos y a ser agredidas por el grupo que ejerce el control de esa zona, aseveraron tanto residentes como funcionarios.

Una mujer dijo a Human Rights Watch que, a fines de 2014, dos hombres abordaron a su hijo en un barrio cercano al cual se había trasladado para hacer la tarea junto con sus compañeros de escuela. Los hombres le dijeron que sabían de qué barrio provenía, le advirtieron “no queremos verte por aquí” y amenazaron con “picarlo”.

Residentes de algunas zonas donde tienen presencia los Urabeños se refirieron a determinados barrios que saben que no pueden visitar debido a que allí opera la Empresa, y viceversa. Asimismo, numerosos residentes indicaron que es peligroso que las personas que no son de sus barrios los visiten, a menos que estén acompañadas por alguien del lugar.

Desplazamiento forzado      
Entre enero y septiembre de 2014, 29.858 residentes de Buenaventura abandonaron sus viviendas, y con estas cifras el municipio se dirige hacia registrar el nivel de desplazamiento forzado más elevado de Colombia por cuarto año consecutivo, según cifras del gobierno.

Fuente: Unidad de Víctimas

De los residentes de Buenaventura desplazados entre enero y septiembre, 13.682 habían huido a partir de abril. Estas cifras muestran que, si bien los índices de desplazamiento han disminuido desde la intervención, siguen siendo elevados, con un promedio de casi 2.300 personas que huyeron de sus hogares cada mes entre abril y septiembre.

Más de 6.900 de los desplazados desde abril identificaron a grupos sucesores del paramilitarismo como responsables. Al igual que en años anteriores, las FARC, que operan en zonas rurales de Buenaventura —y los combates que las FARC mantienen con la fuerza pública— también fueron otra causa importante de desplazamiento forzado en 2014. Más de 2.300 residentes de Buenaventura desplazados entre abril y septiembre señalaron como responsables a guerrillas.

De los demás residentes de Buenaventura que fueron desplazados desde abril, 2.654 no identificaron formalmente a los responsables, 1.205 indicaron la opción “otros”, 580 señalaron a más de un responsable y 13 atribuyeron responsabilidad a miembros de la fuerza pública, de acuerdo con la Unidad de Víctimas.

Extorsión, robos y control de actividades económicas
Los grupos sucesores del paramilitarismo son responsables de la extorsión generalizada, conforme señalan residentes y funcionarios. Las víctimas incluyen desde conductores de mototaxis y vendedores callejeros, hasta dueños de tiendas más importantes y empresarios.

Un hombre dijo a Human Rights Watch que, a fines de 2014, un grupo sucesor del paramilitarismo frenó un proyecto de construcción en el cual él participaba. El grupo anunció que la obra no podría continuar hasta que obtuvieran una parte de la inversión en el proyecto. Otro ejemplo, de una víctima de un nivel económico absolutamente diferente, es el de una mujer que aseveró que un grupo sucesor del paramilitarismo había obligado reiteradamente a un familiar suyo a pagar 2.000 pesos (aproximadamente USD 1) para que le permitieran vender mazamorra en la calle.

Varios fiscales dijeron a Human Rights Watch que seis comerciantes fueron asesinados en Buenaventura entre mayo y noviembre, y que la extorsión posiblemente haya sido el móvil.

Funcionarios de la Fiscalía también sostuvieron que grupos sucesores del paramilitarismo han conservado el control de la distribución y comercialización de algunos alimentos básicos. Dijeron que no es posible vender huevos, carne, pollo o queso en la ciudad sin su autorización.

Los grupos también se apropian de bienes. La Defensoría del Pueblo documentó el caso de un hombre que, según refirió, a comienzos de 2015 los Urabeños lo habrían llevado a una vivienda donde varios miembros del grupo amenazaron con atacarlo con machetes. El grupo finalmente lo liberó, pero robó su motocicleta.

Otra residente contó que, a mediados de 2014, luego de haberse trasladado momentáneamente a una zona rural con su familia, descubrió que miembros de un grupo sucesor del paramilitarismo habían ocupado su vivienda en la ciudad. No se atrevió a pedirles que se fueran.

Con frecuencia los grupos han ocupado o destruido las viviendas de las personas a quienes desplazan, según afirmaron residentes, la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Amenazas contra periodistas y líderes comunitarios
A fines de septiembre, en un panfleto que circuló por correo electrónico, fueron amenazados de muerte ocho periodistas de Buenaventura y de la ciudad cercana de Cali. La amenaza, que estaba firmada por los Urabeños, indicaba que se había publicado información falsa sobre el grupo y otorgaba a los periodistas un plazo de 24 horas para abandonar sus respectivas ciudades.

No se sabe con certeza si los Urabeños fueron verdaderamente los autores de la amenaza. Varios periodistas identificados en la amenaza dijeron a Human Rights Watch que la Policía aseveraba que provenía de delincuentes comunes y no del grupo sucesor del paramilitarismo.

Con independencia de quiénes estén detrás de la amenaza, varias de las víctimas expresaron sentirse intimidadas y que su trabajo se había visto afectado. Un periodista de Buenaventura que se dedica a cubrir noticias sobre crímenes en la ciudad dijo que ahora mantiene un perfil más discreto, y que ya no visita ciertos barrios donde hay fuerte presencia de grupos sucesores del paramilitarismo. Otro periodista en Buenaventura indicó que, desde la amenaza, ha reducido la cobertura periodística de hechos de inseguridad en la ciudad. Ambos manifestaron que estaban evaluando la posibilidad de irse de Buenaventura ya que temían por su seguridad.

Diversos líderes comunitarios también indicaron a Human Rights Watch que están siendo amenazados e intimidados por grupos sucesores del paramilitarismo. Un líder de un barrio controlado por uno de estos grupos dijo que, a mediados de 2014, fue abordado por dos miembros de una organización rival, quienes le advirtieron que lo matarían si no los ayudaba a librarse del otro grupo en la zona. Debido a esta amenaza, las llamadas telefónicas intimidatorias que ha recibido y la falta de seguridad en su barrio, el líder ha decidido enviar a dos de sus hijos pequeños a vivir en otra ciudad.

Los grupos sucesores del paramilitarismo han amenazado repetidamente a líderes del barrio La Playita desde abril pasado, cuando miembros de la comunidad establecieron un “espacio humanitario” que pretende prohibir la presencia de estos grupos. Una organización de derechos humanos colombiana y diversos observadores internacionales procuran disuadir las agresiones manteniendo una presencia permanente en la zona, y también hay policías que vigilan el perímetro.

Las amenazas obligaron a una líder del “espacio humanitario” a escapar momentáneamente de Buenaventura a mediados de 2014. Contó que, desde que regresó a la comunidad, sus hijos no han asistido a la escuela porque ella teme ser atacada por un grupo que opera en el trayecto que debe recorrer hasta la escuela.

El 15 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en las cuales exigió al gobierno colombiano brindarles protección a las 302 familias que viven en el “espacio humanitario”.

Amenazas a familiares de víctimas y abusos que no se denuncian
Es común que grupos sucesores del paramilitarismo amenacen a familiares de sus víctimas, advirtiéndoles que no intenten obtener información sobre los casos de sus familiares ni reunirse con autoridades judiciales.

La madre de un joven que despareció a manos de uno de estos grupos a mediados de 2014 dijo que una persona no identificada en una motocicleta se le había acercado y le había advertido que no buscara a su hijo ni acudiera a la Fiscalía, ya que le sucedería lo mismo. Cuando posteriormente se presentó en la Fiscalía, dos hombres la abordaron en el trayecto de regreso a su casa, le preguntaron por qué había desoído la advertencia y amenazaron con agredir a su otro hijo pequeño. La mujer afirmó que, como consecuencia de esto, dejó de asistir a la Fiscalía para indagar sobre el paradero o aportar información sobre el caso de su hijo. Desde la desaparición, también ha recibido seis amenazas telefónicas, en las cuales la instaron a que se fuera de Buenaventura.

En un caso similar, el padre de un joven asesinado a comienzos de 2014 dijo que miembros de un grupo sucesor del paramilitarismo habían acudido al entierro de su hijo y habían intentado averiguar quién era el padre. Unos meses después, apenas salió de una reunión en la Fiscalía relacionada con la causa de su hijo, un hombre se le acercó y le avisó “deja de investigar”. El hombre dijo que, a fines de 2014, fue nuevamente abordado por dos hombres cuando salía del trabajo, quienes le dijeron que se fuera de Buenaventura.

Incluso personas que no recibieron amenazas directas temen denunciar delitos o hablar con investigadores, según señalaron residentes y funcionarios.

Los funcionarios judiciales admiten que el temor a represalias supone un grave obstáculo para la posibilidad de que haya justicia en casos de desapariciones. Un funcionario judicial indicó que todavía hay muchas desapariciones que no se denuncian por este motivo. Otro afirmó que, incluso cuando los casos sí se denuncian, a menudo los familiares retienen información que podría ser importante para esclarecer el hecho, debido a que temen sufrir represalias.

Impunidad
En su informe de marzo de 2014, Human Rights Watch informó que ninguna persona había sido acusada formalmente en ninguno de los casos de desapariciones en Buenaventura. Una de las razones principales era el abrumador volumen de causas en las cuales intervenía el único fiscal local que investigaba desapariciones, y que tenía a su cargo 230 casos de este tipo y más de 700 investigaciones sobre otros delitos.

El 4 de abril, el Fiscal General Eduardo Montealegre anunció nueve medidas nuevas orientadas a asegurar una mayor rendición de cuentas en Buenaventura, que incluían duplicar la cantidad de fiscales e investigadores en la sede local de la Fiscalía en Buenaventura, reabrir causas de desapariciones y desplazamientos que habían sido archivadas y dar prioridad a investigaciones sobre desmembramientos y violencia sexual.

La Fiscalía ha cumplido una buena parte de este anuncio.  Emitió una resolución que reconoce oficialmente como prioritarias a las investigaciones en Buenaventura, mejoró la coordinación entre las autoridades judiciales que investigan abusos allí, y sumó 8 fiscales y 8 investigadores a los 15 y 18 (respectivamente) que ya estaban asignados a la ciudad. La Fiscalía también ha enviado investigadores especializados a Buenaventura para que busquen los restos de personas desaparecidas. Desde noviembre, los investigadores han estado más de 30 días en el terreno buscando fosas clandestinas en al menos siete barrios, y han hallado 15 cuerpos.

No obstante, sigue habiendo una única fiscal en la ciudad que trabaja con dedicación exclusiva en la investigación de desapariciones. (Los otros nuevos fiscales se ocupan de homicidios, algunos casos de desmembramientos y violencia sexual, entre otros delitos). En vez de tener a su cargo 230 casos de desaparición, la fiscal se ocupa ahora de más de 400, muchos de los cuales habían sido archivados antes de la intervención y fueron reabiertos posteriormente. A pesar de que se dedica exclusivamente a desapariciones, tan sólo la cantidad de causas es de por sí un grave obstáculo para que se haga justicia.

Hasta febrero de 2015, la fiscal había obtenido órdenes de detención en apenas cinco casos de desaparición. Las demás investigaciones se encuentran en etapa preliminar, lo cual implica que ninguna persona ha sido acusada formalmente ni condenada.

Dos fiscales de una unidad especializada en desapariciones con sede fuera de Buenaventura también están investigando algunos casos en la ciudad, pero ellos también han logrado avances muy limitados. En general, ninguna de las investigaciones de la Fiscalía sobre desapariciones en Buenaventura desde 2010 ha tenido como resultado una condena, y apenas dos casos llegaron a la etapa de juicio.

La gran mayoría de los homicidios en Buenaventura también quedan impunes. La Fiscalía informa haber obtenido condenas en menos del 2 por ciento de los casos de homicidios entre 2010 y 2014.

Los resultados son similares con respecto a otros delitos:

– De las investigaciones impulsadas por la Fiscalía sobre 639 casos de violencia sexual ocurridos entre 2010 y 2014, 589 están en etapa preliminar, y en 7 se impusieron condenas; y
– De las investigaciones impulsadas por la Fiscalía sobre 467 casos de desplazamiento forzado ocurridos entre 2010 y 2014, 455 se encuentran en la etapa preliminar, y en ninguna se ha dictado condena.

Algunas víctimas en Buenaventura describieron medidas de investigación de sus casos que parecerían inadecuadas. Un hombre dijo que, a comienzos de 2014, miembros de un grupo sucesor del paramilitarismo lo llevaron a una vivienda y lo retuvieran allí varias horas, durante las cuales el líder del grupo amenazó con “picarlo”. El hombre denunció el incidente a mediados de 2014, pero contó que funcionarios judiciales le indicaron que se comunicarían en tres meses para avisarle si iban a investigar el caso. Cuatro meses después, la Fiscalía todavía no se había puesto en contacto con él.

Otra mujer dijo que la Fiscalía no se había contactado con ella desde que denunció por primera vez la desaparición de un familiar, lo cual había hecho más de cinco meses antes, a mediados de 2014.

Human Rights Watch también documentó un caso en el cual hay indicios de que la Policía no habría realizado un seguimiento adecuado de una denuncia de secuestro en un barrio donde hubo múltiples desapariciones en los últimos años. A fines de 2014, miembros de un grupo sucesor del paramilitarismo interceptaron a un joven que había ingresado en motocicleta a su barrio, indicó un testigo. El grupo llevó al joven hasta un sector aislado del barrio, a raíz de lo cual los vecinos llamaron a la Policía, que se presentó en el lugar y efectuó una búsqueda.

Los residentes no colaboraron con la búsqueda policial debido a que no deseaban ser vistos hablando con policías, afirmó el testigo. Oficiales de la Policía dijeron a Human Rights Watch que, al no poder dar con el joven luego de varias horas de búsqueda, determinaron que no se había producido un secuestro y dieron por concluida la investigación. Human Rights Watch no pudo confirmar cuál fue el destino del hombre que había sido llevado contra su voluntad, pero el testigo señaló que no volvió a verlo desde entonces.

Protección policial inadecuada
En el ámbito de la fuerza pública colombiana, la Policía es la principal responsable de proteger a los residentes de la ciudad de Buenaventura y combatir a los grupos sucesores del paramilitarismo que tienen presencia allí. En febrero y marzo de 2014, el gobierno envió a cientos de policías e infantes de marina adicionales a Buenaventura. Human Rights Watch pidió información para verificar si el gobierno ha mantenido la mayor presencia de miembros de la fuerza pública en el lugar, pero estos datos no han sido proporcionados por las autoridades. Es probable que la mayor presencia de la fuerza pública incidiera en la menor cantidad de homicidios denunciados en Buenaventura desde abril.

No obstante, los residentes de algunas áreas indican que la Policía no tiene presencia permanente en sus barrios y que sólo patrulla la zona esporádicamente, con lo cual quedan expuestos al accionar de grupos sucesores del paramilitarismo. Una mujer dijo que si bien la presencia policial aumentó transitoriamente en su barrio después de marzo, se redujo sustancialmente hacia fin de año. Aseveró que a veces puede pasar un día entero sin que la Policía recorra el barrio, mientras que la Empresa continúa cometiendo graves abusos allí, incluidas desapariciones.

Otro residente manifestó que luego del incremento de miembros de la fuerza pública en marzo, había policías apostados en su barrio durante las 24 horas, pero que a fines de 2014 comenzaron a retirarse de sus puestos cerca de las 9 p.m. Indicó que los Urabeños se aprovechan de la ausencia policial para concretar sus actividades.

En algunas áreas, los residentes también se lamentaban de que los policías en general se sitúan en la calle principal de acceso a sus barrios. Dijeron que esto no era efectivo, debido a que los grupos sucesores del paramilitarismo operan en otros sectores en el fondo del barrio.

Varios residentes expresaron a Human Rights Watch que creen que algunos policías actúan en connivencia con grupos sucesores del paramilitarismo. Un hombre informó que, a mediados de 2014, pudo escuchar a un miembro de estos grupos que decía haber recibido un mensaje de texto de un policía advirtiéndole que se estaba por producir un allanamiento en la zona, y efectivamente poco después hubo un operativo policial en el lugar. Otra mujer señaló que el grupo en su barrio advierte reiteradamente a los habitantes que si denuncian cualquier hecho a la Policía, esta les dará aviso.

Falta de albergue para desplazados
En marzo de 2014, Human Rights Watch instó a la ciudad de Buenaventura a que estableciera un albergue para desplazados que necesitaran un lugar donde quedarse, a fin de cumplir más adecuadamente la obligación que le corresponde, conforme al derecho colombiano, de recibir temporalmente a estas personas. La necesidad de albergue sigue siendo sustancial: 10.558 personas indicaron que Buenaventura era el municipio al cual llegaron tras haber sido desplazadas en entre enero y septiembre de 2014, 22.330 lo hicieron en 2013 y 16.247 en 2012, conforme surge de datos oficiales. Las cifras incluyen a personas que fueron desplazadas de un barrio a otro de la ciudad.

Las autoridades de Buenaventura no han establecido un albergue y, en cambio, han permitido que los desplazados se alojen en un estadio deportivo llamado Coliseo El Cristal donde, según la Defensoría del Pueblo, las condiciones han sido “inhumanas”.

Cientos de miembros de las comunidades indígenas wounaan han sido alojados en el estadio desde fines de noviembre, cuando comenzaron a huir de zonas rurales en Buenaventura y Chocó. Las condiciones de higiene han sido deficientes, y no han tenido acceso a agua potable ni servicios sanitarios adecuados, observaron la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. En diciembre, el estadio seguía auspiciando eventos, a pesar de que había allí personas desplazadas, y al 10 de diciembre había 141 personas que dormían en el suelo, sin colchonetas ni sábanas. Un niño wounaan, de un año de edad, se enfermó mientras permaneció en el estadio y falleció el 18 de diciembre.

http://www.hrw.org/node/133200