Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Tal y como lo señaló en el periódico El Tiempo, el Director Nacional de Planeación, Simón Gaviria, el Plan de Desarrollo Santos II “estará en línea con los postulados que el club de países ricos, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), le hizo recientemente a Colombia” y, agregó “desde la introducción hasta la última página se tienen en cuenta las recomendaciones”. Es importante dejar claro que la OCDE es el club de las naciones ricas que, comandado por Estados Unidos y Alemania permite el ingreso, después de llenar requisitos, de algunas naciones pobres que quedan sometidas a la aceptación de sus políticas económicas y sociales.

 

En las bases del Plan Nacional de Desarrollo y en el articulado del mismo, que se encuentra en discusión y aprobación en el Congreso de la República, se contemplan “cinco estrategias transversales” para alcanzar sus objetivos: 1. Infraestructura y competitividad 2. Movilidad social 3. Transformación del campo y crecimiento verde 4. Consolidación del Estado Social de Derecho 5. Buen gobierno. Como director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Colombiana, es de mi interés centrar el análisis en la “Transformación del campo” pero, señalemos antes lo siguiente:

 

En los documentos de Misión Rural, Banco Mundial, OCDE y diversos centros de investigación, y en las estadísticas del DNP y el DANE, el campo colombiano aparece con uno de los peores índices de distribución de la tierra en el mundo, con altísimos niveles de pobreza y una productividad de las más bajas de la región, aportando en promedio tan solo el 7.1% del PIB y con una generación de empleo del 21.4%. Esto aún cuando la población que vive en el campo represente, según la Misión Rural, el 30.3% del total; de esa población, tan solo el 36.4% tenga acceso a la tierra; el 75,6% de los que acceden tengan menos de cinco hectáreas; y, de esos, el 59% se encuentre en la informalidad, en términos de propiedad.

 

De la tierra total para uso agropecuario, en agricultura solo se utiliza el 24% de las tierras aptas del país y la pobreza, en términos de ingreso, de los habitantes del campo es mayor en más de 2,5 veces que la de la población urbana. Mientras en las grandes ciudades, la pobreza es del 36,4% y en las intermedias del 66%; en las áreas rurales alcanza el 74,9% y en las zonas rurales dispersas, el 80%. En los municipios rurales, el 75% de la población ocupada tiene un ingreso inferior a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV); cifra que se eleva al 51% en aquellos catalogados como rurales dispersos.

 

Esta aguda miseria y pobreza que padece el campo colombiano está ligada a la inmensa limitación que sufren los productores rurales para generar ingresos y acumular riqueza. En efecto, el 63,6% no posee ningún activo. El 3,9% posee tres activos entre tierra, asistencia técnica, riego y crédito. Así suene increíble, solo el 5,2% de los hogares rurales accede a crédito para actividades agropecuarias y el 14,3% de los que tienen tierra, tienen crédito. De otra parte, el país podría disponer para riego y drenaje, clave en la productividad agropecuaria, de 15,9 millones de hectáreas; sin embargo, solo el 7% cuenta con algún tipo de adecuación. De 142 mil kilómetros de vías terciarias, el 35% se encuentra en buen estado, mientras que el 65% restante está en regular o pésimas condiciones. Aunque la investigación y el desarrollo tecnológico es fundamental para el desarrollo agrícola y pecuario, la inversión en este ítem tan solo representa el 11.5% de la inversión pública agropecuaria de los últimos trece años. Menos del 1% anual.

 

Concluyamos señalando que los sistemas de producción tienen estructuras rígidas, elevados costos de los insumos -30% más costosos con respecto a países vecinos según el CRECE- y los costos de transporte del producto de la finca al puerto o al aeropuerto, es más alta en Colombia -casi dos veces- que el promedio para América Latina y el Caribe. Según datos del Banco Mundial, en Colombia los costos son de $US4,79 dólares mientras para la región son de $US 2,61. Dejo claro, a todos los lectores, que los datos de esta parte del texto son tomados del diagnóstico realizado, por el gobierno, en las bases del PND.

 

Llama la atención que en el PND no se mencionen ni se evalúen las decisiones de política económica –apertura económica y tratados de libre comercio (TLC,s)– que han afectado la producción agropecuaria, reemplazando la política de sustitución de importaciones. Podría describirse esta nueva política económica como la de “vivan las importaciones”, entregando el mercado interno a las transnacionales extranjeras y conduciendo a la eliminación o reestructuración de los institutos de apoyo al sector agropecuario. Más grave aún es que esas políticas dejaron al país sin los mecanismos necesarios para la protección del mercado interno y de los productores agropecuarios nacionales al eliminar las licencias previas para la importación de alimentos, los precios de sustentación, y el manejo, almacenamiento y distribución de géneros básicos en la dieta de los colombianos. En síntesis, el Estado entregó sus funciones y el control sobre el mercado a unos cuantos monopolios nacionales y extranjeros de comercialización de alimentos.

 

Este es el balance del agro que tenemos hoy. Faltaría agregar que la producción agropecuaria -durante estos 25 años- creció a un promedio inferior al 1.8% anual. Con excepción de dos o tres años en los que lo hizo, a un promedio mayor, gracias al café. Una buena forma de resumir lo que nos pasó es señalar que en 1990 se importaron 600 mil toneladas de alimentos y, en 2014, un poco más de 10 millones de toneladas así como se dejaron de sembrar más de ochocientas mil hectáreas.

 

En estas circunstancias ¿Cuál debe ser la política agrícola? ¿Cómo sacar la producción agropecuaria adelante? ¿Cómo hacer competitivo al sector? Veamos que dice el PND.

 

La visión y los objetivos del gobierno son: ordenar el territorio rural, ampliar el acceso a la tierra, alcanzar la seguridad jurídica sobre la propiedad, hacer un uso eficiente del suelo, dotar de bienes públicos y servicios sociales a los pobladores, acelerar la superación de la pobreza para los habitantes del campo y ampliar la clase media rural, impulsar la competitividad rural, alcanzar un arreglo institucional integral que permita corregir las desigualdades y brindar oportunidades de desarrollo y mayor bienestar. Cada uno de los objetivos tiene diseñada una estrategia y unas metas.

 

En el PND, en los artículos 95, 96 -que es modificatorio del art. 20 de la Ley 160 de 1994- y 97 –sobre administración de tierras de la nación– se define una de las políticas acordadas en las bases del plan Zonas de Intervención Integral en los Territorios Rurales, que corresponde a una de las recomendaciones de la OCDE para el campo. En estas zonas se invertirá en bienes públicos y desarrollo de proyectos productivos de economía familiar para paliar o tratar de reducir la pobreza y desigualdad de las poblaciones rurales y, según el PND, crear clase media rural.

 

En el proyecto de Ley 133, que se tramita en la Cámara de Representantes, y también en el art. 97 antes referido, se plantea la entrega de baldíos y otras tierras administradas por la nación para la conformación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, ZIDRES. Las ZIDRES están contempladas en la Estrategia/Objetivo: “Impulsar la competitividad rural” -así no sea explícito en el plan- y las inversiones con fuente de financiación privada, se estiman en 35 billones 528 mil millones 492 millones y las estatales en 7 billones 220 mil millones 20 millones (PND, art. 5, p. 3) Con estas inversiones privadas y estatales, el gobierno aspira a generar explotaciones agrícolas por parte de grandes monopolios nacionales y extranjeros que, si llegaren a producir, lo harán -básicamente- para el mercado externo. No debe perderse de vista que las ZIDRES pueden crearse, más que para producir, para generar una burbuja de especulación inmobiliaria.

 

El PND también define también las Zonas de Intervención Integral, zonas previamente escogidas y en las que se aplicará una reglamentación especial que expedirá el gobierno nacional -y de ahí las facultades extraordinarias al presidente Santos (Plan de Inversiones, art. 102)- . La Estrategia/Objetivo para estas zonas son la reducción de la pobreza y la ampliación de la clase media para lo cual se destina un estimado de 3 billones 129 mil millones 143 millones (PND, art. 5, p. 3)

 

En resumen, el PND plantea, de un lado, zonas de concentración de campesinos pobres en territorios en los que se hará intervención integral y, de otro, la concentración de poderosos monopolios en zonas de baldíos o de manejo de tierras de la nación, a través de concesiones, arrendamientos o derechos reales de superficie.

 

Veamos, ahora sí, la estrategia/objetivo de impulsar la competitividad rural, que el gobierno engloba así: 1. Desarrollar un nuevo modelo de asistencia técnica; 2. Avanzar en la modernización de la infraestructura de adecuación de tierras; 3. Un plan maestro de habilitación de vías terciarias; 4. Reformar el sistema nacional de crédito y el manejo de riesgos de mercado y climáticos; 5. Establecer un modelo eficiente de comercialización; 6. Desarrollar un plan de aprovechamiento comercial para el acceso a los mercados derivados de los acuerdos comerciales.

 

Se me pidió analizar dentro de esta estrategia la de: “Establecer un modelo eficiente de comercialización y distribución de productos agropecuarios.” Una iniciativa de este corte, que sin duda, podría ser clave en la organización de un sector agropecuario eficiente, moderno, productivo, competitivo y, sobre todo, soberano.

 

En el documento “Se propone construir un portafolio de soluciones logísticas para la producción agropecuaria en diferentes regiones del país, dirigido tanto a los mercados regionales como a los internacionales” (p.325)

 

Sin embargo, dada la destrucción del agro nacional por las políticas neoliberales, es necesario preguntarse: ¿Qué es lo que se va a exportar? ¿Qué productos se van a colocar en los mercados regionales? ¿De qué tipo son las soluciones logísticas? Lo cierto es que en toda economía desarrollada lo que se exporta es excedente; lo demás va al mercado interno. Por tanto, exportar sin haber suplido antes el mercado interno y sin desarrollar la agroindustria, no es recomendable ni posible.

 

Continúa el texto “Estas soluciones deben considerar instrumentos financieros acordes a los montos de inversión requeridos y participación privada que facilite la construcción de centros de acopio, centros de logística, modernización de la flota pesquera, sistemas de frío, tecnología de trazabilidad, laboratorios, entre otros”. (p.325)

 

Para disponer de una red eficiente de comercialización se requieren centros de acopio, bodegas y silos para almacenar, sistemas de frío y laboratorios, entre otros. De buena parte de eso disponía el país. Con la apertura económica destruyeron o entregaron a menos precio, al capital privado, bodegas y silos del IDEMA, laboratorios del ICA y frigoríficos de propiedad estatal. Todo se ferió. Proponer, entonces, que se den instrumentos financieros para que, con participación del capital privado, se dote al país de esta infraestructura, puede ser un reconocimiento del error cometido o una nueva burla al sector agropecuario nacional. ¿Qué se va a acopiar? ¿Qué se va a almacenar y ensilar? ¿Qué se va a guardar con frío? ¿Para quién se va a modernizar la flota pesquera? ¿Qué se va a analizar en los laboratorios? ¿A cuáles productos, producidos en Colombia se les hará trazabilidad y se servirán de esas instalaciones? ¿O todo será para la producción importada?

 

Dice también el texto: “A través de estas soluciones y de manera conjunta con los gremios de la producción y VECOL S.A., será posible participar en el mercado de importación y distribución de insumos agropecuarios, especialmente de fertilizantes y plaguicidas” (p.p.325 y 326)

 

Una iniciativa ligada al hecho de que los fertilizantes y plaguicidas que se consumen en el país son los más caros de América Latina y el Caribe. Punto de reclamo de los paros agropecuarios y que, en lugar de producirlos en el país, se propone traerlos a través de VECOL S.A. ¿Bajará esa importación, realmente, el precio de los insumos químicos? ¿No sería más fácil intervenir el mercado, fortalecer a FERTICOL y crear una industria nacional de fertilizantes y plaguicidas o, incluso, subsidiar los que nos veamos obligados a importar?

 

Finalmente, el texto afirma: “Así mismo, se debe estructurar y consolidar alianzas comerciales en mercados regionales y nacionales para fomentar la transformación y agregación de valor a través de propuestas específicas por productos, tales como, lavado, empaque, selección, tratamiento hidrotérmico, enfriamiento, entre otros”. (p.326)

 

Podría entenderse que la frase implica el desarrollo de agroindustria. Sin embargo, la propuesta se remite a “alianzas comerciales” lo que reduce la tarea a procesos más elementales que pueden ser dirigidos a la presentación y relativa conservación de los alimentos, más que a la transformación industrial. Lavar, empacar y seleccionar son tareas artesanales más que agroindustriales.

 

Claro que tratar, en algo, los alimentos, es mejor pero no suficiente, y menos si lo proponen como solución para enfrentar -competir con- el ingreso de millones de toneladas de alimentos por los acuerdos de libre comercio.

 

Mientras esté sometido a ese tipo de competencia, no está en condiciones de ser competitivo y exitoso. Para alcanzar el desarrollo agrícola nacional es indispensable garantizar la soberanía alimentaria que implica reemplazar las importaciones y el trabajo extranjero por la producción y el trabajo nacional, dotar al agro de subsidios, precios de sustentación, crédito de fomento, investigación científica y desarrollo tecnológico apropiado a nuestro territorio. No debe olvidarse que lo que compite en el mercado mundial son esencialmente las naciones, los países, no los productores individuales. Tan solo en unos pequeños “nichos de mercado” se encontrarán productores individuales compitiendo.

 

La construcción de infraestructura vial, servicios públicos, comunicaciones, tecnologías de la información, control a los precios de los insumos, garantía de compra y seguros de cosecha son imprescindibles. No obstante, muchas de esas políticas no se aceptan por quienes gobiernan. La razón es sencilla: son contrarias al libre comercio y a la globalización.

 

Es claro que este plan no cambiará la realidad del agro nacional, ni siquiera marchará en la dirección correcta. El diagnóstico puede ser, en parte, el mismo. Pero, las soluciones son profundamente distintas. El gobierno quiere un agro para la globalización. Dignidad Agropecuaria quiere un agro para la soberanía alimentaria y el progreso nacional. Ahí está la diferencia.

 

Oscar Gutiérrez Reyes

Director Ejecutivo Nacional

Dignidad Agropecuaria

Manizales, marzo de 2015.

 

http://www.moir.org.co/Agro-competitividad-y-Plan.html