Guatemala. Rigoberto Juárez Mateo es autoridad ancestral de la nacionalidad maya Q´anjob´al representada en el Gobierno Plurinacional de las Nacionalidades Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Poptí y Mestiza del Territorio Q´anjob´al del pueblo de Jolom K´onob.

 
Esta estructura de base organizativa comunitaria está ubicada al norte del departamento de Huehuetenango. Aproximadamente desde el año 2005 que los pueblos originarios en esta región han estado realizando Consultas de Buena Fe como mecanismo para fijar su postura de rechazo a los proyectos extractivos y la intención empresarial de explotar las  fuentes de agua, ríos, lagos, bosques, tierra, minerales y la vida.
 
Esta intención empresarial ha chocado con la visión de desarrollo y de vida de los pueblos originarios quienes ven en estas actividades una amenaza a la vida y se han organizado pacíficamente para frenarla. Efectivamente desde la llegada del capital y estas formas de acumular riqueza han ocurrido una serie de abusos y violaciones a derechos humanos que van desde el asesinato, la desaparición, la tortura, la persecución penal, la militarización territorial, división comunitaria, el uso del rumor para dividir a las comunidades, la amenaza y la coacción a poblaciones enteras para aceptar estos proyectos.
 
Muchos han sido los mecanismos utilizados por los pueblos mayas y mestizos para denunciar lo que ocurre, pero básicamente han sido los que el Estado de Derecho y la democracia liberal proponen como la vía para que la ciudadanía actúe en este sentido.
 
Sin embargo la respuesta estatal para quienes muestran su desacuerdo con estas prácticas ha sido la represión y la criminalización, acusándoles de “terroristas, delincuentes y atrasados.”
 
Este es el caso de Rigoberto Juárez quien fue detenido en la vía pública en la ciudad capital de Guatemala y tiene varias demandas penales y judiciales y ha sido encarcelado por dos procesos penales desde el día 24 de marzo de 2015. El está en una cárcel preventiva en la capital, lejos de su gente y su territorio.
 

 
Declaración de Rigoberto Juárez ante el Juez de Primera Instancia Penal del Juzgado de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Eulalia, en la Torre de Tribunales de la ciudad de Guatemala,  27 de marzo de 2015
   
Como Coordinador del Gobierno Plurinacional Ancestral Maya Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti´ y Mestizo, en el territorio Q’anjob’al, voy a asumir la responsabilidad histórica de indicar que lo que hoy se está haciendo es solamente un incidente más de agresión en contra de nuestras naciones ancestrales, que se inició desde hace 491 años.
 
Nuestro territorio Q’anjob’al ha sido asediado permanentemente por instancias, empresas, que han estado agrediendo nuestro territorio últimamente en lo que nosotros estamos llamando el Quinto Despojo.
 
Este Quinto Despojo lo constituyen, más que nada, los hijos y los nietos de aquellos que desde hace 491 años [lo] iniciaron, al despojarnos de nuestros territorios libres y naturales. Lo que hoy se indica [en este Juzgado] no es más que una calumnia más que se inventa. Desafortunadamente, hermanos y hermanas mayas Q’anjob’ales seguramente se prestan o actúan bajo coacción de esas empresas, y es así como se conoce que actúan en nuestro territorio.
 
Hoy de lo que se nos está acusando es una falsedad total.
 
¿Por qué? Porque en el marco de la defensa de nuestro territorio, estamos hablando de la defensa del agua, la defensa de los cerros, la defensa de las montañas, y eso implica, por supuesto, la defensa del aire que todos y todas respiramos y necesitamos oxígeno. Las naciones ancestrales mayas Q’anjob’ales estamos defendiendo precisamente ese derecho a la vida, al oxígeno, el agua que necesitamos todos. Aún quienes dicen tener el derecho de hacer uso de nuestras aguas, la necesitan igualmente que nosotros. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo uso de este derecho, para defender el derecho del agua.
 
“Solamente en el marco de este Quinto Despojo, señor Juez, no asumo la responsabilidad de decir: “sí, lo hemos hecho”. No es cierto, lo hemos hecho bajo el criterio de defensa propia de ese territorio”.
 
09-dic-2013seis
 
Solamente en el territtorio Q’anjob’al hay 41 licencias de empresas mineras. Solamente en el territorio Q’anjob’al hay 21 licencias de hidroeléctricas. Las dos van implícitas en hacer uso inadecuado de nuestros bienes naturales. ¿En qué momento se nos consultó? ¿Acudieron a consultarnos? En ningún momento.
 
Desde el 2005 hasta la fecha se han hecho consultas comunitarias en nuestro territorio, y hemos acudido como autoridades a estas otras autoridades de este Estado para indicarles la manifestación de nuestro pueblo en el sentido de decir: “no a este tipo de empresas”. ¿Se nos ha escuchado o no se nos ha escuhado?
 
Nuestra calidad de autoridades de nuestras naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti´ se ha dilucidado en otras circunstancias. Dado a lo que hoy acudimos, estamos identificando una manipulación de ideas que nos están inculpando de situaciones que no son ciertas. Y esto ha sido el procedimiento histórico en este sistema en contra de nuestros pueblos, y que hoy no solamente lo estamos poniendo a conocimiento de ustedes, autoridades de justicia, sino que también, espero, que a nivel internacional se sepa que hay una situación prácticamente de violencia, de violación de nuestros derechos de autoridades, al someternos a un proceso, para nosotros, totalmente anómalo.
 
Porque lo que escuché que se dijo por ahí [la Fiscal] es totalmente falso y ojalá el Ministerio Público haya hecho las investigaciones correspondientes en su momento. Nosotros como autoridades del pueblo maya Q’anjob’al acudimos a ustedes para solicitarles su colaboración, para que hagan investigación objetiva de los hechos que se están dando en la finca San Luis. Pero en ningún momento aparece en su documento, a menos que lo haya por ahí, de lo solicitado.
 
¿Ustedes observaron objetivamente los daños, que la empresa dizque CincoM está haciendo en el territorio Q’anjob’al? ¿Analizaron, observaron, vigilaron?
 
Hemos solicitado la presencia de las instituciones del Estado para que observen de cerca la cantidad de violaciones que se han hecho de parte de estas entidades en nuestro territorio. Y no han venido.
 
Desde el 2005 cuando iniciamos nuestras consultas comunitarias ¿Cuál es la percepción d,e ustedes como juzgadores de las consultas comunitarias? ¿Las ven como válidas? ¿O no les importan nuestras consultas? No hemos recibido nunca, ninguna notificación de parte de las instancias de justicia de este país en donde se diga: “las consultas son válidas”.
 
Detrás de las consultas ha habido actas, memoriales, hechas por nuestras comunidades y han sido prácticamente desconocidas. Hay acciones en donde nuestros pueblos se juntan, y ha habido procedimientos para conformar los resultados de las consultas en la declaración de territorios libres de explotaciones mineras e hidroeléctricas. Y eso ¿se ha tomado en cuenta? No.
 
Lo único que nosotros hemos hecho en el territorio como derecho ancestral y milenario es precisamente defender el agua, defender los cerros.
 
Hoy en el marco de este Quinto Despojo, el Estado en su conjunto -y cuando hablo del Estado, me refiero al Organismo Ejecutivo, al Organismo Judicial y Organismo Legislativo- han confabulado  en contubernio con las empresas transnacionales para despojarnos de nuestros bienes naturales.
 
“¿Qué quedará de nuestros pueblos cuando este Quinto Despojo se materialice, señor juez? Nuestro territorio quedará borrado ¿En dónde vivirán los miles de habitantes que por miles de años hemos vivido en ese territorio? ¿El Estado de Guatemala se ha habrá encargado de buscar dónde ubicarnos ¿O estas empresas ya tienen identificado otro territorio igual que la que hoy tenemos para que nos ubiquen o solamente están pensando en su bienestar individual, egoísta para apropiarse de nuestros espacios naturales como lo ha hecho por el espacio de 500 años? ¿Vamos a esperar entonces que pasen otros 500 años para que alguien nos escuche.
 
Por lo tanto, señor Juez, no busco, no vengo a someterme ante esta justicia”.
 
 Más bien, pido a usted que traslade la inquietud nuestra al máximo órgano de justicia de este país y a los tres organismos del Estado y la comunidad internacional a que se constituya en nuestro territorio una comisión diversa, integrado por autoridades ancestrales de las otras naciones de América Latina y del mundo, para que se vaya a constatar en terreno los daños que estas empresas están ocasionando a nuestro territorio.
 
 Y que a partir de allí se juzgue  quién ha hecho más daño: nosotros que defendemos nuestro territorio o estas empresas que incursionan de forma anómala, de forma ilegal y de forma arbitraria en nuestros territorios, y ahora se victimizan.
 
Nosotros hemos vivido allí por miles de años y hoy nos están acusando de situaciones [por las] que deberían ser ellos los que deberían de estar en la cárcel, porque están haciendo un daño a la naturaleza, haciendo un daño al medio ambiente y haciendo un daño a la humanidad.
 
“Nosotros por lo tanto nos consideramos defensores de la vida, de los bienes naturales, y del territorio”.
 
Por tanto, considero injusto lo que ellos están diciendo y si ustedes van a avalar lo que ellos están diciendo, entonces, automáticamente se amplía la injusticia en contra de nuestro pueblo.
 
Muchas gracias.